Bolivia, laboratorio de una nueva ‎estrategia de desestabilización

El 14 de octubre de 2019, el presidente Evo Morales anunciaba, en entrevista concedida a la ‎televisora GigaVisión, que tenía en su poder grabaciones que demostraban que personalidades de ‎la extrema derecha y ex militares estaban preparando un golpe de Estado en previsión de que ‎él volviera a ganar la elección presidencial [1].‎

Pero lo que sucedió no fue un golpe de Estado militar sino el derrocamiento del presidente ‎constitucional. Nada permite pensar que el nuevo régimen sea capaz de estabilizar el país. ‎Estamos viendo el inicio de un periodo de caos. ‎

Los motines iniciados el 21 de octubre, y que llevaron al presidente y al vicepresidente de la ‎República, a la presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados y al vicepresidente ‎del Senado a dimitir uno tras otro, no cesaron con la entronización de Jeanine Áñez, la segunda ‎vicepresidente del Senado, el 12 de noviembre. El partido político de la señora Áñez, el ‎Movimiento Demócrata Social, sólo cuenta con 4 diputados y senadores de un total de 130. Y ‎su decisión de instaurar un nuevo gobierno sin representantes de los pueblos originarios (pueblos ‎que los occidentales llamarían “indígenas”) llevó a los miembros de esos grupos étnicos a lanzarse ‎a las calles, en lugar de los grupos de matones que habían sacado del poder al gobierno del ‎presidente Evo Morales. ‎

Mientras la violencia interétnica se propaga por todo el país, la prensa boliviana publica relatos ‎sobre las humillaciones públicas, las violaciones y el diario conteo de manifestantes muertos ‎a manos de la policía y el ejército. ‎

Si bien es evidente que el ejército está respaldando a la nueva “presidenta” Áñez, nadie sabe ‎exactamente quién sacó del poder al presidente Evo Morales y se estima que pudo ser tanto una ‎facción local como una transnacional o ambas. La reciente anulación de un megacontrato para la ‎explotación del litio boliviano puede significar que algún competidor invirtió en el derrocamiento ‎del presidente Evo Morales. ‎

Lo único seguro es que Estados Unidos se alegra del giro que han tomado los acontecimientos, ‎pero es posible que Washington no haya intervenido para provocarlos, aunque ciudadanos y ‎funcionarios estadounidenses están probablemente implicados, como indicó el director del SVR ‎‎ [2] ‎ruso, Serguei Narichkin.‎

La publicación de una conversación entre la nueva ministra colombiana de Exteriores, Claudia ‎Blum, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos –conversación grabada ‎en un café de Washington– no deja lugar a dudas [3]: el secretario de Estado ‎estadounidense, Mike Pompeo, se opone actualmente a toda intervención en Latinoamérica; ‎abandona al individuo que se autoproclamó presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lo cual ‎inquieta al antivenezolano gobierno de Colombia, y rechaza todo contacto con los numerosos ‎aprendices golpistas latinoamericanos. ‎

Esto nos muestra que la nominación de Elliot Abrams como representante especial de ‎Estados Unidos en Latinoamérica no sólo fue una concesión a cambio del cierre de la ‎investigación del fiscal Robert Mueller sobre la supuesta «trama rusa» [4] sino también una astucia para acabar con la influencia de los neoconservadores en la ‎administración estadounidense. El “diplomático” Abrams se portó tan mal y cometió tantos ‎errores que destruyó en unos meses toda esperanza de intervención imperialista estadounidense ‎en Latinoamérica. ‎

En todo caso, el Departamento de Estado es actualmente una zona de desastre: los altos ‎diplomáticos desfilan uno tras otro por el Capitolio para prestar testimonio contra el presidente ‎Donald Trump ante la comisión de la Cámara de Representantes encargada de destituirlo. ‎

Pero, si la administración Trump no está orquestando lo que sucede en Latinoamérica, ¿quién ‎está haciéndolo? Todo indica que aún no han desaparecido las redes que la CIA instauró en ese ‎continente en los años 1950-1970. Cuarenta años después, esas redes siguen existiendo en ‎numerosos países latinoamericanos y logran actuar por sí mismas con un mínimo de respaldo ‎externo. ‎

Las sombras del pasado

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A la derecha, el arzobispo católico de Zagreb, monseñor Aloysius Stepinac, estrecha la mano a ‎su protegido, el líder ultranacionalista croata Ante Pavelic, jefe de la milicia de los ustachis. ‎Hoy en día, Ante Pavelic es considerado uno de los peores criminales de la Segunda ‎Guerra Mundial, mientras que Aloysius Stepinac fue beatificado por haber combatido al líder ‎de la resistencia antinazi Josip Broz Tito.‎

Cuando Estados Unidos decidió iniciar contra la URSS su estrategia de containment, el primer ‎director de la CIA, Allen Dulles, y su hermano, el secretario de Estado John Foster Dulles, ‎reciclaron numerosos líderes de las milicias ultranacionalistas creadas por las potencias del Eje ‎utilizándolos en la lucha contra los partidos comunistas. Esos elementos, previamente evacuados ‎por Estados Unidos de los países donde habían perpetrado numerosos crímenes durante la ‎Segunda Guerra Mundial, fueron agrupados en el seno de la Liga Anticomunista Mundial (WACL, ‎siglas en inglés) [5], la cual ‎organizó en Latinoamérica el «Plan Cóndor» [6], una estructura de cooperación entre los regímenes proestadounidenses ‎de Latinoamérica para secuestrar y asesinar líderes revolucionarios en cualquier país donde ‎buscaran refugio. ‎

Fue así como, después de haber participado en el golpe militar que instaló en la presidencia ‎de Bolivia al general René Barrientos, en 1964, el general Alfredo Ovando puso la búsqueda del ‎Che Guevara, en 1966, en manos del nazi Klaus Barbie, quien había sido jefe de la Gestapo en la ‎ciudad francesa de Lyon. Después de ser capturado por el ejército boliviano, Guevara fue ‎asesinado a sangre fría, por orden del dictador Barrientos, en 1967. ‎

Bajo las dictaduras de los generales bolivianos Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza ‎‎(1980-1981), el nazi fugitivo Klaus Barbie –conocido en Francia como “el Carnicero de Lyon”– y ‎el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie –miembro del Gladio italiano que había organizado ‎en 1970 el fallido golpe de Estado del príncipe Borghese en Italia– trabajaron juntos en la ‎restructuración de la policía y de los servicios secretos bolivianos. ‎

Sin embargo, después de la dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon, en 1974, ya ‎se había iniciado en Estados Unidos la ola de revelaciones de las comisiones Church, Pike ‎y Rockefeller sobre las actividades secretas de la CIA. El público vio solamente la espuma de ‎esa ola, pero hasta eso era demasiado. En 1977, el presidente James Carter nombraba director ‎de la CIA al almirante Stansfield Turner, ordenándole sacar de la agencia a los colaboradores que ‎habían trabajado para el Eje nazi-fascista y convertir las dictaduras proestadounidenses en ‎‎«democracias». Así que cabe preguntarse, ¿cómo pudieron entonces el nazi alemán Klaus ‎Barbie y el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie convertirse en supervisores de la represión ‎en Bolivia hasta agosto de 1981? ‎

Es evidente que habían logrado organizar la sociedad boliviana de una manera que les permitía ‎no depender del apoyo de Washington y de la CIA. Les bastaban el discreto respaldo de algunos ‎funcionarios estadounidenses y el dinero de un grupo de transnacionales. Los golpistas de 2019 ‎han actuado probablemente de la misma manera. ‎

Durante el periodo de la lucha anticomunista, Klaus Barbie había facilitado la instalación ‎en Bolivia de numerosos fugitivos croatas ustachis que antes lo habían ayudado a él a huir ‎de Europa [7]. ‎Creada en 1929, la organización de los ustachis reivindicaba ante todo una identidad católica ‎croata y contó con el apoyo del Vaticano para luchar contra la URSS. Después de la Primera ‎Guerra Mundial y antes del inicio de la Segunda, los ustachis perpetraron numerosos asesinatos ‎políticos, como el atentado que costó la vida al rey ortodoxo Alejandro I de Yugoslavia durante ‎una visita en Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ustachis se aliaron a los ‎fascistas y a los nazis y perpetraron masacres contra los cristianos ortodoxos pero enrolaron a ‎musulmanes.
En total contradicción con el cristianismo original, los ustachis promovieron una visión ‎racialista del mundo, según la cual los eslavos y los judíos no pueden ser considerados ‎enteramente humanos [8]. ‎

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los ustachis huyeron de Europa hacia Argentina, ‎donde fueron acogidos por el general Juan Domingo Perón. Pero algunos rechazaron ‎el peronismo y prefirieron volver a emigrar. Fueron por consiguiente los más recalcitrantes ‎los que emigraron a Bolivia [9].‎

Los ustachis en Bolivia

Ya se sabe que las razones éticas no son motivo suficiente para que la CIA acepte renunciar a un ‎arma. Así que no hay que sorprenderse de que los colaboradores que la administración Carter había ‎expulsado de esa agencia estadounidense hayan colaborado después con el vicepresidente de ‎Ronald Reagan y ex director de la CIA‎, George Bush padre. Algunos de ellos formaron el ‎“Antibolchevik Bloc of Nations” [10]. Esos elementos eran principalmente ucranianos [11] e individuos ‎provenientes de los países bálticos [12] y ‎de Croacia. Todos esos criminales de guerra están hoy en el poder.‎

Los ustachis bolivianos se han mantenido vinculados a sus correligionarios en Croacia, ‎principalmente durante la guerra de 1991-1995, donde apoyaron al partido cristiano-demócrata ‎‎(HDZ) de Franjo Tudman. ‎

En Bolivia, esos elementos crearon la “Unión Juvenil Cruceñista”, una milicia conocida por sus ‎incursiones violentas y asesinatos de miembros del pueblo originario aymara. Uno de los antiguos ‎jefes de la Unión Juvenil Cruceñista, el abogado y hombre de negocios Luis Fernando Camacho, ‎preside actualmente el Comité Cívico Pro Santa Cruz y dirige abiertamente a los matones que ‎expulsaron del país al presidente Evo Morales, miembro de la etnia aymara. ‎

Al mismo tiempo, parece que el nuevo comandante de las fuerzas terrestres de Bolivia, el general ‎Iván Patricio Inchausti Rioja, es de origen croata. En todo caso, es ese general quien dirige ‎actualmente la represión contra la resistencia de los pueblos originarios, luego de haber recibido ‎lo que se ha denunciado como una «licencia para matar», concedida públicamente por la ‎autoproclamada presidente Jeanine Áñez.‎

La fuerza de los ustachis bolivianos no reside en su número, ya que son sólo un grupúsculo. ‎Si lograron derrocar al presidente Evo Morales es porque utilizan la religión para justificar sus ‎crímenes y, en un país eminentemente católico, pocos se atreven a oponerse abiertamente a ‎quien dice hablar en nombre de Dios. ‎

Los cristianos racionales que leyeron u oyeron las declaraciones de la presidente autoproclamada ‎cuando anunciaba el regreso de la Biblia al palacio de gobierno –en realidad eran los ‎‎Cuatro Evangelios pero la señora Áñez no parece conocer la diferencia entre esos dos libros– y ‎que recordaron las denuncias de la nueva jefa de Estado sobre los «ritos satánicos» que ella ‎atribuye a los pueblos originarios quedaron estupefactos y creyeron, con desagrado, que esta ‎señora proviene de alguna secta. No, es una ferviente católica. ‎

Hace años que venimos denunciando a los responsables del Pentágono partidarios de la estrategia ‎Rumsfeld/Cebrowski. Hemos advertido repetidamente que esos militares estadounidenses ‎pretenden repetir en la Cuenca del Caribe lo que ya hicieron en el Medio Oriente ampliado. ‎

Pero en Latinoamérica, su plan encontraba una importante dificultad: la ausencia de una fuerza ‎regional comparable a la Hermandad Musulmana y al-Qaeda. En Latinoamérica, todas las ‎manipulaciones terminaban volviendo a la tradicional oposición entre «capitalistas liberales» y ‎‎«socialistas del siglo XXI». Ya no es así. Ahora existe dentro del catolicismo una corriente ‎política que predica la violencia en nombre de Dios. Esa corriente hace posible el caos. ‎Los católicos latinoamericanos se ven ahora ante la misma situación que los sunnitas árabes: ‎tendrán que condenar urgentemente a esos fundamentalistas o serán arrastrados por la violencia ‎que estos predican. ‎