¿Naves fantasmas surcan los mares de nuestra patria?

En la ventana que se abra, presione el boton «INGRESAR».
En el formulario que se abre, en el campo RUC, ingrese el siguiente número: 7547 – 2016 y se debeira abrir un listado de documentos con información sobre los trámites de una causa que interesa a todo el país.
Se trata de las acciones criminales que son parte de la causa en la Corte Suprema del Estado de Chile, con rol de Ingreso N°  7547-2016. A la que cualquier ciudadano/a como el suscrito puede acceder en los Tribunales, en que señala comprobada información de funcionarios públicos que no cumplirían a cabalidad sus funciones asociados a sectores privados, en perjuicio del Estado y del patrimonio de los chilenos, es decir, de los más pobres; privando derechos a la salud, a la educación, a jubilaciones y asistencia dignas a los adultos mayores.

El Caso Penta y la Ley Longueira de Privatización Pesquera

La ley de pesca promulgada en febrero del 2013 entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar de Chile a siete familias empresariales que conforman el cartel que domina este estratégico sector de la economía nacional.La cuestionada e irregular tramitación parlamentaria que caracterizó a esta ley, a través de la cual se perpetró una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público post-dictadura, tuvo como actor central al ex-ministro de economía y excandidato presidencial Pablo Longueira, y como su principal beneficiado al Grupo Angelini.
En el escenario actual de las crecientes evidencias del accionar corruptor del Grupo Penta y de la empresa Soquimich, a través de la entrega encubierta de financiamientos a políticos, parlamentarios y funcionarios gubernamentales, las organizaciones ciudadanas, pescadores artesanales, pymes y pueblos originarios llaman la atención sobre cuál es el estado de la investigación sobre las denuncias relacionadas con la entrega de sobornos del Grupo Angelini, a través de Corpesca, a parlamentarios para la privatización del patrimonio pesquero nacional. Especialmente ahora, que Pablo Longueira ha sido señalado como otro de los exclusivos beneficiarios del grupo Penta.

Por: Juan Carlos Cárdenas
Centro Ecocéanos
enero de 2015
Los hechos develados a la opinión pública por el denominado caso Penta, confirman lo que es un secreto a voces en la mercantilizada política chilena: la existencia de redes corporativas que financian de manera encubierta a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a cambio de intervenir las decisiones del Estado y de los gobiernos de turno, influir en las agendas de los partidos políticos, e imponer en el parlamento leyes funcionales a sus intereses. Todo esto fuera de todo mecanismo de control democrático.
Esta relación mafiosa entre grupos de aportadores privados y receptores públicos, contribuye al descrédito, la falta de legitimidad y el distanciamiento de la ciudadanía frente al actual sistema político y sus prácticas, al ser evidente que es el dinero empresarial el verdadero partido gobernante en Chile, independiente de quien sea la coalición o él o la presidenta en ejercicio.
El accionar encubierto del dinero en los espacios de poder, son prácticas cada vez más habituales y menos excepcionales, que contribuyen a la progresiva descomposición política-institucional del país, y entregan al empresariado corruptor la capacidad de presionar al Estado, parlamento y partidos, a través de la vía del chantaje, tanto por lo que saben de sus comportamientos ilegales, como por los montos de dinero entregados.

La ley Longueira de privatización pesquera y el Grupo Angelini

En el contexto del caso Penta, los ciudadanos organizados, pescadores de pequeña escala, pymes y pueblos originarios se preguntan sobre el estado actual de las investigaciones iniciadas el año pasado sobre las denuncias del accionar corruptor del Grupo Angelini a nivel parlamentario durante la tramitación express de la nueva ley de pesca.
Esta ley, denominada popularmente ley Longueira por quien fuera su principal impulsor y operador político, entregó derechos monopólicos y rentistas al denominado “cartel” de la pesca industrial, a través de la privatización gratuita y a perpetuidad del patrimonio pesquero del país.
El aspecto central de esta legislación es el otorgamiento  de certeza jurídica para el goce monopólico de las rentas que generan las valiosas pesquerías -estimadas a la fecha en 74 millones de dólares anuales-,  a este pequeño grupo empresarial liderado por el Grupo  Angelini.
Con ello, el Estado y el parlamento vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, dada la asignación en exclusividad de los derechos de acceso y propiedad a las pesquerías chilenas a tan sólo siete clanes familiares, los cuales paradojalmente, son los principales responsables de la actual situación de colapso y sobreexplotación de los recursos marinos de la Nación.
Además, la ley Longueira eliminó al Estado en su rol histórico como único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos marinos del país, transfiriéndo este papel al mercado, mediante el sistema de cuotas individuales de pesca plenamente transables las que pueden ser vendidas, compradas, arrendadas, colocadas como garantías, e incluso heredadas.
Hoy se sabe que Pablo Longueira también fue unos de los grandes beneficiarios del dinero y prácticas ilegales del grupo Penta. Esto confirma la doble paternidad empresarial que tiene la actual ley de pesca.
Esto no es menor, ya que Longueira fue el actor clave para el acuerdo cupular entre los dos bloques binominales de partidos de gobierno y oposición, que logró imponer en el parlamento la agenda empresarial de privatización marina, a pesar del amplio rechazo de sectores de los pescadores, pymes, pueblos originarios y sociedad civil organizada, a la cual se sumó un pequeño y transversal grupo de parlamentarios.

Irregularidades en la legislación de la Ley Longueira

Desde el inicio de la tramitación parlamentaria, Longueira como Ministro de Economía, impuso un férreo control y presión política, con el fin de acelerar la tramitación parlamentaria y eliminar toda oposición al proyecto de ley. Para desactivar una de las principales fuentes de conflicto político y social, impuso en septiembre del 2011 una inédita “mesa de negociación” entre los grandes empresarios pesqueros industriales y las dirigencias de las confederaciones de pescadores artesanales, representadas por Conapach y Confepach.
Fuera de todo control público, en esa mesa se negoció el traspaso de diversos porcentajes de cuotas de algunas pesquerías industriales en beneficio de los armadores o propietarios de las embarcaciones artesanales, especialmente del sector con características semi-industriales. Todo ello a cambio del apoyo político de ambas confederaciones de pescadores a la propuesta de privatización pro-industrial y el rechazo al modelo de licitación en las pesquerías industriales.
Según el propio Longueira, el valor estimado de las cuotas de pesca transferidas en la “mesa de negociación” pesquera fue de 34 millones de dólares anuales.
Llamó la atención a la ciudadanía que este irregular proceso que antecedió a la discusión parlamentaria fuera impulsado desde el Estado a través del ministro de economía y se promoviera y amparara la colusión entre los regulados del sistema, quienes se  traspasaron recursos pesqueros que no les pertenecían, ya que hasta ese momento seguían siendo bienes comunes de la Nación.
Uno de los costos inmediatos que tuvo este irregular acuerdo fue el quiebre de la Conapach y la posterior creación del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), el cual representa en la actualidad a aproximadamente 30.000 pescadores de pequeña escala opuestos a la Ley Longueira.
Otro vicio de procedimiento presente en la tramitación parlamentaria de esta ley, fue la violación ex-profeso los derechos de los pueblos costeros originarios, al negarse la comisión de pesca a realizar el proceso de consulta previa e informada a los pueblos Mapuche, Kawesqar y Rapa Nui. Con ello se contravino la letra y el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de los derechos de los pueblos originarios de Naciones Unidas.
Tampoco la comisión de pesca reconoció los usos ancestrales (consuetudinarios) de los recursos hidrobiológicos y del territorio marino-costero por parte de estos pueblos indígenas. En definitiva, la ley Longueira invisibilizó jurídicamente a los pueblos originarios, a la vez que los despojó de sus derechos de acceso y uso a las pesquerías que aprovechaban de manera ancestral.
A lo anterior se sumó la existencia de graves conflictos de interés, al participar en las diversas discusiones y votaciones, diputados y senadores con intereses económicos en empresas pesqueras y de comercialización de productos marinos. Entre ellos destacan el ex senador Carlos Larraín, en aquel entonces presidente de Renovación Nacional,  el senador Jovino Novoa y el diputado Alejandro García-Huidobro, quienes a juicio de las organizaciones ciudadanas y de varios otros parlamentarios, violaron  el artículo 5° B  de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 8° del reglamento del Senado.
Como guinda de la torta del viciado procedimiento parlamentario que caracterizó a la ley Longueira, las organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal, denunciaron documentadamente la participación encubierta de los gerentes de los principales conglomerados pesqueros industriales en las negociaciones parlamentarias claves, bajo el  disfraz de “asesores” de diversos diputados y senadores.

The Corpesca Connection: Cohecho y soborno

La ley Longueira constituye una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público del período post-dictatorial, siendo el grupo Angelini su principal beneficiado. En la actualidad, este mega conglomerado a través de sus compañías pesqueras Corpesca, Orizon y South Pacific Korp, controla el 90% de las cuotas de pesca de la zona norte del país y el 25 por ciento de la cuota global de las pesquerías pelágicas industriales chilenas, lo cual lo ubica como el segundo productor mundial de harina de pescado.
A pesar de la actual crisis que afecta a las principales pesquerías del país, el Grupo Angelini posee una de las mayores flotas industriales, con 47 barcos operando, los que abastecen a cinco plantas procesadoras en Arica, Iquique y Mejillones.

El mal olor que acompaña a la nueva ley de pesca

En mayo del 2013, una situación inesperada dejó en evidencia lo que todo el mundo sospechaba: el financiamiento encubierto de las grandes empresas pesqueras a parlamentarios, políticos y a los mismos partidos, durante la etapa de discusión parlamentaria de esta normativa.
Giorgio Carrillo, ex- asesor de la diputada por Iquique Marta Isasi, quien era acusado de estafa por su ex-jefa, en entrevista al medio electrónico Ciper reveló haber recibido pagos por 25 millones de pesos durante la etapa previa a las votaciones sobre este proyecto de ley. Estos pagos efectuados con boletas de terceros, correspondían a falsas asesorías pesqueras realizadas por la diputada Isasi a la empresa Corpesca.
Este soborno corporativo y coima parlamentaria es posteriormente confirmado por Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca en una cándida entrevista a Ciper. En dicha oportunidad, Mujica señala que además la empresa del grupo Angelini había pagado “asesorías” a otros parlamentarios en dicho período.
Esta confesión permitió conocer la existencia de un denominado “Frente norte”, compuesto por algunos senadores y diputados de las regiones nortinas donde operaban las flotas y plantas procesadoras de Corpesca.
El conocimiento público del soborno del Grupo Angelini tuvo consecuencias: la renuncia inmediata de Francisco Mujica a la gerencia general de Corpesca luego de haber sido durante 14 años hombre de confianza de la familia Angelini. Además generó la presentación de una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado contra la diputada Isasi, su ex asesor Giorgio Carrillo y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por los delitos de cohecho agravado y soborno.
Con posterioridad, Marta Isasi, quien no fue reelecta en su cargo, fue formalizada el 19 de mayo del 2014. Esta vez, por el delito de fraude al fisco, debido al control negligente de sus asignaciones parlamentarias.

Necesidad de investigar los sobornos empresariales en la Ley Longueira

Las organizaciones de la pesca artesanal, pueblos originarios, pymes y ciudadanos, han señalado que la expropiatoria ley Longueira es hija de los dineros empresariales, posee graves vicios de procedimiento, y fue elaborada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses del gran empresariado pesquero industrial.
Por ello exigen su revisión, junto a una exhaustiva y profunda investigación de los tribunales sobre situaciones de cohechos y coimas denunciadas durante su tramitación parlamentaria.
En este sentido se llama a poner atención sobre el accionar de la denominada “bancada pesquera”, integrada por parlamentarios de larga permanencia institucional, tal como el diputado Patricio Melero, quien a pesar de representar un distrito de la región Metropolitana que no tiene mar, ha sido durante décadas miembro de la comisión de pesca. Melero se ha caracterizado por votar históricamente en favor de los intereses económicos del “cartel” pesquero industrial.
Otro parlamentario apernado en un sillón del congreso por más de una década, es el diputado Jorge Ulloa, quien también es un antiguo miembro de esta estratégica comisión, el cual posee una estrecha cercanía con los intereses de las grandes empresas productoras de harina de pescado de la región del Bío-Bío.
Hoy, la ciudadanía y sectores de la pesca artesanal que están representados por Condepp, exigen a la presidenta Bachelet el cumplimiento de su promesa de campaña de revisar la nueva ley de pesca.
Existe la percepción que los casos Penta, Soquimich y Angelini, son la “punta del iceberg” de la corrupción corporativa en Chile. La pregunta es ¿lograrán sus  autores, cómplices y encubridores burlar una vez más la justicia, negociando con los poderes del Estado y partidos políticos, a la vez que sacan amplia ventaja de la inexistencia de una legislación que no contempla la sanción a los delitos de “cuello y corbata”, de manera que la corrupción corporativa podrá continuar operando impunemente, sin estar ni un minuto privados de libertad?
De no lograr que todos estos escándalos sean investigados a fondo y reciban sanciones ejemplificadoras -entre ellos el cese de funciones de los parlamentarios involucrados y la derogación de la ley Longueira-, los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios, tendrán entonces el pleno derecho a realizar acciones de desobediencia civil, como forma de rechazo a una ley injusta, expropiatoria de bienes comunes y de derechos de acceso y uso a las pesquerías, la que además violó acuerdos internacionales relacionados con los pueblos originarios.

Referencias
http://www.elmostradormercados.cl/destacados/opinion-ley-de-pesca-una-gran-mentira-a-revelar-en-el-senado/
http://www.emol.com/noticias/economia/2012/07/11/550142/comision-de-pesca-alcanza-acuerdo-en-tramitacion-de-nueva-regulacion-del-sector.html

Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas

 
+Fuente: http://www.radiodelmar.cl/rdm/el-caso-penta-y-la-ley-longueira-de-privatizacion-pesquera/

By Felipe Henríquez Ordenes

Explicación De Ley De Pesca, Quién La Impulsó Y Quiénes Son Las 7 Familias Beneficiadas

 

Ex Ministro de Economía, Pablo Longueira

Los beneficiados por la Ley de Pesca promovida por el ex ministro de Economía del Gobierno de Sebastian Piñera, Pablo Longueira, son las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes se fusionaron en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en a los menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
No es menor la denominada “Ley larga de Pesca”, bautizada también como “Ley Longueira”; los intereses en juego en torno a lo que será el marco regulatorio de la actividad pesquera por las siguientes dos décadas son muchísimos, pues se habla de un rubro que genera anualmente tres mil millones de dólares a partir de la extracción y comercialización de los recursos del mar chileno y que por ende, son de todos los chilenos.
Los intereses sobre el acceso a los recursos se evidenciaron en las semanas previas a la votación en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley. Los artesanales de todo el país, entre ellos los de Chiloé, se movilizaron, salieron a a las calles, bloquearon caminos y los tomaron detenidos por protestar en contra de esta ley que los perjudica hasta el día de hoy.
LAS 7 FAMILIAS. ¿Quienes son?
Se habla de siete familias, así como en la película El Padrino; siete grupos familiares conformados además por las personas más ricas del país. Pero, ¿quienes son estas personas que cuya identidad poco se conocen y que están detrás de estos grandes grupos empresariales que quieren mantenerse como actores exclusivos de la actividad pesquera en Chile?
Las siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en a los menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
Gráfica de las 7 familias (Clic en la imagen para ampliar)

Hubo un tiempo en que estas familias poseían por separado su propia flota pesquera, pero, principalmente a partir de la repartición de las cuotas individuales de captura, ocurrida en el 2001, estas multimillonarias familias comenzaron a fusionar sus empresas, a concentrar sus riquezas y sus poderes de captura. Así, por ejemplo, las Pesqueras San José y South Pacific Korp, de Angelini y la familia Lecaros se fusionaron para dar origen a la Pesquera Orizon, que captura el 80% de la sardina y jurel en el norte del país. Lo mismo ocurrió sólo el año pasado entre las Pesqueras Camanchaca y Bío Bío, de Jorge Fernández y Jan Stengel, que juntas ahora capturan el 20,4% del jurel. A mediados del año pasado las Pesquera Itata y El Golfo, vinculadas a la familia Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz, también se unieron y juntas extraen el 20% del jurel y facturan al año 400 millones de dólares.
Por otro lado, el Grupo Angelini, a través de Corpesca y SPK, reunió en 2009 el 24% de la captura global de jurel; San José, otra poderosa industria, se unió a la segunda y concentró el 12,4%. Así, ambos grupos sumarían el 56% de las extracciones de 2009 y el 46,6% de las cuotas del jurel del año 2010.A ellas se sumó Blumar S.A. que es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola. De esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en la exclusiva escena del mapa pesquero nacional.
Blumar S.A. pasó a llamarse Pesquera Itata y luego de fusionarse con Pesquera El Golfo se convirtieron en la empresa individual que concentra la mayor parte de los recursos pesquero del país.Como dato complementario, hasta el año 2001, cuando se repartieron las cuotas individuales de captura, existían en Chile 78 firmas pesqueras dedicadas a la extrañación del jurel, al poco tiempo esas 78 se redujeron a sólo 26, producto de las concertación de capitales.Tras las últimas fusiones, quedaron sólo 4 grandes conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).
Estos grandes grupos corresponden a las siete familias de la pesca, que son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, a quienes les interesa que nada se modifique, quieren seguir engordando sus fortunas y apelan a derechos históricos sobre los recursos y le ha ido bien: el gobierno está con ellos en esa demanda, pues el proyecto de ley contempla que se les entreguen a perpetuidad e incluso en calidad de heredables, los derechos sobre los recursos del mar chileno.

Por otro lado, el gobierno no quiere regular la pesca de arrastre, a cargo justamente de los industriales en todo el país y responsables de la pérdida de bio masa en los mares chilenos, de la sobre explotación, pues la sustentabilidad de los recursos, que debiese ser el eje del la nueva ley, está lejos del debate y de la propuesta del gobierno.
PORTAZO A LAS LICITACIONES.
Hasta el año 2011 se habló de licitar las cuotas de captura de pesca. Era y es lógico pensar en que era bueno que nuevos y más actores se sumaran a esta actividad. El arribo del Pablo Longueira al Ministerio de Economía echó al tarro de la basura esa posibilidad que se veía con bueno ojos, pues el propio Presidente de la República, cuando era senador, fue uno de sus impulsores en la ley de pesca de 1991. Además en las sucesivas legislaciones la derecha siempre votó por mantener la licitación que contempla el Artículo 27 de la ley de pesca actualmente vigente.
Se ha dicho que la licitación abre la puerta a lo que han denominado la “amenaza extranjera”, lo que es absolutamente falso, pues la actual norma dice que para pescar en Chile la nave debe ser de bandera chilena, y el tema de fondo en cuanto a las licitaciones (como cualquier otra que hace el Estado chileno) es que una actividad económica, enormemente lucrativa y hecha sobre la base de explotar recursos naturales de todos los chilenos, tienen el mejor retorno para el Estado y para la sustentabilidad de los recursos, si se licita.
Hasta ahora las industrias pagan patentes, pero no por los recursos que pescan. Además, ese discurso nacionalista en cuando a la pesca no cuadra con el silencio en relación al agua, a la minería, a las carreteras, a la televisión, a la telefonía, a la producción de energía y otras áreas de la economía nacional en donde se valora y aplaude la participación de empresas extranjeras.
Así, el escenario se vuelve absolutamente propicio y favorable para los mismos de siempre y el gobierno busca, mediante instancias paralelas a la legislativa, imponer acuerdos con los beneficiarios privilegiados de siempre, para que sigan siendo los únicos que reciban las cuotas, además, a perpetuidad y en calidad de heredables.
Lo que no ocurre en ninguna otra área en donde el Estado entrega una concesión a un privado, pues cualquier empresa que postula a una concesión por 20 años sabe que tras ese tiempo el recurso o el servicio volverán a ser patrimonio del Estado, como ocurre con las carreteras o con el espectro para la televisión o radio. Por ello, es absurdo que se hayan negado siquiera discutir la licitación, que sigue siendo, según lo evidencia la propia realidad de Chile, el mejor mecanismo para asignar transparentemente los derechos de pesca y no a dedo como se quiere además ahora legalizar.
Lo curioso es que ha sido la centro izquierda, acusada muchas veces de estatista, la que ha salido a defender la libre competencia (máxima del mercado) y el ingreso de nuevos actores a este sector económico, cuando debiera ser el propio gobierno y sus partidos, es decir la derecha, quienes lo promovieran, tal como lo han anunciado con medidas para combatir el “mercado imperfecto” de las farmacias, los medicamentos y otros.
PARA LOS ARTESANALES NADA.
¿Pero qué pasa con el sector pesquero artesanal, que indiscutiblemente tiene derechos históricos y sí son herederos de una actividad milenaria y ancestral en las costas del país?
En la propuesta del gobierno de entonces, la torta no alcanzaba para ellos y las demandas históricas del mundo artesanal no estaban contempladas en la ley. No se quizo proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal; no quisieron establecer las 5 millas de protección artesanal en todo el país; no se quiso siquiera discutir si algunas pesquerías debiesen estar en su totalidad en manos de los artesanales y la prioridad del gobierno es imponer más restricciones a la flota artesanal, insistiendo, por ejemplo, en la instalación de posicionadores satelitales en las embarcaciones de estos.
No hay, como se ha solicitado hasta el cansancio, la creación de políticas públicas de fomento al sector artesanal, que pudiesen traducirse en apoyos financiaos, técnicos y otros que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo y económicas de las familias vinculadas a la extracción artesanal de los recursos del mar y que son mucho más que siete.
La torta no alcanza para ellos, pues se quiere repartir entre unos cuantos poderosos e influyentes millonarios y a los pescadores sólo les queda la calle para manifestarse, reclamar, protestar y casi suplicar, pues sienten que de aprobarse la Ley Longueira están condenados a desaparecer y quizás su única fuente de subsistencia sea luego buscar trabajo en la industria, embarcarse en ella hasta que, así como están las cosas y como ha ocurrido en otras áreas, la codicia de algunos termine matando la gallina de los huevos de oro.
¿QUIENES VOTARON A FAVOR DE LA LEY DE PESCA?
Fue el 19 de diciembre del 2012, que con 23 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización de la Ley de Pesca.
Durante la discusión del informe, intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Ximena Rincón, Alejandro García Huidobro, Ricardo Lagos, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, Jaime Orpis, José Antonio Gómez, Guido Girardi, José García Ruminot, Víctor Pérez, Pedro Muñoz, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Juan pablo Letelier, Andrés Zaldívar, Gonzalo Uriarte y Mariano Ruiz-Esquide; además del Ministro de Economía, Pablo Longueira; y de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet.