Chile: El Escudo de las Américas y la Doctrina de la Seguridad Nacional

Se ha conocido por estos días que el gobierno de los Estados Unidos pretende operar una Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental la que estaría compuesta por los 18 estados miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, el otro nombre que tiene el Escudo de las Américas, creada por el presidente Donald Trump, en marzo pasado, en Miami, y donde Chile es uno de los países miembros junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, y ahora también Perú y Colombia, entre otros.

Esta instancia estará capitaneada por el general de división, del cuerpo de Marines estadounidense, Kevin Jarard, y será el “brazo operativo del Southcom” y se prevé que refuerce el intercambio de inteligencia, amplíe el entrenamiento combinado, mejore la interoperabilidad y capacidades de las fuerzas militares participantes, como, al mismo tiempo, apoye los esfuerzos de interceptación marítima y, cuando sea necesario, para brindar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales.

Esta Fuerza conjunta, como escribimos, será liderada por el mismo Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos responsable de una serie de ataques y asesinatos extrajudiciales, a supuestas embarcaciones de narcotraficantes, y responsable también del secuestro, en enero pasado, del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, situaciones reñidas con el derecho internacional y que si bien por ahora pueden pasar impunes, por la  falta de poder y vaciamiento de los organismos internacionales, algun dia tendran que rendir cuentas.

Los Estados Unidos, nuevamente, insiste en que las Fuerzas Armadas de América Latina se involucren en temas de seguridad interior como es el combate y desarticulación de organizaciones narcotraficantes que es un área designada históricamente a los cuerpos policiales. En contraste, en Estados Unidos la ley Posse Comitatus Act de 1878, prohíbe que el ejército actúe en tareas policiales, control de drogas, dentro del territorio nacional.

En el mismo sentido, el Proyecto de Ley en el Congreso chileno que pretende darle atribuciones a las FFAA para realizar controles de identidad y la continua  presencia de las Fuerzas Armadas en la Zona Mapuche como en el control de migrantes, en la frontera norte, son situaciones negativas, que alejan a las FFAA de su misión y propósito, amenazan el respeto a los derechos humanos, como seguirán erosionando el respeto y la unidad que debiera tener la población con sus FFAA la que, como sabemos, ya su reputación está muy dañada por su actuación durante la dictadura cívico-militar y en el mismo estallido social del 2019 donde militares también cometieron graves  violaciones a los derechos humanos.

Así mismo, las intenciones del gobierno, expresadas por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de “combatir, junto a las Fuerzas Armadas, graves alteraciones de la seguridad pública con un foco especial en zonas dominadas por redes de narcotráfico y crimen organizado” -como informara Cooperativa- es un peligro mayor que puede tener consecuencias muy graves.

Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas, por la clase política, en materias y operaciones de seguridad interior y nunca más deben reprimir las protestas sociales del mismo pueblo que juran defender.

El “enemigo interno”

Como sabemos, fue en la Escuela de las Américas, del Ejército de los EEUU, donde se inoculó a los militares chilenos y latinoamericanos la Doctrina de la Seguridad Nacional que creó el fantasma y figura del “enemigo interno” atribuida entonces a “comunistas y revolucionarios” y ahora, en estos nuevos tiempos, a organizaciones criminales y terroristas. Siempre EEUU busca pretextos para que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de seguridad interior lo que muchas de las veces han conducido a la represión y un baño de sangre de la población civil. Esto es beneficioso para la potencia del norte, transforma a las Fuerzas Armadas en gendarmes de su propia nación distrayéndose del verdadero tema donde debieran enfocar sus esfuerzos qué es la defensa de nuestra soberanía territorial hoy en disputa en un escenario convulso e inestable donde seguir apostando y apoyando a una potencia en declive y criminal, como son los EEUU, traerá consecuencias en el presente y en futuro.

En tal sentido, el Estado chileno en su conjunto debería reflexionar sobre todos los componentes que conforman nuestra soberanía y que se deben proteger y resguardar estratégicamente para nuestro país y no más para el usufructo de potencias extranjeras. Seguimos esperando ver una clase política que no sea tan “vende patria” y que cuide de Chile y de todos sus habitantes.

Vale la pena recordar las claras palabras de la ex ministra de defensa de Argentina, Nilda Garré, que el 2006 retiró a las tropas argentinas del entrenamiento en EEUU, quien señaló que “La Escuela de las Américas ha hecho mucho mal y aún sigue intentando impulsar dentro de las Fuerzas Armadas las hipótesis de la ‘lucha contra el narcotráfico, y lucha contra el terrorismo’. Nosotros, por nuestra legislación interna, decimos que narcotráfico y terrorismo son hipótesis que deben ser combatidas desde las fuerzas de seguridad y no desde las Fuerzas Armadas, para no volver al tema de que las FFAA se involucren en temas de política interior y empiecen a perseguir, entre comillas, a ‘terroristas y narcotraficantes’, desplegados en el territorio y metiéndose con la población civil”.

El tema del narcotráfico y aumento de organizaciones criminales, caballos de troya para desestabilizar a nuestras naciones, es un asunto complejo. El país con el mayor consumo de drogas, entre otros, es Estados Unidos ante la ineficacia (o complicidad) de sus fuerzas policiales y la DEA que no logran desarticular a las organizaciones criminales. Es curioso, por decirlo menos, que teniendo los Estados Unidos diversas agencias de inteligencia, aparatos policiales, tecnología, y muchos otros recursos, no logran poner fin a la venta de drogas. Mientras no se ponga fin a la demanda de drogas en EEUU y en Europa, lejos estamos todos de que este problema se resuelva.

En ningún caso en Chile, con más estados de excepción, con más represión, con más cárceles, se podrá terminar con esta problemática sino con inteligencia como con políticas públicas que fortalezcan la prevención y recuperación de jóvenes drogadictos. Tristemente, no hay inteligencia, no hay fondos públicos, ni interés, para que tantos jóvenes se rehabiliten y tengan educación gratuita y verdaderas oportunidades para hacer mejor sus vidas. Como siempre, un problema social se quiere resolver con la fuerza y la represión hijos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

-El autor, Pablo Ruiz, es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org