El informe anual de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el aumento de los ataques a activistas sociales. El año pasado la cifra llegó a 127 líderes asesinados y la mayoría de ellos murieron en zonas previamente ocupadas por las FARC.
La mayoría de homicidios de defensores de Derechos Humanos en Colombia en el 2016 ocurrió en territorios de presencia histórica de las FARC, que actualmente se encuentra en medio de un acuerdo de paz firmado con el Gobierno para superar medio siglo de conflicto, informó este jueves la ONU.
«Nos preocupa muy profundamente la violencia contra líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos. La persistencia de esta violencia pone en riesgo el propósito común de la paz en el país», señaló Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia.
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De los 60 líderes asesinados, 27 fueron en áreas de dominio histórico de las FARC, mientras que de los 64 activistas muertos, 48 estaban en lugares de predominancia de la guerrilla, indicó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Estos casos se presentaron principalmente en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba. El funcionario de la ONU agregó que la casi totalidad de los asesinatos tuvo lugar en zonas de economía ilícita, donde abundan los cultivos de coca y la minería ilegal.
Fuente: ONU
«La salida de las FARC de estas zonas sí está complicando mucho la vida de estos líderes en estos lugares», apuntó Howland, sobre la movilización de los rebeldes a 26 puntos del país donde a más tardar en mayo deberán dejar las armas e iniciar su reincorporación a la vida civil.
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De acuerdo con la ONU, hasta el 31 de diciembre, se observaron 389 ataques a líderes y activistas sociales. La oficina regional registró 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas) y 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, incluidos fotografías, vigilancia y robo de computadores.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo durante el lanzamiento del informe que el Estado tiene «grandes desafíos en materia de control territorial y presencia institucional» en muchos territorios dejados por las FARC.
Incluso desde antes de que el Gobierno y las FARC cerraran el acuerdo de paz, la guerrilla ha urgido a Santos a tomar medidas para frenar los asesinatos de los líderes sociales. De acuerdo con la guerrilla y distintas ONG, estos asesinatos son obra de los paramilitares.
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Sin embargo, una y otra vez el Gobierno ha desestimado esa versión y culpa de esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que no hay documentación que permita afirmar que fuerzas paramilitares estarían detrás de los asesinatos de líderes sociales en el país, como dice el informe anual de Derechos Humanos de la ONU.
“No hemos podido documentar que haya sistematicidad alguna en las muertes de estos líderes sociales“, puntualizó el ministro.
Según Villegas, no hay indicios de que esta serie de asesinatos sea sistemática y aseguró que las investigaciones siguen arrojando que estos asesinatos son hechos aislados.
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“Algunos homicidios han sido por participación en delitos, disputas entre vecinos o por tierras”, aseguró. se han presentado mayores resultados por parte de la fuerza pública, “tenemos 56 capturados, 50 imputaciones y de las 11 personas que tenían orden de captura pendiente, solo quedan cuatro por ejecutarse”.
De igual forma, indicó que hay un alto porcentaje en investigaciones relacionadas con temas de ataques a líderes sociales, “quienes se opusieron a mantener cultivos ilícitos o minería ilegal”, que demuestran vinculaciones del ELN.
*Fuente: Semana
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