“Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo”, o la nueva versión de la «Cachetá del payaso»

La denominada “Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo”, presentada este lunes en cadena nacional por el Presidente Sebastián Piñera fue recibida con escepticismo, sobre todo porque peca de una omisión clave al no incluir la posibilidad de que el Ministerio Público pueda iniciar la acción penal en delitos tributarios, de colusión y delitos electorales, una medida solicitada tanto por la Fiscalía como por diversas organizaciones, por ejemplo, Espacio Público, Chile Transparente y la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal.

Al ser consultado por el paquete de medidas anunciado por el Presidente, el Fiscal Nacional Jorge Abbott puso foco en este punto, al señalar que “nos parece que efectivamente son importantes las medidas que se han anunciado, pero esperamos que, durante el transcurso de la tramitación de la ley, se puedan acoger algunas de nuestras demandas, que históricamente hemos formulado”.

En lo particular sobre el tema de la acción penal, el jefe del Ministerio Público recordó que “actualmente nosotros dependemos del ejercicio penal por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fiscalía Nacional Económica (FNE) o del Servel”. “Cabe hacer presente que ya han pasado más de tres años desde que se creó el delito de colusión, y hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia”, indicó.

Otro punto que echó de menos el Ministerio Público en la agenda piñerista es la posibilidad de “incorporar también, por ejemplo, todo el estatuto de protección al denunciante, importante para poder promover la denuncia de este tipo de delitos”.

Críticas desde el PS

En el Partido Socialista, la agenda fue recibida con cuestionamientos. Para el diputado de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo, es “poco novedosa” e insuficiente”, dado que “muchas de las iniciativas ya se encuentran en el Congreso, a través de mociones parlamentarias o a través de proyectos del gobierno anterior”.

En tanto, los diputados Marcelo Díaz y Leonardo Soto fueron más allá y cuestionaron la credibilidad del Presidente Piñera para presentar una agenda de esta naturaleza. “Es curioso que lo plantee un Presidente que si uno revisa, habría incurrido en todos los casos de abuso que se pretende penalizar”, dijo el diputado Díaz.

Por su parte, Soto indicó que “la agenda antiabusos que presenta el Gobierno es necesaria, pero tiene un primer cuestionamiento: es que el Presidente de la República, Sebastián Piñera no tiene autoridad moral para proponerle al país una verdadera agenda antiabuso, porque gran parte de las modificaciones legales que está planteando como abusos, él a lo largo de toda su trayectoria empresarial las ha cometido, desde fraudes tributarios, uso de información privilegiada y otros, que le han valido condenas a él o a sus administradores o grupos económicos, no tan solo en Chile si no en EE.UU. y Argentina”.

Al analizar el contenido de la propuesta, el parlamentario socialista por la Región de Valparaíso añadió que “este Gobierno está acostumbrado a titulares que dicen cosas muy bonitas. Pero luego, cuando uno empieza a ver la letra chica, no sabemos cuan profundas son”

“Faltan más herramientas, queremos que sea una agenda de verdad, donde aquel que cometa un delito, de los que se denominan de cuello y corbata, responda civil, patrimonial y penalmente y no con unas cuantas lucas por la colusión del confort o con clases de ética y, eventualmente que una parte de su actividad económica esté puesta en juego, porque de lo contrario, va a ser más fácil seguir pagando las multas, que coludirse”, agregó Díaz.

El diputado Leonardo Soto, por su parte, sostuvo que “es una agenda falsa que intenta sorprender a los chilenos y que no va a establecer verdadera cárcel efectiva a los delincuentes de cuello blanco y corbata”.

“Los abusos están en la base del cuestionamiento y el estallido social, la gente está indignada de la impunidad judicial que ha existido, no en este año, sino que en la última década sobre diversos casos de abusos, delitos económicos y corrupción”, indicó.

Por su parte, Naranjo manifestó que los anuncios siguen dejando en la impunidad los delitos de cuello y corbata, señalando que “la gente pide, entre otras cosas, es que exista igualdad ante la ley y esta propuesta del Gobierno no la establece”.

“Pero lo más grave, es que se sigue manteniendo la impunidad para los delitos de cuello y corbata, porque se sigue en la idea en que solo la Fiscalía Nacional Económica y el Servicios de Impuestos Internos pueden emprender acciones judiciales, dejando fuera al Ministerio Público “, dijo Naranjo.

De acuerdo al parlamentario, “es lamentable que con estos anuncios aquellos que tienen poder económico van a poder seguir llegando a acuerdos sin pasar por la cárcel”.

Para Soto, en tanto, “no va a haber ningún cambio de cárcel efectiva para los delitos. Por ejemplo, de colusión de precios, delitos electorales o delitos que tengan que ver con temas tributarios si el inicio de cualquier investigación penal sigue estando en manos del fiscal nacional económico, del SII o de otras autoridades dónde participa el propio Presidente de la República para elegirlo”.

“Hoy día si no se remueven esas denuncias previas de estas autoridades, nunca va a haber cárcel para nadie y además si no se modifican las penas sustitutivas de la cárcel, todos los delincuentes de cuello y corbata, que no tienen ningún antecedente penal, si los condenas a una pena inferior a 5 años, nunca van a ir a la cárcel, a lo más a su casa”, finalizó.

*Fuente: El Mostrador