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El malestar por la democracia en Chile 

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La segunda vuelta presidencial ha generado muchos comentarios y reflexiones,  especialmente por su alto nivel de abstención -el mayor de los últimos cuarenta años-, y el bajo nivel de representatividad de la nueva presidenta. Según SERVEL el universo electoral reúne 13.573.088 electores, por tanto la participación fue de solo 41,1% y Bachelet obtuvo 3.468.389 votos, el 25,5% del electorado. Sin embargo, el padrón real sería menor. Habría aproximadamente un millón de votantes menos ya que los registros electorales no han sido actualizados y los chilenos en el extranjero no pueden votar, por la oposición de la derecha a modificar las normas. Si así fuera, entonces estos porcentajes aumentarían en 7 %. La participación sería de 48 % y  Bachelet  fue elegida por el 32,5 % de los ciudadanos.

En varios artículos se ha buscado minimizar el tema  de la abstención y tranquilizar a los lectores, comparando nuestros niveles con los de Estados Unidos,  Colombia y otros países. Sin embargo, esas sociedades poseen una diferente cultura e historia política y en ellas hay tradiciones de alta abstención.

Se  ha intentado explicarla como expresión de procesos políticos universales. Se dice que en los países modernos y desarrollados es alta, y que en Chile los que no votaron prefirieron dedicar su tiempo a consumir. Se cita como ejemplos de esta supuesta tendencia a Estados Unidos e Inglaterra que presentan promedios  altos de abstención. Sin embargo, es una generalización apresurada. Hay  países desarrollados con bajos niveles de abstención como Alemania y Australia y naciones subdesarrollados con altos índices como Guatemala y Salvador. Se ha afirmado, asimismo, que en nuestro caso se debe a la crisis universal de la representación política en las democracias contemporáneas. Pero, no se explica por qué esta afectaría de modo tan diverso a los distintos países.

También se ha tratado de atribuirla a la instauración del voto voluntario en nuestro país. En general, a nivel mundial donde existe votación libre los niveles de participación son de 68 %, y en los de voto obligatorio sin sanción alcanzan el 74 %. No obstante, hay casos de voto obligatorio con alta abstención como el peruano, y otros como Venezuela en que la abstención es muy baja aunque el voto es libre. En Chile fracasó el sistema instaurado por la dictadura de inscripción voluntaria y voto obligatorio, cuyo objetivo era desincentivar la participación electoral y despolitizar la población. Desde 1989 a 2012 el cuerpo electoral fue envejeciendo año a año y se fue perdiendo representatividad por el descenso de la inscripción de los jóvenes y de los sectores populares.

Otro tipo de explicaciones relaciona la abstención de esta elección con procesos sociales y políticos nacionales. Se dice que ella representa un nuevo tipo de chileno despolitizado y dedicado a su vida privada, por tanto no expresaría ninguna forma de malestar social. Incluso se dan cifras, sin mencionar ninguna fuente, según las cuales el 70% de los no votantes correspondería a estos nuevos chilenos y solo el  30%  no votaría por motivos ideológicos o políticos.

También se ha dicho que es expresión del individualismo extremo  generado por la ideología imperante que solo valoriza los intereses privados y minimiza el valor de lo público. Sin embargo, estas dos explicaciones no son convincentes. No se ha probado que los no votantes correspondan a un nuevo tipo de chileno que habría en todo los sectores sociales. Si el alto grado de abstención expresara un generalizado individualismo de toda la población con sus sectores sociales y niveles etarios, la abstención sería aún mayor.

Algunos parlamentarios que votaron por el sistema actual han declarado que se equivocaron al aprobarlo. Algunos articulistas expresan su molestia tratando a los que no votantes como «idiotas» (en el sentido griego) o «indolentes». Para sanarlos proponen volver al voto obligatorio. Esta postura es compartida por importantes miembros civiles y militares de la elite de poder, por tanto es probable que se insista en ella en los meses siguientes.

Se han mencionado dos modalidades de voto obligatorio. Una sería restablecer una norma de la época de Jorge Alessandri que requería probar que se había  sufragado en la última elección como requisito para realizar cualquier trámite ante los organismos del Estado. Un ex dirigente político fue más allá: propuso que se exigiera votar a todos los que reciben o postulan a cualquiera ayuda social. De este modo, se instalaría un sistema, probablemente único en el mundo, por el cual el Estado obligaría a votar solo a los más pobres. Sería una especie de «impuesto a la pobreza» del que solo se podría escapar renunciando a dicha ayuda o superando la imaginaria línea de la pobreza.

Sin embargo, algunos dudan de la conveniencia de imponer la obligatoriedad. Recuerdan que la inscripción automática y el voto obligatorio hicieron posible el triunfo electoral de Salvador Allende. Creen que las elecciones se volverían peligrosamente inciertas y que habría el riesgo que se eligiera un candidato «extrasistémico», que no fuera un profesional de la clase política y de los partidos del duopolio. Quienes piensan así parten del supuesto que el sistema político y la democracia misma son solo medios para mantener un orden socioeconómico que consideran muy exitoso y que debe ser preservado.

El análisis de la última votación muestra que la abstención fue mucho mayor en las comunas más pobres como Puente Alto donde alcanzó al 70 % y solo llegó al 30 % entre la de mayor ingreso. En general, el votante medio que eligió a Michele Bachelet pertenece, mayoritariamente, a los sectores medios y a los sectores populares, aunque en menor medida que en la elección del 2005. En la segunda vuelta, la abstención fue mayor entre los jóvenes, especialmente de sectores populares. Esto muestra que el sistema político sigue siendo elitista y no consigue superar la indiferencia y el malestar de los jóvenes frente al sistema político.

La  última encuesta Biobarómetro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción es importante para entender el nivel de abstención.  El 54,8 % considera que el próximo gobierno no cumplirá las promesas de campaña, y solo el 31,6 % cree que las realizará. El 55,8 % es escéptico respecto a las que se refieren a la salud pública y el 64 % cree que no solucionará la demanda de los estudiantes. Se puede, concluir, como lo hace Álvaro Remis, que coinciden los niveles de abstención con la cifra de escépticos. Por tanto, la gran mayoría quiere que se hagan cambios reales del sistema institucional, como se demuestra en los distintos estudios de opinión, pero no cree que  el nuevo gobierno los realizará.

Casi todos los articulistas presentan esta abstención como algo nuevo. No obstante, esta se manifestó desde los primeros años del período postautoritario, en el período de Eduardo Frei. Ya en 1998, hace 15 años, el Informe del Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas advertía que había descendido la votación juvenil desde el 14,8 % en 1988 al 11,7 en 1997, así como  las nuevas inscripciones, pues solo el 7 % de los jóvenes que habían alcanzado la mayoría de edad se habían inscrito. La abstención y los votos nulos ya superaban al 27 % de los ciudadanos inscritos (p. 52).

Como se dijo, la última elección ha sido la de menor número de votantes del período postautoritario. En el plebiscito de 1988 sufragaron 7.435.913 y en la última elección hubo 1.856.218 votos menos, aunque la población ha aumentado en cinco millones. Asimismo, hubo un millón y medio de votantes menos que en la segunda vuelta entre  Piñera y Frei del 2010; y casi la misma cifra de votantes que en la segunda vuelta entre Bachelet y Piñera en el 2006. La última votación de Bachelet apenas supera la de Frei Ruiz Tagle en el 2006.

El Informe del PNUD mostraba una situación más general y preocupante: se estaba produciendo una crisis de representación política,  así como un profundo malestar frente a la modernización neoliberal y al orden social y político neoligárquico heredado de la dictadura. La opinión sobre los políticos era muy negativa: el 74,9 % pensaba que los “parlamentarios sólo se preocupan en elecciones”; el 65 % opinaba que “en Chile los partidos políticos sólo persiguen sus intereses”, y el 74,9 creía que «los parlamentarios solo se preocupan de las elecciones» (p. 137). Este malestar se extendía a las principales instituciones. La mayoría se encontraba disconforme con el sistema judicial: el 69 % decía que «favorece siempre a los poderosos». Respecto a la atención de salud, los sectores medios y bajos tenían poca o ninguna confianza de recibir una atención oportuna (58% y 76%); que fuera de buena calidad (50,5 % y 69,7 %) y de poder pagar los costos correspondientes (71,3 y 86,6 %) (p. 163). Sobre la previsión privada el 37 % pensaba que la jubilación no cubriría «ni siquiera las necesidades básicas», y el 36,1 «solo las necesidades básicas» (p. 172).

El estudio mostraba una clara percepción sobre del deterioro de la sociabilidad. El 80 % opinaba que «Chile es una sociedad más agresiva» y el 64 % que era  «cada vez más egoísta» (p. 52). Los niveles de desconfianza frente a los «extraños» llegaban al 91 %, porcentaje mayor que en la dictadura (p. 51). El 87,7 % creía que no recibiría ayuda si fuera agredido y el 76,1 % opinaba que «las personas pasan a llevar con tal de conseguir sus objetivos» (p. 147). Asimismo, el 79,5 % se manifestaba disconforme con el sistema de mercado existente. Los autores del Informe se preguntan por qué si había un alto grado de malestar este no se expresaba públicamente. Consultaron a los entrevistados si creían que la situación podía cambiar realmente. El 70 % respondió negativamente. Por tanto, el escepticismo de los ciudadanos no es nuevo, aunque disminuyó por algunos años. Más aún, el estudio muestra que las personas tenían una gran dificultad «para soñar Chile»,  para imaginar un mejor orden social.

Desde entonces, diversos estudios de opinión pública han mostrado la continuidad y profundización de estas tendencias. Según el Latinbarómetro de fines del 2011, realizado justamente cuando se vivió la fase álgida de los movimientos sociales, existe un rechazo mayoritario al sistema económico que comprende, según diversos estudios, a dos tercios de la población o más. Segundo,  hay una baja aprobación y un creciente rechazo a los partidos políticos y al parlamento. Tercero; solo el  22% de los chilenos, está de acuerdo con la afirmación de que se gobierna por el bien del pueblo (p. 35), y solo el 6% piensa que la distribución del ingreso es justa (p. 34). Asimismo, el parlamento, la justicia y la Iglesia Católica tienen los menores niveles de aprobación de América Latina, de 20 % los dos primeros y 32 % la última.

El último Latinbarómetro del 2013 aporta nueva información sobre la crisis de representación política y sobre la creciente actitud crítica de los ciudadanos frente al  sistema de mercado en nuestro país. Solo el 38 % está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país (p. 24). El interés por la política alcanza solo al 17 % (p. 39). Un 38 % no se autoclasifica ni de derecha ni de izquierda (p. 28). La identificación con la primera es de solo 13 %, y con la segunda del 17 % (p. 29). Los resultados de la última encuesta Adimark complementan estos resultados. La Alianza alcanza un 57 % de rechazo y solo 26 %   de aprobación, y las cifras para la Concertación son de 64 % y 21%. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene 72 % de desaprobación y solo llega al 16 % de aceptación, mientras el Senado presenta el 68 %  y el 20 % (p. 53).

El 65 % no cree que el gobierno pueda resolver los principales problemas de la sociedad en los próximos cinco años. Solo el 10 % cree que el actual sistema de distribución de la riqueza es «justo», y el 87% cree que la distribución del ingreso es «injusta» o «muy injusta» (p. 77). Solo el 18% opina que las privatizaciones de empresas estales ha sido beneficiosa para el país  (p. 81), y solo el 18 % se siente satisfecho con los servicios públicos privatizados (p. 82).

Los Informes del PNUD de los últimos años muestran que ha aumentado la calidad de vida de la población de algunos aspectos significativos. En las últimas décadas han mejorado los indicadores de nivel de escolaridad, acceso al agua potable, expectativas de vida, alfabetización y otros. Sin embargo, las condiciones de vida se han deteriorado en diversos aspectos no considerados en esos indicadores. Se mantiene sin solución la contaminación auditiva y atmosférica, una las mayores de América Latina, y ha aumentado la ambiental: ríos, napas subterráneas, playas y costas. Diversos estudios muestran una aguda percepción de falta de seguridad personal por el notable aumento de la delincuencia en todas sus formas. La locomoción colectiva, subvencionada por el Estado, es de muy mala calidad por sus altos precios y la lentitud del servicio que consume horas de descanso y sueño. Los bajos sueldos no tienen relación con los altos promedios de ingresos per cápita, lo que obligan a la mayoría de la población a endeudarse con  intereses usurarios, fijados por los oligopolios bancarios y  multitiendas. La función judicial se ha deteriorado en Chile y este sistema es el más desprestigiado de América Latina, con  aceptación de solo 32 % (Latinbarómetro 2011), y la confianza en los jueces llega solo al 13% (Cerc 2013).  Los productos ofrecidos por el comercio frecuentemente son de mala calidad. Las instituciones públicas y privadas atienden mal; según una encuesta la mitad de las personas dicen haber sufrido «abusos de poder”. Ha disminuido el tiempo libre y de descanso por el exceso de horas de trabajo, que llegan a las 54 horas semanales. La sociedad chilena presenta bajos promedios de salud mental por el alto nivel de estrés, enfermedades psicosomáticas y depresión (Latinbarómetro 2011).

Este conjunto de condiciones implican una crisis de representación, no solo en el sentido en que se dice que los representantes  no «sintonizan» o no se actualizan con las demandas de los ciudadanos. Las encuestas y estudios de opinión pública desde 1998, los discursos de los dirigentes sociales, de algunos líderes políticos y los análisis críticos sobre la sociedad chilena demuestran que se ha producido una profunda escisión de visiones de la realidad y de intereses entre la elite de poder político y empresarial y la nación. Esta es más profunda que la descrita por Gramsci entre el norte y el sur de Italia. Una escisión análoga se produjo en Chile entre la elite y la nación en la decadencia de la República Oligárquica, en las primeras décadas del siglo veinte. Por tanto, va más allá de la disonancia entre el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas regida por sus propias dinámicas y objetivos respecto a la subjetividad de los ciudadanos, de una «subjetividad vulnerada» como señala el Informe del PNUD.

El orden social construido por las elites chilenas en las últimas décadas fue diseñado desde su origen como un orden neoligárquico, de concentración y privatización del poder; como un proyecto excluyente para servir a las antiguas y nuevas elites de poder.  La creciente abstención electoral está expresando junto a los movimientos sociales la crisis y agotamiento de dicho orden. Esta no puede ser comprendida como un fenómeno aislado, sino en directa relación a lo que podría denominarse «la crisis de legitimación de la institucionalidad pública y privada» que sustenta este orden social. La abstención no es un problema en sí misma, sino lo es la democracia y el orden social en conjunto. En este sentido, no es posible encontrar una verdadera solución  sin superar el orden neoligárquico.

– El autor, Jorge Vergara Estévez, Doctor en filosofía de la Universidad de Paris 8, profesor de la Universidad de Chile

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