Las arcas de los salesianos: el pozo al que podrían recurrir para pagar indemnizaciones

La congregación tiene imprenta, una editorial, está a cargo de la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, pero el corazón de su fortuna se halla en los 22 colegios que posee a lo largo de todo Chile. Por ellos recibe miles de millones de pesos cada año directamente desde el Estado. Uno de sus establecimientos con más número de alumnos, el Salesianos de Puerto Montt, recibió el año pasado $4.311 millones por concepto de subvenciones.

Después del paso por Chile de Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, el escenario se clarificó más para muchas de las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes: ya no solo será importante apuntar al Arzobispado a la hora de buscar indemnizaciones, como lo hicieron en una primera acción civil los afectados por los comportamientos de Fernando Karadima, sino que los ojos de los abogados también están puestos en las diócesis y las congregaciones cuestionadas por encubrir abusos,  ocultar, negar y hacer vista gorda a una serie de hechos, algunos de ellos arrastrados por años.

Una de las congregaciones que ha sido cuestionada es la de los Salesianos de Don Bosco, llamada en realidad Sociedad de San Francisco de Sales, que empezó con sus trabajos en Chile a fines del siglo XIX en Concepción y se ha mantenido con una fuerte presencia, sobre todo en el ámbito educativo. A esta institución pertenece el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

Los salesianos cuentan con un patrimonio extenso: una gran casona en calle República donde funcionan sus oficinas centrales; la editorial Edebe –continuación de la legendaria Editorial Salesiana–, fundada en 1904; la laboriosa imprenta Salesianos Impresores S.A., fundada en 1897 y que recibe pedidos desde editoriales que desean publicar libros hasta textos escolares. También cuentan con el control de la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, un proyecto educativo que se inició en 1982 con el Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Pese a que en los 90 los salesianos compartieron el control junto con la Conferencia Episcopal –como socios–­, el 2006 la CECH se retiró y traspasó toda la gestión de la universidad a esta congregación.

Sin embargo, su fuerte económico está en los colegios que han crecido en distintas ciudades del país, los que  gozan de gran prestigio, pero paradójicamente también se han visto manchados por casos de abusos.

“Es en los colegios donde los salesianos concentran su riqueza”, cuenta un ex religioso de la institución que ha centrado su educación en un sistema preventivo, pero al parecer este método también ha sido aplicado a la economía interna. El año 2015, los salesianos pusieron en práctica una política de despidos masivos haciendo referencia a la incertidumbre económica que enfrentarían por la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, uno de los componentes más importantes de la Reforma Educacional de Michelle Bachelet.

La Congregación Salesiana de Don Bosco cuenta con 22 colegios a lo largo de Chile y 8 de ellos están en gratuidad. Entre los establecimientos más emblemáticos están el Salesianos de Alameda, Concepción, Valdivia, Instituto Don Bosco, Liceo Manuel Arriarán Barros, Liceo Camilo Ortúzar Montt, Patrocinio San José, Oratorio Don Bosco y Colegio Salesiano Padre José Fernández Pérez de Puerto Montt, uno de los que más aporta a las arcas fiscales de la congregación vía subvención, de hecho, el año pasado cerró el periodo con una matrícula total de 2.808 alumnos.En esa oportunidad hubo protestas en Santiago, Valparaíso y otras regiones. Los estudiantes se unieron a los profesores finiquitados ayudando con lienzos, reuniones y cartas, pero los religiosos no dieron pie atrás. “Se ahorraron muchísimo dinero con esa movida, pero no era necesaria, la economía de ellos estaba sana en ese momento y en el futuro”, precisa otra fuente que conoció el conflicto.

En 2017, dicho establecimiento recibió del Estado –vía Ministerio de Educación– un total de $4.311 millones, cifra compuesta en su mayoría por el ítem subvención general, mantenimiento y gratuidad ($3.198 millones) y Subvención Escolar Preferencial ($885 millones), de los cuales –según la cuenta pública del colegio– solo quedaron $121.348 después de saldar los gastos habituales.

El Salesianos Alameda, que cuenta con poco más de 1.770 alumnos, recibió en 2015 –de acuerdo a su cuenta pública– un total de $1.658 millones en concepto de subvenciones, que representó un 64,35% del total; seguido por $695.583 millones por financiamiento compartido (26,99%). El Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt, de Macul, recibió $1.213 millones en 2017 por concepto de subvención.

En 2013 y cuando todavía el debate por el fin de la selección y el copago era una discusión álgida, el Estado les entregó un total de $109.673 millones en subvenciones a colegios de la Iglesia católica. De ese total, $4.506 millones de la torta correspondieron a colegios de la Congregación Salesiana en la capital. Ese mismo año, una nota de La Tercera señaló que los sostenedores con más colegios con copago estaban liderados por la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día y le seguían los salesianos, con 25 mil alumnos.

Casos que complican

Dentro de las congregaciones en Chile, además de los Hermanos Maristas, los salesianos son de los más complicados con las acusaciones que han caído sobre religiosos, sobre todo al interior de colegios y seminarios. Y por el nivel de encubrimiento y las pruebas de la justicia sobre las denuncias, no es extraño que la acciones civiles se sumen a las penales.

El de Rimsky Rojas constituye uno de los casos más emblemáticos. Fue subdirector del Instituto Salesiano de Valdivia en los años 80 y desde entonces fue denunciado por abusos, ante lo cual sus superiores lo trasladaron de ciudad en ciudad. La familia de Ricardo Harex, un joven estudiante del Colegio Salesiano de Punta Arenas, vincula directamente a Rojas con su desaparición hace ya 16 años, pero todas las interrogantes quedaron sin respuestas cuando el sacerdote se suicidó en febrero de 2011. Por este encubrimiento han sido cuestionados los obispos Tomás González y Bernardo Bastres.

Otro de los casos que hace ruido al interior de la congregación es el de Audín Araya, quien en 2014 fue condenado a una pena de dos años de presidio menor en su grado medio, por dos delitos de abuso sexual contra un niño de 14 años en Concepción. Según cuentan sus denunciantes, él ya había escapado de acusaciones en Puerto Montt cuando fue trasladado a la capital de la Región del Biobío, donde llegó el año 2008 a hacerse cargo del Colegio Salesianos de esa ciudad.

David Albornoz, experto en Derecho Canónico, integrante del Consejo para la Prevención de Abusos e investigador de los casos de abusos en las congregaciones Salesiana y de los Hermanos Maristas, transparenta que actualmente han recibido una denuncia contra un religioso salesiano no sacerdote, por hechos que habrían ocurrido en torno al año 2000. “El hermano no está ejerciendo ninguna actividad pastoral ni tiene contacto con menores hace años. La congregación está realizando una investigación canónica previa. La congregación ha presentado la denuncia de estos hechos ante Fiscalía”, dice.

Sin embargo, como también señaló Charles Scicluna en su paso por Chile, Albornoz tampoco acepta que, más allá de los casos en particular, existan responsabilidades de la organización en este caso. “Es a los tribunales de justicia a quienes les corresponde la determinación de las responsabilidades penales y civiles. Nos atenemos a esas decisiones y colaboramos en todo lo que los tribunales nos requieran”, afirma el jurista.

Entre los antecedentes de Albornoz, está asimismo la investigación a un sacerdote salesiano por hechos que habrían ocurrido en 1990 y que están siendo indagados por medio de una investigación canónica previa, cuya denuncia también ha sido presentada a la Fiscalía.

*Fuente: El Mostrador