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Las inconveniencias de una AFP estatal 

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PREÁMBULO

La proposición de instalar una administradora de fondos previsionales (AFP) estatal, como forma de regular la actividad de las demás, tiene una importancia crucial que no se limita solamente a los aspectos políticos o económicos del problema; por el contrario: se trata de un asunto del más alto interés tanto para los movimientos sociales como para los directamente interesados que son los trabajadores o imponentes y los beneficiarios o pensionados. Pero afecta de igual modo a las instituciones de defensa de los derechos humanos; especialmente a quienes, como muchos de nosotros, pertenecemos a la organización que creara Clotario Blest en 1970 y que pervive bajo el nombre de Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS. La creación de una AFP estatal pone, paradojalmente, en entredicho algunos de los principios que informan a la institución de la cual formamos parte. A eso nos referiremos en el desarrollo de este análisis.

UNA BREVE DISTINCIÓN ENTRE EL SISTEMA ANTIGUO Y EL NUEVO

Existen profundas diferencias entre el sistema previsional que regía en Chile hasta 1978 y el que se instauró a partir de esa fecha. Esas diferencias podrían, por sí solas, llenar las páginas de un libro; no son, sin embargo, importantes para los efectos de este análisis. En verdad, interesa destacar solamente una que nos parece del más alto interés: el sistema antiguo que rigió en Chile hasta 1978 se denominó ‘de solidaridad’. Estaba basado en el ahorro que los cotizantes y sus patrones entregaban mes a mes a una Caja de Previsión cuya administración era entregada a un directorio integrado por aquellos, en forma paritaria, y un representante del Estado. A diferencia del anterior, el nuevo sistema se organizó sobre la base de quitar la administración de los fondos previsionales a quienes desempeñaban dicha función (trabajadores, patrones y Estado) para entregarlos a una organización (AFP) de carácter privado que los coloca en el mercado a fin de obtener con ellos la más alta rentabilidad para financiar las pensiones. Así el sistema pasó, de ser solidario y autogobernado, a manifestarse en el carácter de competitivo y privado. Los propietarios fueron expropiados.

LOS ORÍGENES DE LA AFP ESTATAL

Es en medio de ese sistema nuevo, competitivo y privado, donde se inicia la tarea de la reforma. Y como parte de ella, la instauración de una AFP estatal que debería disputar a las otras la mejor administración del sistema.

La AFP estatal pareciera arrancar su historia tan sólo del Programa de Gobierno de Michelle Bachelet para su segundo período, que abarca desde el 11 de marzo de 2014 al 10 de marzo de 2018, pues ha sido una de las tantas soluciones que el equipo de técnicos de la mandataria busca dar a las fuertes presiones sociales que demandan la abolición sin límites al sistema previsional chileno ideado por la dictadura pinochetista. La referida solución, a pesar de lo dicho, no es nueva. Se remonta a algunos años atrás.

La idea de una AFP estatal estuvo siempre en la mente de los sectores concertacionistas como fórmula ideal para resolver los problemas de la previsión social. Incluso, hubo fuertes intentos de concretar esa idea durante el período anterior de la presidenta Michelle Bachelet, cuando uno de sus consejeros, el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco propuso hacerlo. El proyecto se llevaría a cabo al amparo del BancoEstado[1] a fin de ocupar el sistema de sucursales que dicha institución mantiene a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, no pudo concretarse. La posibilidad que la banca ingresase al sistema previsional lo hizo inviable; además, la propia banca fue un tenaz opositor al proyecto. Y no hay que olvidar que la banca es la fracción hegemónica dentro del Bloque en el Poder.

Pero los sectores concertacionistas siguieron insistiendo en esa forma de enfrentar los cambios al sistema previsional establecido por la dictadura; y esas insistencias alcanzaron tal magnitud que produjeron molestia en las esferas sindicales pues los trabajadores veían en esa maniobra el fin de todos sus anhelos de poner término al sistema diseñado por José Piñera en 1978. En octubre de 2013, cuando se volvió a reiterar la propuesta de una reforma previsional y, por ende, la AFP estatal, Jorge Consales Carvajal, primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, en una de las páginas del informativo electrónico de esa central sindical, se refería al tema señalando que

“[…] todas las propuestas y medidas señaladas, cargan la mano sobre los trabajadores y sus aportes. Sin embargo ninguna de ellas, elimina el núcleo principal del sistema: la capitalización individual y la especulación financiera”[2].

Y agregaba:

“[…] la creación de una eventual AFP estatal no constituye una solución de fondo, porque ésta debería funcionar en la lógica mercantilista y con las mismas reglas que las administradoras privadas […] tenemos el ejemplo de empresas estatales como BancoEstado entre otras, que no se diferencian de las empresas privadas de su rubro, ya que deben competir con éstas utilizando idéntica normativa y regulaciones”[3].

Con todo, no fueron los sectores opositores quienes inventaron esa extraña figura llamada ‘AFP estatal’ como podría suponerse; ni, en especial, los sectores concertacionistas. En realidad, la historia de la AFP estatal se remonta a los propios orígenes del sistema.

Cuenta José Piñera Echenique, economista, hermano del ex presidente de la República Sebastián Piñera, ex ministro de Economía de Augusto Pinochet y verdadero artífice de la expropiación de los fondos previsionales de los trabajadores para los efectos de su mercantilización, que a poco de elaborar el proyecto que daría origen a las Administradoras de Fondos Previsionales AFP, le preguntó el dictador acerca de la conveniencia de una AFP estatal.

“Recuerdo”,

señala Piñera, al respecto,

“la sesión en que Pinochet clamaba por una AFP estatal. Le aclaré que sería desastrosa”[4].

Así, pues, en sus orígenes, la AFP estatal no era una figura desconocida para los destructores del sistema de solidaridad. Por el contrario: la rigurosidad del modelo que se implantaba parecía hacer necesaria la introducción de un elemento anómalo a fin de suavizar y hacer menos dolorosa la medida adoptada lo que —puede parecer insólito—, preocupaba al dictador. Porque bien sabían sus mentores que estaban expropiando los fondos previsionales de todos los trabajadores del país para ponerlos al servicio del gran capital. Y un organismo dependiente del Estado, avocado a la administración de las pensiones, podría restituir la perdida confianza en el gobierno.

Esa historia de la AFP estatal era conocida por los demócratacristianos. Por eso, no debe extrañar que una de las primeras labores desarrolladas por la Consejo Asesor para la Reforma Previsional que, en 2008, bajo el primer gobierno de Bachelet, dirigía el economista demócratacristiano Mario Marcel, fuese abordar de inmediato el establecimiento de una AFP estatal. En dicho Consejo estuvo presente Fidel Miranda, hombre experto en temas previsionales y de confianza del propio Mario Marcel. Y así seguiría, vinculado a las veleidades del poder. Cuando se perfiló la llamada ‘Comisión Marcel’, Fidel Miranda se desempeñó como secretario ejecutivo de la misma; después coordinó los equipos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el diseño, negociación e implementación de la reforma.

LA COMISION ASESORA PRESIDENCIAL INICIA SU TRABAJO

No ha sido, pues, novedad la noticia de la implementación de una AFP estatal. El equipo de Bachelet contaba con los sujetos precisos, en los lugares precisos y en la época precisa para formular una presentación de esa naturaleza. Fidel Miranda pasó a desempeñarse sin mayores dificultades en el equipo previsional de la flamante nueva presidenta. No es novedad que así suceda: la Concertación ha tenido como característica central depositar su confianza en los técnicos. Más, aún, si los técnicos aquellos han formado parte del equipo de algún ex ministro. Es parte de la profunda desconfianza que la escena política nacional manifiesta hacia el sujeto corriente, el individuo común, y su entera entrega a los técnicos y especialistas. Fidel Miranda, como ya se ha dicho, era hombre de la confianza de Alberto Arenas, quien asumió el cargo de ministro de Hacienda en el nuevo período de Bachelet; hoy se desempeña como vínculo entre los equipos de Hacienda y Trabajo para la elaboración del nuevo proyecto de ley que le dará vida a la AFP estatal. Según Sergio Jara Román,

“En esa calidad de articulador, ha transitado en los últimos meses entre ambas reparticiones públicas, para coordinar detalles del proyecto, que también involucra a equipos de profesionales de la Presidencia, Secretaría General de la Presidencia y la Dipres”[5].

No ha sido por otro motivo que, apenas acallados los ecos del uno de mayo, expresara la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, que el proyecto de la AFP estatal se enviaría

“[…] antes del 19 de junio y tiene un foco específico como es asegurar cobertura a grupos que no son de atracción de las administradoras tradicionales”[6].

No por otra cosa cuando el miércoles 29 de mayo debió exponer el ministro de Hacienda Alberto Arenas sus puntos de vista como primer invitado a la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones, lo hizo en compañía de Fidel Miranda y no de otra persona, pues el técnico había sido asesor personal suyo durante el primer período de Bachelet[7].

Por lo mismo, no debía sorprender que Miranda tuviese un intenso ajetreo durante los últimos días de mayo intercambiando información y opiniones con el subsecretario del Trabajo, Mario Barraza. Y que el día jueves 30 de mayo haya aparecido, a las 17 horas, en el despacho de Javiera Blanco para entregarle el anteproyecto que había elaborado Hacienda[8].

CAMINANDO HACIA UNA AFP ESTATAL

Eliminada la posibilidad de establecer una AFP estatal al amparo del BancoEstado por las implicancias que dicha medida podría acarrear, los expertos del pacto Nueva Mayoría idearon una fórmula que incorporó a la Corporación de Fomento (CORFO) en las labores que, primitivamente, se habían concebido para el BancoEstado. Esta vez, para la realización de la reforma se aprovecharía la red que es empleada actualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS). De acuerdo a lo que expresan funcionarios de gobierno,

“[…] se vuelve a la idea de darle carácter de territorialidad nacional a la AFP estatal con el IPS, pero con una institucionalidad dada por Corfo”[9].

Así, y bajo tales respectos, pudo la presidenta Bachelet firmar el proyecto el día lunes 16 de junio de 2014, en una ceremonia realizada dentro de una de las salas de La Moneda, donde se recibió a la prensa. Allí estuvo acompañada del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. En el acto se dieron a conocer los principales delineamientos del proyecto que sería ingresado al Congreso al día siguiente, martes 17 de junio. Dichos lineamientos, entre otros, serían:

  1. Constitución.

La AFP estatal se constituiría como

“[…] una sociedad anónima, cuyo patrimonio se conformará con un 99% por aportes de CORFO y un 1% por dineros del Fisco”[10].

  1. Estatutos.

El Ministerio de Hacienda en conjunto con CORFO redactarán los Estatutos de la AFP en un plazo que no debe ir más allá de diez meses luego de la promulgación de su ley orgánica.

  1. Administración.

La administración de la entidad estará a cargo de un directorio de siete (7) miembros designados por el Presidente de la República, incluyendo a quien de aquellos la va a presidir. Cuatro de esos ejecutivos son propuestos por la CORFO.

  1. Funcionamiento.

La nueva entidad funcionará bajo

“[…] idénticas normativas financieras, contables y tributarias que todas las S.A.”

  1. Fiscalización de la entidad.

La nueva AFP estará fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, por la Superintendencia de Valores y Seguros, y por la Contraloría General de la República.

  1. Otros aspectos.

No existen antecedentes acerca del precio que cobrará la AFP a los cotizantes por administrar sus dineros y hasta es posible que ese cobro sea de cero pesos, pero se ha anunciado que la nueva AFP participará en los procesos de licitación de afiliados que se realiza cada dos años.

LOS PROBLEMAS QUE HA SUSCITADO LA REFORMA PREVISIONAL

Las reformas planteadas por el pacto ‘Nueva Mayoría’ no tienen otro origen que las demandas planteadas en las protestas sociales (en especial, las estudiantiles) que, desde 2006 a la fecha, conmueven a la nación chilena. Sin embargo, no representan con fidelidad las aspiraciones de esos movimientos sino la idea general que los informa. Porque el objetivo de un Gobierno generalmente no es dar íntegra satisfacción a las demandas planteadas, sino acomodar su contenido a las posibilidades políticas que tiene de poder llevar a cabo las reformas emprendidas con esa finalidad. Y si así ocurre con todo el programa de reformas de Bachelet, no tendría por qué ser diferente con la previsional. Queremos decir con ello que si las protestas, por ejemplo, consideraban necesario un cambio en el sistema institucional, Nueva Mayoría lo transmitiría como ‘reforma constitucional’; si las protestas pedían la formación de una ‘Asamblea Constituyente’, el pacto traducía esas aspiraciones en ‘asamblea constituyente hecha con expertos y dentro de los cauces institucionales’. No debe sorprender que la abolición del sistema de las AFP haya sido traducido así de triple manera: como ‘reforma previsional’, instalación de una AFP estatal y formación de una Comisión de Expertos.

Se explica así que la ‘transformación’ del sistema previsional no haya suscitado al gobierno de Bachelet menos problemas que el resto de las reformas emprendidas por la coalición gobernante. A una falta de participación escandalosa, por decir lo menos, de los directamente afectados por las reformas, se agrega una arrogancia sin límites de parte de los nuevos reformadores. Tal como se preveía en un comienzo, los mismos personajes que antes hicieron ‘la política dentro de lo posible’ vuelven hoy a las tablas políticas en gloria y majestad para reinar junto a Bachelet. Cuando no lo hacen directa y personalmente, son representados por una sucesión que han dejado previamente organizada y estatuida dentro de los círculos del poder. Gran parte de quienes se presentan como ‘savia joven’ o ‘nuevos dirigentes’ son funcionarios que aprendieron junto a sus mentores las veleidades del poder y la práctica de sus antecesores. Inútil sería pedirles innovaciones de verdad. En el caso de la reforma previsional, la situación no es diferente de la que se ha hecho manifiesta en otros ámbitos. La presidenta ha organizado un ‘grupo de expertos’ (seres superiores) que deberán pronunciarse sobre los problemas de los inexpertos (seres inferiores). En consecuencia, el dilema ha sido resuelto a la más pura y elaborada manera de ser pinochetista[11]. O, como lo expresa Ricardo Candia:

“Al final, se llega a lo de siempre. Da lo mismo por donde se aborde al cometido del gobierno de la Nueva Mayoría. Por el lado que se le busque sólo encontramos intenciones para modificar aquello que les permita perfeccionar lo ya existente”[12].

La Comisión encargada de dar una solución al problema de las pensiones ha sido organizada bajo el nombre de ‘Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones’; la integran 25 expertos y la dirige David Bravo, un economista; uno de esos individuos que Karl Marx calificara como ‘hombre de negocios empírico’ o ‘expresión científica del hombre de negocios’[13]. A esa Comisión, en donde no hay siquiera un pensionado ni tampoco un solo trabajador, sí se llamó a participar al ex ministro de la dictadura José Piñera Echeñique, quien se dio el lujo de rechazar la invitación y ofrecer su ayuda al Gobierno, indicando quecuando tenga propuestas concretas de ajuste al DL 3500

“[…] encantado les doy opinión como lo hice hoy”[14].

Y si alguien ingenuamente pudo pensar que irían a ser considerados para la realización de tan importante tarea los ‘expertos’ del nuevo integrante del pacto, agrupados en una corporación denominada Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA, los porfiados hechos, nuevamente, han puesto en entredicho semejante idea. Porque ninguno de ellos fue llamado. A pesar de la presencia manifiesta de su presidente en dicho pacto[15]. La carta pública que dirigiera en los primeros días de mayo a la presidenta Bachelet y que fuese firmada por Hugo Fazio, Manuel Riesco y Andrés Varela, trasunta esa tremenda decepción, cuando en una de sus partes expresa:

“Nos dirigimos respetuosamente a Ud., para manifestar públicamente nuestra preocupación, por la exclusión de nuestra institución de la recién conformada comisión de expertos para la reforma del sistema de AFP. Lo mismo ocurrió durante su primer mandato. Esta exclusión no obedece a falta de interés o insuficiente idoneidad de CENDA en la materia, las que son ampliamente reconocidas a nivel nacional e internacional”[16].

Y, agrega, a continuación:

“CENDA ha sido excluida porque ha llegado a la conclusión que hay que terminar con el sistema de AFP. Ha demostrado que este legado de la dictadura es la causa principal de las bajas e inciertas pensiones, discriminación contra las mujeres y otros problemas que afectan a los jubilados. Asimismo, constituye uno de los orígenes de la injusta distribución del ingreso. Al mismo tiempo, ha comprobado la viabilidad de reconstruir el sistema público basado en el esquema de reparto, medida que permitiría duplicar ahora las pensiones, al mismo tiempo que liberar cuantiosos recursos fiscales”[17].

CONSECUENCIAS DE INSTAURAR UNA AFP ESTATAL

La falta de participación de los verdaderos actores sociales en la solución del problema no es la única falencia que puede anotarse en este escabroso viaje emprendido por el pacto ‘Nueva Mayoría’ en su afán de instalar una AFP estatal a manera de reforma previsional. Se pueden anotar otros análisis.

El primero de ellos proviene del propio mentor del sistema, el ex ministro de la dictadura José Piñera Echeñique para quien la creación de una AFP estatal para dar competitividad al sistema es un

“[…] placebo para trabajadores confundidos por la demagogia de la izquierda y la debilidad de la derecha en este tema”[18].

Junto con admirarse por lo que considera un ‘reconocimiento’ a la vigencia y al éxito de un sistema como el instituido por él, celebra que el Estado de Chile se juegue por

“‘[…] crear una AFP’ tras 34 años de su creación”[19].

De acuerdo con lo expresado por Piñera en su cuenta Twitter,

“[…] creando AFP del Estado bajo DL 3.500, Pdta Bachelet revalida (el) sistema, como lo hizo 2008 al obligar a 1M de indep. a tener AFP”[20].

El segundo proviene de personajes vinculados al mundo académico. Uno de ellos pone en duda la afirmación que hiciera Michelle Bachelet el 21 de mayo recién pasado según la cual una AFP estatal tendría como finalidad

“[…] disminuir los costos de administración que pagan los cotizantes en una industria altamente concentrada […].”

En efecto, el economista Francisco Garrido, columnista de ‘Cientoochenta’, afirma que la propuesta de una AFP estatal se sustenta en dos mitos, a saber, a) que la organización, al no perseguir fines de lucro, ofrecería servicios a un precio menor; y b) que la AFP estatal no tiene otros intereses que no sean ofrecer un buen servicio[21].

Con prescindencia de las opiniones ya enunciadas, no deja de ser notable la circunstancia que no exista obstáculo o crítica alguna al proyecto, proveniente de los sectores de la banca, del comercio ni de la industria, y que las propias AFP no sólo hayan comenzado una frenética carrera por ajustar sus comisiones a un nivel bastante más bajo al que mantenían hasta hace pocos meses atrás, sino a establecer nuevas innovaciones, como si advirtiesen de antemano la inminencia del cambio. El cambio de presidente de la Asociación de AFP (Guillermo Arthur por Rodrigo Pérez) es un síntoma. También lo es el documento de 20 medidas presentado por este último a la Comisión creada por la presienta Bachelet que, entre otras cosas

“[…] incluye una propuesta respecto a que los cotizantes puedan aplazar la edad de jubilación, que no se cobre comisión durante los años que se postergue y elevar la tasa de cotizaciones de los trabajadores con cargo a los empleadores”[22].

Las críticas más fuertes provienen del sector de trabajadores y pensionados, a quienes poco o nada interesa una AFP estatal, sino la abolición del sistema instaurado por la dictadura y su reemplazo por un sistema de solidaridad igual o similar al que existía hasta antes de 1978.

NUESTRA POSICIÓN COMO CODEHS

La instalación de una AFP estatal puede ser criticada desde numerosos puntos de vista. Por una parte, y ésta podría ser la primera crítica, que con la sola ejecución de esa medida se pretende dar por consumada todo lo que ha dado en llamarse ‘reforma previsional’. Así, la más ambiciosa de las aspiraciones expresada en las movilizaciones sociales, cual es la íntegra abolición del sistema de las AFP y su sustitución por un modelo más solidario o al menos similar al que existía hasta antes de 1978, se posterga, políticamente, hasta que ‘vengan tiempos mejores’. Pero eso no es todo. La creación de una AFP estatal no sólo echa por tierra los intentos de las grandes mayorías nacionales por abrogar la obra de José Piñera; tampoco la debilita. Por el contrario, la robustece. Consolida los principios que hicieron posible la expropiación de los dineros previsionales de los trabajadores. Hace ilusorio cualquier otro intento por acabar con ella, aseveración que llena de regocijo precisamente a su creador y a la cual nos habíamos referido en otro de nuestros documentos.

La creación de una AFP estatal no ha sido, además, obra de los directamente implicados, es decir, trabajadores y pensionados, sino de un selecto grupo de individuos nombrados por la presidenta, que asumen, en nombre y representación de aquellos, la labor de determinar lo que debe convenirles. Es más: en dicha Comisión no sólo se impidió la presencia de sindicalistas y dirigentes de los jubilados, sino se invitó y pidió la opinión de personajes vinculados a la Concertación y al propio organizador del sistema de expropiación de los fondos previsionales.

Sin embargo, todas esas anomalías quedan pálidas frente a otro hecho importante y que toca fundamentalmente a la organización a la que pertenecemos: el CODEHS.

En efecto, en las numerosas discusiones habidas entre los miembros de dicha organización a objeto de fijar los principios que han de regirla, ha ocupado un lugar preponderante el debate acerca de los principios de cooperación y de solidaridad, pilares sobre los cuales debería asentarse su funcionamiento. El CODEHS, por un problema de principios, no podría apoyar ni reforzar los intentos de establecer la competencia como forma de vida entre los seres humanos que es lo que conlleva el establecimiento de una AFP estatal. Por el contrario: debería levantar su voz autorizada para denunciar que, una vez más, a través de intentos como el de instaurar semejante instituto y aceptar la competencia como principio rector en las relaciones humanas de nuestra sociedad, se atropellen los principios de solidaridad y cooperación entre los chilenos, que son los que orientan las labores de nuestro organismo.

Porque el sistema de las AFP se creó (idealmente) para competir entre ellas por captar mayor clientela (cotizantes), lo que no existía en el régimen anterior que agrupaba a los trabajadores por sector y que no necesitaban competir entre sí. La AFP estatal se organiza sobre la base de competir con las demás AFP por mejores condiciones que beneficien a los trabajadores, lo que implica estatuir la competencia y reforzar su práctica bajo la excusa de aumentar los beneficios previsionales. Y eso es inaceptable.

La práctica ha enseñado que la competencia es una ley de la naturaleza que ha de regir siempre y cuando las bases sobre las cuales opera la cooperación hayan sido destruidas casual o voluntariamente por un agente que puede ser la naturaleza o los seres humanos. Si esas bases continúan vigentes, es la cooperación (y su inevitable compañera, la solidaridad) el principio que debe regir las relaciones humanas. Y es en ese sentido que nos parece estar interpretando con mayor fidelidad los principios que defendiera nuestro presidente Clotario Blest cuando estaba vivo y que son hoy las demandas que han hecho suya los movimientos sociales que desde 2006 vienen conmoviendo las relaciones entre los habitantes de esa nación.

Estocolmo, julio de 2014

Notas:

[1] El Banco del Estado de Chile cambió de nombre a BancoEstado bajo la presidencia del socialista y ex MAPU Jaime Estévez quien gastó la astronómica suma de tres mil millones de pesos para darse ese gusto (aproximadamente 700 millones de dólares, cuando el dólar estaba cerca de cuatrocientos treinta pesos).

[2] Consales Carvajal, Jorge: “Una AFP estatal no soluciona el fracaso del sistema”, Boletín de la ANEF, octubre de 2013.

[3] Consales Carvajal, Jorge: Id.(2).

[4] Redacción: “José Piñera considera AFP estatal de Bachelet […]”, ‘El Mostrador’, 21 de junio de 2014.

[5] Jara Román, Sergio: “Las claves de la AFP estatal”, ‘La Tercera’, 30 de mayo de 2014, edición digital.

[6]Redacción: “Javiera Blanco: ‘Pensión no puede ser un tercio del sueldo en vida activa’”, ‘El Mostrador’, 05 de mayo de 2014.

[7]Jara Román, Sergio: Id. (5).

[8] Jara Román, Sergio: Id. (5).

[9] Jara Román, Sergio: Id. (5).

[10]Arroyo A., Cecilia: “CORFO aportará el 99% del patrimonio de nueva AFP estatal”, ‘El Mercurio’, 17 de junio de 2014, pág. B-5.

[11]Pinochet siempre sostuvo que la población chilena debía llegar a la mayoría de edad para poder valerse por sí misma. Ese mesianismo pinochetista de profunda desconfianza en la capacidad de la población para autogobernarse supervive hoy en la generalidad de los políticos chilenos.

[12] Candia, Ricardo: “”, ‘Punto Final’, N° 807, 27 junio 2014.

[13] Véase de Karl Marx sus repetidas intervenciones acerca de lo que es el economista en su obra ‘Manuscritos filosóficos y económicos’.

[14] Redacción: “José Piñera considera AFP estatal como un […]”. ‘El Mostrador’, 21 de junio de 2014.

[15] Nos referimos aquí a Guillermo Teillier, presidente del partido Comunista.

[16]Riesco, Manuel: “Carta abierta de CENDA a presidenta Bachelet”, ‘El Mostrador’, 07 de mayo de 2014.

[17]Riesco, Manuel: Id. (15).

[18] Redacción: Id. (13)

[19]Redacción: Id. (13).

[20]Redacción: Id. (13).

[21]Garrido, Francisco: “AFP estatal, mal negocio”, ‘El Mostrador’, 11 de junio de 2014.

[22] Weissman, Iván: “Presidente de las AFP: ‘Hay que generar consensos para proponer cosas […]’”, ‘El Mostrador’, 30 de junio de 2014.

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