Cambio21 intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet hacia un país más progresista

“Consideramos que las víctimas de atropellos a los derechos humanos hemos sido hasta ahora burlados en nuestros legítimos derechos claramente establecidos en los Tratado Internacionales suscritos por Chile; con leyes Reparatorias (derivadas del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y La Comisión de Prisión Política y Tortura) que no se ajustan a los compromisos y deberes internacionales contraídos”
Del texto de la carta que ExPrisioneros Políticos entregaron, 11.03.2014, en su segundo mandato a la Presidenta Michelle Bachelet

Opinión desde el exilio

Mientras en los medios como Cambio21 se intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet hacia un país más progresista, en la realidad se trata de un intento poco creíble y tardío de torcer la realidad mediante estrategias mediático-comunicacionales. Digo, poco creíble porque la porfiada realidad muestra una cara muy distinta.

En este último gobierno de Michelle Bachelet (2014 – 2018), el país figuró como el más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asimismo, en su Gobierno estallaron los casos de corrupción. Además, no hubo ningún intento de hacer un Gobierno verdaderamente trasformador, de tocar el capital, de disminuir la desigualdad, o de aumentar la soberanía del país frente a las transnacionales.

Y en el terreno de la lucha por los Derechos Humanos tampoco se corrió el cerco, muy por el contrario, se mantuvieron las mismas camisas de fuerza. Bachelet prometió en septiembre de 2014 ante el país que pondría fin a la Ley de Amnistía de 1978 que aún rige en Chile y que beneficia a los genocidas. No lo hizo. También prometió en 2015 a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente de ser quemada viva por una patrulla militar en 1986 y símbolo de la lucha antidictatorial, que cerraría la cárcel especial Punta Peuco, recinto penal con canchas de tenis donde están recluidos los pocos militares condenados por violaciones a los DD.HH. Hasta el último día y en medio de una inmensa ola de rumores, Chile esperó que cerrara el penal, de hecho, ella hasta el sábado no quiso ni confirmarlo ni negarlo, sólo decía que gobernaría “hasta el último día”. No lo hizo.

Tampoco, la expresidenta Bachelet, avanzó en un asunto esencial para efectivamente democratizar la sociedad chilena: la cuestión constitucional. Debe recordarse que Chile es el único país sudamericano de todos los que vivieron dictaduras militares que mantiene la constitución del dictador: rige aún la constitución de Pinochet. Y fiel a su errático estilo, cinco días antes de terminar su mandato la presidenta apareció sorpresivamente en cadena televisiva anunciando que enviaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso, “para honrar mi compromiso asumido con Chile”. Se trataba del mismo Congreso que termina su mandato también el domingo 11 de marzo para ser renovado por otro muy distinto. Este hecho provocó burlas e indignación, incluso entre sus propios partidarios. Diputados democratacristianos calificaron este envío de última hora como “un circo, una falta de respeto”. Incluso el electo senador socialista y expresidente de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que “no ha habido en el Palacio de La Moneda, como lo hubo en los primeros tres Gobiernos de la Concertación y parcialmente en el primer Gobierno de Bachelet, una dirección política que ordenara la conducción del Estado y de la coalición, y por lo tanto, ordenara al país”.

Además, es un misterio saber quiénes redactaron el proyecto de nueva Constitución que ingresó al Congreso. No la conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda. También es un misterio por qué se decidió incluir ciertas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 24 fue uno de los que llamó más la atención. El texto aumenta el mínimo de edad para poder postular al cargo de Presidente de la República de 35 a 40 años. Esto inmediatamente fue visto como una señal dirigida al naciente Frente Amplio (FA), que obtuvo, para sorpresa de todos, 20 diputados y un senador, y cuyos principales líderes, los diputados Giorgio Jackson (31) y Gabriel Boric (32), o el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (33), están hoy con la edad mínima para postularse a dicho cargo en 2022. “Ley anti millenials” ha sido bautizada esa iniciativa bacheletista.

Cabe recordar que el potente despertar de los movimientos sociales en Chile se dio especialmente durante 2011-2012. Fue tal la fuerza de estos movimientos que se instalaron temas vedados por la elite, como los de reforma laboral, nueva constitución, fin al lucro en la educación, etc. Temas que Bachelet tomó como banderas de lucha y con los cuales resultó elegida, descomprimiendo la conflictividad social, pero en beneficio del sistema neoliberalista.

Gracias, siempre.
Exprisionero político en el exilio