VIENTO A FAVOR DEL CRIMEN

En los últimos años, varias organizaciones de narcotraficantes han optado por externalizar servicios. Los Jiménez Meza, por ejemplo, reclutaron a un contingente encargado de cobrar la cocaína que entregaban “a pulso” (a consignación). Cada uno ganaba $500 mil mensuales. Los cobros se hacían los días martes y viernes de cada semana. Los transportistas que viajaban desde Valparaíso al norte a buscar la droga, también fueron contratados solo para esas funciones.

Con ese esquema compartimentalizado, se hace difícil probar en tribunales la existencia de una estructura jerárquica que responde a un centro de poder y que tiene permanencia en el tiempo, tres de los requisitos que exige la ley para sustanciar una acusación por asociación ilícita. Muchas veces los transportistas conocen solo a quien los contactó. Del líder ni hablar.

La sofisticación del crimen organizado va más allá de la distribución segmentada de tareas. En tres de las causas por narcotráfico revisadas para este reportaje hubo incautación de teléfonos satelitales. El crimen organizado ha optado por esta tecnología porque desactiva una de las evidencias más efectivas: las escuchas telefónicas. Gracias a los teléfonos satelitales, a los miembros de la organización que en 2014 internaron a Chile tres toneladas de droga simulando una caravana minera, no se les pudo acreditar asociación ilícita ante la justicia.

–Lo lamentable es que allí sí existía una asociación ilícita –asegura uno de los fiscales que investigó esa causa.

En este punto se entra en un terreno pedregoso en el campo de quienes combaten el crimen organizado en Chile. Porque investigarlo y perseguirlo requiere de tiempo, medios y compromiso.

–Hay fiscales que no quieren investigar, porque es más trabajo. Si trabajas solo con flagrancia vas a poder incautar, detener y lograr condenas, pero al final no estás investigando nada. Sacas un eslabón de la estructura criminal, pero el resto sigue operando –señaló un fiscal a CIPER.

Algo similar ocurre con las policías, donde trabajan con metas: cantidad de kilos incautados o número de procedimientos.

–Al final, de lo que se preocupa el policía es sacar kilos de droga de circulación y no de investigar una estructura criminal. Las metas introducen un incentivo nocivo: impiden que se destruya la estructura de raíz –dijo a CIPER otro fiscal.

El mismo fiscal ejemplificó con un caso: “En una escucha telefónica en la que perseguíamos a una organización criminal, los narcotraficantes hablaban abiertamente de cómo falsear antecedentes para presentarlos en un banco y así obtener tarjetas de crédito. Hablaban de simular contratos de trabajo y era evidente que estaban lavando dinero. Como no hablaban de drogas, la conversación no quedó consignada en los informes periciales”.

Los dardos apuntan también a tribunales y su excesivo celo con la flagrancia como método de prueba.

–Muchas veces el razonamiento por parte de los jueces es interpretar que generalmente requieres tener droga con la persona al lado, en flagrancia, para condenar. Está la sensación de que si no hay droga no hay delito, cuando en definitiva, puedes tener poca droga y detrás una organización criminal completa operando –sostiene el director de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo.

Un fiscal de Valparaíso contó a CIPER que para sortear los “altos estándares” que establecen los tribunales para acreditar el delito de asociación ilícita, se opta a veces por un “atajo” contemplado en la propia Ley 20.000 sobre Drogas, y que permite elevar las penas por tráfico:

–Existe un agravante contemplado en el artículo 19 letra A de la ley que habla de la “agrupación de delincuentes”, lo que eleva la pena en un grado, es decir, cinco años. Irse por asociación ilícita puede significar una absolución casi segura. Irse por el camino seguro del tráfico invocando ese agravante, permite conseguir una condena más alta y no arriesgar una condena por tráfico en que los acusados queden absueltos por asociación ilícita.

Por todo ello es que las acusaciones contra narcotraficantes por asociación ilícita son difíciles de llevar hasta tribunales. Y lo cierto es que varias que lo logran quedan sin condena. Datos oficiales obtenidos por CIPER indican que entre 2012 y 2017 se han dictado solo 18 fallos por asociación ilícita vinculada al narcotráfico en todo Chile. De ese total, 13 resultaron en condenas y cinco en absoluciones.

La descoordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado también es parte del diagnóstico compartido de todos los que fueron entrevistados para este reportaje. “Se requiere de una entidad que coordine centralmente y a nivel nacional todos los esfuerzos”, sostiene Toledo.

AL SERVICIO DEL NARCO

“Es mucho el dinero que se mueve”, “la tentación siempre está ahí”. Ambas frases se repiten entre policías y fiscales a los que CIPER entrevistó para explicar por qué el crimen organizado logra penetrar instituciones públicas.

En junio el suboficial de Ejército Víctor Roa Alburquenque fue detenido y acusado de abastecer de armamento pesado a una banda narco de la Población Santa Adriana en Lo Espejo. Roa es solo el último de una seguidilla de funcionarios del Ejército, Carabineros, la PDI, Gendarmería, Aduanas y hasta del Servicio de Impuestos Internos, que han sido cooptados por el narco.

En abril pasado, Carabineros dio de baja a los cabos José Campusano Pino y Francisco Parra Butierrez, de la 50^a Comisaría de San Joaquín. Ambos fueron reclutados por una organización criminal que aprovechaba el paso de camiones con droga por la Ruta 5 Norte hacia Santiago, para robar la carga que luego era vendida en la zona sur de la capital.

De uniforme y haciendo uso del carro policial, disimularon la “mejicana” como un control de tránsito. Detuvieron al conductor y a su acompañante. Los policías –que iban a recibir su paga en droga– dejaron el camión con 700 kilos principalmente de pasta base, a un costado de la ruta. Desde allí, la banda para la que ambos carabineros trabajaban, la trasladó hasta Buin. Allí, finalmente, funcionarios de la PDI incautaron la droga.

En enero de este año, otros cinco carabineros de distintas comisarías del sur de la Región Metropolitana fueron detenidos y dados de baja por su participación en detenciones ilegales relacionadas con narcotraficantes.

En octubre del año pasado, un gendarme y una funcionaria de Aduanas de Iquique fueron condenados por su colaboración con una banda que internaba droga desde Bolivia. En septiembre, tres detectives de la PDI de Talcahuano fueron expulsados de la institución tras ser acusados de asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y robo.

En septiembre de 2016, diez carabineros de la Tenencia El Castillo (La Pintana) fueron formalizados por tráfico de drogas; tenencia de armas y municiones sin autorización; robo con violencia; robo con intimidación y cohecho. Uno de ellos era el jefe de la unidad policial. De los diez carabineros formalizados, seis quedaron presos. Entre quienes investigaron este caso ronda un convencimiento: no los atraparon a todos. Muchos de los carabineros que figuraban en las escuchas telefónicas no pudieron ser identificados o no se les pudo comprobar delito.

Cuando Carabineros supo de la red de corrupción y narcotráfico en la Tenencia El Castillo, la institución siguió un procedimiento ya conocido: trasladó a los funcionarios a otras unidades (ver reportaje de CIPER).

El narco mayorista busca corroer instituciones públicas para proteger sus operaciones y expandirse. Mientras más, mejor. Uno que entendió bien esa máxima fue el narcotraficante Jorge Cepeda Concha, condenado en 2013 por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Cepeda contaba con “colaboradores” en distintos servicios públicos.

Uno de ellos era Alfonso Labarca Álvarez, entonces funcionario de Aduanas en Arica. Labarca, condenado por tráfico de drogas, permitió el ingreso al país de 20 kilos de cocaína que venían fondeados en un vehículo y que no fueron detectados por el escáner que él mismo manipulaba. Pero su relación con la organización de Cepeda Concha era más permanente. De hecho, fue él mismo quien le propuso al líder del grupo que se comunicaran a través de un método infalible aprendido en una capacitación en la DEA, la agencia estadounidense que persigue el narcotráfico: a través de borradores de correos electrónicos en una cuenta cuya clave manejaban solo ellos dos. Como los emails no eran enviados, no dejaban rastro y la cuenta era prácticamente invisible.

La red de Cepeda Concha incluía a un personaje clave: el agente encubierto de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (BRICO) de la PDI, Cristian Ajraz Cortés. El detective, condenado por la justicia, le aseguraba a Cepeda información de primera mano sobre investigaciones policiales, además de ayudarlo a mover y esconder droga. La investigación descubrió que Claudio Molina Contreras, funcionario del Servicio de Impuestos Internos de Arica, no usó su trabajo en beneficio de la banda, pero sí sus contactos: fue él quien le presentó al agente de aduanas Alfonso Labarca a la organización de Cepeda.