Por un Fondo Solidario de Pensiones

Considerando las fallas estructurales del sistema de pensiones en Chile pienso, como principio de base, que debe asegurarse una pensión digna para los menos favorecidos en base a la participación de todos los contribuyentes al sistema. De tal manera que los participantes de este nuevo sistema contribuirán a un fondo de ahorro forzoso que asegurará una pensión universal para todas las personas contribuyentes o no que lleguen a la edad de jubilación que se establezca. Ello no obsta para que quienes tengan los medios necesarios puedan aportar a un pilar individual de capitalización.

La pensión universal será equivalente al salario mínimo que en este momento es de $320.500. A partir de ese primer escalón se asegurará una tasa de reemplazo de 60% sobre el último salario. Ese es el segundo escalón del sistema. Los fondos destinados a constituir ese escalón provendrán 10% de los trabajadores, 5% del empleador y 5% del Estado. A esos fondos deben agregarse los destinados a los seguros de sobrevivencia e invalidez (1,2% actualmente en el sistema de las AFP). De esta manera, la pensión final sumará la pensión universal más el monto que asegure el 60% del último salario. En el sistema que propongo los diferentes aportes van a un Fondo común desde el cual la persona que jubila recibe la pensión universal y 60% del último salario. Estos 2 escalones consagran la solidaridad del sistema y son administrados por el Estado.

Se afrontarán así fallas estructurales del sistema productivo a saber, la situación de bajos salarios, escasa o nula capacidad de ahorro, lagunas laborales generalizadas, limitaciones en el trabajo de mujeres que en la condición de mujeres jefes de hogar se agudizan. Ese conjunto de restricciones impiden la obtención de pensiones dignas. No puede desconocerse que estas fallas son propias de una economía de mercado que difícilmente puede asegurar la transición hacia una economía avanzada social y solidaria. A medida que la sociedad se haga cargo de las fallas del antiguo sistema y se instauren niveles de justicia social que nunca ha gozado la sociedad, avanzaremos a etapas de desarrollo que permitan estructurar un sistema de seguridad social basado en el principio de la solidaridad.

Finalmente habrá un Pilar de cuentas individuales de capitalización, para quienes tengan los medios necesarios y puedan optar libremente al mejoramiento de sus pensiones con fondos propios. Para ello se constituirá un mercado libre de administradores de pensiones, tales como las antiguas AFP, las compañías de seguros, los bancos, los fondos de capitalización, etc. Con ello se elimina el monopolio en que hasta ahora han operado las AFP. La vigilancia del mercado así como las regulaciones a que estarán sometidas esas instituciones quedarán a cargo de la Superintendencia de Pensiones. Los fallos que esta emita serán susceptibles del recurso de protección.

La comisión actual por la administración de los fondos de pensiones es de 1,5%. Esta comisión se regulará en el mercado libre en el que competirán las instituciones que se decidan participar. Estará así mismo abierta a la competencia la rentabilidad del Pilar de capitalización y las condiciones en que se reparte la pérdida de valor de los títulos de deuda en que las instituciones inviertan.

En ambos fondos, el solidario y el de capitalización individual, habrá en el directorio de gestión un representante de los contribuyentes al sistema.

Si sumamos los pobres y vulnerables al contingente que hace 5 meses atrás tenía un trabajo y que ahora está desempleado, tenemos una población que no baja de 5 millones de personas en situación de carencias básicas que la ciudadanía no puede ignorar. Es evidente que el retiro de 10% de cuentas individuales de capitalización no logra resolver las carencias de la población en tiempos de Pandemia. Las pensiones no pueden quedar al arbitrio del mercado financiero. Por ello la necesidad de un Fondo solidario constituido por los trabajadores y administrado por el Estado con las máximas garantías que esta materia exige.

El sistema propuesto exige la realización de reformas impositivas A partir de estas el Estado dispondrá de fondos para financiar el nuevo sistema. Nótese que los impuestos representan 68% del Presupuesto de la Estado. Las reformas que propongo se refieren al impuesto a la renta, el impuesto a los ricos y superricos, el gasto tributario, la evasión.

Impuesto a la renta. El actual régimen impositivo es regresivo. La norma del impuesto-crédito regula la tributación de la actividad empresarial. Las empresas tributan sólo por las utilidades distribuidas. Esta alternativa no solo no produce ingresos tributarios, sino que, al tener este impuesto créditos (por contribuciones de bienes raíces, capacitación, donaciones, compra de bienes durables, entre otros) la recaudación resulta negativa, es decir, el Fisco recibe menos dinero que los créditos que debe otorgar. Además, por las utilidades retenidas (no distribuidas) el impuesto es temporal por el período desde que se declaran dichas utilidades y, por las cuales se paga el impuesto, hasta el momento en que se distribuyen dichas utilidades y el impuesto correspondiente –que es, precisemos, de propiedad de los dueños de las empresas, no del fisco. En resumen, el impuesto de primera categoría es neutro, o dicho de una forma más precisa las empresas no pagan impuesto a la renta. No puede entonces sorprender que los impuestos indirectos (59,0%) recauden más que el impuesto a la renta (41,0). Solo el impuesto al valor agregado (IVA) que golpea al conjunto de la población sin respecto a los sectores de menores ingresos, recauda 48,8%. Otros impuestos indirectos se refieren a productos específicos (7,7%) e impuestos a los actos jurídicos (1,6%). La integración tributaria a la cual nos referimos más arriba, según estimaciones preliminares, resta al Fisco la no despreciable suma de 833 millones de dólares, que se excluyen de la inversión del país y la seguridad social y obliga a endeudarse en el extranjero y a recurrir al 90% de los contribuyentes que carece de la posibilidad de eludir o simplemente evadir impuestos.

Impuestos a los ricos y superricos. Este cuadro no está completo sin la realidad de la cima integrada por 197.600 personas, entre ricos y súper ricos. Alrededor de 1% de ricos representa 178 mil personas con un ingreso mensual de 15 millones de pesos; 0,1% 17.800 mil personas percibe 83 millones de pesos mensuales y 1780 personas, el 0,01%, ostenta como ingreso 459 millones de pesos mensuales. (Cf. Fundación Sol. Transformando el trabajo. Temas http://www.fundacionsol.cl/graficos/el-chile-del-50-del-1-del-01-y-del-001/).

Gasto tributario. Las exenciones o gasto tributario, son impuestos que el Estado deja de percibir, para beneficiar o fomentar determinadas actividades que históricamente han creado situaciones de privilegio. Esto ha profundizado las desigualdades que el mecanismo de los subsidios, a situaciones socialmente desmedradas, trata de corregir. Con ello se revierte el propósito inicial volviéndose al punto de partida esto es, la pobreza. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional han recomendado al gobierno de Chile abolir el Gasto Tributario (exenciones). Proyecciones al año 2019 señalan exenciones por valor de US$ 8430 millones (2,88% del PIB). Al eliminarse estas exenciones podrían destinarse estos nuevos recursos a reducir la tasa del IVA. Estas exenciones constituyen un subsidio directo a las grandes fortunas.

Combatir la evasión. El Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) publicó las conclusiones de un estudio sobre la evasión en Chile por el sociólogo Jorge Atria, donde se señala el estudio de Michel Jorrat de 2013, sobre la evasión del 34% en el impuesto a la renta que solo lo paga el 19% de mas altos ingresos. No es el caso del IVA, impuesto que paga toda la población y que tiene una evasión de apenas 8% (CIPER, 2019).

La Deuda Social creada por situaciones impositivas regresivas va en crecimiento constante. Los subsidios, transferencias y compensaciones representan poco más de 7 mil millones de dólares (10% del Presupuesto del Estado) y alcanzan a 6 millones de personas. Al no atacar el fondo del problema, es decir las reformas estructurales sus efectos se revierten. Una reforma tributaria de fondo es ineludible.

El conjunto de medidas aquí señaladas y la magnitud del problema evocan la necesidad de un Plan de Reconstrucción Social, Económica y de Estabilización, cuyo objetivo es la integración social y pasos básicos en la dirección de una sociedad social y solidaria. Solo la presión de la ciudadanía es capaz de realizar los cambios fundamentales que se avecinan esta es la lección que dejó la lucha por el 10%. No me cabe duda que la reforma del sistema de seguridad social, en la que las jubilaciones son centrales, se discutirá en la Asamblea Constituyente por una Nueva Constitución.

27/07/2020