Mayo saharaui: el PSOE promete, el Gobierno incumple

• El partido de Pedro Sánchez se comprometió con la defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental

• Las autoridades marroquíes expulsaron de El Aaiún a siete observadores internacionales en el juicio contra una periodista saharaui

• El Gobierno socialista guardó silencio ante las violaciones de DDHH, como la detención de un niño saharaui de 14 años, al que la policía maltrató y apaleó

El PSOE se comprometió con la defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental en sus programas a las elecciones generales y europeas, pero en lugar de denunciar su violación, a la primera de cambio el Gobierno socialista guardó silencio.

Además de promover la ejecución de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto de Sáhara Occidental, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, el PSOE aseguró que iba a fomentar “la supervisión de los derechos humanos en la región”.

Una significativa ocasión para defender los Derechos Humanos tuvo lugar el 19 de mayo pasado, cuando un grupo de cinco abogados españoles y dos observadores noruegos llegaron a El Aaiún para asistir al juicio contra la periodista saharaui Nazha El Khalidi.

Sin embargo, Sidi Talebbuia, Ramón Campos, Lourdes Barón, Lola Travieso y Ruth Sebastián, con acreditación del Consejo General de la Abogacía Española, y Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller, de la Fundación RAFTO para los Derechos Humanos, no pudieron entrar en la capital del Sáhara Occidental, se lo impidieron las autoridades marroquíes.

A la excolonia española, invadida por Marruecos hace más de 43 años, viajan habitualmente juristas con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española: velan por el respeto al Derecho de Defensa y al proceso judicial debido en causas penales “contra ciudadanos de origen saharaui en las que se aprecian riesgos de que el procedimiento no asegure las preceptivas garantías legales”.

Una de estas causas es la de Nazha El Khalidi, detenida el 4 de diciembre de 2018 en El Aaiún mientras transmitía una manifestación saharaui; acusada de usurpación de funciones por ejercer de periodista sin título oficial, en aplicación del artículo 381 del Código Penal marroquí, Nazha puede ser condenada hasta con dos años de cárcel. Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuestionaron este proceso, incompatible con el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ni el caso de la periodista saharaui, cuyo juicio se aplazó al 24 de junio, ni la expulsión de los abogados españoles y los observadores noruegos o la detención el 25 de mayo de un niño de 14 años, que sufrió golpes y malos tratos, merecieron la atención del Gobierno de España, como tampoco otras violaciones de los DDHH en la excolonia española.

En junio tendrá lugar en Marrakech otro juicio significativo, el de  Housein Bachir, el estudiante saharaui que llegó en enero a las islas Canarias en patera en busca de asilo y fue entregado a Marruecos y encarcelado bajo la acusación de “actividades políticas ilegales”.

Denuncias sobre Brunei, Sudán y Guinea

En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez se pronunció en abril y mayo sobre diferentes temas de actualidad internacional referentes a Libia, Irán, Sri Lanka, Venezuela, Níger, Rusia, Israel y franja de Gaza, Panamá…,  a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Josep Borrell.

España, por ejemplo, condenó el nuevo Código Penal de Brunei, que penaliza “la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía, que castiga con la pena de muerte, y prevé castigos corporales por robo o aborto”, lo que el Gobierno socialista consideró contrario “a las obligaciones contraídas por ese país en materia de derechos humanos”.

Sobre unas manifestaciones en Sudán en demanda de un cambio político, España pidió al gobierno de ese país, al ejército y a las fuerzas de seguridad que evitasen un uso excesivo de la fuerza, “permitiendo así que la ciudadanía pueda seguir expresándose pacíficamente, y para que cesen las detenciones de líderes políticos, periodistas y manifestantes”.

El Ministerio de Exteriores opinó, también, sobre la detención en Chad de Andrés Esono Ondo, líder del partido ecuatoguineano CPDS, al que Guinea acusa de preparar un golpe de Estado, pero “sin citar prueba alguna que respalde dichas acusaciones”. El Gobierno español mostró “su seria preocupación por este arresto” y pidió que el detenido fuese “tratado con el máximo respeto a sus derechos fundamentales y a los principios y garantías propios de un Estado de Derecho”.

El Ministerio de Borrell emitió en dos meses veinticinco comunicados, pero ninguno de ellos sobre las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y que, reiteradamente, denuncian las principales organizaciones de DDHH del mundo.

Una vez más viene a colación uno de los mayores autores del Siglo de Oro de la literatura española, Francisco de Quevedo y Villegas, crítico de políticos, que dijo: ”Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”.

En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis se vulneran los Derechos Humanos, como detalla la siguiente relación, aproximada, de hechos ocurridos en mayo de 2019, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis:

Mayo saharaui 2019

*Fuente: Contramutis