Vocero de la Corte Suprema presiona al Congreso: «Deben modificar la ley para que Fiscalía investigue delitos tributarios»

Según el ministro del máximo tribunal, durante la Reforma Procesal Penal los fiscales perdieron el monopolio de la acción penal para las infracciones tributarias. «Aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, porque eso se puede modificar rápidamente», sentenció.

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, emplazó al Parlamento a modificar la ley para que el Ministerio Público pueda perseguir delitos tributarios sin la necesidad de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esto, luego de la decisión del Ministerio Público de archivar o no perseverar en las causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, como consecuencia de la resolución del SII de no presentar querellas en estos casos, entre los que destacan Penta y SQM.

Situación que fue cuestionada por la Contraloría General de la República a través de un oficio, donde apuntó que es indispensable que las acciones del SII tengan un fundamento racional y que “no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad, por lo que lo que resuelve sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto”.

En entrevista con ADN Radio, el portavoz del máximo tribunal del país explicó que cuando se implementó la reforma procesal penal «quedaron dos cuestiones pendientes. Uno, es la justicia militar que quedó al margen del proceso penal y que eso ha sido tema de mucha crítica. Y dos, es que el Ministerio Público perdió el monopolio de la acción penal para ciertos delitos, como es el caso de las infracciones tributarias».

Consultado por si esto representa una cierta impunidad, Juica sostuvo que «los casos no pueden llegar a la justicia porque hay una norma legal que impide la investigación (…) está en la ley».

Por ello, dijo, «aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, porque eso se puede modificar rápidamente. El Congreso debiera cambiar esta normativa. A esta altura de los sucesos, que se han advertido delitos gravísimos de corrupción, el Ministerio Público no debería tener obstáculos para investigar.

*Fuente: El Mostrador