“No hay ninguna duda de que la política del gobierno del presidente Trump de separar a madres y padres de sus hijos e hijas se ha diseñado para infligir un gran sufrimiento mental a esas familias, para disuadir a otras de tratar de buscar protección en Estados Unidos. Muchas de esas familias proceden de países que padecen una violencia generalizada y graves violaciones de derechos humanos, incluidos Honduras y El Salvador. Esto constituye una violación flagrante de los derechos humanos de esos padres y madres y de sus hijos e hijas, y también supone una violación de las obligaciones de Estados Unidos según el derecho de los refugiados.”