La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) insta a las autoridades gubernamentales del Reino de Marruecos a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, y los del pueblo saharaui en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, desde 1976.
Llama la atención el pronunciamiento [1] divulgado este día por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación marroquí, en el que “condena enérgicamente la violación de los derechos políticos, económicos y sociales” en un país latinoamericano y le “pide al gobierno […] que gestione pacíficamente [la] crisis y cumpla con sus obligaciones internacionales”.
Un comunicado que muestra a todas luces el doble rasero de la política estatal marroquí sobre derechos humanos, a pocos días que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá sobre la situación del Sáhara Occidental, cuyos dos tercios del territorio se encuentra bajo ocupación y control militar, en abierto desafío a la comunidad internacional, violando sistemáticamente normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El Reino de Marruecos restringe el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, enjuicia a periodistas y dispersa protestas a la fuerza. El juicio penal a Ali Anouzla, periodista independiente, acusado de apoyar e incitar al terrorismo, y otros siete periodistas acusados de “menoscabar la seguridad del Estado”, por haber emprendido un proyecto de capacitación de periodismo ciudadano, son un ejemplo.
El derecho a la libertad de asociación y de reunión enfrenta serias restricciones. Las organizaciones de derechos humanos marroquíes que requieren un registro legal para realizar sus actividades en el país, con frecuencia o no lo obtienen o atraviesan bloqueos por parte de las autoridades. Este es el caso de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y la Coordinadora Magrebí de Organizaciones de Derechos Humanos. Igual destino ha atravesado el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA), en los Territorios Ocupados.
Brahim Saika, activista de la Coordinadora de Saharauis sin Empleo, murió bajo custodia policial, en un hospital en el que recibía tratamiento de las secuelas de las torturas que había sufrido en manos de la policía marroquí.
En general, las organizaciones de derechos humanos son impedidas de celebrar reuniones y asambleas públicas. Defensores y activistas de derechos humanos extranjeros, incluidos periodistas, son impedidos de ingresar o son expulsados del país. Decenas de ellos tras arribar al Aeropuerto Internacional Hassan I, en El Aaiún, capital saharaui ocupada.
El juicio a los activistas del Grupo de Gdeim Izik, primero, en la jurisdicción militar y, luego, en un tribunal civil, en el que la veeduría internacional atraviesa serias dificultades para verificar la imparcialidad de la justicia, es otro ejemplo de los vacíos institucionales y jurídicos marroquíes en materia de derechos humanos.
Sin duda, Marruecos tiene cuentas que rendir ante la comunidad internacional y el próximo Examen Periódico Universal (EPU) y la revisión de sus informes periódicos de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito y ratificado, ante los órganos de vigilancia respectivos, serán una ineludible oportunidad para conocer su diáfano historial sobre derechos humanos o constatar su doble rasero en este tema.
*Fuente: Rebelión
Nota:
[1] Véase: http://www.maroc.ma/en/news/
Coordinación Regional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
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