Sábado 2 de mayo 2015
La necesidad de iniciar la discusión sobre una nueva Constitución es parte de las conclusiones del informe que la Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, conocida como Comisión Engel, entregó a la Presidenta Michelle Bachelet.
“Quiero subrayar que esto fue un acuerdo unánime de la comisión, que no se puede soslayar el tema constitucional, está en la introducción de nuestro informe. Se ha pretendido separar esto del informe, pero es parte del informe, que empieza con el tema”, agregó.
En esa línea, Manuel Riesco dijo que “sabiendo que todos estamos en desacuerdo sobre lo que queremos como Constitución y cómo ponernos de acuerdo, lo que no podemos hacer es dejar que pase más tiempo sin empezar ese proceso”.
Por su parte, el filósofo José Andrés Murillo, quien también participó de la comisión, destacó que el informe no solo propone medidas para disuadir acciones de corrupción, sino también “para crear contextos que no son tolerantes a la corrupción o que buscan desnaturalizarla. Eso se hace creando contextos -desde la primera infancia incluso- que son más éticos, más cívicos, más democráticos y más críticos”.
Asimismo, el presidente de la Fundación Para la Confianza indicó que “con una nueva Constitución, con la antigua o con la que sea, los temas que tratamos tienen que estar presentes”.
“Tuvimos dos grandes conversaciones: siempre estaba la pregunta por lo constitucional, por la Asamblea Constituyente o cuál será el proceso, y sobre eso siempre estábamos planteando preguntas que van a tener que ser atacadas en un proceso constituyente o fuera: subir los estándares de probidad, bajar las posibilidades de corrupción, abrir la transparencia de los partidos, por ejemplo”, añadió.
Ambos integrantes de la Comisión Engel coincidieron en que, además de reforzar la legislación sobre financiamiento de la política, es necesario fortalecer las sanciones para quienes incurran en delitos o irregularidades.
*Fuente: Radio U de Chile
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Para desgracia de la mayor parte de los trabajadores que queremos vivir en democracia- bajo un régimen de auténtica dignidad- el sistema político chileno es profundamente despótico: éste fundamenta sus leyes en una Constitución ilegal de origen que mercantiliza incluso la vida de las personas. Como tampoco acepta la libre expresión de la voluntad popular y como oprime a los que no nos conformamos con el neoliberalismo (a quienes de hecho nos cataloga como «enemigos internos» o terroristas) es que no es descabellado decir que en nuestro país la Doctrina de Seguridad Nacional está plenamente vigente.
Por eso es urgente la Asamblea Constituyente libre, soberana y popular. No es utópico plantearlo así porque lo que en verdad es un desvarío, una increíble locura, es continuar creyendo que con la actual legalidad autoritaria es posible recuperar la democracia. Acaso, ¿la Constitución no está pensada para que perdure por el fin de los tiempos aquel libertinaje del mercado que nos fuera impuesto a través del golpe militar? Siempre la conquista de nuestros derechos ha dependido de la lucha de los trabajadores, de entendernos como clase social explotada y humillada pero también mayoritaria y protagonista de la historia.