Chile, una “dicta blanda” encabezada por el Tribunal Constitucional

La conocida canción interpretada por Víctor Jara, “usted, no es ná, no es chicha ni limoná” refleja –en gran medida- la actual realidad político-partidista del chileno medio. Es parte de nuestra idiosincrasia. Si bien el tema debería ser materia de estudio e investigación para los historiadores, me permito recordar que nuestro país nació bajo la cobija del militarismo español, y no a golpe de chuzo, hacha y navaja de los aventureros, como sucedió en casi todo el resto del continente americano. Muy pocos ‘cazafortunas’ europeos osaron adentrarse en este último rincón del mundo, donde escaseaban los metales preciosos y abundaba la belleza natural tanto como la maza, lanza y boleadora mapuche, por lo que don Carlos V hubo de enviar oficiales y soldados de su propio ejército para preservar en manos hispánicas el entonces único paso interoceánico del Atlántico al Pacífico: el estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos.

Fue así que Chile se convirtió en una larga y angosta faja de fuertes militares con pretensiones de aldeas, donde la vida cotidiana se ciñó a las órdenes y reglamentos de la soldadesca más que a las decisiones de sus habitantes.

Obviamente, lo anterior resulta insuficiente para explicar el carácter ‘disciplinado y conservador’ del chileno promedio, pero poca duda cabe que es una de las variables en su conformación, la que por cierto se completó a través del respeto irrestricto a la autoridad, fuese esta digna o indigna de ser considerada como tal. Y de ese reverencial respeto se pasó a la casi religiosa obediencia al ‘patrón’. Con el avance de los siglos, se confundieron y mezclaron los términos “autoridad” y “patrón” conformando un todo único y activo…hasta hoy.

En Chile, desde hace tres décadas, tenemos una verdadera democracia de farándula tutelada y controlada –salvo en asuntos administrativos- por el pinochetismo derechista a través de , sus poderes fácticos y de sus dos partidos políticos principales (UDI y RN), los que disponen de un generalizado poder de veto, auxiliado además – en algunas leyes ordinarias que no requieren de quórum calificado- por los sectores más conservadores y neoliberales de una Nueva Mayoría apenas ‘administrante’ de la institucionalidad del pinochetismo.

Pero, en honor a la verdad, los verdaderos directores de Chile no son los gobiernos ni las ideologías otrora en pugna, sino que son –y seguirán siéndolo por mucho tiempo- los dirigentes de grupos multinacionales -financieros e industriales- y la alta oficialidad de las fuerzas armadas. Ahora ya sabemos que si bien esas personas no son elegidas por la ciudadanía, sus decisiones impactan de manera directa y brutal sobre nuestra sociedad, la que en absoluto es informada oportunamente ni consultada respecto de los objetivos, planes y programas que aquellos dirigentes desarrollarán.

El Tribunal Constitucional (TC) es el mejor representante de lo afirmado en las últimas líneas. Fue creado originalmente el 23 de enero de 1970 mediante una reforma a la Constitución de 1925, y la Junta Militar lo disolvió por decreto ley Nº 119 el 10 de noviembre de 1973.  Pero, la Constitución de 1980 lo repuso y fue modificado luego, sustancialmente, por la reforma constitucional del año 2005. Resumiendo, fue creado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero la dictadura militar lo disolvió ya que no aceptaba censores ni cuestores a su acción. Sin embargo,  los redactores de la Constitución de 1980 volvieron a darle vida, y luego, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, mediante una reforma constitucional, se le agregaron ciertos poderes que a la larga lo convertirían en una tercera cámara legislativa.

El TC es un órgano del Estado, autónomo e independiente, y su función principal es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos, encargándose de asegurar que cualquier normativa que se dicte en el Parlamento y en el Ejecutivo se enmarque en los límites señalados por la Constitución Política del Estado.

Pero, ese tribunal, con la anuencia de los bloques políticos que conforman el llamado ‘duopolio’, ha ido más allá de las facultades  que le otorga la Constitución, lo cual puede ser considerado como usurpación de poderes, muy principalmente durante el período presidido por Iván Aróstica (designado por Sebastián Piñera en ese cargo, en julio de 2010), quien en los hechos concretos ha insistido en “legislar” sobre ciertas materias, como ocurrió –por ejemplo- con la Ley de Aborto Tres Causales.

La derecha y los sectores conservadores, que no cuentan con mayoría parlamentaria, recurren al TC cada vez que pierden una batalla en el Congreso, y Aróstica se siente complacido en “legislar sobre lo legislado”, dando con ello un rotundo mentís a aquello de la soberanía popular expresada a través de sus representantes democráticamente elegidos.

Aróstica y la mayoría de sus pares fueron más allá de lo mencionado en esta nota. Han degollado el sagrado principio de autonomía e independencia de los poderes del estado, pues intervinieron en materias que son exclusivas del Poder Judicial, dictaminando que la jueza Romy Rutherford suspendiera la causa contra el ex general de ejército Humberto Oviedo, quien se encontraba procesado por un fraude al fisco que asciende a los cuatro mil quinientos millones de pesos, hecho que habría acontecido  durante el período en el que Oviedo era comandante en jefe del Ejército.

El ex candidato a la presidencia de la república y senador por la región de Antofagasta, el periodista Alejandro Guillier, manifestó que “el TC, al parar la causa contra el general Oviedo, se hace cómplice de la corrupción en las FFAA. Personas designadas a dedo están por sobre todas las leyes, ¿qué opinará la Corte Suprema? (El TC) Es un órgano de defensa de los poderosos, que sólo genera más desconfianza en la ciudadanía”.

En estricto rigor, los sectores conservadores y ultra nacionalistas representados por el Tribunal Constitucional, han dado una especie de golpe de estado ‘blando’ al pasar por sobre el poder judicial, y liberar del proceso conducido por la jueza Rutherford a un sospechoso -como indudablemente es el ex general Oviedo-  que estaba siendo investigado como autor reiterado del delito de malversación de caudales públicos.

Cada vez, con más fuerza, esos sectores van estructurando la “dictadura perfecta”, y la sociedad civil chilena nada dice ni nada hace por revertir situaciones que son abiertamente atentatorias contra el sistema democrático institucional. La idiosincrasia del chileno promedio así lo señala. Autoridades y patrones son lo mismo para él. Es por ello que el inquilinaje mental continúa galopando a rienda suelta, y las “instituciones funcionan” exclusivamente en beneficio de un pequeño grupo de poderosos.

Ya que la gente continúa cooptada por sus propias debilidades y temores, le corresponde a los poderes del estado poner coto a tanta acción predadora de la institucionalidad democrática. Como nunca antes, es la hora de los partidos políticos, de la Corte Suprema y de los parlamentarios.

*Fuente: El Clarin