El cerco a Julian Assange es una farsa

Traducido por  Luciano Salellas
Editado por  S. Seguí
El asedio de Knightsbridge es una farsa. Desde hace dos años, una exagerada y costosa presencia policial en torno a la Embajada de Ecuador en Londres no ha servido para otra cosa que para hacer alarde del poder del Estado. Su presa es un australiano sobre el que no pesa acusación alguna por ningún delito, un refugiado de una repugnante injusticia y cuya única seguridad es el espacio que le brinda un valiente país de América del Sur. Su verdadero delito es haber sido origen de una oleada de verdades en una época de mentiras, cinismo y guerra.

El acoso a Julian Assange debe terminar; incluso el gobierno británico considera claramente que debe terminar. El 28 de octubre, el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Swire, manifestó ante el Parlamento que “iba a dar una activa bienvenida” a Londres a la fiscal sueca, y “que haría absolutamente todo para facilitar su presencia.” El tono era de impaciencia.

La fiscal sueca, Marianne Ny, se ha negado a venir a Londres para interrogar a Assange por las imputaciones que se le hacen de supuesto comportamiento sexual incorrecto en Estocolmo en 2010. La fiscal se niega a viajar a pesar de que la ley sueca lo permite y el procedimiento es rutinario tanto para Suecia como para el Reino Unido. Las pruebas documentales de amenaza a la vida y la libertad de Assange por parte de Estados Unidos –en caso de que salga de la Embajada– son abrumadoras. El 14 de mayo del presente año, expedientes judiciales estadounidenses revelaron que Assange es objeto de “múltiples investigaciones” de forma activa y permanente.

Ny nunca ha explicado satisfactoriamente por qué no desea venir a Londres, al igual que las autoridades suecas nunca han explicado por qué se niegan a dar a Assange una garantía de que no lo van a extraditar a EE.UU. en virtud de un acuerdo secreto firmado entre Estocolmo y Washington. En diciembre de 2010, el diario The Independent reveló que los dos gobiernos habían discutido su extradición a EE.UU., antes de la emisión de una orden de detención europea.

Tal vez la explicación sea que, en contra de su reputación como un bastión liberal, Suecia se ha acercado tanto a Washington que ha permitido “entregas” secretas de la CIA, incluyendo la deportación ilegal de refugiados. La entrega y posterior tortura de dos refugiados políticos egipcios en 2001 fue condenada por el Comité de la ONU contra la Tortura, Amnistía Internacional y Human Rights Watch; asimismo, la complicidad y la duplicidad del Estado sueco se han documentado más allá de toda duda en litigios civiles y cables de WikiLeaks. En el verano de 2010, Assange había estado en Suecia para hablar de las revelaciones de WikiLeaks sobre la guerra en Afganistán, en la que Suecia tenía fuerzas destacadas bajo mando estadounidense.

Los estadounidenses están persiguiendo a Assange porque WikiLeaks expone sus épicos crímenes en Afganistán e Iraq: la matanza al por mayor de decenas de miles de civiles, encubierta por sus poderes públicos; y su desprecio por la soberanía y el derecho internacional, como demuestran vívidamente los cables diplomáticos difundidos.

Por su parte, por revelar cómo soldados estadounidenses asesinaron a civiles afganos e iraquíes, el heroico soldado Bradley (ahora Chelsea) Manning recibió una sentencia de 35 años, después de haber sido retenido durante más de 1 000 días en condiciones que, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU, se consideran como tortura.

Caben pocas dudas de que un destino similar lo espera si EE.UU. llega a atrapar a Assange. Las amenazas de captura y asesinato se han convertido en moneda corriente entre los extremistas políticos de EE.UU. tras la infame calificación que hizo de Assange el vicepresidente Joe Biden como “ciber-terrorista”. Cualquiera que dude de la clase de crueldad que se puede esperar de Estados Unidos debe recordar cómo forzaron a aterrizar el avión del presidente de Bolivia el año pasado, pensando erróneamente que en él viajaba Edward Snowden.

De acuerdo con documentos dados a conocer por Edward Snowden, Assange se encuentra en una “lista de caza del hombre”. Los esfuerzos de Washington por atraparlo, afirman los cables diplomáticos australianos, son “sin precedentes en su escala y naturaleza”. En Alexandria, estado de Virginia (EE UU), un gran jurado secreto ha pasado cuatro años tratando de inventar un delito por el que Assange pudiera ser procesado. Esto no es fácil. La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a editores, periodistas y denunciantes. Cuando era candidato presidencial, en 2008, Barack Obama elogió a los denunciantes como “parte de una democracia sana [que] deben ser protegidos contra las represalias.” Bajo la presidencia de Obama, han sido procesados más denunciantes que durante los gobiernos de todos los demás presidentes de Estados Unidos juntos. Incluso antes de que fuera anunciado el veredicto en el juicio contra Bradley Manning, Obama ya había declarado a éste culpable.

“Los documentos publicados por WikiLeaks desde que Assange se trasladó a Inglaterra”, escribió Al Burke, editor del diario on-line Nordic News Network, una autoridad en los múltiples peligros y vericuetos a que hace frente Assange, “indican claramente que Suecia ha cedido habitualmente a las presiones de Estados Unidos en asuntos relacionados con los derechos civiles. Hay todo tipo de motivos de preocupación de que si Assange cayese bajo la custodia de las autoridades suecas éstas pudieran entregarlo a Estados Unidos sin la debida consideración de sus derechos legales.”

Hay indicios de que la comunidad pública y jurídica sueca no apoya la intransigencia de la fiscal Marianne Ny. La prensa sueca, antes implacablemente hostil hacia Assange, publica ahora titulares como: “Vaya a Londres, por el amor de Dios.”

¿Por qué no lo hará, la fiscal? Y más concretamente ¿por qué no permitirá el acceso de los tribunales suecos a cientos de mensajes de texto que la policía extrajo del teléfono de una de las dos mujeres involucradas en las acusaciones de comportamiento impropio? ¿Por qué no se los entregan a los abogados suecos de Assange? Ella dice que no está legalmente obligada a hacerlo hasta que se presente una acusación formal y ella misma haya interrogado a Assange. Entonces, ¿por qué no lo interroga?

Esta semana, la Corte Sueca de Apelación decidirá si ordena a Ny entregar los mensajes de texto o si el asunto va a la Corte Suprema y al Tribunal Europeo de Justicia. En una gran burla, a los abogados suecos de Assange sólo se les ha permitido la “revisión” de los mensajes de texto y la memorización de su lectura.

Uno de los mensajes de las mujeres deja claro que ella no quería formular cargos contra Assange, “pero la policía estaba interesada en echarle mano a éste”. Se sintió “conmocionada” cuando lo arrestaron porque ella sólo “quería que le hiciesen la prueba del HIV”. “No quería acusar a J.A. de nada” y “fue la policía la que presentó cargos”. (En una declaración de una testigo, se cita a esta mujer diciendo que había sido “injustamente presionada por la policía junto con otras personas de su entorno.”)

Ninguna de las dos manifestó que hubiera sido violada. De hecho, ambas han negado que fueran violadas y una de ellas ha lo ha puesto en un tuit: “No he sido violada.” El hecho de que fueron manipuladas por la policía y sus deseos ignorados es evidente, con independencia de lo que sus abogados afirmen ahora. Ciertamente, son víctimas de una saga digna de Kafka.

Para Assange, el único juicio ha sido el del tribunal de los medios de comunicación. El 20 de agosto de 2010, la policía sueca abrió una “investigación por violación” e inmediatamente –e ilegalmente– dijeron a la prensa sensacionalista de Estocolmo que había una orden de arresto contra Assange por la “violación de dos mujeres”. Esta fue la noticia que dio la vuelta al mundo.

En Washington, un sonriente secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, dijo a los periodistas que el arresto “suena como buenas noticias a mis oídos”. Algunas cuentas de Twitter asociadas con el Pentágono describen a Assange como un “violador” y un “fugitivo”.

Menos de 24 horas más tarde, la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finné, se hizo cargo de la investigación. No perdió tiempo en dejar sin efecto la orden de detención, afirmando: “No creo que haya razón alguna para sospechar que se haya cometido una violación.” Cuatro días más tarde, desestimó totalmente la investigación de violación con estas palabras: “No hay ninguna sospecha de delito alguno.” El expediente estaba cerrado.

En estas entra en acción Claes Borgström, un alto cargo del Partido Socialdemócrata, entonces candidato en las inminentes elecciones generales en Suecia. [En noviembre de 2013, Borgström dejó el Partido Socialdemócrata y se incorporó al Partido de la Izquierda, ex Partido Comunista. Nota de Tlaxcala.] Pocos días después de que la fiscal jefe hubiera desestimado el caso, Borgström, abogado de profesión, anunció a los medios de comunicación que él representaba a las dos mujeres y que había buscado un fiscal diferente en la ciudad de Gotemburgo. Esta nueva fiscal era Marianne Ny, a quien Borgström conocía bien. Ella también era miembro del Partido Socialdemócrata.

El 30 de agosto, Assange se presentó voluntariamente a una estación de policía en Estocolmo y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. Entendió que eso ponía punto final al asunto. Dos días más tarde, Ny anunciaba la reapertura del caso. Un periodista sueco preguntó a Borgström cómo era que se estuviera llevando adelante el caso cuando ya había sido cerrado, citando a una de las mujeres que afirmaba que no había sido violada. Borgström respondió: “Ah, pero ella no es abogado.” El abogado australiano de Assange, James Catlin, respondió, “Esto es un hazmerreír … es como si lo fueran preparando a medida que avanzan.”

El día que Marianne Ny volvió a activar el caso, el jefe del servicio de inteligencia militar de Suecia denunció públicamente a WikiLeaks en un artículo titulado “WikiLeaks [es] una amenaza para nuestros soldados.” Assange fue advertido de que el servicio de inteligencia sueco (SÄPO) había sido amenazado por su contraparte en Estados Unidos con que lo acuerdos para compartir inteligencia quedarían “interrumpidos” si Suecia protegía a Assange.

Durante cinco semanas, Assange esperó en Suecia a que la nueva investigación siguiera su curso. The Guardian estaba en ese momento a punto de publicar los “War Logs” de Iraq, basados en las revelaciones de WikiLeaks, que Assange debía supervisar. Su abogado en Estocolmo pidió a Ny si tenía alguna objeción a su salida del país. Ella le dijo que era libre de irse.

Inexplicablemente, tan pronto como Assange salió de Suecia –en el apogeo de interés de los medios de comunicación y el público por las revelaciones de WikiLeaks–, Ny emitió una orden de detención europea y una “alerta roja” de Interpol que normalmente se utiliza para terroristas y criminales peligrosos. Publicado en cinco idiomas en todo el mundo, la medida se aseguró el interés de los medios.

Assange se presentó en una comisaría de policía de Londres, fue arrestado y pasó diez días en la prisión de Wandsworth, en régimen de aislamiento. Liberado con una fianza de 340.000 libras; le colocaron un localizador electrónico, con obligación de presentarse a la policía a diario; y fue puesto bajo arresto domiciliario mientras su caso comenzaba un largo periplo hasta la Corte Suprema. A todo esto, todavía no había sido acusado de ningún delito. Sus abogados repitieron su oferta de que Ny lo interrogara en Londres, subrayando que ella le había dado permiso para salir de Suecia, y sugirieron un centro especial de Scotland Yard utilizado para tal fin. Ny se negó.

Katrin Axelsson y Lisa Longstaff, de Mujeres Contra la Violación, escribieron: “Las acusaciones en su contra [Assange] son una cortina de humo detrás de la cual una serie de gobiernos están tratando de tomar medidas drásticas contra WikiLeaks por haber revelado audazmente al público su planificación secreta de guerras y ocupaciones con sus secuelas de violaciones, asesinatos y destrucción … Las autoridades se preocupan tan poco por la violencia contra las mujeres que manipulan las denuncias de violación a voluntad. [Assange] ha dejado claro que está disponible para ser interrogado por las autoridades suecas, en Gran Bretaña o por Skype. ¿Por qué niegan este paso esencial en su investigación? ¿De qué tienen miedo? “

Esta pregunta quedó sin respuesta a la vez que Ny emitía la orden de detención europea, un producto draconiano de la “guerra contra el terror” supuestamente diseñado para atrapar a terroristas y criminales organizados. La orden de detención europea anula la obligación de un Estado demandante de presentar las pruebas de un delito. Más de un millar de órdenes europeas se emiten cada mes; sólo unas pocas tienen algo que ver con posibles acusaciones de “terrorismo.” La mayoría se emiten por delitos triviales, como cuotas bancarias en mora y multas. Muchas de esas extradiciones comportan meses en prisión sin cargos, y se ha dado un número de impactantes malas prácticas jurídicas involuntarias, de las cuales los jueces británicos han sido muy críticos.

El caso Assange finalmente llegó a la Corte Suprema del Reino Unido en mayo de 2012. En una sentencia que confirmó la orden de detención europea –cuyas rígidas exigencias habían dejado a los tribunales casi sin margen de maniobra– los jueces encontraron que los fiscales europeos podían emitir órdenes de extradición en el Reino Unido sin ningún tipo de supervisión judicial, a pesar de que el Parlamento decidiera lo contrario. Los jueces dejaron claro que el Parlamento había sido “engañado” por el gobierno de Blair. El tribunal se dividió, 5-2, y en consecuencia se decidió en contra de Assange.

Sin embargo, el Presidente del Tribunal Supremo, Lord Phillips, cometió un error. Aplicó la Convención de Viena sobre la interpretación del tratado, que autoriza que las prácticas de los Estados anulen la letra de la ley. Como señaló la abogada de Assange Dinah Rose QC, esto no se aplicó a la orden de detención europea.

La Corte Suprema de Justicia sólo reconoció este error crucial cuando abordó otra apelación contra la orden de detención europea, en noviembre del año pasado. La decisión sobre Assange era errónea, pero ya era demasiado tarde para volver atrás.

La elección que tenía ante sí Assange era difícil: por una parte, extradición a un país que se había negado a decir si lo enviaría a EE.UU. o no; por otra parte, buscar lo que parecía su última oportunidad de hallar refugio y seguridad. Con el apoyo de la mayor parte de América Latina, el valiente gobierno de Ecuador le concedió el estatuto de refugiado sobre la base de pruebas documentadas y asesoramiento jurídico de que se enfrentaba a la perspectiva de un castigo cruel e inusual en los EE.UU., que esta amenaza violaba sus derechos humanos básicos, y que su propio gobierno en Australia lo había abandonado en connivencia con Washington. El gobierno laborista de la primera ministra Julia Gillard incluso había amenazado con retirarle su pasaporte.

Gareth Peirce, la renombrada abogada de derechos humanos que representa a Assange en Londres, escribió al entonces ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Kevin Rudd:

“Teniendo en cuenta el alcance del debate público, a menudo sobre la base de totalmente falsas suposiciones … es muy difícil tratar de preservar para él cualquier presunción de inocencia. Assange tiene colgando sobre sí no una sino dos espadas de Damocles: la potencial extradición a dos jurisdicciones diferentes por dos presuntos delitos diferentes, ninguno de los cuales son delitos en su propio país; y el peligro hacia su propia seguridad personal, en circunstancias políticamente muy cargadas”.

No fue hasta que se comunicó con el Alto Comisionado de Australia en Londres que Peirce recibió una respuesta, la cual no respondía a ninguna de las cuestiones urgentes que planteaba. En una reunión con ella a la que asistí, el cónsul general australiano, Ken Pascoe, hizo la sorprendente afirmación de que sobre los detalles del caso él sabía “sólo lo que leo en los periódicos”.

Mientras tanto, la perspectiva de un grotesco error judicial fue ahogada en una injuriosa campaña contra el fundador de WikiLeaks. Ataques personales, mezquinos, crueles e inhumanos se dirigieron a un hombre no acusado de ningún delito, y sin embargo sometido a un tratamiento que ni siquiera se inflige a un acusado que enfrente extradición por el delito de asesinar a su esposa. Que la amenaza estadounidense hacia Assange era una amenaza a todos los periodistas y a la libertad de expresión fue algo que se les pasó por alto a los sórdidos y la ambiciosos.

Se publicaron libros, se firmaron contratos de cine y hubo quien inició una carrera en los medios de comunicación –o la afianzó– a costa de WikiLeaks, basándose en el supuesto de que atacar a Assange era un juego permitido y que éste era demasiado pobre para demandar a sus atacantes. Hay quien ha hecho dinero, a veces grandes cantidades, mientras WikiLeaks luchaba por sobrevivir. El editor de The Guardian, Alan Rusbridger, llamó las revelaciones de WikiLeaks, publicadas por su periódico, “uno de las más grandes primicias periodísticas de los últimos 30 años,” y se convirtieron en parte de su plan de marketing para elevar precio de venta del diario.

Sin que un centavo haya ido a parar a Julian Assange o WikiLeaks, un libro publicado por The Guardian y ensalzado a bombo y platillo sirvió de base para una lucrativa película de Hollywood. Los autores del libro, Lucas Harding y David Leigh, describieron gratuitamente a Assange como “una personalidad dañada” y alguien “despiadado”. También revelaron la contraseña secreta que Assange había dado al periódico, en confianza, con el fin de proteger un archivo digital que contenía los cables de la embajada de Estados Unidos. Con Assange ahora atrapado en la embajada ecuatoriana, Harding, de pie entre la policía de guardia, se regodeó en su blog diciendo: “Puede que sea Scotland Yard quien ría último.”

La injusticia infringida a Assange es una de las razones por las que el Parlamento finalmente votará a favor de reformar la orden de detención europea. La draconiana fórmula utilizada contra éste no podrá utilizarse de nuevo: se deberán exponer los cargos en contra y un “interrogatorio” será insuficiente para motivar la extradición. “El caso ha sido ganado y cerrado, de cabo a rabo,” me dijo Gareth Peirce, “estos cambios en la ley significan que el Reino Unido reconoce ahora como correcto todo lo que se ha argumentado en su caso. Sin embargo, él no se beneficia. Y la autenticidad de la oferta de refugio de Ecuador no es puesta en cuestión por el Reino Unido o Suecia.”

El 18 de marzo de 2008, se anticipaba la guerra contra WikiLeaks y Julian Assange en un documento secreto del Pentágono preparado por el “Cyber Counterintelligence Assessments Branch”. El documento describía un plan detallado para destruir el sentimiento de “confianza” que constituye el centro de gravedad de WikiLeaks. Este objetivo se lograría con amenazas de “exposición [y] persecución penal.” El objetivo era silenciar y criminalizar esta rara fuente de periodismo independiente, desprestigiando el método.

Parafraseando la conocida frase, “el infierno no conoce furia como la de una gran potencia menospreciada.”

Más información aquí:

http://justice4assange.com/extraditing-assange.html

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/assange-could-face-espionage-trial-in-us-2154107.html

https://www.youtube.com/watch?v=1ImXe_EQhUI

http://pdfserver.amlaw.com/nlj/wikileaks_doj_05192014.pdf

https://wikileaks.org/59-International-Organizations.html

https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1202703/doj-letter-re-wikileaks-6-19-14.pdf

Gracias a: SR Hadden
Fuente: http://johnpilger.com/articles/the-siege-of-julian-assange-is-a-farce-a-special-investigation
Fecha de publicación del artículo original: 16/11/2014
URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=13943