El ministro Borrell ignora el genocidio del pueblo saharaui

• Borrell habla de genocidios en los últimos 70 años y pasa por alto el del pueblo saharaui, por el que hay doce cargos militares y policiales marroquíes procesados en la Audiencia Nacional

• Exteriores dice que España está “profundamente comprometida” con los DDHH, pero no condena lo que ocurre en el Sáhara Occidental

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, habló de genocidio y citó casos como el de Ruanda, pero no tuvo palabras para el que sufrió el pueblo saharaui; escribió sobre los Derechos Humanos, pero sin citar las violaciones que se producen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

Con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Josep Borrell participó el 11 de diciembre en un coloquio en la Casa de América, en Madrid, junto a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Caddy Adzuba, defensora congoleña de los DDHH y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014.

El ministro socialista dijo que en los últimos 70 años hemos tenido “unos cuantos de genocidios” (sic),  que concretó en Ruanda, Camboya, Yugoslavia y Myanmar, sin aludir al que se perpetró en el Sáhara Occidental y por el que están procesados en la Audiencia Nacional, desde abril de 2015, once altos cargos, militares y policías marroquíes y desde mayo de ese mismo año un funcionario de prisiones.

El auto de procesamiento concreta que de una manera generalizada se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”, así como “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui”, y concluye que “concurren todos los requisitos del tipo penal que castiga el genocidio”.

En su intervención en la Casa de América, el ministro Borrell apuntó que los genocidios fueron “organizados sistemáticamente por la potencia publica ante la indiferencia o el mirar para otro lado de otras potencias públicas, que no se sintieron interpeladas por el derecho a proteger”. El genocidio cometido en El Sáhara Occidental por Marruecos, según la resolución de la Audiencia Nacional, no mereció la atención del ministro de Asuntos Exteriores.

El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los DDHH y un día antes del acto con Michelle Bachelet y Caddy Adzuba, el ministro de Asuntos Exteriores escribió en El País que “la  promoción y protección de los Derechos Humanos están en la base de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra concepción social”.

Además, en la página web  del Ministerio de Asuntos Exteriores se especifica que España, miembro del Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2018-2020, es un “país profundamente comprometido con los derechos humanos”, que son “parte sustancial” de su política exterior;  continuará denunciando “aquellos casos en los que los representantes de la sociedad civil sufran amenazas o represalias “ y trabajando “en la protección de los defensores de derechos humanos”.

El Ministerio denuncia que los DDHH siguen siendo violados por gobiernos “que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas”.

El ministro Borrell, el mismo que dijo en el Congreso de los Diputados, en julio, y en el Senado, en octubre, que España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental -en contra de lo que determinan la ONU y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, en ningún momento se ha pronunciado sobre las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en la excolonia española, tal y como han denunciado Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).

Según estas organizaciones y las denuncias de defensores de DDHH saharauis, en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos se reprime cualquier tipo de manifestación, ya sea de desempleados, de activistas que protestan por el expolio de los recursos naturales o de quienes piden que se realice el referéndum de autodeterminación acordado en 1991; se detiene a activistas y periodistas, a los que se condena en juicio sin garantías, y los presos políticos saharauis realizan huelgas de hambre para denunciar su situación, las torturas y malos tratos que padecen,  y reclamar el traslado a cárceles en territorio saharaui.

Todo esto sigue ocurriendo, también, desde que el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, llegó en junio al Gobierno. En agosto fue impedida la entrada en El Aaiún a dos abogados españoles, Ana Sebastián y Pablo Jiménez, que iban a asistir como observadores a un juicio contra un activista; en noviembre fueron expulsados los activistas de Derechos Humanos suizos Laura Kleiner, abogada, y Tullio Togni, antropólogo, que tenían previsto realizar un reportaje sobre la situación en el Sáhara Occidental.

Las referencias a los Derechos Humanos parece que tienen una excepción: el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos hace 43 años, tras la entrega que hizo España del territorio sin proceder a su descolonización.

*Fuente: Contramutis