Frente a la encrucijada de Chile 

El tremendo problema en que nos encontramos sumergidos hoy en Chile, y que reventó de forma imprevista aunque totalmente previsible, no va a resolverse sin cambios de rumbo político y económico tan radicales como lo son las mismas protesta: A grandes males, les corresponden grandes remedios. En esa línea propondría medidas inmediatas importantes e impactantes para la gente, que pudieran bajar la tensión y su legítima justificación, debido a las injusticias acumuladas y ninguneadas por los políticos gobernantes. Y, por favor, el ofrecer como respuesta a esta insurrección popular que se va a tirar para atrás el alza del metro, resulta a esta altura un mal chiste que de nuevo ningunea el problema real, de fondo, y revela la incapacidad de reacción adecuada a los acontecimientos que se esperaría por parte de un gobierno mínimamente capaz.

El Gobierno debería entregar con suma urgencia la promulgación de una “ley de equidad social”, cuyo primer artículo fuera que a partir de ahora en Chile ningún funcionario público (Presidente, Senadores, Diputados, Alcaldes, Concejales, militares, Rectores de Universidad…) podrá recibir como sueldo un monto superior a 4 millones de pesos. Y, en el otro extremo, ningún trabajador o pensionado podrá recibir un sueldo o pensión inferior a 400 mil pesos. Lo cual implica que la diferencia de remuneraciones no pueda nunca superar 10 veces la diferencia.

Para hacer eso posible, junto con la necesaria voluntad política, el Gobierno debe pactar con los grandes Empresarios de todo tipo el compromiso de que sus ganancias sean proporcionales y equilibradas de acuerdo a la situación del país y aporten así ese mismo esfuerzo de equidad salarial, poniendo en el centro del negocio no el lucro sino el bienestar de todas las personas, en lo cual consiste el verdadero “crecimiento del país”. El mismo empresario Luksic parece haber captado el corazón del problema y acaba de enviar un mensaje avalando esa misma línea de apoyo, que ojala sea real en la práctica de él y de los demás Grandes Empresarios.

El Gobierno tiene que cambiar radicalmente el rumbo, lo cual implica seguramente cambiar la totalidad de los responsables ministeriales que, a estas alturas, han perdido toda credibilidad ciudadana. De lo contrario el país ya no va a aceptar más esperas de solución. Y si el Gobierno no se ve capaz de ello, quizá se vea obligado a renunciar a la conducción para que otros más capaces puedan emprender la tarea urgente y necesaria de reorganización del país en cuyo centro estén realmente todas las personas, particularmente las mayorías pobres y enpobrecidas.

-El autor,  Antonio Bentue, es teólogo