“Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empasta el aire y hace la atmósfera irrespirable”

“La justicia en Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una justicia que lleva en un platillo la balanza de     la verdad y en el otro platillo, un queso. La balanza inclinada del lado del queso. Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empasta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de abajo, banda y sonriente para los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la crucifixión, acariciando en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, interroga a un ladrón de gallinas.

Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y sólo abierto el otro, el que se dirige a los pequeños, a los débiles”

(Vicente Huidobro, Balance patriótico)

Ante el impacto que ha creado en la opinión pública, a raíz del presunto arreglo monetario entre la viuda de la víctima y la familia del ex senador y aún presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña, el foco está centrado en el carácter de clase de la justicia chilena, y nada más perfecto para describir esta situación que las citas precedentes del Balance patriótico, escrito por el eximio poeta Vicente Huidobro, hace casi un siglo. Han transcurrido tantos decenios sin que haya cambiado un ápice, en el fondo, el carácter de una justicia servil con los ricos y poderosos, y dura con los pobres y marginados – el único destino de los humildes es el hospital y la cárcel -. El 80% de los presos corresponde a hijos de reos, pues ningún rico o hijo de tal, por muy grave el delito que haya cometido, va a la cárcel.

El caso que hoy causa escándalo público, por el atropello y posterior abandono de la víctima, Hernán Canales, en el cual está implicado Martín Larraín, hijo del presidente de Renovación Nacional, hoy por hoy uno de los personajes más poderosos e influyentes de Chile, podría formar parte de la novela Pobre gente, de F. Dostoievski; una familia de potentados que, al parecer, por una irrisoria suma de $10.000.000, logra sobornar a una mujer pobre, analfabeta, en tratamiento psiquiátrico, “convenciéndola” para que retire la querella por homicidio que pesa sobre Martín Larraín, lo cual significaría que sólo podría ser condenado a cuatro años de cárcel, con pena remitida, es decir, solamente tendría que firmar mensualmente ante el patronato de reos.

Conozco al abogado de la familia Canales, Gonzalo Bulnes, desde que era un niño y, ahora, como abogado demuestra ser una persona dotada de gran sensibilidad y sentido de la justicia y, sobre todo, una entrega y compromiso, movido por el amor evangélico a los pobres y desprotegidos de la sociedad, muy escaso en este país de “mercaderes del templo”, que han convertido a Jesús en un almacenero, que jamás da crédito a los pobres.

Este caso ha desatado una verdadera guerra sin cuartel entre los familiares de la víctima: los hermanos de la viuda por un lado y, por el otro, la hermana de la víctima, Ximena Canales, que declaró en el programa Mentiras verdaderas, del jueves, 10 de abril: “La familia Larraín encontró ´lamentablemente la parte débil (…), porque es una persona que con suerte sabe escribir su nombre, que además está presionada y con psicólogos. El hermano de mi cuñada se metió mucho… queríamos que él (Martín Larraín) estuviera preso como cualquier ciudadano chileno que mata a alguien (…) nosotros no esperábamos plata ni dinero”. En el mismo programa del viernes, 11 de abril, Pablo Venegas, hermano de la viuda de Hernán Canales, asume toda la responsabilidad por haber sugerido a su hermana el retiro de la querella contra Martín Larraín, aduciendo que no recibió dinero y que sólo lo hizo por el estado psicológico de su hermana Marisol Venegas, además, acusa a la hermana de la víctima, Ximena Canales, de querer aprovecharse de imputarles el haber recibido dinero para el retiro de la querella.

La justicia chilena, que según el poeta Huidobro es “tuerta” y siempre se inclina hacia el queso, en este caso demuestra, nuevamente, su carácter de clase. Hasta ahora, el fiscal acusa a Larraín de conducir en estado ebriedad con resultado de muerte, que según el obsoleto código penal chileno del siglo pasado, tiene la irrisoria pena de cuatro años y un día que, normalmente, es remitida cuando el condenado ha tenido irreprochable conducta anterior. El abogado querellante, Gonzalo Bulnes, había pedido la pena de siete años de prisión efectiva por homicidio. Ahora, si aún persiste el retiro de la querella, todas las pruebas recopiladas por Bulnes tras varios meses de investigación, no formarán parte del proceso.

La justicia sólo reconoce como parte querellante a la viuda de Canales, de quien estaba separada hace tiempo, impidiendo que otros familiares directos de Canales se hagan parte en la causa, lo cual permitiría reactivarla bajo acusación de homicidio contra el hijo del presidente de Renovación Nacional.

Es cierto que los siervos de la gleba están despertando, pero como siempre, después del corto período del impacto de efervescencia, las cenizas del olvido hace el efecto de un bálsamo que perdona a los poderosos y adinerados, para que sigan pisando a los pobres y humillados y, en este caso, para rematar la inequidad, el Tribunal de Cauquenes absolvió a Martín Larraín Hurtado de toda responsabilidad en el atropello del señor Hernán Canales, en cambio, para aumentar el absurdo, condenó a sus dos acompañantes por el delito de obstrucción a la justicia -¿cuál delito si el principal inculpado quedó sobreseído? Todavía hay algunos ingenuos que siguen creyendo que todos somos iguales ante la ley.

24/ 12/ 2014