Cerca de 420 mil personas, habitantes de unas 600 localidades de Chile, carecen de agua potable. Otra cantidad no dimensionada, pero muy superior, enfrenta una creciente escasez de este vital elemento. En gran parte en el norte, en el centro y en varias provincias del sur, la minería, la industria forestal, los cultivos intensivos, las pisciculturas y las plantas hidroeléctricas se han ido apropiando de los derechos de agua y extrayendo, además, muchas veces de manera ilegal los caudales que se hallan bajo la superficie.

La falta de este recurso fundamental para el ser humano puede tornarse dramática en los próximos años. La ausencia de lluvias y el cambio climático empeoraron las expectativas. En muchas comunidades las familias reciben desde camiones aljibes cerca de 300 litros de agua a la semana. Es decir, en un grupo de cuatro personas, cada integrante dispone de poco más de diez litros al día. Mientras, en las vastas plantaciones forestales, un eucalipto de tres años recibe 20 litros al día. Si el árbol supera los veinte años, consume 200 litros diarios. En el agro, en tanto, un palto requiere diez litros de agua diarios por metro de altura y crecen entre cuatro y doce metros en su desarrollo. Un árbol frutal, en otro ejemplo, requiere de unos 200 litros de agua a la semana. Y ni hablar de las necesidades de las plantas mineras, que ocupan miles de litros por segundo. Otro tanto hacen las hidroeléctricas y la industria de la acuicultura.

En Chile, el Código de Aguas de 1981 estableció que este elemento era un bien económico que podía ser transado en el mercado. Mañosamente, el Código reconocía que el agua era patrimonio colectivo de los chilenos, pero su aprovechamiento y gestión quedaron bajo el designio del derecho de propiedad y dependiendo de los criterios del mercado.

REFORMANDO EL CODIGO

El Código de Aguas estableció dos tipos de derechos de aprovechamiento del líquido elemento: el uso consuntivo y el uso no consuntivo. El uso consuntivo se refiere al consumo de aguas que no pueden ser reutilizadas (agricultura, minería, industria y consumo humano) y el uso no consuntivo, opera cuando los derechos se solicitan para utilizar el agua y luego devolverla al curso de origen en la misma cantidad y calidad (hidroelectricidad y piscicultura).

La Dirección General de Aguas (DGA), institución estatal a cargo de la gestión del recurso, concedió entonces gratuitamente a personas naturales y jurídicas los derechos de aprovechamiento del agua a perpetuidad, situación única en el mundo. La escasa información sobre el nuevo Código y la falta de educación de campesinos y habitantes rurales, permitió que en una década los grandes grupos económicos dueños del sector eléctrico, forestal, minero y agrícola exportador concentraran la propiedad de los derechos del agua. El Código, además, separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, lo que ha impactado directamente durante 35 años a los habitantes rurales que no poseen los derechos del agua que corre por sus propias tierras.

Tras cinco años de tramitación y el paso por tres comisiones de la Cámara de Diputados, una nueva reforma al Código de Aguas superó su primer trámite constitucional a mediados de noviembre, y fue aprobada con 63 votos a favor y 32 en contra. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó que la iniciativa tiene varios principios fundamentales: el uso prioritario del agua para uso humano; también “que aquellos que utilizan bien sus derechos los mantienen en el tiempo”; y, además, establece que en caso de que haya acaparamiento de los derechos de aguas, los “titulares” los perderán. “Esos derechos se extinguen, caducan y vuelven a la cuenca para que lo usen aquellos que sí lo necesitan”, indicó el ministro.

El proyecto ha encontrado una férrea oposición de Chile Vamos, además de las grandes empresas agrícolas, el sector minero, el rubro de generación energética y en menor medida de las sanitarias, según parlamentarios, quienes cuestionaron el cambio en el carácter perpetuo de los derechos de aguas, pues “debilita las asociaciones de usuarios”, y entrega la administración del agua al Estado.

Para distintas organizaciones en defensa del agua, esta reforma no es suficiente. Precisamente porque mantiene el carácter privatizado de las aguas, aunque dicha propiedad tenga caducidad. Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma en trámite seguirá favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad, sostienen los partidarios de reformular a fondo el Código de Aguas.

EL ORIGEN DEL ROBO

En 1974, la dictadura militar promulgó el Decreto Ley 701-según se afirmó- para hacer crecer la masa forestal y ayudar al desarrollo de la industria local del ramo, estableciendo bonificaciones y exenciones tributarias. De paso, fijó cláusulas para hacer inexpropiables esos predios. La idea surgió de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuyo presidente era Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, y actual dueño de Soquimich. El trabajo de Ponce en aquella oportunidad fue refrendado por el ministro de Economía, Fernando Léniz, quien había sido antes del golpe militar uno de los principales ejecutivos del diario  El Mercurio  , propiedad de Agustín Edwards, y muy cercano al grupo Matte, dueño de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), uno de los principales controladores de la industria forestal.

En julio de 2015, Conaf informó que en 40 años, desde 1974 a 2013, el DL 701 bonificó 875 millones de dólares al rubro forestal. De ellos, el 70 por ciento fue para grandes y medianos propietarios forestales. Entre 1974 y 1997, año previo a su primera modificación, el DL 701 bonificó a 952 mil hectáreas, y el Estado entregó 369 millones de dólares en bonificaciones. El 95% fue directamente a grandes y medianos propietarios forestales, dejando solo 5% para aportes a pequeños propietarios. En 2011, los grandes propietarios del rubro maderero consiguieron 5.900 millones de dólares en exportaciones.

En julio de 2015, en este gobierno de Michelle Bachelet, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que prorrogó hasta diciembre de 2018 la vigencia del DL 701 de 1974 sobre fomento forestal.

Durante cuatro décadas las nuevas plantaciones de pino y eucaliptus han impactado gravemente en el desarrollo de cientos de comunidades campesinas e indígenas, degradando los ecosistemas y la biodiversidad, especialmente los recursos de aguas. Según datos de la Conaf, durante la vigencia del DL 701, entre 1976 y 2010 se bonificó por un total de 1.423.815 hectáreas, de las cuales 85,9% correspondieron a forestación; 14,1% a recuperación de suelos degradados y forestación; y 0,6% a estabilización de dunas. Tales cifras desmienten que el DL 701 haya servido para recuperar suelos degradados y demuestra que la forestación con especies exóticas de rápido crecimiento como pino radiata y eucalipto se realizó en suelos desnudos o donde antes hubo bosque nativo. Otro estudio, realizado por la Consultora Profesional Agraria, entre 1980 y 1997 se entregó un total de 20.499 bonos que financiaron la forestación de 822.428 hectáreas, de las cuales 94,2% se destinó a grandes y medianos propietarios, y sólo 5,8% a pequeños.

En diciembre de 2012, Claudio Donoso Zegers, profesor emérito de la Universidad Austral de Chile, presidente honorario de la Asociación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo (AIFBN), y uno de los profesionales más respetados del rubro, y René Reyes, doctor de la Universidad de British Columbia y director de la AIFBN, escribieron un artículo titulado  ¿El milagro forestal chileno?  , que resume claramente las consecuencias de la política forestal de la dictadura militar y de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia que le siguieron: “Ya en 1973 había 300.000 hectáreas de plantaciones, y en la década del 70, cuando se promovió el traspaso de las grandes empresas forestales del Estado al sector privado y se inició la aplicación del D.L.701 que bonifica las plantaciones, se logró aumentar la superficie plantada principalmente con pino insigne a cerca de 1,5 millones de hectáreas en menos de dos décadas. Lo que fue un éxito macroeconómico no lo fue para los bosques nativos ni para los habitantes rurales. A pesar de existir extensas superficies sin cobertura que podían ser plantadas, se cortaron masas de renovales de coigües, robles maulinos y otras especies nativas de alto valor para plantar en ellas pino y también eucalipto, desde la región del Maule hasta la de Los Lagos”.

Y agregan: “En Chile, las empresas concentran la propiedad de las plantaciones forestales (pinos y eucaliptus), mientras los pequeños y medianos propietarios concentran la propiedad del bosque nativo. Entonces si el gobierno está tan preocupado de apoyar a los pequeños propietarios, ¿por qué no se concentra mejor en arreglar el desastre que hay con la Ley de Bosque Nativo? El discurso pro-pequeños propietarios no tiene ningún asidero, es simplemente un volador de luces para ponerle un tinte ‘social’ a una política orientada básicamente a profundizar la concentración económica y la inequidad, permitiendo que los que siempre han ganado sigan haciéndolo a costa del resto de los ciudadanos”.

LOS SUELOS SE SECAN

La forma en que se establecen, manejan y cosechan las plantaciones forestales está produciendo un impacto gigantesco en el medioambiente y en las comunidades locales. Los gobiernos de los últimos 25 años han recalcado que existen más de dos millones de hectáreas que podrían ser reforestadas a partir de la mantención de este subsidio, pero no mencionan que esas hectáreas están justamente en un área crítica de disponibilidad de agua, en las regiones del Maule y de La Araucanía. Ya dijimos que un eucalipto de tres años consume 20 litros de agua al día y cada hectárea incluye unos 1.600 árboles. Calculen el volumen de agua que consumirán estos árboles si se llegaran a plantar sólo una porción importante de esas dos millones de hectáreas a reforestar.

La aplicación de herbicidas, pesticidas y fertilizantes altamente tóxicos, han tenido un efecto devastador sobre muchas comunidades rurales debido a la contaminación de sus fuentes de agua y el envenenamiento de sus animales. Los agroquímicos han tenido efectos desastrosos sobre la fauna, que recién comienzan a conocerse. Las abejas, fundamentales para la vida de los vegetales, y por lo tanto, de los animales y del ser humano, están desapareciendo. Se están reportando casos de zorros con cáncer en sus patas, derivado de su paso obligado por las plantaciones contaminadas. La desaparición de aves silvestres es cada vez más evidente. Cada vez se ven menos insectos; rara vez se ven los otrora abundantes coleópteros, y las mariposas están prácticamente extinguidas. Ni mencionar la contaminación de ríos, la muerte de los cisnes en Valdivia, y una serie de otros desastres protagonizados por las forestales.

GOLPE A LOS MAPUCHES

En 1979 se reformó la ley para dividir las tierras comunitarias mapuches y entregar títulos individuales de propiedad privada. Como minifundistas, los mapuches debieron enfrentar la competencia económica y empezaron a emigrar de las zonas rurales. Se desplazaron sus bosques nativos: perdieron sus recursos hídricos, superficiales y subterráneos; se vieron afectados por los plaguicidas y la contaminación de los ecosistemas; las comunidades rurales fueron acorraladas por los monocultivos; las máquinas pesadas empezaron a destruir sus caminos; perdieron la flora y la fauna y sus plantas medicinales y alimenticias, sus suelos ganaderos y agrícolas; y les invadieron sus lugares sagrados. Muy pronto, entonces, aumentó la emigración y la pobreza en los lugares de alta concentración forestal.

Numerosos antecedentes señalan que las comunas ocupadas por monocultivos forestales -en Maule, Bío Bío y La Araucanía- registran una disminución en la disponibilidad de agua y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país. Una medición entre enero y febrero de 2012 indicó que había 46 mil personas de zonas rurales afectadas por la falta de agua y con serios trastornos en la agricultura de subsistencia. Hubo que promulgar un decreto de emergencia agrícola en las comunas de Ercilla, Collipulli, Lumaco y Los Sauces, en la provincia de Malleco, además de Temuco, Padre Las Casas, Cholchol, Imperial, Carahue, Galvarino y Perquenco, en la provincia de Cautín.

Las localidades forestales entre Bío Bío y La Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías forestales, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Suelos ganaderos, de bosque nativo o agrícola-frutícolas, han sido arrasados y reemplazados por pinos y eucaliptus.

La Fundación para la Superación de la Pobreza ha señalado que el escenario para las zonas rurales en la Región de La Araucanía parece ser más crítico sobre todo para la pobreza indigente, que del 6,5% el año 2006 subió a un 9,9 el 2009. La situación para los pobres no indigentes llega a un crítico 15,1%.

En el año 2009, de acuerdo a datos oficiales como la encuesta Casen, se registraron tasas promedio de pobreza en Cunco de 30,7%, Galvarino 21,4%, Puerto Saavedra 28,8%, Chol Chol 37,2%, Angol 40,7%, Collipulli 34,7%, Ercilla 36,1%, Los Sauces 34,9%, Lumaco 35,9%, Purén 38,0%, Renaico 28,1%, Traiguén 28,7%, Victoria 31,8%, Carahue 33,5% .

Hoy muchas de estas comunidades carecen de agua. Los municipios deben gastar cada vez mayores recursos para llevarles en camiones aljibes el cada vez más escaso elemento. Niños y adultos tienen que viajar largas distancias para la simple necesidad de bañarse a lo menos una vez a la semana y acudir aseados a sus escuelas y trabajos. Mientras, los pinos y eucaliptus siguen invadiendo sus territorios y diezmando sus recursos naturales, sobre todo el agua.

Esto, principalmente respecto a la nación mapuche. Otras historias -en los próximos números de PF- serán los efectos que sobre el agua provocan la gran minería, la agroindustria intensiva, la industria eléctrica y la acuicultura.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 866, 9 de diciembre 2016.

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*Fuente: Red Latina Sin Fronteras

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