Aula Segura: la dura violencia escolar de la que no se habla

En junio de 2016, cinco alumnos del Liceo Valentín Letelier (comuna de Recoleta), atacaron con bombas molotov a un piquete de Carabineros. El director del establecimiento, Víctor Jofré, los expulsó. Lo hizo dos años antes de que el gobierno enviara a trámite parlamentario la Ley de Aula Segura, cuyo objetivo es que los directores de colegios puedan expulsar a los alumnos que cometen faltas gravísimas. Una facultad que, como lo demuestra el caso de Jofré, los directores ya tienen: estadísticas de la Superintendencia de Educación, citadas por La Tercera, indican que en el último año, 745 escolares fueron expulsados en todo el país, con un promedio de seis por semana.

A pesar de la significativa cifra de alumnos castigados con la máxima sanción, oposición y gobierno han puesto el debate del proyecto Aula Segura en blanco y negro. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera difundió un tweet que puso a los senadores entre la espada y la pared: o están del lado de los estudiantes que quieren aprender en paz o de los “delincuentes con overol” (en referencia a los ultraizquierdistas o anarquistas que arrojan bombas molotov en violentas protestas sin petitorios). Así puestas las cosas, el 76% de los consultados por una encuesta Cadem (408 personas) apoyó la iniciativa del gobierno, bajo la errada creencia de que hoy los escolares violentos gozan de impunidad.

CIPER recorrió liceos de cinco comunas con alta población vulnerable (Puente Alto, La Pintana, Recoleta, Renca y Quinta Normal). Allí preguntamos qué piensan sobre el proyecto de ley los profesores que se enfrentan a diario con una violencia escolar dura, que no es la de las molotov y los overoles, sino de chicos que trafican drogas en las salas, amenazan con armas blancas, golpean a profesores, asaltan y abusan a sus propios compañeros. Y todos rechazan el proyecto de ley, por insuficiente.

De los 745 alumnos expulsados en 2017, el 49% de ellos lo fue por agresiones contra sus compañeros, el 14% por violencia contra docentes o asistentes de la educación y 37% por otros motivos de gravedad, como porte de armas y tráfico de drogas. Pero de esa violencia, que se está “normalizando” en los liceos de comunas populares, prácticamente nadie ha hablado en el debate de sordos en que se ha convertido la tramitación de Aula Segura.

Hasta ahora, tras su paso por el Senado y su ingreso a tramitación en la Cámara, el único cambio concreto que ofrece el proyecto es que acorta el plazo para hacer efectiva la expulsión de un alumno por actos violentos: hoy puede tomar sobre 20 días y de aprobarse la nueva ley quedaría en no más de 15. Un avance muy poco significativo, a juicio de los docentes consultados por CIPER.

Aunque en La Moneda aseguran que todo aquel que está en contra de su proyecto está del lado de los violentistas, el recorrido de CIPER por liceos de zonas vulnerables muestra lo contrario. Todos los profesores consultados –la mayoría pidió la reserva de sus nombres por temor a represalias– concuerdan en que los alumnos que cometen faltan gravísimas deben ser expulsados, pero aun así no están de acuerdo con la ley propuesta.

Para los maestros, la principal falla del proyecto es que no considera financiar las herramientas profesionales que corresponden para enfrentar la creciente violencia que se vive en sus liceos, sino que solo la castiga. En particular, estiman que la nueva norma debiese incluir presupuesto para dos objetivos: capacitación masiva de profesores en programas para intervenir de forma eficaz en los conflictos y fortalecer la convivencia; y contratar personal especializado (psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales) en cantidad suficiente, porque muchos colegios ya cuentan con una “dupla psico-social” (psicólogo y asistente social), pero que no da abasto por la cantidad y complejidad de los casos.

Esta demanda, que se repitió en todos los liceos que recorrió CIPER, apunta a la misma carencia histórica que muestra la catastrófica situación de los niños que están bajo el cuidado del Estado en el Sename.

Un segundo punto no considerado en el proyecto Aula Segura, a juicio de los docentes, es que no incluye medidas para “reforzar” a los liceos que terminan recibiendo a los expulsados. Los profesores consultados por CIPER manifestaron su temor de que la ley termine simplemente “trasladando” el problema desde los liceos emblemáticos del centro de Santiago hacia los liceos periféricos, agravando los conflictos y la violencia que estos últimos ya sufren.

Ejemplos ya hay: hace un par de meses el Liceo Valentín Letelier recibió a dos expulsados provenientes del Liceo de Aplicación, uno de los principales focos de la violencia de los “overoles blancos”. De hecho, la situación del Aplicación, junto con la del Internado Nacional Barros Arana (donde la brutal agresión a un carabinero y los ataques a su rector coparon la agenda noticiosa), prácticamente ha monopolizado el debate por el proyecto de ley Aula Segura.

Los docentes entrevistados por CIPER también hicieron hincapié en que la normativa establezca una comunicación fluida, coherente y oportuna con la Superintendencia de Educación. Esto, principalmente, para evitar que ese organismo revoque las sanciones (expulsiones, suspensiones, cancelación de matrículas) aplicadas por los liceos. Eso ha ocurrido en varias ocasiones, obligando a que las comunidades escolares sigan conviviendo con alumnos que cometieron faltas graves. Es allí donde los profesores entrevistados por CIPER identifican la principal falla del sistema educacional que genera impunidad: los castigos anulados provocan una sensación de temor y desamparo en profesores y alumnos que han sido víctimas de agresiones.

Las expulsiones pueden ser anuladas por la superintendencia por discordancias entre los lineamientos de ese organismo y los reglamentos internos de cada liceo. Este es un resquicio, plantean los profesores, que permite a los apoderados de los estudiantes sancionados apelar con éxito, para dejar sin efecto la sanción.

El creciente clima de violencia que se vive en esos establecimientos educacionales es uno de los factores que explica la caída de la matrícula en el sector municipal: en diez años –desde 2006 a 2016- bajó de 1,5 millón de alumnos a 1,3 millón. Un detrimento que no fue peor por la integración de las familias de inmigrantes al sistema en los últimos años.

“NOS OFRECEN COMBOS”

– A nosotros nos ofrecen combos regularmente. Nos sacan la madre todos los días. Hay alumnos que llegan permanentemente bajo los efectos de las drogas. Trabajamos en un ambiente que los profesores no podemos controlar. Y esta ley pareciera ser un distractor social para decir “el gobierno se preocupa”, pero no aborda el origen de fondo del problema. No podemos aislar la agresión contra un profesor o contra un compañero del consumo de drogas al interior del colegio, por ejemplo – dijo a CIPER un profesor de un liceo técnico profesional de Quinta Normal.

El relato se repitió en cada escuela: en Puente Alto una apoderada amenazó con “correr a balazos” a la directora del liceo y al encargado de convivencia si suspendían a su hija; en Quinta Normal, un profesor de música recibió un puñetazo en la cara de un estudiante al que había sacado de la sala –porque no era su clase, pero él quería quedarse con su polola–; en Recoleta hasta hace poco era normal ver a alumnos “zombi” por el uso de pastillas como clonazepam, un ansiolítico usado comúnmente entre los escolares como droga recreativa y que compraban en el mismo liceo; en Renca un estudiante de quinto básico llegó a la escuela con un arma; en La Pintana casi la mitad de los profesores están con licencia médica, la mayoría por depresión o crisis de pánico, trastornos que en muchos casos se desatan por el pésimo ambiente en que trabajan, según información proporcionada por el Departamento de Educación municipal.

El recorrido hecho por CIPER constató que en las escuelas municipales al problema de las agresiones y del tráfico de drogas, se suma, en muchos casos, la ausencia de los apoderados. El profesor jefe de un segundo medio en un liceo en Quinta Normal dijo a CIPER: “El promedio de asistencia a las reuniones de este año ha sido de unos 12, de 32 apoderados. Debe haber por lo menos 10 que no conozco, que no han venido en todo el año y no van a venir. Entonces, los problemas de convivencia que tenemos con sus hijos, ¿con quién los solucionamos? Porque les ponemos anotaciones negativas una tras otra, mandamos a buscar al apoderado, y este no viene”.

En ese contexto, que se repite en los liceos visitados por CIPER, los docentes insisten en que necesitan más herramientas y capacitación para enfrentar estas situaciones. Un profesor de un liceo técnico de Puente Alto planteó que en ese establecimiento cuentan solo con una “dupla psico-social” para más de 500 estudiantes. Los profesionales, según el maestro, solo dan abasto para ver los casos “realmente problemáticos”. El resto queda a la deriva:

– ¿Y los otros? ¿Y los que están empezando a mostrar conductas violentas? Hay niños que podríamos tomar desde ahora para hacer un trabajo preventivo, de contención más que de reaccionar para solucionar un problema cuando ya apareció. Pero la prevención no existe– indicó el profesor.

Tamara Contreras, directora de la escuela básica Domingo Santa María, de Renca, explicó a CIPER que ya la Ley de Inclusión –que eliminó el lucro y la selección en los colegios que reciben aportes del Estado, entre otras medidas– quedó corta. Precisamente, explicó, “faltó invertir en los docentes, en capacitarlos en relación al trabajo con las duplas psico-sociales”.

EXPORTACIÓN DE “OVEROLES BLANCOS”

Poco después de que, a principios de septiembre, aparecieran los primeros “overoles blancos” en el Liceo de Aplicación, dos de los estudiantes acusados de participar en los disturbios llegaron al Liceo Valentín Letelier de Recoleta. Aún sin las normas propuestas en la ley Aula Segura, el nuevo colegio pudo neutralizar la conflictividad de los jóvenes y, al menos en un caso, consiguió su inserción en la comunidad escolar. ¿Cómo lo logró? Con un reglamento interno claro, rondas de inspectoría y asegurando a las organizaciones del alumnado que su voz es escuchada y considerada por el colegio. Todo esto, que funcionó muy bien, no está incluido en el proyecto de ley que se discute en el Congreso.

Uno de los alumnos que llegaron al Valentín Letelier desde el Aplicación duró unas pocas semanas. El otro, según los docentes del liceo, se acomodó a los nuevos códigos: “El que se fue no encontró eco a sus formas, los alumnos no prendieron con él. El otro, en cambio, vio que podía manifestarse libremente, pero por otros medios”, dijo a CIPER el director del establecimiento, Víctor Jofré.

El Valentín Letelier arrastraba desde hacía años un “estigma de violencia”, según el director Jofré. Más que por las peleas entre los estudiantes o el consumo de drogas, el colegio fue conocido durante varios años por las barricadas, los detenidos, las bombas molotov. El director planteó a CIPER que debieron establecer procedimientos en su Reglamento Interno para prevenir estas situaciones: inspectoría revisó de manera permanente el colegio, hizo rondas y se coordinó con el Centro de Estudiantes.

– Y cuando hubo que aplicar el Reglamento Interno, se aplicó sin contemplaciones. Dice que puedes expulsar por actos violentos, por tráfico de drogas y por porte de armas. Entonces, ¿por qué los liceos emblemáticos no lo han hecho? – añadió Jofré.

El trabajo “preventivo” que explica el director del Liceo Valentín Letelier es lo que profesores de otros establecimientos municipales exigen. Esto, porque temen que, si no se hace, el estudiante sancionado simplemente será “trasladado” a otro colegio que lo recibirá sin las herramientas para entenderse con él.

Daniela Eroles, encargada de Educación de la Corporación Municipal de Renca, dijo a CIPER que es importante que cada escuela tenga las capacidades para enfrentar los problemas de convivencia escolar, considerando su propio contexto:

–Cuando hay una escuela que excluye, tiene que haber otra que incluye, y que tiene que asumir toda la complejidad del problema. Si todas las escuelas asumieran la realidad de los estudiantes, con toda su diversidad, resultaría más posible abordar estos problemas que si concentramos todas las complejidades juntas en una misma escuela, porque las otras no se hicieron cargo.

Ese sentimiento, de que el gobierno está tomando una decisión que favorece a los liceos emblemáticos en desmedro del resto de los colegios municipales, fue manifestado por todos los docentes consultados por CIPER. En Puente Alto, una profesora cuestionó que el proyecto Aula Segura busque proteger los derechos de los estudiantes y profesores, ya que no considera los de los alumnos y docentes de los colegios que reciben a los expulsados desde el centro de Santiago. En especial, porque se les asignan menos recursos que a los liceos emblemáticos y porque, a diferencia de éstos, no pueden seleccionar a los estudiantes que matriculan.

–Nosotros también creemos que hay alumnos que tienen que ser expulsados, sobre todo en casos de violencia contra los profesores o contra sus pares. Pero, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿A dónde los mandamos? Al final, ¿dónde van a terminar? Si los echan de acá no los van a recibir en otros liceos, terminan haciendo dos años en uno, nocturna o desertando. Esta ley pareciera ser más bien una manera de “limpiar” los liceos emblemáticos de los estudiantes que les causan problemas. Esos jóvenes van a llegar a los demás liceos municipales, que ya tienen otros problemas con los alumnos: drogas, armas, violencia. Entonces, con menos recursos que los emblemáticos vamos a tener que trabajar con más alumnos problemáticos– explicó la docente.

EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA

Cada liceo debe establecer en su Reglamento Interno las normas de funcionamiento y de conducta de la comunidad escolar, así como los protocolos para enfrentar distintas situaciones críticas (como embarazo adolescente, acoso y violencia escolar, entre otras). En el mismo documento deben quedar establecidas las sanciones. Todo esto debe ajustarse a los lineamientos que entrega la Superintendencia de Educación. En el papel todo parece óptimo.

En la realidad surgen los problemas. Y el más importante es que muchas veces los establecimientos cometen errores al diseñar sus reglamentos internos, estableciendo procedimientos que no concuerdan con la normativa de la superintendencia. Esta incoherencia es aprovechada por los apoderados de los alumnos expulsados, que apelan a una superintendencia que termina revocando la sanción. Por un error de procedimiento.

Se supone que la superintendencia debe revisar periódicamente estos reglamentos y protocolos. La idea es que en esa revisión se detecten fallas o discordancias con la normativa de la misma superintendencia. Pero en los hechos, esto no sucede y las incoherencias solo quedan expuestas cuando un apoderado apela contra una sanción. De allí que sea común que los castigos más graves –como las expulsiones– sean revocadas.

Los profesores consultados por CIPER dicen que esta falla administrativa, de enorme impacto en la convivencia escolar, no es solucionada por el proyecto Aula Segura. De hecho, un problema burocrático como este no requiere una ley para ser resuelto, solo que los funcionarios hagan correctamente su trabajo o que se asigne presupuesto para que se contrate personal suficiente para hacer esta labor.

Teresa Vallespín, jefa del Departamento de Educación de la Municipalidad de La Pintana y ex secretaria Regional Metropolitana (Seremi) de Educación, confirmó a CIPER que este es un tema clave al que se ha puesto poca atención:

-Uno sube el reglamento de convivencia a la página de la superintendencia y yo dudo que los revisen, porque solo reaccionan cuando hay una denuncia. Recién ahí lo revisan y ven las fallas.

En agosto del año pasado, por ejemplo, la superintendencia anuló la expulsión del alumno que golpeó al profesor de música de Quinta Normal porque no quería salir de la sala. El problema: el alumno había sido suspendido antes de su expulsión. La superintendencia consideró que el escolar había sido castigado dos veces por la misma falta, lo que es improcedente según la norma. De esta forma, la suspensión no puede ser considerada como una medida “cautelar” o “preventiva”, para separar al estudiante de la comunidad, a la espera de la sanción definitiva. Este es un error que se ha repetido en casi todos los colegios que CIPER recorrió.

Aunque la Superintendencia de Educación tiene la responsabilidad de revisar los Reglamentos Internos de los liceos, la falla original se produce en los establecimientos, donde hay escasa preocupación por redactar manuales que aborden los problemas de violencia que enfrenta en particular cada colegio.

Teresa Vallespín corroboró lo anterior. Como encargada de Educación de La Pintana ha analizado los manuales de 13 colegios de esa comuna y lo que más ha visto es “copiar y pegar”. Además, señala que la redacción de la mayoría de esos reglamentos no es participativa, por lo que los profesores, directivos, apoderados y estudiantes, solo se enteran de su contenido cuando se producen conflictos y sanciones graves.

El último episodio de violencia estudiantil que copó la agenda noticiosa ocurrió el lunes 5 de noviembre: cuatro estudiantes del Internado Nacional Barros Arana fueron detenidos vistiendo overoles blancos cuando bloqueaban la calle. La policía informó que se incautaron 35 bombas molotov. Lo paradójico es que estos cuatro alumnos seguirán asistiendo a clases, porque el liceo no puede suspenderlos a la espera de la sanción definitiva, la que podría tardar más de 20 días. Mientras la discusión se centra en esa evidente falla burocrática –que no requiere una ley para ser subsanada- la violencia en los liceos de las comunas populares sigue creciendo sin provocar debate ni solución.

*Fuente: CiperChile