Constitución y Unidad Nacional (las condiciones existenciales para crear un Estado son: pueblo, territorio y autoridad política)

Domingo, 23 de julio de 2017

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Quien conozca las más elementales nociones sobre Derecho sabe que las condiciones existenciales para crear un Estado son: pueblo, territorio y autoridad política. En los artículos 119 al 126 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se sientan las bases para constituir numerosos Estados distintos del Venezolano. En dichas normas son mencionados once veces “pueblos” con derechos distintos y superiores al  resto de la población venezolana. El artículo 119 les reconoce “su organización social, política y económica”. Los artículos 119 y 120 les atribuyen “tierras” y “hábitats” en los cuales el aprovechamiento por el Estado de los recursos naturales está “sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. Parecerían referirse a las condiciones para crear Estados distintos de Venezuela. Apenas lo impide el que los territorios sean también definidos como “hábitats”, y que el artículo 126 afirme que el pueblo venezolano es “único, soberano e indivisible” y concluya que “El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional”.

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¿Cree usted que en Venezuela hay  “pueblos” distintos del venezolano, con organización “política” propia y con  “tierras” o “hábitats” cuyos recursos naturales el Estado no puede explotar sin “consulta”? En ese caso, está sentando las bases para que previa declaratoria de independencia, una generosa potencia extranjera los proteja y nos secesione en varias decenas de países.

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Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, como el International Indian Treaty Council y el Indian Law Resource Center de Washington se han adjudicado una suerte de tutoría sobre las movilizaciones étnicas latinoamericanas: sostienen que los indígenas latinoamericanos son pueblos diferentes del resto de los habitantes de sus respectivos  países, que tienen autonomía y derechos exclusivos sobre los que consideren sus territorios originarios y sobre los recursos del suelo y el subsuelo de éstos, y que pueden prohibir al poder nacional el acceso a dichas áreas. Bajo su inspiración,  los misquitos demandan al Sandinismo; la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador apoya el golpe contra Correa; los tupí guaraníes intentan secesionar la Bolivia de Evo.

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Así, por ejemplo, el  Indian Law Resource Center (ILRC), desde su fundación en 1987 ha ejercido desde Washington  una activa tutela y dirección sobre las estrategias y proclamas programáticas de gran parte de los movimientos indígenas de América Latina. Fundado en 1978 como ONG,  en 1984 gana un proceso entablado contra la asediada Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1989, conjuntamente con el presidente Carter logra el regreso a Nicaragua de varios dirigentes indígenas, entre otros el “Contra” Brooklyn Rivera. En 1992 ya está interviniendo en la demarcación de territorios indígenas yanomami en la Amazonia. El año siguiente traza el mapa de los territorios de los misquitos en Honduras. En 2004 se atribuye la representación de los mayas de Belice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual falla que Belice viola los derechos de propiedad indígenas.  En 2007  el Indian Law Resource Center logra que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo borrador, según confesión propia había sido redactado por el Center (http://www.indianlaw.org/en/about).

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El International Indian Treaty Council es apenas una de las numerosas organizaciones  estadounidenses vinculadas con organizaciones internacionales que intervienen en los asuntos indígenas latinoamericanos. El ILRC fue fundado en 1974 y reorganizado en 1977 como ONG con estatus de Consultor de la Unesco, y en tal condición trabaja en la relación  de las etnias indígenas con organismos claves de las Naciones Unidas tales como la Comisión de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías, la Conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, la misma Unesco y la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable. Participa asimismo en la Organización Internacional del Trabajo (a la cual seguramente aportó el borrador de la Convención sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 1989), en las Conferencias de las Naciones Unidas, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y el Congreso Arqueológico Mundial. Este organismo estadounidense se presenta como “una organización de pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América y el Pacífico, cuya misión es trabajar por la soberanía y autodeterminación de los pueblos indígenas y el reconocimiento y protección de sus derechos indígenas, sus culturas tradicionales y sus sagradas tierras” (http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/search.pl?term1=south+america&limit=0). 

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Eva Golinger, especialista en el monitoreo de las subvenciones de los organismos públicos estadounidenses, me confirma en comunicación de 19-7-2009 que tanto la USAID como el National Endowment for Democracy (NED) han financiado organizaciones y proyectos en las comunidades indígenas en América y específicamente en Venezuela. Dichos entes se niegan a identificar a los beneficiarios de sus subsidios, pero, según Golinger, “los dos admiten financiar ONGs que trabajan en las comunidades indígenas, tanto como proyectos y programas dirigidos a las regiones donde habitan las indígenas venezolanas”.  Entre otras, menciona “una organización que fue creada para ese fin, que se llama la Asociación Civil Kapé Kapé, han recibido muchos aportes de la NED y la USAID, e incluso de la alcaldía de Chacao cuando estaba Leopoldo López”. Dicho grupo habría trabajado intensamente en las comunidades indígenas de los estados Delta Amacuro y Bolívar. Las mismas áreas donde operaron las afortunadamente expulsadas “Nuevas Tribus” del Summer Linguistic Institute.

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En posterior comunicación de fecha 30 de noviembre de 2009, Eva Golinger nos confía el resultado de sus investigaciones relativas a los aportes del National Endowment for Democracy (NED), Organización No Gubernamental fundada por la United States Agency for Developement (USAID), a los movimientos étnicos en Ecuador. Entre dichos grupos subsidiados figura la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), la cual, señala Golinger, “es una organización creada en el 2005 con dinero de la NED por los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un miembro honorario, el Sr. Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia Central de Inteligencia y ocupó el cargo de jefe de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la presidencia de Ronald Reagan”.

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Vale la pena detenerse en algunos de los integrantes de estas organizaciones subsidiadas por la National Endowment for Democracy y la USAID. Ángel Medina es, según informa Golinger, » …fundador y presidente de la Fundación Qellkaj” (otra organización “indígena” en Ecuador financiada por la NED). Fernando Navarro es  » …Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador…». Raúl Gangotena «…Tiene relación con los siguientes organismos internacionales: Reagan-Fascell Democracy Fellow, International Forum for Democratic Studies, National Endowment for Democracy (NED) … Fue Embajador de Ecuador en los Estados Unidos y Consejero para la Subsecretaría de Defensa en 2001 …». Lourdes Tiban es «…Asesora del Consejo Político de la ECUARUNARI y Asesora Jurídica del CONAIE” (ECUARUNARI es uno de los grupos claves de CONAIE). No debe extrañar, entonces, que CONAIE haya declarado la oposición acérrima al gobierno de Correa en cuanto éste se negó a concederle el dominio sobre los recursos naturales de Ecuador, y que haya apoyado el golpe contra el Presidente ecuatoriano.

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Además de ellos, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), según informa Eva Golinger,  “es una organización creada en el 2005 con dinero de la NED por los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un miembro honorario, el Sr. Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia Central de Inteligencia y ocupó el cargode jefe de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la presidencia de Ronald Reagan”.

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El subsidio para estos grupos no es una minucia. Nos informa asimismo Eva Golinger que “El financiamiento de la NED a grupos políticos en Ecuador sube de 333.047 dólares durante el 2007-2008 a1.372.691 dólares durante el 2008-2009”. Numerosas Organizaciones No Gubernamentales se reparten este botín: entre las directamente relacionadas con los movimientos étnicos  está la  “Fundación Q’ellkaj, que obtiene  $76.170” para  “Fortalecer la juventud indígena y sus capacidades empresariales”. Añade, Golinger, a manera de alerta, que el presupuesto de la USAID para 2009 ascendía a 35 millones de dólares, pero que el previsto para 2010 asciende a 38 millones de dólares. Y resume que los objetivos declarados de la USAID en Ecuador consisten en: “Consolidar territorios indígenas: La consolidación de los  territorios indígenas dentro de la zona del desarrollo alternativo. Fortalecer organizaciones indígenas: organizaciones indígenas más fortalecidas serán más capaces de contribuir a la política y monitorear a los funcionarios públicos electos y el uso de los fondos públicos. Alimentar la capacidad empresarial en las comunidades indígenas”.

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Vemos así cómo  entes estadounidenses pretenden representar a los “pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América”,  trabajar por su “soberanía y autodeterminación”, y “consolidar territorios indígenas”, no para mantener su tradición cultural comunitaria, sino para “alimentar la capacidad empresarial”. Los bienes y recursos que se les reconocieran entrarían así al mercado capitalista. No es posible confesión más palmaria de que se intenta dirigir tales movimientos en contra de la soberanía y unidad de los Estados Nacionales de la región. Por una de las paradojas de nuestra Historia, la orientación de muchos de las dirigencias de algunos de movimientos indígenas es entonces ejercida desde Estados Unidos por  ONG´s financiadas por la USAID y la NED, exentas de impuestos y con activa influencia sobre la ONU y la OEA, dos organizaciones para nada afectas a los intereses de Nuestra América. No necesariamente opera tal financiamiento en todos los casos, pero lo que sí opera es la identidad entre las orientaciones que tales entes de Estados Unidos imparten y las vindicaciones que los autoproclamados representantes de los indígenas exigen en toda América Latina.

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Contrasta esto con la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio, a quienes mantiene confinados en los campos de concentración llamados reservas, y para nada les reconoce ni remotamente derechos de “soberanía y autodeterminación”, y mucho menos financia ONGs para promoverlos. A principios de noviembre de 2009, el presidente Barack Obama expidió un memorando en el cual prevé un simple mecanismo de consulta no vinculante con las etnias o sus representantes, pero en el cual niega expresamente que dicho memorando o las consultas creen derechos distintos de los del ordenamiento jurídico estadounidense, y sujeta las definiciones de “tribus”, “autoridades” y “políticas que afectan a los pueblos indígenas” a dicho ordenamiento. Además, categóricamente declara que “Este memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados”. Mientras tanto, las ONGs estadounidenses, algunas de ellas financiadas por la USAID y la NED, pretenden imponer a los países latinoamericanos la entrega de su soberanía, sus territorios y sus recursos.

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Jaime Salvatierra compila algunos datos sobre la forma en que Estados Unidos trata hoy en día a sus indígenas, que revelan de manera elocuente las miras que los animan a asumir la tutoría de los indígenas latinoamericanos. Las reservaciones indígenas en Estados Unidos no son en absoluto “territorios originarios”, sino campos de concentración inhóspitos y sin recursos donde fueron relegados los aborígenes que escaparon del exterminio. En ellos las tasas de desempleo oscilan entre el 50 y 80%, con altos niveles de violencia, delincuencia y tráfico y consumo de drogas. Las minorías étnicas tienen ocho veces más posibilidades de padecer enfermedades como la tuberculosis que otros ciudadanos, y un 37% muere antes de cumplir los 45 años. La tasa de suicidio triplica la nacional,  la mortalidad infantil es un 60%, y se registranelevados porcentajes de alcoholismo y diabetes. En la comunidad indígena de los Lakotas, de la familia Sioux, los hombres tienen una esperanza de vida de menos de 44 años, más baja que en cualquier país del mundo, incluyendo Haití. La mortalidad infantil es  300%, mayor que en el resto de Estados Unidos; el suicidio de los adolescentes llega al 150% del  promedio de ese grupo etáreo en Estados Unidos. Los enfermos de tuberculosis superan en 800%  el promedio nacional, al igual que los enfermos de diabetes. El 97% de esa comunidad vive por debajo de la línea de pobreza, junto con casi 50 millones de estadounidenses. La tasa de desempleo en las reservas es del 80%; el alcoholismo afecta a 9 de cada 10 familias: hay niños indígenas presos en proporción 40% superior a la de los infantes  blancos. En Dakota del Sur el 21% de la población penal es de indios, aunque éstos sólo son el 2% de la población de ese estado. Solo el 14% de la población Lakota habla el mismo idioma; el prisionero político más antiguo del mundo es el activista lakota Leonard Peltier, condenado a dos cadenas perpetuas tras un juicio amañado por el FBI (Jaime Salvatierra: “¿Si estos mensajes no son subversivos, entonces qué son? Lo que EE.UU. vende a los indígenas bolivianos”, La Época, 23-09-2011, http://www.la-epoca.com.bo/#). Sólo la insolencia imperial puede pretender que corresponda a organizaciones subsidiadas o tuteladas por Estados Unidos asumir la tutoría de los indígenas latinoamericanos.

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Si usted no propicia la secesión de nuestro país, debe apoyar una reforma constitucional que sustituya la expresión “pueblos” por la de  “comunidades”; sustituya “tierras” por “hábitats” y elimine toda mención que trabe o cuestione la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en la totalidad  del territorio nacional y en representación y provecho del “único, soberano e indivisible” pueblo venezolano. Somos un solo pueblo “único, soberano e indivisible”: el venezolano. Un solo territorio: el de Venezuela. Un solo cuerpo político: la República Bolivariana de Venezuela. Todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo.

*Fuente: Luis Britto