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Estado chileno comprará cárcel de Pisagua para rescatarla como sitio de memoria

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4 Junio, 2017
El viejo anhelo de comprar la cárcel de Pisagua, que fue lugar de prisión política y tortura, se comenzó a materializar, luego que la Intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, firmara la documentación donde se oficializa la decisión gubernamental, para adquirir el inmueble, a los propietarios de la histórica edificación, quienes residen en Arica.

El anuncio lo hizo  a nombre de la autoridad y en su calidad de Presidente de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de Tarapacá, Luis Caroca, durante la ceremonia conmemorativa de los 27 años del hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, efectuada en el Mausoleo “Para Que Nunca Más”, del  Cementerio Nº 3 de Iquique.

“En el día de hoy hemos comunicado en esta tremenda actividad, que la Intendenta Regional ha firmado un documento que se les enviará a los propietarios de la cárcel de Pisagua, donde les anuncia que el Estado chileno va a hacer uso de su privilegio de comprar la cárcel de Pisagua, que es un Patrimonio Histórico”, señaló Luis Caroca, quien también estuvo recluido, siendo un joven dirigente estudiantil.

El anuncio fue recibido con emoción por los asistentes, puesto que durante años vienen luchando para recuperar la cárcel de Pisagua, -hoy cerrada al acceso del público, por ser un edificio privado y por su condición estructural-,  “para que se transforme en un sitio de memoria, desde Iquique para el país y el mundo entero, y contar la historia para que estos hechos atroces, no se vuelvan a repetir”.

Así lo explicó Héctor Marín Rossel, Presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados en Iquique y Pisagua, AFEPI. Si bien calificó como “un gran paso”, la decisión gubernamental, también señaló que es fundamental ir avanzando ya, en la verdad y la justicia, situación en las que han sentido que las autoridades desde el regreso a la democracia, no han ido a fondo en el tema.

En la ceremonia también participó Milisa Ostojic, Directora del Consejo de la Cultura y las Artes, CNCA-Tarapacá. Señaló que se siente muy gratificada por el anuncio, puesto que hace 2 años viene trabajando con las agrupaciones en la temática de los derechos humanos. “He sido testigo de su incansable lucha y así se lo hice ver al Ministro, en su reciente visita a Iquique”, precisó la autoridad.

Rigoberto Pizarro, ya octogenario y quien se considera un “sobreviviente de Pisagua”, -muchos de sus compañeros fueron asesinados en ese campo de prisioneros-, también reconoció lo importante que será contar con la cárcel de Pisagua como un sitio de memoria. Especialmente por quienes no están. Así, recordó a Humberto Lizardi Flores, joven profesor del que fuera el Instituto Comercial de Iquique. “El fue detenido el mismo 11 de septiembre, a las 11 horas. Y lo volvimos a ver 27 años después cuando su cuerpo apareció en la fosa clandestina de Pisagua”, señaló mientras recordó a otros números compañeros.

CAUSA POR PRISIÓN Y TORTURA

Enrique Echeverría, Secretario General de la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua entregó antecedentes sobre la causa que se inició el 2012 por Prisión Políticas y Torturas en Pisagua, que llevaba la Ministra en Visita de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mónica Olivares. Sin embargo, se creo una macro zona para que los temas se centralicen por regiones, correspondiéndole, en el caso de Iquique, la macrozona norte que tiene como asiento judicial, La Serena.

El juez a cargo de las causas es el ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Vicente Hormazabal. “Para nosotros, él es un juez riguroso, vinculado a temas de derechos humanos y quien se ha comprometido a cerrar el caso, de acá a octubre, así que pueden haber resultados positivos”.

Son unas 50 a 60 personas las que presentaron la demanda y de la que se esperan los prontos resultados. Sin embargo, el tema queda abierto para que se presenten otros muchos casos de afectados por prisión política y tortura. Vale considerar que principalmente las causas de DDHH que se llevan en la ciudad y en el país, están referidas a quienes fueron ejecutados o están en calidad de desaparecidos; por ello, con este proceso, se amplía la posibilidad de abordar judicialmente los casos de prisión y tortura.

*Fuente: Edición Cero

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