La Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión de Urrutia, quien revocó la prisión preventiva de 13 de los imputados por el caso “Primera Línea”.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) rechazó el Acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones que, este miércoles, decidió suspender y abrir un sumario en contra del juez Daniel Urrutia luego de que este revocara la prisión preventiva a 13 de los imputados por el caso “Primera Línea”.
Además, la CCDH anunció, a través de un comunicado, que presentará una reclamación a la Corte Suprema para que deje sin efecto lo acordado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y recurrirá al Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar conocimiento de los hechos.
Para la institución dirigida por el abogado Carlos Margotta, “los fundamentos de la resolución dictada por el Juez Urrutia, en el marco de sus atribuciones legales, son plenamente concordantes con las directrices emanadas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la normativa internacional de derechos humanos aplicable a la materia, respecto de la cual los tres Poderes del Estado chileno deben cumplir cabalmente”.
“En cambio, el Acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones, junto con afectar gravemente la independencia judicial interna, tal como lo señaló la Asociación Nacional de Magistrados -al dejar sin efecto una resolución judicial mediante un acto administrativo y suspender de sus funciones desconociendo las normas expresas de nuestro ordenamiento jurídico aplicables en la especie-, expresa un grave incumplimiento de su deber legal y constitucional de protección de los derechos humanos y pone al Estado de Chile al margen de los principios y normas que informan la comunidad internacional”
organizada.
En este sentido, la CCDH recurrirá a distintas instancias para denunciar la persecución que desde hace años viene afectando al juez Daniel Urrutia.
“Nuestra Institución, junto con rechazar las medidas tomadas en el referido Acuerdo, informa que presentará una reclamación a la Corte Suprema para que deje sin efecto lo acordado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, restableciendo así el imperio de la Ley, y al mismo tiempo, recurrirá al Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, específicamente al Relator Especial para la Independencia de Magistrados y abogados, a objeto tome conocimiento de los graves hechos denunciados y adopte las medidas necesarias y suficientes que estime pertinente, que permitan resguardar debidamente la independencia de los jueces, pilar esencial de todo Estado Derecho democrático, a la vez que ponga término a la verdadera persecución del juez Daniel Urrutia por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, que ya se arrastra hace ya 16 años a través de la sustanciación de diversos procesos disciplinarios, que lo obligaron a recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Por su parte, la Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión del juez Urrutia.
En un comunicado, el gremio sostiene que:
“Hemos visto cómo la Corte de Apelaciones de Santiago, en resolución de pleno -instancia administrativa y no jurisdiccional- resolvió suspender los efectos de una resolución dictada por el juez de garantía Daniel Urrutia, afirmando que se trata de una “medida preventiva”, lo que necesariamente nos lleva a entender que sólo ha tenido a la vista lo dispuesto en el Acta n°15-2018 de la Corte Suprema, única normativa que permite esa figura, que por lo demás ha sido cuestionada en su legalidad por esta Asociación. Sorprende que, a pesar de fundar su resolución en dicha Acta, olvidan lo que expresamente dice la misma en su artículo 4°: “Resoluciones no impugnables por vía disciplinaria. No procederá abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas.”
Por lo mismo, los magistrados llaman “al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a anular de oficio la decisión adoptada, permitiendo que operen los canales legales de impugnación”.
