El baile de los que sobran: ¿qué Constitución quiere Chile?

El 25 de octubre de 2019 salieron a las calles de Chile millones de personas. En la que fue posiblemente la marcha más masiva de la historia del país, se manifestaron diversos grupos de la sociedad. Reclamaban por las desigualdades, los abusos y las injusticias que percibían en su país y, por cierto, por lo que percibían como una institucionalidad política que no escuchaba. 

Entre los millones de manifestantes estaba Giovanna Grandon. Conductora de un transporte escolar y antes educadora de párvulos, Grandón no había participado previamente de las marchas, pero algo en esta convocatoria la llamaba. Como explicaría posteriormente, un disfraz de Pikachú había llegado sorpresivamente junto con otros productos que su hijo había ordenado de China. Grandón decidió ir disfrazada «para bailar y que sea más entrete la cosa». Pero mientras bailaba y avanzaba, se tropezó y cayó. El evento fue grabado y subido a redes sociales. Se volvió viral. Todos los noticiarios comentaron el incidente. Millones empezaron a hablar de la «tía Pikachú» como símbolo del despertar nacional.

El 14 de noviembre del mismo año, como resultado del estallido social de octubre y en un intento de dar una salida institucional a la crisis desencadenada, un acuerdo transversal de la política chilena fijó un calendario para la creación de una nueva Constitución. El primer hito de este calendario fue un plebiscito en el que los chilenos votaron por aplastante mayoría (cerca de 80%) por terminar con la Constitución vigente en Chile, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet, y decidieron que el órgano a cargo de redactar la nueva constitución fuera una Convención Constitucional cuyos integrantes serían electos con este fin. Este órgano además innovó en una serie de características para garantizar su representatividad popular. 

Se definió que esta Convención, cuya fecha de elección se postergó hasta el 15 y 16 de mayo por la crisis sanitaria, sería paritaria en género, con cuotas para pueblos originarios y, en sintonía con un fuerte sentimiento anti partidos de la movilización de octubre, con algunas facilidades para las candidaturas independientes. En particular, se les permitió a los candidatos no afiliados a partidos agruparse en listas, equivalentes a las listas de partidos.

Entre quienes decidieron dar el paso a candidatearse a esta Convención se encontraba la popular tía Pikachu, quien lo hizo en una lista de independientes. No es el único caso de personas sin experiencia política que han visto en el proceso constituyente un llamado a ser protagonistas en el debate político. Cristian Bellei es doctor en educación por la Universidad de Harvard. Ha sido una voz imprescindible en los debates académicos y de políticas públicas educacionales de la última década y hoy va de candidato como independiente por cupo del partido Revolución Democrática. Waleska Morales es una joven emprendedora conocida por ser la fundadora del primer taller mecánico atendido exclusivamente por mujeres y va de candidata como independiente por cupo de la Democracia Cristiana, apoyada por una red nacional de emprendedores. El listado de candidaturas como estas es largo y diverso. A lo largo del país, personas sin trayectoria política y líderes de distinto tipo, sociales, culturales, empresariales, entre otros, han visto en el proceso constituyente un momento para participar en el debate público, más allá de sus nichos.

Tal fue la efervescencia generada por el procesos que llevó a que se inscribieran nada menos que 1.191 candidatos para apenas 155 bancas en la Convención: 603 mujeres y 588 hombres. Un llamativo 62% de los candidatos no está afiliado a un partido político. Por otro lado, apenas 23% tiene experiencia política previa y solo 27% tiene alguna experiencia pública.

Si uno de los objetivos del acuerdo para redactar una nueva Constitución fue lograr dar cabida a las nuevas voces que se expresaron en el estallido social, al menos en el plano de las candidaturas, esto parece haberse logrado. Personas que en general no habrían tenido posibilidad de ser parte de la discusión sobre los destinos del país ahora parecen tener un lugar.

Pero, ¿qué efectos tendrá esta marea de candidaturas no tradicionales?, ¿cómo ha sido recibida por el público y los votantes? Y, no menos importante, ¿cómo ha sido percibida por los partidos?, ¿cómo afectará al resultado del proceso constituyente y su rol de regenerar el pacto social chileno?

¿Qué Constituyente?

Si un fenómeno ha marcado la política chilena de los últimos años ha sido la caída de confianza en las instituciones. Y, en ese marco, ninguna institución ha sido tan golpeada como los partidos políticos. No solo se trata de que los partidos, según el sondeo «¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un momento histórico» de la ONG Espacio Público junto con la empresa IPSOS, apenas alcanzan 6% de confianza, sino de que hay un fenómeno de largo plazo vinculado a la desidentificación con ellos que se ha acelerado en la última década. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó desde 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. Es más, algunos estudios recientes han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos «tradicionales» su principal identidad.

En este sentido, no sorprende el empuje que hubo al momento de discutir la conformación de la Convención Constitucional para que esta contara con representantes no partidarios. 

Mezclado con el sentido refundacional que tiene el proceso constituyente, pareciera haber un deseo transversal de constituyentes que no sean los «mismos de siempre». Sin embargo, como muestra una encuesta de noviembre de 2020 de IPSOS-Espacio Público, la manera en que esta pulsión se expresa no es tan evidente. Si se pregunta de manera genérica, por lejos la opción preferida es que los integrantes de la Convención sean «personas expertas en temas constitucionales» (53% del total menciones). Sigue, bastante más atrás, «profesional destacado», como médicos, periodistas o ingenieros (38%) y «dirigente social o ciudadano» (36%). Recién en el quinto lugar aparece «Persona común y corriente que viva como usted» (32%). Es decir, si bien parece haber un rechazo mayoritario a la representación por parte de la política tradicional, una parte de la demanda podría traducirse en el reemplazo de una elite (política), por otra con experticia en determinados temas, mientras que otra parte parece reflejarse en las nociones de «representación desde abajo», ya sea con dirigentes sociales, ciudadanos o personas más parecidas a los representados.

Esta distinción entre el tipo de representante que debiese sustituir a los político en el debate constitucional se corresponde con características de los encuestados. De este modo, si bien el alto apoyo a los expertos constitucionales es transversal, las personas de mayor nivel económico son las que más prefieren a expertos constitucionales y profesionales destacados, mientras que las personas de menores recursos, junto con los encuestados más jóvenes, son quienes más prefieren a dirigentes sociales y ciudadanos. De modo similar, el apoyo a dirigentes sociales y ciudadanos se concentra en los encuestados identificados con la izquierda, mientras que el apoyo a expertos constitucionales y profesionales destacados es ligeramente más alto en encuestados de centro y de derecha. Por último, es interesante notar que el apoyo a candidaturas de personas similares a los representados se concentra más en encuestados de centro y quienes no se identifican en el eje izquierda-derecha.

Por otro lado, quizás la distinción más relevante para estas elecciones está entre aquellos que votaron «apruebo» y aquellas que votaron «rechazo» en el plebiscito que dio inicio al proceso constituyente. En este sentido, mientras que «Persona con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos» obtiene apenas un 12% de menciones entre quienes votaron «apruebo», el porcentaje de menciones entre quienes votaron «rechazo» es 39%, el segundo más alto para estos encuestados, después de experto constitucional.

De este modo, el ánimo en la población, sobre todo en el mundo del «apruebo», por una renovación de los representantes podría explicar la emergencia de candidaturas sin experiencia política. En este sentido, la variedad de perfiles no es simétrica. 

Los dirigentes sociales y ciudadanos se encuentran, en general, dispersos en la multiplicidad de listas de izquierda y, sobre todo, de independientes. De este modo, en el campo del «apruebo», que fue apoyado por todos los partidos desde el centro hasta la izquierda, la dispersión de listas es total. 

No solo la centroizquierda y la izquierda van separadas en dos listas (pese a algunos intentos tempranos de confluir), sino que ha emergido una multiplicidad de listas de independientes que han entrado en disputa por el mundo del «apruebo». Por otro lado, los partidos de la derecha, que o apoyaron el rechazo o tuvieron posiciones ambivalentes sobre la posibilidad de una nueva Constitución, lograron unificarse, desde los más moderados a los más extremos, incorporando algunas figuras independientes, sobre todo algunos profesionales destacados. Así, paradójicamente, pese a la abrumadora mayoría que representaría el mundo del «apruebo», su gran dispersión podría significar una subrepresentación en la Convención y una presencia exagerada del mundo del «rechazo».

La aritmética electoral

Para ser una elección tan trascendental, hay sorprendentemente pocas proyecciones públicas de los resultados electorales. Los estudios que se han hecho parten del supuesto, cuestionable, de que las votaciones seguirán los patrones exhibidos en las elecciones legislativas y locales anteriores. Así, la derecha obtendría cerca de 32% de los votos y 43,4% de los escaños. Por otro lado, la centroizquierda obtendría cerca de 25%, consiguiendo 31,9% escaños. La izquierda, por su parte, obtendría un poco menos de 18% de los votos y 19,6% de los escaños. Por último, la multiplicidad de listas independientes obtendría casi 19% de los votos y tan solo 4,4% de los escaños de la Convención (el resto de los votos sería obtenido por partidos pequeños y candidaturas independientes fuera de listas).

Es decir, el mundo del «apruebo», con cerca de 70% de los votos, obtendría cerca de 57% de los escaños debido a la gran dispersión en listas, frente a la unidad de la derecha y el campo del «rechazo». Dado que la normativa que regula el proceso constituyente establece que sus resoluciones deberán ser aprobadas por 2/3, el porcentaje proyectado para la derecha significa que esta podrá vetar cualquier iniciativa (siempre que vote en bloque). Por otro lado, la abundancia de listas en el campo del «apruebo», y la animadversión que se ha hecho patente entre quienes las componen, vuelve improbable que incluso ese 57% de la Convención realmente pueda funcionar como un bloque cohesionado. 

De ser correctas las proyecciones, se abren solo dos posibles escenarios para el funcionamiento de la Convención. Un escenario de polarización entre un bloque consistente del «rechazo» y la derecha y otro bloque inestable de las múltiples listas del «apruebo» en el centro, la izquierda y los independientes. Un escenario en que ninguna fuerza es capaz de coordinar por sí sola propuestas constitucionales. En este caso, a lo más podría aspirarse a una constitución mínima, aprobándose aquellos aspectos que ambos bloques decidan no vetar. Una segunda posibilidad es que los sectores más próximos a la derecha dentro de la coalición de centroizquierda terminen aliándose con el grueso de la lista de derecha y se imponga una sensibilidad de centroderecha en la constitución. Para este escenario sería importante la correlación de fuerzas al interior de estas dos coaliciones. Una mayor presencia de los sectores moderados y de centro en las dos listas fomentaría un entendimiento como este. Es decir, un resultado electoral como el proyectado implicará un texto constitucional mínimo o una hegemonía de los sectores de centro y centroderecha, lo que podría provocar la decepción a los nuevos actores políticos del campo del «apruebo».

Sin embargo, estas proyecciones deben tomarse con una buena dosis de escepticismo. Suponer una mantención de los patrones de voto, luego estallido de octubre y los resultados del plebiscito, es un presupuesto bastante dudoso. En particular, se hace muy difícil de proyectar el resultado de las listas independientes, que, por definición, no tienen un real precedente en los procesos electorales anteriores. Además, está por verse aún si hay un castigo electoral a los partidos que apoyaron el «rechazo». 

Por último, el creciente sentimiento anti-partido puede reflejarse en que, incluso dentro de las listas de partidos sean electos los candidatos independientes que van en cupos partidarios. Es decir, en un escenario como este, en que predominen independientes, ya sea en listas independientes o en listas de partidos, habría una profunda fragmentación de la Convención, con alianzas coyunturales entre individuos, sin necesariamente alineamientos consistentes. 

En este escenario, es probable que la Convención sea particularmente sensible a las presiones populares que se desarrollen en el momento de la deliberación. Una movilización social que presione por acuerdos en determinados temas podría llevar a aprobar más propuestas, en la medida que estos miembros de la Convención se sientan más obligados a responder a esta presión que a criterios ideológicos o proyectos de largo plazo. Por otro lado, una presión social por extremar posiciones y restar legitimidad al proceso constituyente podría resonar también en la Convención, llevando al proceso a un término inconcluso, sin capacidad de generar el texto constitucional. Una convención como esta corre el riesgo de no alcanzar ni siquiera los acuerdos básicos necesarios para una Constitución mínima, peligro que se acrecienta por el hecho de que tiene un plazo máximo de funcionamiento, por disposición legal, de un año. En definitiva, el escenario es impredecible.

¿Y entonces?

La población chilena se siente hoy esperanzada con la Convención Constitucional. De hecho, 52% describe la «esperanza» como la principal emoción que les genera el proceso, seguida de «alegría», con un 46%. ¿Qué importa la constitución? ¿Por qué la redacción de un texto como este, con pocas implicancias directas en la vida de las personas, genera tales emociones?

Tal vez, como explicara Robert Goldwin, una Constitución, para ser relevante, necesita estar estrechamente en concordancia con la forma de la sociedad, pero, a la vez, una buena Constitución proporciona orientación y estructura para mejorar esa sociedad. La tensión entre cuán parecidos son quienes escribirán esta Constitución a la sociedad y la capacidad que estos tengan para ir más allá, superando las disputas e intereses particulares, puede ser el origen de la esperanza que los chilenos tienen en el proceso. 

Durante el estallido social, una canción que se volvió himno de la movilización fue el éxito de Los Prisioneros en 1986, «El baile de los que sobran». Una canción popularizada en plena dictadura, a pocos años de haberse aprobado la Constitución de Augusto Pinochet. La canción reflejaba el ánimo de los que se sentían engañados, abusados, pero, sobre todo, excluidos del poder, de ese lugar donde se decidían y hacían cosas. El proceso constituyente no tiene garantizada su éxito. Es perfectamente posible que fracase en cualquiera de sus fases o, quizás peor, que logre generar un nuevo texto constitucional pero este no sirva para recomponer un pacto social quebrado. Sin embargo, una cosa sí se ha logrado: varios de quienes venían bailando «el baile de los que sobran» han logrado agarrar de los pelos espacios de poder. Y no lo van a soltar.

*Fuente: Nuso.org