Estados Unidos: La política de separar a niños y niñas de sus padres no es otra cosa que tortura

Las imágenes repugnantes de niños y niñas cruelmente separados de sus padres y encerrados en jaulas como consecuencia de la política de “tolerancia cero” del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dejará una mancha imborrable en la reputación de ese país, señaló hoy Amnistía Internacional.

“Esta política es espectacularmente cruel: arranca a niños y niñas aterrorizados de los brazos de sus padres para llevarlos a centros de detención abarrotados que son, a efectos prácticos, jaulas. Eso no es otra cosa que tortura. El gran sufrimiento mental que las autoridades han infligido deliberadamente a esas familias para coaccionarlas implica que esos actos se corresponden con las definiciones de tortura tanto de la legislación estadounidense como del derecho internacional”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“No hay ninguna duda de que la política del gobierno del presidente Trump de separar a madres y padres de sus hijos e hijas se ha diseñado para infligir un gran sufrimiento mental a esas familias, para disuadir a otras de tratar de buscar protección en Estados Unidos. Muchas de esas familias proceden de países que padecen una violencia generalizada y graves violaciones de derechos humanos, incluidos Honduras y El Salvador. Esto constituye una violación flagrante de los derechos humanos de esos padres y madres y de sus hijos e hijas, y también supone una violación de las obligaciones de Estados Unidos según el derecho de los refugiados.”

El fiscal general Jeff Sessions anunció el 6 de abril de 2018 la “política de tolerancia cero para la entrada ilegal delictiva” a Estados Unidos. Desde que entró en vigor esa política, más de 2.000 niños y niñas han sido separados de sus padres o sus tutores legales en la frontera estadounidense. Eso viola de múltiples formas los derechos de niños y niñas: se los detiene, se los separa de sus padres o tutores y se los expone a un trauma innecesario que podría afectar a su desarrollo.

Las estadísticas a las que han tenido acceso los medios de comunicación indican que posiblemente sean varios miles más las familias migrantes separadas por el gobierno de Trump, incluso antes de que empezara a aplicarse esta nueva política.

Amnistía Internacional entrevistó hace poco a 17 madres y padres que esperaban obtener asilo y que fueron separados forzosamente de sus hijos e hijas este año. En todos los casos salvo tres, habían ingresado legalmente a Estados Unidos para solicitar asilo.

“Las afirmaciones del gobierno de Trump suenan falsas. Esta práctica cruel e innecesaria se inflige no solamente a familias que cruzan la frontera de manera irregular sino también a aquellas que buscan protección en los lugares de ingreso. La mayoría de esas familias huyeron a Estados Unidos en busca de protección internacional ante la persecución y la violencia selectiva en el Triángulo Norte, donde sus propios gobiernos carecen de voluntad o de capacidad para protegerlas”, indicó Guevara Rosas.

La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, ha negado que esté en vigor una política de separación de familias, pero una declaración suya de enero de este año confirma que la intención ha sido en todo momento apuntar a las familias: “Estamos analizando diversas formas de hacer cumplir nuestra legislación para desalentar a los padres de traer aquí a sus hijos”. El predecesor de Nielsen, John Kelly (que ahora es el jefe del gabinete de Trump), ya sugirió esa política en marzo de 2017, “para disuadir” a las familias de migrantes y solicitantes de asilo de viajar a Estados Unidos.

“No se equivoquen: estas separaciones de familias constituyen una crisis que ha provocado el propio gobierno. El gobierno estadounidense está jugando a un juego enfermo con las vidas de estas familias, al hacer política con una grave y creciente crisis de personas refugiadas. Como lo hemos visto con las reformas migratorias previas de este gobierno, las autoridades han elegido apuntar precisamente a las familias que buscan protección en Estados Unidos, lo cual empeora el trauma y el dolor que ya han padecido esas personas”, señaló Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional insta al gobierno a poner fin inmediatamente a esta política de separación forzosa innecesaria, devastadora e ilegítima y a reunificar lo antes posible a las familias a las que ya se haya separado.

Antecedentes

El personal de Amnistía Internacional llevó a cabo recientemente una misión de investigación a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y halló, entre sus conclusiones preliminares, que el Departamento de Seguridad Interior (“DHS”) ha incrementado desde 2017 las separaciones forzosas de niños y niñas y sus padres o tutores cuando esas familias solicitan asilo. Amnistía Internacional publicará sus conclusiones en un informe este mismo año.

A principios de 2018, Amnistía Internacional llevó a cabo una campaña para reunificar a cuatro familias separadas en la frontera, en circunstancias que violaban la política vigente del Departamento de Seguridad Interior, que requería mantener juntos a los miembros de una misma familia.

Amnistía Internacional insta específicamente al gobierno de Estados Unidos a:

1. Reunificar lo antes posible a las familias separadas.
2. Poner fin a la separación forzosa de niños y niñas y sus padres o tutores. Las unidades familiares deben permanecer juntas, de acuerdo con las normas internacionales sobre unidad familiar.
3. Poner fin a la detención prolongada de padres, madres y tutores que hayan llegado a Estados Unidos con niños o niñas.
4. Rechazar cualquier incremento de fondos para instalaciones de detención migratoria para niños y niñas y para familias.  

Para más información sobre los antecedentes, consulte el informe de junio de 2017 de Amnistía Internacional, Facing Walls, que documenta cómo las autoridades fronterizas de Estados Unidos han negado por rutina a quienes buscan obtener asilo la capacidad de solicitarlo en los lugares de ingreso a Estados Unidos, lo cual genera mayores flujos irregulares de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.