Ecuador: Un gobierno que se debilita ante una lucha social que crece

El 9 de octubre se realizó el gran paro nacional en el Ecuador. Prácticamente no hay provincia o lugar donde no se hayan desarrollado importantes acciones en las que los sectores populares no se hayan movilizado masivamente, incluyendo tomas de gobernaciones y el sitio a la casa presidencial desde todos los puntos cardinales. La derecha también intentó hacer lo suyo en un apoyo a las medidas impuestas del FMI, que se expresó en Guayaquil y con debilidad en Quito y Cuenca. La lucha de clases se visibiliza en los discursos, en las acciones y en las propuestas. El pueblo ecuatoriano aprende quienes son sus amigos y quienes sus enemigos.

Las patas cortas de las mentiras gubernamentales

En la tarde, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, pretendieron que las acciones populares habían disminuido, con la esperanza que la cercanía al feriado del viernes hiciera realidad esa mentira. Sin embargo, es innegable la cantidad y magnitud de acciones. Como no pueden ocultar, aunque lo pretenden, que junto a la fuerza de los indígenas están los obreros del FUT que cerraron múltiples fábricas, empleados públicos, los maestros de la UNE, los estudiantes universitarios y secundarios con la FEUE y la FESE, campesinos y otras organizaciones sociales de todo tipo. Les resulta difícil aislar al movimiento indígena.

Hasta ahora, la ministra ha hecho el papel de “policía bueno”, frente al Ministro de Defensa que hace el de “policía malo”. Pero ambos han ocultado las numerosas violaciones de derechos humanos, los muertos y heridos producto de la represión, así como actitudes de policías y militares que procuran no reprimir e incluso llegan a acuerdos con grupos de manifestantes en una posible desobediencia a sus jefes.

En la noche del paro, el Presidente y su Vicepresidente dijeron que había negociaciones con la dirigencia indígena. Luego, en el intento de confundir y dividir, que eran con parte del movimiento. Sin embargo, la CONAIE oficialmente aclaró que no existió ni una sola reunión y no hay negociaciones. Que se mantiene como punto central el retiro de las reformas neoliberales.

Otto Sonnenholzner, el vicepresidente, trató de mentir con mayor calidad. Por un lado, días luego de las medidas, señaló que la disyuntiva era entre estas medidas o acabar con la dolarización. Pero ello nunca se planteó así porque hay muchas medidas distintas que sin afectar la dolarización evitaban golpear al pueblo (las han planteado el FUT, el observatorio de la dolarización, grupos académicos y economistas); la dolarización, por el contrario, podría correr riesgo con las medidas actuales del gobierno que permiten la más fácil y rápida salida de dólares. Por otro lado, el mismo personaje dijo que quitar los subsidios y la elevación de los combustibles no afecta a la inflación (por favor lector, no se ría), comparando lo que sucedió cuando se quitó el subsidio a la gasolina de alto octanaje que solo usan los autos de alta gama, como si eso fuera igual que los combustibles que se usan para el transporte masivo y de productos.

El freno a la inflación vendrá porque se reducirá aún más la capacidad de compra de las familias, pero no por interés del gobierno. Por último, entre las mayores mentiras, sin tener pruebas, dice que se trata de una medida ambientalista, cuando no hay pruebas, ni en Ecuador ni en otra parte, que ello reduzca a mediano plazo el consumo de combustibles fósiles, los que, a pesar de los aumentos de los precios internacionales, continúan siendo causa fundamental del cambio climático. Es risible que ese argumento lo usen además quienes fomentan la explotación petrolera en el Yasuní, la destrucción que trae la minería a cielo abierto o la posible afectación a las islas Galápagos que pasa de laboratorio natural de la vida a “portaviones natural” para naves del imperialismo, como se dice y hace desde el gobierno a favor de las transnacionales.

Maduro, el nuevo culpable

Una de las mentiras del gobierno, de la que tuvo que retroceder, fue pretender que todo era un intento de golpe de Estado y acusaron a grupos correístas, que, si bien están presentes en algunos lugares, son reducidos y rechazados por las organizaciones en lucha. Cuando hoy los sectores afectos a Rafael Correa pretenden denunciar violaciones a derechos humanos o simplemente llaman “organizaciones populares” a la CONAIE y otras, las bases de esas mismas organizaciones les recuerdan que los mismos ataques que hoy encabeza Moreno antes los encabezó Rafael Correa, gobierno en el que más de 200 dirigentes populares fueron acusados por cargos como terrorismo, mientras los grandes grupos económicos aumentaban su índice de ganancias.

Moreno y su gobierno, seguramente por ello, centraron su ataque en los correístas, esperando que la gente que no quería ser identificada con esa corriente se retirara de las marchas. No le funcionó y crecieron consignas como: “Ni Correa, ni Moreno; la lucha es del pueblo” o “Ni Correa, ni Moreno; ni Nebot ni Lasso; el pueblo está contra el paquetazo”. La segunda identificó también a los apoyos oligárquicos a las medidas, expresadas en dos potenciales candidatos de la derecha más dura.

Pero rápidamente salieron a decir que el presidente Maduro financiaba y co-organizaba manifestaciones, asaltos y violencia. En una entrevista, Moreno dijo que tenían “todas” las pruebas, pero hasta ahora no presentan ninguna. Incluso dicen que hay extranjeros que cobraban entre 40 y 50 dólares (vaya, qué baratos) por participar, pero tampoco presentan ningún caso.

Acusar a Maduro no es un acto ridículo, como parece. Además, los neoliberales han usado la muletilla de los violentos y los asalariados por décadas, así que tampoco es un novedoso instrumento mediático. Pero acá hay una decisión que solo se explica desde la visión del imperialismo: dar supuestas pruebas del peligro que es Maduro para la región, tan inválidas como las mentiras presentadas por el presidente de Colombia en plena Asamblea d la ONU. Con ello, se activaron de inmediato los gobiernos del cartel de Lima para amplificar la acusación que les resulta útil para justificar la activación del TIAR y la invasión armada contra el pueblo venezolano.

Al interior del país, esa mentira solo la reproducen sectores de la derecha, pero ni ellos le dan tanta importancia. Pero los guerreristas de la Casa Blanca, Colombia o Brasil buscarán usarla de la manera más vil.

La violencia ¿de dónde viene?

Si se analiza cronológicamente, la violencia masiva y estructural se presentó con las medidas impuestas por el FMI, condenando a la pobreza a millones. Para que un millón trescientos mil estén tranquilos, se les ofreció un bono de 15 dólares mensuales, silenciando las enormes cantidades en millones que hace poco obsequió el gobierno a los mayores empresarios mediante una remisión tributaria. Un golpe a la economía familiar, al futuro de los niños y nuevos trabajadores, que debe ser identificado como violencia.

Luego, como siempre, se pretendió que los violentos eran los que se manifestaban en las calles haciendo uso de su derecho a la expresión, a la organización y al derecho constitucional a la resistencia. Los medios de comunicación empresariales y “públicos”, al unísono, identificaron toda marcha con “desmanes”, “violencia”, “saqueos”. Todos insultados, como lo hacía la oligarquía de Guayaquil y el resto del país, como vagos, zánganos, indios (no entienden que son indígenas y usan ese calificativo como agresión), asalariados de Maduro, ignorantes, manipulados y un largo etcétera. Violencia simbólica desde el poder político y los poderes fácticos.

Es cierto que hubo unos cuantos saqueos. No son muchos, pero pretendieron ser magnificados. Callaron también que en Guayaquil los que actuaron en ellos son habitantes de barrios empobrecidos en los que crece la delincuencia ante la falta de empleo, en acciones que no se presentan por primera vez en esa ciudad. Pero hoy pretendieron ver la amenaza en unos cuantos extranjeros y en indígenas que en otra mentira avanzaban a tomarse la ciudad. Ver los saqueos como acto organizado por fuerzas oscuras es, entre otras cosas, aunque no únicamente, salirse por la tranquera para no analizar la realidad social a la que conducen las medidas neoliberales. Ejemplos sobran dentro y fuera del país.

Hay otra violencia, la de autodefensa del pueblo que llegó a quemar una tanqueta militar, que reacciona ante la represión y la violación de derechos, que busca la libertad de expresión en un país donde esta se encuentra controlada por grandes grupos empresariales y su gobierno propio. Esa también es condenada por los grandes medios como si no fuera autodefensa sino una agresión que amenaza al país. Los millones que se expresan, de una u otra manera contra las medidas del FMI, para ellos no son parte del país. Si pudieran quietarían la ciudadanía a quienes se rebelan contra la injusticia y la dominación extranjera.

Con ello se quiere justificar otro tipo de violencia, la directa. La represión ha adquirido rasgos dictatoriales. Hay reportes por confirmar respecto a varios muertos como resultado de la represión; decenas de heridos graves (un joven perdió un ojo por un golpe con una bomba lacrimógena utilizada como proyectil, lo que la Ministra Romo calificaba como un incidente en su ojo); cientos de heridos leves; más de 800 detenidos, en gran parte no llevados a las unidades de flagrancia sino a recintos policiales y militares; periodistas agredidos e incluso arrestados; unos nueve medios de comunicación intervenidos; entre otros datos que saben ratificar por si hay errores.

La noche del paro (9 de octubre) las fuerzas represivas atacaron a las Universidades Católica y Salesiana en Quito, parte de las instituciones que han sido refugio nocturno de los manifestantes y para sus hijos. Si la presencia de niños tiernos no les importó, tampoco lo hicieron letreros que se indicaba que cada una de las universidades es ahora “zona de paz y refugio”.

Con todos estos hechos, las organizaciones de Derechos Humanos resaltan que las violaciones de derechos humanos son sistemáticas. Preocupa enormemente que personal de salud y voluntarios y que, de distintas maneras y por distintos actores, ambulancias de la Cruz Roja hayan sido impedidas de realizar su labor y su personal se haya sentido en peligro al grado de suspender temporalmente sus labores pre-hospitalarias. Las organizaciones populares han ratificado su respeto a esta organización comunitaria y solicitan a sus bases facilitar su labor.

El gobierno se debilita

Tras el anuncio de las medidas, el gobierno esperó que no creciese la protesta. Al inicio y rápidamente se dirigieron a negociar con los grandes transportistas que habían paralizado sus labores por el incremento de los combustibles. Pero no esperaban la fuerza del movimiento popular, la unidad de las más importantes organizaciones locales y nacionales y la generalización de las protestas. Sin duda subestimaron al pueblo.

La fuerza de la respuesta social, les condujo a que, a reglón seguido, tomaran medidas que delataban su debilidad. Un ejemplo es la suspensión de clases en escuelas y colegios, que primero fue en la Sierra, luego en el Oriente y finalmente en todo el territorio continental. Entre esas medidas, se dieron anuncios dictatoriales: se impuso el Estado de Excepción por 60 días (la Corte Constitucional luego rebajó el plazo a 30 días); el Ministro de Defensa amenazó violentamente, hablando de que los militares tienen derecho a la autodefensa e incluso anunciando el uso de armas con fuego real; se impuso un verdadero toque de queda a la movilidad en las cercanías de edificios públicos e instalaciones estratégicas. Por último, en lo que para muchos es una huida anticipada, Moreno llevó el gobierno a Guayaquil a cobijarse en la derecha social cristiana, el populismo de Bucaram y el dinero del banquero Lasso.

La derecha más reaccionaria, buscando usar a las fuerzas militares como sus empleados personales, por días han reclamando que no se reprime con suficiente fuerza, que actúen con más violencia. Los argumentos clasistas y racistas recuerdan a los usados en 1922, cuando se dio la primera huelga general en Guayaquil y el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana.

Pero, poco a poco la violencia del discurso ha bajado. El Ministro de Defensa ya no sale con discursos fascistoides, realizan cadenas nacionales supuestamente de análisis para convencer tardíamente sobre las medidas, hablan de dialogar con los dirigentes indígenas (haciendo de lado a los demás dirigentes sociales) y, por último, la noche del nueve como reacción a la fuerza del paro sale un grupo de autoridades a anunciar en el aíre, sin nada concreto, medidas que dicen “son de interés de los indígenas”. Pero, junto a esas muestras de debilidad, nada dicen aún sobre retirar el paquete de medidas que es la exigencia central, ni eliminar las reformas que están contra los derechos laborales, ni transparentar las negociaciones con el FMI o enjuiciar los casos de violación de derechos humanos.

El gobierno se debilita, pero los sectores más reaccionarios están unidos para defender el paquete del FMI a cualquier costo. El pueblo sabrá responder y por ello las acciones no se detienen.

-El autor, Edgar Isch López, es académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

*Fuente: SurySur