El Ébola de la política

Sobre los rigores de la corrupción en España, o
El Ébola de la política

Es evidente que cualquiera que quiera comentar la convulsa realidad política de España en el momento actual se dará cuenta enseguida de que la protagonista  estelar y casi única de esa realidad es la corrupción.  Y cualquiera que no quiera volver los ojos hacia las protervas curvas de esa protagonista se verá obligado a privarse de la lectura de la prensa diaria.  En efecto, no hay día de la semana en que la prensa no “destape” un nuevo caso de corrupción (definida por una ministra de Rajoy como el ébola de la política).  Apenas se han tomado medidas para tapar un escándalo (con las desgastadas declaraciones institucionales que velan por la famosa presunción de inocencia), aparece otro brote en otro punto de la geografía española, y antes de que haya tiempo para ir a apagar ese brote ya hay otros dos o tres o cuatro más en otras tantas comunidades.  Hay quienes hablan de aludes, otros de corrimiento de tierras, otros de avalanchas imparables, pero el fenómeno que mejor retrata la corrupción que nos barre es el tsunami.  Los que se han quedado en la playa mirando boquiabiertos cómo se les acerca la ola que los barrerá son aquellos políticos de vieja estofa, que la formación política Podemos ha denominado la “casta”, hombres demasiado engrasados por el poder como para poder reaccionar a tiempo.  La casta está embebida de su soberbia y se cree intocable, una casta acostumbrada a la impunidad desde antes de la desaparición de Franco, creyendo que el tsunami no los tocará.

Si se quiere hacer la suma del número de condenados, implicados, imputados y salpicados no hay que indagar demasiado.  Todos los días salen nuevas listas con los cientos que esperan en la cárcel el día del juicio.  Hay varios grandes casos que van engrosando la lista de operaciones que la policía ha llevado a cabo para destapar corruptelas en los últimos años: el caso Palma Arena, en Baleares, el caso Gurtel, la madre de todas las corrupciones en varias ciudades de España, la operación Pokemon, en Galicia, el caso ERE, en Andalucía, que toca la línea de flotación del PSOE, el caso Andratx…, y la última, pero no la postrera, la operación Púnica, una vasta red de amiguismo y saqueo de las arcas públicas montada por políticos y empresarios del PP y el PSOE en ayuntamientos de la comunidad de Madrid.  La tristemente famosa frase de un ex ministro de Aznar, “Yo me he metido en política para forrarme” ya no hace gracia a nadie.  Pero según se observa a diario, han sido no pocos los que a lo largo de los últimos veinte años se han inspirado en ella para contribuir al saqueo y a desdibujar aún más la frontera entre el dinero público y los intereses privados.   De los 34 ministros de Aznar hay 22 implicados o “salpicados” (curioso eufemismo) por casos de corrupción.  El que fuera ministro de Economía de Aznar y Director del FMI, Rodrigo Rato, cuyas odiosas manipulaciones en Bankia (el mayor de los rescates bancarios en España) para provecho propio, le han valido la condena de todo el espectro político y le ha costado la militancia en el PP, actualmente se encuentra en libertad condicional tras pagar una fianza de €3 millones.

Según estudios de la Comisión Económica de la UE dados a conocer hace dos años, se calcula que países como España pueden ver cómo se esfuma hasta el 4% del PIB en las corruptelas de las que hablamos. ¿De qué hablamos?  Hablamos de €40.000 millones del PIB español que irían a parar a paraísos fiscales o a las consabidas cuentas suizas, andorranas, luxemburguesas, monaquesas o liechtenstianas.  Todos los años.  La cifra equivale a unas dos veces el importe de los recortes en Educación desde 2008, o a casi dos veces lo que costó el salvamento de la propia Bankia. Detrás de este reguero de robos institucionales queda una larga lista de infraestructuras sin utilizar, carreteras, aeropuertos, centros culturales y deportivos, gigantescas y burbujeantes operaciones inmobiliarias, instalaciones portuarias, museos, estadios y estatuas erigidas a la megalomanía de caciques de la mafia política, miles de millones de dinero público malgastados o esfumados sin que ninguno de los responsables políticos haya acabado en la cárcel.  El caso más notorio es el de Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, del PP, que después de construir un aeropuerto de más de €150 millones del que jamás ha despegado un solo avión, y de participar en numerosas operaciones fraudulentas ya probadas, ha sido finalmente condenado a cuatro años de cárcel, aunque por algún caprichoso resquicio sigue libre porque sus abogados dicen estar pendientes de la resolución del indulto que han pedido al gobierno y, por lo tanto, ¡la pena ha dejado de ser firme mientras dure la espera!

El inventario de la casuística de la corrupción llenaría varias páginas con información que está al alcance de todo el mundo.  Entonces, teniendo presente ese inventario, merece la pena preguntarse qué ha pasado.  ¿Qué ha ocurrido para que cada día los españoles nos despertemos con una nueva edición de la corrupción, barridos por los efluvios de las cloacas descubiertas día a día que vuelven el aire irrespirable?  ¿Desde cuándo dura esto? ¿Cómo han podido perpetrarse y perpetuarse robos de estas dimensiones sin que nadie antes haya alzado la voz?  La respuesta, como en muchos otros casos, se encuentra en la historia no tan lejana de los españoles, aunque algunas raíces se remontan a épocas más pretéritas, como el siglo XVIII.  En efecto, la figura del cacique, que tiene siglos de antigüedad, se ha heredado a lo largo del tiempo para acabar hoy en día encarnada en figuras como Carlos Fabra, Jaume Mattas o Gerardo Díaz, ex presidente de la patronal española, hoy día preso por un paquete de causas por desvío y malversación de fondos.  Son figuras que vienen de la noche de los tiempos.  La bonhomía de la que estos caciques modernos hacen gala entre sus súbditos, que muchas veces los han vuelto a votar a sabiendas de que están imputados por graves delitos, la calidad de hombre extraordinario que está por encima de la ley, con la camisa arremangada, siempre dispuesto a coger una pala o a repartir puñetazos si se tercia la ocasión, los convierte, de hecho, en figuras intocables para el pueblo llano, y con esa soberbia que concede la popularidad al chulo del pueblo se han comportado ante los medios de comunicación, ante sus opositores y ante la propia justicia.

De un pasado más reciente llamado franquismo, se ha heredado la figura del político como un personaje que no rinde cuentas a nadie, y cuyos estrechos vínculos con las grandes empresas y corporaciones del sector privado nunca han sido cuestionados.  La llamada puerta giratoria, que permite el paso sin solución de continuidad de los salones del Congreso a las juntas directivas de grandes corporaciones (los llamados “fichajes”) y de vuelta al Congreso o al Ejecutivo, ha sido la puerta por donde se ha colado la moral empresarial privada en la ética política y ha hecho de ésta una subsidiaria de sus intereses.  En la empresa privada, todo está permitido, y todas las armas son buenas para hincar el diente en un nicho de mercado.  La moralidad no tiene nada que ver con los balances, y el dinero nada que ver con la condición humana.  En la política no siempre ocurre lo mismo, o no debería ocurrir.  En ese bicho híbrido parido entre el ir y venir entre los pasillos del Congreso y los palacetes de las grandes empresas se han reunido las peores cualidades del político, un hombre/mujer que está constantemente revisando cómo crece su cuenta corriente en lugar de atender al cargo de servicio público para el que fue designado o elegido.  La complicidad entre ambas esferas ha llegado a ser de tal envergadura que a punto ha estado de engullir al propio Estado, con todas sus endebles instituciones.  A punto ha estado de engullir al Estado, pero entonces se ha desatado la reacción popular.

Gracias a las investigaciones y denuncias de los medios de comunicación (las comisiones oficiales de investigación nunca han ido muy lejos en este país, y menos aún en esta última legislatura, con un PP que las ha bloqueado sistemáticamente con su mayoría absoluta) y de unos pocos ciudadanos (los whistleblowers) que se han atrevido a denunciar operaciones fraudulentas en sus entornos locales, se ha empezado a tirar de los hilos.  Aquellos hilos han llevado a destapar gigantescas operaciones de malversación de fondos públicos, cohechos, desfalcos, prevaricación, fraudes de toda calaña, hasta convertirse en enormes madejas que han puesto a trabajar a centenares de funcionarios de Hacienda y de Justicia para investigar cómo llegar al núcleo duro sin destrozar las innumerables pistas.

Entre tanto, el movimiento del 15M, que nació en 2011 como respuesta de los ciudadanos indignados a la corrupción y a las duras políticas que amenazaban el Estado de bienestar en todos sus flancos, fue una de las primeras semillas de la reacción ciudadana, y la más importante de las últimas décadas.  El movimiento del 15M denunció el cada vez más escandaloso maridaje entre política y dinero, así como la escandalosa coincidencia entre el discurso de las grandes empresas y los discursos de sus representantes en el Parlamento, y exigió por primera vez desde una amplia base social la renovación de esta viciada democracia.  Ante la indiferencia, cuando no ante la feroz represión que el gobierno de Rajoy desató contra ellos y cuya peor y más fascistoide  expresión es la llamada Ley Mordaza, ese movimiento de indignados, que fue acogido en toda España con réplicas que demandaban la misma limpieza y transparencia en todas partes, desde los sindicatos hasta las escuelas, se convirtió en lo que ha venido en llamarse un movimiento de cabreados y, alimentado por la hoguera de las corruptelas y el indigno ninguneo, en movimiento de iracundos.

En el plano partidario institucional, la indignación y el cabreo se plasmó en una criatura que nació dotada de una enorme robustez, llamada Podemos.  De la noche a la mañana Podemos revolvió de tal manera las aguas de la política de sofá de toda la vida, que sus sucesivas mareas empezaron a provocar el pánico en las filas de los partidos tradicionales, léase PP y PSOE.  Estos dos partidos, que se han repartido la torta del poder y los millones durante los últimos cuarenta años, y que han cercado el campo de la política a su guisa y en toda impunidad, a la manera de cualquier bipartidismo cuasidictatorial tradicional, una modalidad bien conocida en América Latina, empezaron a revisar sus estatutos al tiempo que se deshacían de pruebas inculpatorias y de personajes corruptos demasiado incómodos.  A la zaga de lo que la sociedad entera venía pidiendo desde hacía años, empezaron a adoptar políticas de cierta transparencia y a volverse más rigurosos con sus militantes imputados por corrupción.  Pero todavía ajenos al contenido de esa ira ciudadana, pensando que todavía tenían el timón bien cogido, se han dado cuenta del peligro inminente justo antes de que alguien pida la palabra en la plaza pública y exija sus cabezas como compensación.  Entre tanto, la formación Podemos ha ido ganando en esa famosa “intención de voto” a una velocidad nunca vista, hasta situarse, según las últimas encuestas, como primera fuerza política del país.  No se puede negar que ante la tsunación se ha movilizado una marea aún más poderosa, alimentada por esa ira que hasta ahora no había encontrado cauces de expresión.   Con agilidad y con astucia política, con inteligencia y un conocimiento correspondiente del rol que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la política moderna, con un lenguaje claro y nada indulgente para con las numerosas tramas corruptas, Podemos ha sabido situarse en el corazón de esa marea, ha sabido interpretarla y ha sabido liderarla.  Esa famosa intención de voto de los ciudadanos ahora los ha encumbrado hasta un lugar que ni la casta ni los partidos tradicionales pueden ignorar.  Su irrupción en la casa inmunda de la política española ha suscitado todo tipo de respuestas de los partidos “institucionales”, desde la campaña de terror de la derecha, que vuelve a esgrimir el fantasma del comunismo, ahora curiosamente llamado chavismo, hasta las filas desordenadas del PSOE que los tratan de populistas sin consistencia, de aprendices de brujo y otras lindezas dialécticas por el estilo.  Puede que en los primeros pasos que Podemos está dando para dotarse de una estructura que pueda encajar el reto de gobernar el país –quizá en el plazo de un año- se hayan observado disensiones de uno u otro signo.  Sería raro que esa estructura naciera de la noche a la mañana sin imperfecciones, como ha sucedido con muchas otras formaciones que se autodenominan partidos y cuyo paso por la política regional y nacional ha sido tan intrascendente como meteórico.  Más raro es encontrarse ahora, 25 años después de la caída del Muro, cuando la guerra fría de entonces no vale más que una castañada, con que la voluntad de cambio, de rechazo de la corrupción generalizada y de regeneración democrática que desea la abrumadora mayoría de l@s español@s sea tachada de comunista o, en su defecto, de chavista-bolivarista.  Con ese reflejo innato de desacreditar lo nuevo poniéndole apellidos de lo viejo como si lo viejo de por sí fuera motivo de escarnio, se demuestra que la derecha española del PSOE-PP, como hicieron otros en páginas más negras de la historia de España, vuelve a querer alejar de sí la funesta manía de pensar.

©  Alberto Magnet

Barcelona