Los esfuerzos por ignorar y cerrar una arista que cambiaría el caso Luchsinger

Una vez más la Fiscalía de La Araucanía busca terminar con la causa de apremios ilegítimos y torturas contra José Peralino Huinca, el supuesto delator compensado del caso Luchsinger- Mackay. La arista judicial podría suponer un vuelco importante para el caso que indaga la muerte de los parceleros ocurrida en Vilcún, en 2013, principalmente porque se confirmaría si la declaración de Peralino se dio o no bajo coacción de la policía.

El mapuche de 31 años entregó su primera declaración como testigo protegido, en 2013,  donde involucró a los comuneros hoy acusados en el caso. Dos años después habría reafirmado la participación de los mapuches en el atentado por medio de una declaración que concedió en calidad de imputado. Pero su siguiente testimonio marcaría el curso de esta investigación: en la audiencia pública del 30 de marzo de 2016 en el juzgado de Garantía de Temuco, Peralino se retractó de sus dichos asegurando que fueron resultado de las presiones que habrían ejercido sobre él los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Claudio Leiro Marambio y Guillermo Vilches Valdivia. Por estos hechos, Peralino se querelló en junio de 2016.

Basándose en ese primer relato, el Ministerio Público ha pretendido confirmar una supuesta reunión previa al incendio en la granja Lumahue, propiedad del matrimonio Luchsinger, de la cual habrían participado los once mapuches acusados – incluido Peralino-, convirtiéndose en su tesis acusatoria.

A casi dos años de iniciada esta causa, el pasado 28 de febrero, el Ministerio Público decretó el cierre de la investigación. Esto podría ratificarse o no según el criterio del tribunal en la audiencia que solicitó el fiscal a cargo del caso Cristian Voullieme, quien también es jefe de la Fiscalía Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, para este jueves 29 de marzo. La petición de la audiencia fue concedida por la jueza Luz Mónica Arancibia del Juzgado de Garantía de Temuco.

No es la primera vez que la Fiscalía pretende terminar con esta causa. Aunque fue rechazado por el tribunal, en julio de 2017, Voullieme ya había pedido su sobreseimiento definitivo por falta de pruebas asociadas al delito. En esa oportunidad, se ordenó dar curso a las diligencias que hasta ahí el Ministerio Público no había considerado necesarias, como un análisis basado en el Protocolo de Estambul, una herramienta que utilizan los organismos internacionales para probar la aplicación de tortura. A pesar de que la defensa de Peralino contaba con este estudio que sí reconocía irregularidades y que luego la Fiscalía solicitó al Servicio Médico Legal (SML), no lo estarían considerando como prueba suficiente para continuar con el caso.

¿Qué repercusiones podría tener esta causa paralela?

José Manuel Peralino Huinca ha resultado ser una figura incómoda al interior del mundo mapuche donde algunos lo critican por haber mantenido su acusación por casi dos años pese a las presiones de los policías, mientras que otros asumen que es una víctima y que fue utilizado para armar un montaje. Lo cierto es que su causa se ha mantenido en un segundo plano y que ha sido una piedra en el zapato para la Fiscalía por el vuelco que podría significar en el caso Luchsinger, hoy en su tercer proceso de juicio oral a cuestas.

Si el tribunal confirmara que hubo presiones y apremios que influyeron directamente en la primera declaración que prestó Peralino, se estaría dejando sin piso acusatorio al Ministerio Público. De lo contrario, con el cierre definitivo de esta arista judicial lograrían apoyar su teoría del caso y cerrar este flanco que se ha mantenido abierto y que podría derrumbar la “gran prueba” que manejan los persecutores. Incluso, por parte de los Luchsinger – que no son intervinientes en esta causa – reconocen que es punto relevante a considerar porque si se condenara a los PDI y confirman que la declaración de Peralino se dio bajo coacción, se perdería el fundamento en la causa donde ellos sí son querellantes. Aunque dicen estar seguros que eso no ocurrirá.

Por otro lado, el abogado de Peralino, Pablo Villar, advirtió que la decisión de la Fiscalía de terminar con la investigación no considera las diligencias solicitadas por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), también querellante en el caso. Por lo mismo, en la audiencia de este jueves la abogada de ese organismo, Gloria Painemilla Pichiñual, pedirá que se discuta su reapertura porque dichas diligencias serían sustanciales para el esclarecimiento de los hechos.

“El INDH tendría que reclamar porque se querellaron por apremios aplicados por agentes del Estado para obtener una declaración en una causa criminal y fueron cursadas por los mismos hechos. Por lo tanto, la Fiscalía tendría que haberle dado curso a esas diligencias, luego juntar las dos causas y recién ahí pedir el cierre. Nada de eso ocurrió”, indicó Villar.

La urgencia de cerrar esta causa mientras el juicio oral del caso Luchsinger sigue avanzando – aunque más lento que el anterior – sin duda que sería una jugada estratégica de la Fiscalía.  Así lo planteó la abogada y jefa del Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR), Karina Riquelme. “A la Fiscalía no le interesa descubrir la existencia de otro delito sino que justificar su teoría del caso. Con anterioridad podríamos haber dicho que si se cerraba era porque efectivamente no existían más antecedentes, ahora no lo creemos”, reconoció.

Tampoco le sorprendió que la Fiscalía adopte esta medida con diligencias pendientes. “Si nunca han investigado con objetividad los apremios de los que han sido víctimas los mapuches ¿por qué ahora lo harían? Existen numerosos casos de apremios, en realidad hablamos de todo un pueblo que constantemente ha sido apremiado por la policía. Recuerdo el caso de Felipe Huenchullan que declaró que le sumergían la cabeza en un tarro de agua para que hablara”, comentó.

Otro de los puntos cuestionables en esta causa es que no se designara a un fiscal de la nueva Unidad de Derechos Humanos. Lejos de lo que se esperaría del actuar de un persecutor, la abogada de Cidsur recordó parte del historial del fiscal Voullieme.  “En una causa en contra de Cristian Paillan – condenado en 2016 por porte ilegal de armas y municiones- él se negó a entregar un peritaje que habíamos solicitado. Esa vez lo conversamos, yo le dije que la Fiscalía debía observar todas las pruebas que aparecieran y luego de eso sacar sus conclusiones. Pero en ese caso, el Ministerio Público y en particular Voullieme, no incorporó un informe de un perito balístico, lo que llamó mucho la atención porque con eso intentó ganar a toda costa y perdió completamente la objetividad”, precisó la profesional.

Hay que señalar que la figura de delator compensado a la que supuestamente se habría acogido Peralino Huinca no lo eximiría de condena sino que le rebajaría los años de pena que los querellantes están solicitando para los mapuches, esto es presidio perpetuo para 10 de los imputados y 10 años de presidio para Peralino.

 *Fuente: Diario UdeChile