14 Feb 2019, 12:01 pm.
Las sanciones contra Venezuela son mecanismos reales y palpables de destrucción del Estado, la identidad y, con esta, de la sociedad venezolana. Forman parte de una estrategia de guerra basada en la aplicación de diversos recursos y herramientas sofisticadas de hegemonía financiera contra nodos fundamentales de la vida nacional. Aunque en Venezuela no caigan bombas ni se vean marines estadounidenses desembarcando por las costas, sobran evidencias de los recursos de agresión permanente, nacional e internacional, por parte de sectores corporativos y políticos.
En este contexto, desde 1999 las maniobras internas del antichavismo se alternaban entre mecanismos de bajo perfil como el boicot o la desinversión empresarial y acciones contundentes como el golpe de abril de 2002 o el paro petrolero.
Desde 2015, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos», se hizo indiscutible la vanguardia política y el liderazgo en el antichavismo de la élite transnacional que gobierna en Washington, ellos imprimieron mayor firmeza a una ristra de medidas que han determinado no solo la destrucción de la economía nacional sino modificado gravemente el imaginario cultural.
Lo que se comprende en su justa dimensión con las declaraciones de Jack Lew, ex secretario del Tesoro durante la Administración Obama, quien afirmó que «las sanciones son la bala de plata de la política exterior de Estados Unidos porque son más efectivas y baratas para doblegar a sus enemigos que el poder tradicional, porque tienen influencia en los mercados financieros estadounidenses, el nervio central de la economía globalizada». Las sanciones, así, son medidas de asedio a fortalezas, como en la era medieval, aggiornadas a esta nueva era de poder inteligente, tecnologizado, globalizado, donde cada nervio que toca el poder es en función de doblegar a sus enemigos, según Lew.
2015: ESTADOS UNIDOS ASUME EL MANDO DEL ANTICHAVISMO
El bloqueo financiero ha venido mutando desde el ataque a la deuda, pasando por el aislamiento del sistema financiero estadounidense, hasta llegar a la aplicación de técnicas de espionaje que persiguen las transacciones venezolanas, y retienen fondos destinados a la importación de alimentos y medicinas.
Venezuela sufre desde entonces los embates de la caída de los precios del petróleo debido a que Estados Unidos acordó con Arabia Saudita aumentar agresivamente la producción de petróleo para bajar los precios y afectar a importantes países productores, como Venezuela, Rusia e Irán.
Además, la economía comenzó a deteriorarse por falta de ingresos y una compañía creada en Miami en 2010, llamada Dólar Today, que devaluó artificialmente el valor de la moneda con el fin de iniciar una escalada inflacionaria. Venezuela perdió ese año aproximadamente el 60% de sus ingresos nacionales.
La Orden Ejecutiva (13692) firmada por la Administración Obama en marzo de 2015 inició las acciones de bloqueo financiero contra Venezuela y, con ella, el gobierno estadounidense hizo del ataque económico contra el país un asunto legal. Basada en la Ley de Emergencia de Poderes Económicos Internacionales, activada a nivel constitucional, para dotar a la administración de turno de herramientas para «defenderse» de la amenaza.
Bajo este pretexto, la Casa Blanca colocó en estado de alerta a su sistema financiero, a través del Departamento del Tesoro, respecto a operaciones financieras venezolanas.
Con la excusa de bloquear la movilidad de cuentas personales no demostradas de, hasta entonces, siete funcionarios venezolanos, este instrumento legal ha atacado el uso del sistema financiero estadounidense para importar alimentos y medicinas por parte del Estado venezolano.
En paralelo, las calificadoras de riesgo, agencias creadas por Estados Unidos para desestabilizar países soberanos, publicaban un mapa global de «países riesgosos». Esto para complementar el cerco económico-financiero contra los planes de recuperación del gobierno venezolano, producto de la caída de los precios del petróleo.
Venezuela fue catalogada por la empresa financiera de origen francesa Cofacecomo el país con el riesgo país más alto de Latinoamérica, similar a países africanos que actualmente se encuentran en situaciones de conflicto bélico. El «estudio» fue realizado con base a las calificaciones negativas de las tres grandes calificadoras estadounidenses, Standard and Poor’s, Fitch Rating y Moody’s, responsables en buena medida del colapso financiero mundial del año 2008.
A partir de 2015 comenzó a aumentar artificialmente la variable del riesgo-país para obstaculizar la entrada de financiamiento internacional y, hasta el primer semestre de 2018, estas tres grandes calificadoras han arreciado sus ataques contra Venezuela, omitiendo los oportunos pagos de deuda con el fin de empujar al país hacia el default y proyectar una situación de inseguridad para la inversión internacional.
En este contexto de asedio con base en el descontento social producido por la baja de los precios petroleros, la escasez, el desabastecimiento y la ola de saqueos, el antichavismo ganó la mayoría en la Asamblea Nacional y configuró un piso más alto, ahora desde la instancia parlamentaria, para las agresiones financieras contra Venezuela.
2016: CERCO FINANCIERO Y EL DEFAULT QUE NO LLEGÓ
En abril de 2016, el Fondo Monetario Internacional alertaba sobre la «catástrofe económica» en Venezuela mediante un informe, generando expectativas de colapso, inflación y escasez para legitimar las acciones de guerra económica llevadas a cabo por Fedecámaras y Consecomercio, las dos principales entidades privadas del país.
El FMI calcula que los precios subirán en Venezuela un 17.700% en dos años https://t.co/u2mDaRe48i
— EL PAÍS América (@elpais_america) 18 de abril de 2017
La Asamblea Nacional, en desacato por incorporar a tres miembros cuyas elecciones fueron demostradamente fraudulentas, aprobó instrumentos legales en mayo y agosto que declaraban «nulos» los contratos petroleros, inversiones internacionales y la emisión de nuevo endeudamiento por parte del país, intentando con ello obstaculizar que dinero fresco entrara a las arcas del Estado.
Durante 2016 y 2017 fueron cerradas cuentas venezolanas en Estados Unidos por parte de bancos privados de gran envergadura, como Citibank y JP Morgan, debido a que la Orden Ejecutiva 13692 facultó al Departamento del Tesoro para emplear mecanismos de vigilancia a las transacciones financieras de Venezuela en Estados Unidos.
Tras la excusa de proteger su sistema financiero de «funcionarios corruptos», se buscaba aislar a Venezuela del sistema financiero norteamericano y obstaculizar tanto sus importaciones como el pago de la deuda externa. A ello se unió el segundo banco más grande de Alemania, Commerzbank.
En julio de 2016, el índice de riesgo país EMBI, creado por el banco JP Morgan, colocó a Venezuela con el puntaje más alto del mundo (2640 puntos) por encima de países en guerra como Ucrania, aun cuando el Estado venezolano pagó 6 mil millones de dólares en deuda externa ese mismo año. En septiembre, PDVSA realizó una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos con el fin de aliviar sus pagos, y las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidense buscaron atemorizar a los inversionistas con declarar default si accedían a la propuesta de la estatal petrolera.
Cierra el año 2016 con el RIESGO PAÍS más alto del MUNDO – JPMorgan (EMBI+) : #VENEZUELA hoy 30/12/2016 2.168 Puntos pic.twitter.com/auNlinZMNJ
— Mercados y Acciones (@mercadosyaccion) 30 de diciembre de 2016
En noviembre, JP Morgan emitió una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares para generar temor en el mundo financiero y dañar la imagen de la estatal. También la petrolera estadounidense ConocoPhillips demandó a PDVSA ante una Corte en Delaware por su operación de canje de bonos para atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación.
En este entorno agresivo contra la economía venezolana, la inflación mediante el efecto Dólar Today cerró en 800% aproximadamente, según cifras filtradas a algunas agencias internacionales.
2017: EMBARGO, VIOLENCIA FRACASADA Y MÁS DESESTABILIZACIÓN
En abril de 2017 el presidente (electo ilegalmente) de la Asamblea Nacional, Julio Borges, exigió a más de 20 bancos internacionales cesar sus vínculos económicos y financieros con Venezuela. Mientras que en mayo declaró «nula» la compra de 865 millones de dólares en bonos PDVSA por parte del banco estadounidense Goldman Sachs.
En su afán por coordinar las sanciones financieras y económicas contra Venezuela, y utilizando el Parlamento como un instrumento para legitimar el bloqueo financiero, Borges se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de ese entonces, el general H.R. McMaster. De esta manera el bloqueo financiero impidió al país importar alimentos y medicinas necesarias para su supervivencia.
Apoyado por Estados Unidos y la OEA, el antichavismo venezolano emprendió una nueva escalada de caos y violencia más intensa y peligrosa que la de 2014, lo que ocasionó pérdidas millonarias al país y dejó un saldo lamentable de 130 muertos y miles de heridos. Asimismo, Estados Unidos sancionó a más de 20 funcionarios venezolanos, representantes de todos los poderes públicos y responsables de mantener el orden interno, como una medida para alimentar el caos de las guarimbas.
Como medida extrema, el presidente Nicolás Maduro convocó en mayo a elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyos comicios se llevaron a cabo en julio en medio de una violencia focalizada. Más de 8 millones de venezolanos asistieron a la elección y se cerró a partir de ahí un traumático escenario de violencia. El país ganó estabilidad política y social ante un ciclo de agresiones que apuntaron a sacar al presidente Nicolás Maduro, y eliminar de cuajo el marco constitucional actual.
Presidente @NicolasMaduro así responde el pueblo del Táchira a tu lealtad.
Nadie ni nada los detiene para votar por la #CONSTITUYENTE pic.twitter.com/J40myoRmAQ— Javier Alexander Roa (@RoaJavier) 30 de julio de 2017
2017 DESPUÉS DE LA ELECCIÓN CONSTITUYENTE: VIRULENCIA INJERENCISTA
Entre agosto y noviembre corrieron los días más dinámicos de la agresión contra Venezuela ese año. Al fracasar las guarimbas, Europa entró en el juego desestabilizador; en agosto el banco suizo Credit Suisse prohibió a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela, tal como había solicitado Julio Borges en abril.
Por su lado y mediante una orden ejecutiva, Trump prohibió la compra de deuda venezolana y la repatriación de los dividendos de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, cerrando así dos vías de financiamiento clave para una Venezuela devastada por las guarimbas.
A continuación, Estados Unidos comenzó a ejecutar un embargo petrolero no declarado. Los bancos privados estadounidenses, presionados por el Departamento del Tesoro, se negaron a emitir cartas de crédito para la compra de crudo venezolano, afectando así los ingresos de la nación.
La empresa PBF Energy, una de las refinadoras que realizaba mayores compras a Venezuela, tuvo que desistir de sus lazos económicos por el país producto de las sanciones.
En septiembre, el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), emitió una alerta denominada «banderas rojas» que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela para impedir el pago de alimentos y medicinas mientras que, producto de las sanciones de Trump emitidas en agosto, Citgo comenzó a tener problemas para adquirir crudos para sus refinerías y mantener sus operaciones estables.
En este contexto, unas 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque Citibank boicoteó su compra. Al mismo tiempo, el desembarco de 18 millones de cajas CLAP a Venezuela fue interrumpido por las trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense, dado que sus autoridades cerraron 52 cuentas bancarias de venezolanos en entidades como Wells Fargo, East y City, debido a que sus titulares, supuestamente, estaban vinculados al gobierno venezolano.
Mientras esto sucedía, se realizaron las elecciones regionales con más de 11 millones de votos en todo el proceso. El chavismo obtuvo 19 de 23 gobernaciones en unos comicios, convocados por la ANC, donde participaron toldas políticas del antichavismo como Acción Democrática y Voluntad Popular.
Pese a eso, aun cuando en los últimos tres años Venezuela no había dejado de honrar sus compromisos internacionales, en noviembre la empresa europea Euroclear, fundada por JP Morgan, secuestró 1 mil 650 millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos y medicinas.
El comité de las Américas de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), declaró a Venezuela en default, omitiendo el pago de deuda por 70 mil millones de dólares en los últimos dos años. Mientras JP Morgan volvió a aumentar el riesgo-país de Venezuela a 2.989 puntos, la cifra más alta desde 2014, cuando se ubicó en 1.458 puntos.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declaró a Venezuela en «default selectivo» porque no pudo honrar unos compromisos de deuda, producto de que las sanciones limitaron las transacciones financieras del país en el sistema de pagos estadounidense. Con estas maniobras intentaron abrir la puerta para confiscar bienes de PDVSA.
Ese mismo noviembre la gestora de bonos estadounidense Wilmington Trust acusó a Corpoelec de no cancelar intereses de deuda por el orden de los 27 millones de dólares, justo cuando el país vivía un bloqueo total a los medios de pago en el sistema financiero estadounidense.
Tanto así que un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar la malaria, no ingresó al país por el bloqueo de un laboratorio colombiano llamado BSN Medical y 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas: un total de 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos.
En diciembre, otras 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero fueron cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores, mientras el antichavismo decide no participar en las elecciones de alcaldes luego de su derrota en las regionales de octubre. El chavismo nuevamente arrasa con más del 95% de todas las alcaldías.
2018-2019: ATAQUE DESCOMUNAL Y MULTIFACTORIAL
En enero de 2018, el jefe de la CIA de turno, y actual secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó en una conferencia en el Instituto Americano de la Empresa que las sanciones financieras contra Venezuela habían sido coordinadas por él directamente con el presidente Trump.
Al mismo tiempo, once bonos venezolanos y de PDVSA, por valor de 1 mil 241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones. La Asamblea Nacional (aún en desacato) firmó un acuerdo donde criminalizó el criptoactivo venezolano Petro, reafirmando su interés por mantener sin fuentes de financiamiento al país.
En marzo, la Administración Trump, mediante orden ejecutiva, declaró ilegal la compra u otra operación relacionada con el Petro por parte de empresas y ciudadanos estadounidenses. Con esta maniobra legalizó el acuerdo de la Asamblea Nacional afectando la preventa inicial y los recursos que ingresarían al país en un contexto donde otros 2 mil 500 millones de dólares de Venezuela fueron retenidos en bancos estadounidenses. Este dinero en buena parte iba a ser dirigido al pago de acreedores internacionales.
En ese mes, quince boxeadores venezolanos no pudieron viajar al evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC) en México debido a las sanciones financieras que impidieron procesar los pagos para la logística. Una vez, sorteado este escollo, el otro drama fue que Colombia bloqueó su espacio aéreo para que estos boxeadores realizaran el viaje.
El gobierno colombiano bloqueó 400 mil kilos de alimentos en cajas CLAP que ingresarían al país para fortalecer este programa con el que más de 6 millones de familias se alimentan en todo el territorio nacional.
En abril, Estados Unidos y Colombia crearon un grupo de inteligencia financiera para bloquear la importación de alimentos y medicinas internacionalizando la asfixia financiera. Y en mayo la petrolera estadounidense ConocoPhillips ejecutó una serie de embargos contra activos de PDVSA por el reclamo de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones de dólares exigido a la Cámara de Comercio Internacional.
Esta maniobra no sólo afectó su capacidad instalada en el ámbito internacional, sino que limitó los ingresos del país por venta de crudo intensificando el daño al corazón de la economía nacional y buscando disolver más el tejido social que sostiene parte de la estabilidad.
A ello se unió la empresa minera de capital canadiense Rusoro, presentando una demanda que buscaba unir los activos de Citgo y algunos de PDVSA como pago por un premio de arbitraje de 1 mil 200 millones de dólares. También la contratista canadiense SNC-Lavalin demandó a PDVSA por más de 25 millones de dólares por supuesto impago de deuda, ante un tribunal de Nueva York.
Así, Estados Unidos reforzó su política de asfixia financiera y secuestro de recursos venezolanos limitando tanto la venta de activos petroleros de Venezuela en suelo estadounidense, como la liquidación de cuentas por cobrar, en respuesta al triunfo presidencial del chavismo el 20 de mayo.
A su vez, los países del Grupo de Lima acordaron, siguiendo la política de Trump, poner la inteligencia financiera de sus respectivos Estados para perseguir las transacciones, cuentas y operaciones financieras de Venezuela. El resultado de todo esto fue la abrupta caída de importaciones, que pasaron de los 60 mil millones de dólares anuales, entre 2011 y 2013, a un total de 12 mil millones en 2017.
Uno de los puntos culminantes de esta fase de agresiones, sin duda, es el embargo de la empresa de PDVSA en territorio estadounidense, Citgo, anunciado por el director del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton, en consonancia a la imposición de un embargo petrolero contra el país.
Esto busca dañar aún más la capacidad de conseguir financiamiento para Venezuela y, por lo tanto, pagar importaciones, dado que los efectos de este virtual embargo en lo inmediato son «atroces», según The New York Times, si se tiene en cuenta que en la primera semana de efectuado las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos se redujeron en un 40%.
Así se ha configurado el escenario de «crisis humanitaria» que sirve a las pretensiones intervencionistas que apuntalan el interinato de Juan Guaidó en el marco de una estrategia definitiva para asaltar los recursos y la dignidad nacional.
DESCONFIGURAR EL PAÍS ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL
Datos históricos demuestran que el bloqueo financiero ha preparado el escenario para la intervención y el reconocimiento internacional de un gobierno paralelo (caso Libia), crear incentivos económicos a los movimientos mercenarios estimulados desde la CIA (caso Yugoslavia), debilitar a la fuerza armada de un gobierno no alineado a Washington y fortalecer el poder de fuego de grupos paramilitares (caso Siria), fracturar el alto mando político-militar utilizando la precariedad de la población como vía de presión política (caso Cuba) o la afectación de la industria petrolera y condiciones internas para impedir el desarrollo energético como arma política (caso Irán).
El bloqueo financiero contra Venezuela persigue la destrucción masiva de la economía nacional, el desmantelamiento de los logros sociales de la era Chávez y la afectación de la población más pobre que desde 1998 ha demostrado ser la base política más sólida del chavismo y, sobre todo, el socavamiento de la confianza nacional en que las potencialidades internas del país (su población y recursos estratégicos) pueden proveer los recursos necesarios para retomar la estabilidad.
En pocas palabras: negar por completo el derecho de una nación a constituirse por sí misma ante las dificultades, y decidir su propio futuro más allá de las decisiones tomadas en unas pocas oficinas alejadas del país.
*Fuente: Misión Verdad
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