México: No hay garantías para que la prensa cumpla con su labor, ni solidaridad entre los medios para exigir justicia

Miércoles 9 de octubre de 2013, p. 15
El ejercicio de la labor periodística en México enfrenta actualmente peligrosas circunstancias que generan que los derechos a la libertad de expresión e información se vean violentados.
Las agresiones, asesinatos, desapariciones e impunidad en los delitos cometidos contra periodistas, la concentración de medios, el acoso judicial y la criminalización de la labor periodística, la falta de contratos, garantías y seguridad social para los reporteros (se calcula que sólo 12 por ciento está contratado) y la carencia de una regulación para la publicidad oficial, son algunos de los elementos de la realidad que enfrenta el sistema de medios informativos en el país, señalaron expertos en la materia.
Durante el seminario Libertad de expresión, disidencia y democracia, organizado por el Senado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conmemorar el centésimo aniversario del asesinato del senador Belisario Domínguez, el abogado general de la casa de estudios y ex director general del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, indicó que los mecanismos para coartar las garantías a la libre expresión de los reporteros son muchos y van desde homicidios y agresiones hasta hostigamiento judicial y legislaciones restrictivas.
Las agresiones provienen de autoridades gubernamentales, pero también de poderes fácticos, como partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y religiosas, además del crimen organizado.
El informe de 2010
Recordó que en 2010 la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la CIDH presentaron un informe sobre el estado de ese derecho en México, donde señalaron que el país es el más peligroso en América Latina y el quinto a escala mundial para el ejercicio del periodismo.
De abril de 2000 a julio de 2013, recordó, la CNDH ha documentado 85 periodistas asesinados, 20 desaparecidos y 40 atentados contra medios, y ha emitido 34 recomendaciones.
El abogado general de la UNAM lamentó que en México no haya solidaridad entre los medios, como sucede en otros países. En aquellos, dijo, cuando hay un asesinato o agresión a un reportero todos los medios condenan el hecho y demandan justicia.
Aleida Calleja, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, lamentó que 98 por ciento de los delitos contra este gremio permanezcan impunes. Agregó que la responsabilidad de la actual situación de violencia que enfrenta la prensa en México corresponde a autoridades, criminales, dueños y directivos de medios, así como a los propios reporteros.
Si bien se han promulgado leyes y hay organismos y fiscalías para la atención de esos ilícitos, en los hechos continúan los casos de periodistas asesinados, atacados, desaparecidos, exiliados, encarcelados y perseguidos judicialmente.
Lamentó que el sistema de información actual obligue a los medios a guiarse por la ganancia de empresa más que por la responsabilidad social, además que en la mayoría de los casos no garantizan la capacitación, seguridad y derechos laborales de sus trabajadores.
La responsabilidad entre los periodistas radica, enfatizó, en que no existe organización ni articulación entre el gremio para defender sus derechos.
Afirmó que la concentración de medios impide la presencia de periodistas críticos e independientes, y se coarta el derecho a la pluralidad de opiniones; además, que en el país existe un periodismo de declaraciones, pues no se invierte en la investigación.
Iván Báez, responsable del programa legal de Artículo 19, señaló que con la actual situación de violencia en el país no existen garantías para que la prensa cumpla de manera adecuada con su labor.
Subrayó que en el sexenio actual las agresiones contra el gremio continúan, y las respuestas del Estado no se deben quedar en la documentación de estos delitos, sino en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación del daño.
*Fuente: Periódico La Jornada