Juez Mario Carroza investiga los supuestos Consejos de Guerra en Pisagua

Fecha: 31 julio 2013

Cinco destacados profesionales públicos, algunos militantes de partidos de la Unidad Popular y otros sin militancia,  fueron los primeros fusilados de Pisagua, el 11 de octubre de 1973, tras ser procesados y sentenciados a muerte en un supuesto  Primer Consejo de Guerra, que no fue tal y que se llevó a cabo en el Campo de Prisioneros Políticos, a cargo del  fiscal militar Mario Acuña, -ya fallecido-  que era un hombre temido por todos los prisioneros.  No por nada su suerte, que se traducía en vivir o morir, estaba en sus manos.

De acuerdo a los hechos acreditados en el Informe Rettig, en total se registraron 4 Consejos de Guerra, entre el 11 de octubre de 1973 y el 10 de febrero de 1974, siendo condenados a muerte, 12 personas. Sin embargo, en el  mismo informe y en la investigación del Juez Mario Carroza, se pone en duda que se haya tratado efectivamente de un proceso militar.

Para acreditar los hechos que terminaron con la muerte de 5 detenidos, esta Comisión reunió numerosos antecedentes de la época, los que son considerados oficiales.

Sobre estas muertes del 11 de octubre y mediante el Bando N° 82, el jefe de Zona en estado de Sitio de la Provincia de Tarapacá y Comandante en Jefe de la Sexta División de Ejército, Carlos Forestier (fallecido), informó de la ejecución de 5 personas, tras constituirse el Consejo de Guerra el día anterior, 10 de octubre.   El mismo Consejo que de acuerdo a investigaciones y registros, se echa por tierra

LAS EJECUCIONES

Las personas condenadas y ejecutadas fueron:

Julio Cabezas Gacitúa: De 45 años, de profesión abogado, se desempeñaba como  Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Iquique y no militaba en partido alguno.  Tras ser llamado en un Bando Militar, se entregó voluntariamente ante las autoridades militares. Hay testimonios que lo recuerdan caminando por  con una frazada en el brazo, hacia la Sexta División de Ejército. Nunca pensó su trágico final.

Este es un caso de gran impacto, puesto que se atribuye que su muerte, habría sido una venganza del Fiscal Militar Acuña, involucrado en un caso de drogas y contrabandos, donde su participación ya estaba acreditada.

En su libro “La Verdad de Pisagua”, su autor, el ex detenido político Freddy Alonso, relató este caso, señalando que el abogado Cabezas, hombre de gran prestigio y austeridad, fue designado por el Consejo de Defensa del Estado, para investigar el contrabando y tráfico de cocaína en Iquique.

Por ese tiempo, 1972,  Mario Acuña, llegó trasladado a Iquique desde un juzgado de San Miguel, donde protagonizó un escándalo, siendo juez. Acá asumió funciones de juez. Investigaciones periodísticas, nuevamente lo conectan con un caso delictual, ya que se le vincula a un grupo de personas que desviaban mercaderías  a Perú y Bolivia, -delito de contrabando-,  las cuales estaban destinadas desde el nivel central hacia el norte. De esta situación entrega profusos antecedentes una publicación denominada “Los Intocables”, donde se indica que con la operación contribuían al mercado negro y a cambio recibían cocaína como pago por los servicios.

Esto es lo que precisamente investigaba el Procurador del Consejo de Defensa del Estado,  Julio Cabezas. Inclusive, la Corte Suprema –relata Freddy Alonso-  había respaldado las acusaciones en su contra de modo que su suerte ya estaba echada. El tribunal mayor había autorizado la exoneración y cárcel para Acuña. Pero, sobrevino el golpe, y los hechos tomaron otro curso.

Acuña fue designado Fiscal Militar de Pisagua y estuvo a cargo del supuesto Consejo de Guerra donde junto a Cabezas, fueron ejecutados Mario Morris Berríos, (Investigaciones Aduaneras)  Juan Valencia Hinojosa, (Administrador de la ECA), José Córdova Croxato, (Administrador del Puerto). Humberto Lizardi Flores, profesor. Curiosamente, todos ellos –a excepción de Lizardi- conformaban hasta días antes, la Comisión Investigadora del Consejo de Defensa del Estado, por el caso de contrabando y tráfico de drogas.

Todos ellos fueron sacados de sus celdas entre el 8 y 10 de octubre de 1973,  y posteriormente fusilados.

José Córdova Croxato: De 35 años, se desempeñaba como Administrador del Puerto de la Empresa Portuaria de Iquique, siendo detenido el mismo 11 de septiembre en su lugar de trabajo Emporchi. Era militante del MAPU.

Humberto Lizardi Flores: Joven profesor de inglés de 26 años, de la sede Iquique de la Universidad de Chile (actual UNAP) y militaba en el MIR. También fue detenido el mismo 11 de septiembre, mientras hacía clases en el entonces Instituto Comercial.  Su madre, Baldramina Flores, ha dedicado su vida a honrar la memoria de su hermoso hijo.

Mario Morris Barrios: De 27 años, era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduanera y no registraba militancia política. Acaba de ser destinado a la ciudad de Iquique, por lo que se hospedaba en un hotel, donde fue detenido el mismo 11 de septiembre.

Juan Valencia Hinojosa: 51 años, jefe de la Empresa de Comercio Agrícola, ECA de Iquique y militante del Partido Comunista. El mismo 11 de septiembre se presentó voluntariamente a la Intendencia, sin presagiar que se entregaba a manos asesinas.

Según el informe Rettig, un nuevo Bando Militar sobre estas personas ejecutadas, se publicó en el entonces Diario El Tarapacá, el 26 de octubre de 1973, es decir, 15 días después de producidos los fusilamientos. “Fueron condenados por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la patria (nota: delito no aplicable a civiles)  y espionaje; y por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, al participar activamente en planes subversivos y de infiltración en las Fuerzas Armadas”.

A Mario Morris, además se le acusa de estar confeso del delito de sublevación de las Fuerzas Armadas, por tentativa de homicidio de diversos funcionarios fiscales e infracción a la Ley sobre Control de Armas.

INFORME RETTIG

Conocido los antecedentes, la Comisión declara que le asisten serias dudas de la realización del Consejo de Guerra. De hecho, algunos estudiosos del tema, descartan hay sido tal, como es el caso de Freddy Alonso, que establece como Primer Consejo de Guerra, el ocurrido el 18 de octubre de 1973, es decir, una semana más tarde que los fusilamientos descritos.

Establece el Informe Rettig, que según la versión de personas que estaban detenidas en Pisagua, “no se llevaron a cabo, en esta ocasión, los procedimientos que posteriormente se observaron,  cada vez que se realizaba un Consejo: en general, se daba a conocer el hecho de haberse constituido el  Consejo, nombrándose  a los acusados y agrupándoles según la pena solicitada a cada uno de ellos. Luego se les presentaba al abogado que los defendería. Además, no se ha tenido conocimiento de ninguna defensa efectuada por algún abogado, en este supuesto primer Consejo de Guerra”.

Hay un testimonio que indica que los 5 prisioneros fueron ejecutados en el cementerio de Pisagua y sus restos depositados en sacos. Todos ellos aparecieron en la fosa clandestina, descubierta el 2 de junio de 1990.

“Presentados los hechos de esta manera, la Comisión no puede sino presumir fundadamente que  este Consejo de Guerra, no se llevó a cabo, habiéndose tomado convicción moral que, que fueron ejecutados por agentes del Estado.  También se señala que en el caso de Julio Cabezas, “haya podido tener importancia su labor como investigador oficial del tráfico de drogas y contrabando”.

ACUSACIONES

En la investigación llevada por el Ministro de Fuero, Mario Carroza, se consideraron éste y una serie de otros antecedentes, declaraciones, pruebas documentales, etc., que lo llevaron al convencimiento que  Julio Cabezas, Juan Valencia, Mario Morris. José Córdova y Humberto Lizardi, mientras estaban presos en Pisagua, fueron sacados de sus celdas entre el 8 y 10 de octubre y trasladados al Retén de Carabineros de esa caleta.

En el lugar, fueron interrogados por Mario Acuña, el temido Fiscal Militar. Tras los interrogatorios, en la madrugada del 11 de octubre, son ejecutados al margen de toda legalidad, por los oficiales de Ejército que estaban a cargo de su custodia. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Pisagua, y como se dijo, 17 años más tarde, encontrados en la Fosa Clandestina, envueltos en sacos de arpillera.

Establece el juez Carroza, que no consta en autos, ningún antecedente que avale el hecho de haberse  realizado las audiencias de la Justicia Militar. Y que por el contrario, en torno a los oficiales e integrantes del Ejército, Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega, hay cargos fundados para estimar que tuvieron participación como autores de homicidios calificados.

Todos ellos con arraigo nacional y control de firma, a la espera que se dicte sentencia por los hechos de los cuales se les acusa.

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*Fuente: Edición Cero