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Crónica desde el juicio oral en Cañete 

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Resulta
difícil o más bien imposible para mí dar una cuenta precisa del universo que
estructura al pueblo mapuche (como el de cada uno de los pueblos originarios)
porque su cosmovisión obedece a una historia que tiene una densidad propia,
imposible de ser reducida a los paradigmas -digamos- chilenos. Una
especificidad que hoy mismo se repiensa y se repiensa porque los propios
especialistas mapuche se han volcado a establecer, en las últimas décadas,
nuevas pautas de interpretación a su propia historia. Pautas que modifican las
lecturas provenientes de la academia nacional. De hecho (sólo para indicar un
cambio microscópico) ya no se habla de "mapuches" (para nombrar el plural) sino
de "mapuche" siguiendo la organización de la lengua mapudungun.

Pero sí es
posible referirse a los dramáticos efectos contemporáneos de la dominación que
el Estado y los poderes fácticos han ejercido, material y simbólicamente, sobre
los distintos pueblos originarios. Y se puede comprobar cómo se han seguido inoculando
terribles prejuicios en la población chilena que se han traducido en
marginaciones, cuando no escarnio en torno a sus costumbres y figuras. De
hecho, el pilar que estructura al mundo occidental es el binarismo (alto/bajo,
blanco/negro, bueno/malo, por ejemplo) donde uno de los polos se pone sobre el
otro y así se produce una inevitable jerarquización que se legitima amparada en
la síntesis: superior/inferior.

Esa misma
síntesis, fundada en la segregación, organiza a los imaginarios sociales que reproducen,
de esa manera, no sólo controles y estructuras de dominación sino también
colaboran con los poderes conservadores. Unos poderes que se sostienen, en
parte, gracias a las marginaciones, algunas veces ejercidas por los propios
marginados, hacia sectores sociales que les resultan ininteligibles,
amenazantes o problemáticos. El pueblo mapuche, ante la incomprensión que
provoca su cultura, ha formado parte, en los imaginarios chilenos, del polo
signado por la inferioridad. Su devenir ha estado marcado por el riesgo de la
inexistencia cultural, una inexistencia cursada a través de la omisión y del
paternalismo, heredado del modelo de la hacienda, pero también por los intentos
de asimilación (fundamentalmente proveniente por los pensamientos de centro y de
izquierda). En cada uno de los casos, las diversas actitudes redundan en un
evidente proceso de marginalización de todas sus experiencias sociales.

Sin embargo,
la implementación voraz del hípercapitalismo ha re-puesto a nivel global la
prolongada (y épica) resistencia de los pueblos originarios frente a las
ocupaciones territoriales, en la medida que la expansión del capital se
sustenta en la depredación ambiental y necesita de la expropiación de los
territorios asignados a las diferentes comunidades. Y en este nuevo y poderoso
embate contra los pueblos originarios -para removerlos una vez más de sus
tierras- el pueblo mapuche no ha cesado de protestar y protegerse ante esta
nueva forma de invasión masiva, ahora por parte de las grandes empresas privadas
nacionales y trasnacionales. Una invasión implacable que se funda en la
exaltación de la compra o en el desalojo (con la complicidad del Estado
chileno) de sus tierras para establecer allí mega industrias que ya han
producido daños irrecuperables tanto para la salud de los habitantes como
también la destrucción irreversible de la flora y de la fauna.

No resulta
majadero insistir en que fue el Estado chileno y no la corona española quien
consolidó el control territorial sobre el pueblo mapuche. Lo hizo mediante el
terrible y destructivo proceso conocido como "La pacificación de la Araucanía", realizado
recién en la segunda mitad del siglo XIX. Hay que recordar -siempre y con toda
claridad- que fue el Estado chileno el que despojó a este pueblo de sus tierras
e instauró el concepto (elocuente) de "Reducciones" para establecer, con ese
término, las nuevas y estrechas fronteras que iban a contener (y a dominar) a
todo un pueblo. Ese mismo pueblo que había combatido (e impedido) por siglos
(con una perseverancia alucinante) una de las invasiones más sangrientas y
letales de la historia de la humanidad, como fue la que realizó el imperio
español en contra de los pueblos originarios. La República chilena
entonces fue la responsable -a fines del siglo XIX- de apoderarse de los
territorios sureños para satisfacer así la expansión del latifundio que se
erigió sobre las posesiones ancestrales del pueblo mapuche, quiero decir un
latifundio cursado literalmente encima de sus tierras.

Hoy, en los
albores del siglo XXI, el escenario del latifundio en los territorios
ancestrales mapuches ha cedido paso a las industrias, fundamentalmente mineras,
energéticas y forestales. Aunque el pueblo mapuche está marcado por su
pertenencia a las geografías sureñas y pese a que comparte sus ritos y demandas
por tierras, como todo pueblo está fragmentado y hasta dividido. Estas
divisiones se alojan en la diversidad de convicciones y posiciones de sus
líderes, pero también deben ser leídas como los útiles procesos de separación,
estimulados por los poderes estatales, políticos y económicos, para favorecer
así los designios de las elites dominantes. No puede existir, en el contexto
que vive hoy este pueblo, más que una tensión permanente entre las empresas, el
Estado chileno y el conjunto del pueblo mapuche. Existe allí un nudo (ciego)
que sólo una política avanzada de restitución, realizada con los dirigentes de
las comunidades, podría aminorar pero, a la vez, es precisamente el territorio
pleno de recursos naturales, lo que augura que los conflictos no van a cesar,
al revés, la expansión tecnológica e industrial en la zona presagia más y más
rebeldía y más y más castigos para los líderes.

La cárcel de Lebu

No resulta
simple ingresar a una cárcel para realizar una única visita, la misma que hicimos
un pequeño grupo de personas a la prisión de Lebu. En parte porque la libertad
(al menos de desplazamiento) adquiere una alta resonancia, porque el visitante
(yo misma) se va, sale de allí, y en ese sentido su salida (la mía) profundiza
la reclusión del otro, de los otros. Los comuneros presos reclaman para sí el
estatuto de presos políticos. Pero, más allá del reconocimiento oficial (que
desde luego no se les ha asignado), son presos políticos. Así lo entienden
(vagamente) las autoridades en general y particularmente los gendarmes que los
custodian, quienes mantienen un protocolo especial de atención hacia ellos:
deferencia o quizás cautela, no sé.

Héctor
Llaitul, uno de los líderes de la
CAM (Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco-Malleco
formada en 1998), piensa que habría que contar con una cárcel especial para los
comuneros presos, un espacio de reclusión singular que, desde el reconocimiento
de la especificidad mapuche, permitiera implementar, en el interior de la
prisión, sus prácticas culturales. Se refiere especialmente al acceso a la
tierra, para incorporar en la reclusión la cultura que los define, para cursar
desde dentro sus identidades. De hecho, en la cárcel de El Manzano, en la
ciudad de Concepción donde estaban encarcelados antes, consiguieron el acceso a
una porción de tierra y allí plantaron dos canelos (el árbol sagrado de los
mapuche) que luego del traslado a Lebu fueron destruidos por los gendarmes. La
joven y vivaz compañera de uno de los comuneros presos, me dijo, dos días después
de la visita, que los gendarmes que habían sacado los canelos iban a
experimentar terribles padecimientos por haber profanado el universo sagrado
mapuche.

Una cárcel
mapuche porque las detenciones van a seguir, así lo piensa Héctor Llaitul, no
sólo porque el Estado chileno cuenta con la más alta tasa de presos políticos
pertenecientes a pueblos originarios, sino porque la movilización por la
recuperación de tierras no tiene retorno. Pero Héctor Llaitul también piensa
que la prisión a la que son sometidos y las condenas que piden los fiscales
mediante el doble juicio de cortes civiles y militares -más de un siglo de
cárcel para Llaitul- representan una forma de amedrentamiento a todas las
comunidades mapuche, para impedir que más comuneros se sumen al proyecto de
restitución.

Piensa también
Héctor Llaitul que el Estado chileno está enteramente coludido con las empresas
y, en ese sentido, la ley antiterrorista es nada más que un simulacro de
criminalidad que se ejerce contra ellos para encubrir la ávida expansión
capitalista que se ha dejado caer sobre sus tierras. Héctor Llaitul piensa que
la ley antiterrorista en realidad fue aplicada sólo con la finalidad de
contener al pueblo mapuche y su puesta en marcha, en otros casos (anarquistas,
okupas) es sólo una mera retórica. La ley antiterrorista, insiste Llaitul, está
concebida en contra del pueblo mapuche y está allí para permitir los avances de
los intereses financieros que se parapetan tras esa ley. Héctor Llaitul piensa
-para decirlo de alguna manera- "territorialmente", en ese sentido, los mapuche
que viven en Santiago, según él, deberían volver a sus tierras porque sólo allí
se despliega la identidad. Él piensa que la migración hacia Santiago es un
exilio que debe terminar. Héctor Llaitul ve la causa que encabeza, ligada
enteramente a prácticas de salvataje medioambiental, dice que nadie mejor que
ellos representarían esa postura en la medida que la relación con el cuidado de
la naturaleza es parte constitutiva del ser mapuche.

Héctor Llaitul
define su movimiento (CAM) como una práctica política de recuperación de
tierras que se realiza fuera del Estado, su postura, dice, es anticapitalista
porque el capitalismo atenta contra la cultura integral del pueblo mapuche.
Mientras Héctor Llaitul habla, su hijo menor va y viene, las guaguas pasan de
brazo en brazo. Un joven comunero se comunica con su hija de meses. La vocera
del movimiento, Natividad Llanquileo, despliega su extraordinario carisma. En
Natividad Llanquileo, la inteligente y perspicaz joven, se puede advertir el
tiempo de una dirigencia activa que va a marcar todo su porvenir. Dos días
después veré a Natividad hablando en mapudungun con su madre. Me presentará a
su mamá quien me hablará en mapudungun. No entenderé sus palabras. Los
familiares de los presos dicen que los carabineros y los detectives estudian
mapudungun para espiarlos, que muchos de ellos están aprendiendo la lengua,
dicen que asisten a clases en la Universidad.

Los familiares
tienen dificultad para visitar a los presos, el dinero no les alcanza para el
transporte, es difícil, dicen. Están completamente concentrados en los
pormenores del juicio, hablan de montajes, recalcan la prisión preventiva nada
menos que de un año y ocho meses, se refieren a las torturas, abominan de los testigos
protegidos, se quejan por la suma de incoherencias jurídicas y se ríen también
de algunas de las tesis que sustentan los policías, les causa risa la cantidad
de errores que cometen.

El juicio en Cañete

Comparece como
testigo de la fiscalía un miembro de la Policía de investigaciones, PDI. El primer día.
Es el primer día que asisto al juicio en la ciudad de Cañete. El testigo, un
joven fornido policía, ha sido uno de los encargados de interpretar las
llamadas entre los comuneros y el comprador de madera para configurar el delito
de robo. Dice que forma parte de un equipo de trabajo, ese equipo que ha
grabado y grabado un porcentaje inaudito de llamadas telefónicas. Cuando lo
interrogan los defensores de los comuneros, no consigue esconder su molestia.
Por su parte, los fiscales interrumpen con tecnicismos cada una de las
preguntas de la defensa, sin cesar. Una interrupción y otra.

"Qué tenís que
hacer mañana tú", se escucha en una grabación entre el supuesto cargador de
madera y el supuesto comprador. En todas las conversaciones que se exhiben
durante esas horas, nunca se habla de manera directa (quiero decir, clarito
como el agua), son hablas fragmentarias, que no incriminan. Me parece que el
análisis es completamente conjetural cuando el detective explica los alcances
de la conversación. Yo no soy una especialista, pero sí pienso que aunque se
hubiese robado madera, las conversaciones grabadas no prueban en ningún punto
el robo, porque las interpretaciones del detective poco o nada tienen que ver
con el contenido material de las conversaciones.

Los abogados
defensores trabajan prácticamente gratis, vienen de Concepción a colaborar en
este largo juicio, viven en Cañete la mayor parte de la semana. El defensor
público demuestra, con sus intervenciones, un alto grado de preparación. Lo
hace bien, pienso. Llegan Lonkos y llegan guaguas con sus jóvenes madres y se
ubican en el espacio asignado. Cuando ven a las guaguas, los comuneros que
están dentro de una oficina vidriada cambian completamente su actitud (en
general distante) y le hacen señas a las guaguas con afecto. Después vuelven a
su condición. Los dos días del juicio (los dos días a los que asisto con una
credencial que me otorga The Clinic) me provocan alarma, en parte porque las
intervenciones de teléfonos son impactantes. Incluso está intervenido el
teléfono de una niña de trece años. No dejo de pensar cuántos teléfonos están
intervenidos en el país, cuántos.

Los detectives
que comparecen pertenecen a los servicios de inteligencia, han espiado a los
comuneros. Materialmente los espiaron. También analizan datos. Las comunidades
han sido allanadas con una violencia inusitada, malvada, cuentan los
familiares. Se llevan todo, dicen. Los habitantes de las comunidades están
asustados. En una de las grabaciones telefónicas se escucha claramente ¿a
Llaitul? decir: "están entrando a las comunidades". El detective declara que
vio a un grupo de comuneros encapuchados y armados vigilando la sustracción de
madera, le pregunta el fiscal que quiénes serían esas personas, el detective
contesta: "todos los que están acá", más adelante se retracta y dice: "algunos
de los que están acá". Me pregunto cómo los reconoció a través de la capucha.
Pero es un detalle, pienso, no vale la pena pensar, pienso.

En los
recesos, los familiares y concurrentes conversan, Natividad Llanquileo revisa
insistentemente su celular (debe estar intervenido, pienso), dice que viajará a
Santiago. Más tarde la veo brevemente en la casa de una querida amiga mía donde
tomamos once. Se va a Santiago, Natividad, para participar en una reunión con
el flamante Arzobispo Ezzati. Los familiares, los abogados dicen que los
comuneros se sienten abandonados, ausentes de toda atención de la opinión
pública, dicen que después de la prolongada huelga de hambre se produjo un
vacío. Hablan de soledad.

Los abogados,
los familiares, especulan que el juicio deberá resolverse los últimos días de
enero, que a finales de enero, después de los alegatos, los jueces van a
fallar. Los familiares y un activista francés que ha presenciado todo el juicio
piensan que van a condenar a Llaitul y a uno de los hermanos Llanquileo, que
ese es el objetivo mayor del juicio. Lo que consideran más aberrante y
angustioso es que han sido juzgados bajo una doble condición: justicia militar
y justicia civil, simultáneamente, condición de la ley antiterrorista, con
muchos testigos encapuchados y, pese a que la ley, después de la prolongada
huelga de hambre que mantuvieron, fue recaratulada y se les juzgaría sólo bajo
los presupuestos de la justicia civil, para ellos, el juicio que va a alcanzar
un dictamen en unos días conservó la estructura de la ley antiterrorista y, por
lo tanto, está viciado. (Jurídicamente la figura es más compleja, pero aquí
establezco sólo una aproximación).  Las acusaciones que rondan a los
comuneros son múltiples: asociación ilícita, ataques a carabineros, ataque a un
fiscal, porte ilegal de armas, robo de madera, entre otros cargos.

Mientras
escribo estas notas pienso que cuando se publiquen, posiblemente ya habrá salido
la resolución de los jueces y no puedo dejar de recordar, ahora mismo, que
cuando estaba sentada, tras la sala vidriada, en un espacio adyacente, oyendo
las escuchas y, mientras oía a los detectives hablar de la madera, de la
madera, de la madera que le habría sido robada a la gran empresa forestal, me
dieron ganas de pararme de mi asiento. Sí, me hubiese gustado quebrar el
protocolo, entrar a la sala, acercarme al presidente del tribunal y de manera
tranquila, pero segura, recordarle el famoso (y sabio) refrán que dice: "el que
le roba a un ladrón tiene cien años de perdón". Por supuesto se trató de una
imagen. Poderosa. Sincera. Volvimos a Santiago.
11 / 02 / 11


*Fuente: Azkintuwe

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