Jamás una casta política como la chilena, va a reformar, con base en el consenso, el antidemocrático Sistema Electoral Binominal

Jamás una casta política como la chilena, va a reformar, con base en el consenso, el  antidemocrático Sistema Electoral Binominal. Ninguna reforma electoral en nuestra historia ha sido producto de la voluntad de las oligarquías en el poder. ¿Qué personaje de la casta va a permitir que le cambien o le quiten el Distrito? Los electores son su propiedad privada. El mismo escenario de todas los comicios parlamentarios se repetirá en el 2013. Cada senador tiene desde ya su propio distrito al igual que en la encomienda, la hacienda con sus indígenas (los ciudadanos incluidos). Solo es posible que cambien los apellidos

Cada político tiene su feudo propio, como decía Santiago  Arcos gran observador de las  costumbres  de las castas Chilenas.

Si profundizamos en la historia electoral de Chile podremos comprobar que los principales cambios, respecto de la soberanía popular, han sido golpes electorales, es decir, caer por sorpresa sobre aquellos conservadores que no quieren cambiar nada, so pena de ser ellos mismos los propios afectados. Si no hubiera sido porque Federico Errázuriz Zañartu expulsó a los conservadores y se alió a los radicales, fundando la famosa Alianza Liberal, difícilmente se hubiera impuesto el mal llamado sufragio universal, que sólo presumía que los mayores de 21 años poseían renta, pero se mantenía una serie de exclusiones. La libertad electoral, que reemplazó al intervencionismo presidencial por el cohecho, fue el resultado de la contrarrevolución oligárquica, en 1891. El sistema proporcional pudo imponerse gracias a promulgación de la Constitución de 1925 que, a su vez, fue refrendada con un mayor número de abstenciones que votos a favor.

El famoso “Bloque de saneamiento democrático”, formado en 1958 por la alianza entre radicales, socialistas, agrario-laboristas y falangistas, gracias a la cual se aprobaron dos iniciativas legislativas fundamentales: la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, llamada “ley maldita”, y la ley que implantó la Cédula única, con el fin de evitar el cohecho. Según testigos de la época, estas leyes no hubieran sido aprobadas a no mediar la ausencia, en la Sala, de los diputados liberales y conservadores, que hubieran podido boicotear estos proyectos de ley. Afortunadamente, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en plena decadencia, no sólo no vetó estas leyes, sino que las apoyó; si esta modalidad no es un golpe electoral, ¿de qué otra manera lo podemos llamar?

Si bien, en la primera elección en que se aplicó la reforma electoral ganó el candidato derechista, Jorge Alessandri, en las posteriores, hasta el fin de la república democrática, la Democracia Cristiana y la izquierda pudieron ganar en Distritos agrarios, anteriormente feudos de la derecha política; por vía de ejemplo, podemos citar el “naranjazo”, en Curicó. El partido comunista llegó a obtener más del 16,9% de los votos en la elección municipal, de 1971. La reforma constitucional de 1970 amplió el derecho a sufragio a los mayores de 18 años y a los analfabetos, permitiendo un crecimiento del cuerpo electoral, respecto a la población del país, desde un 7,7%, en 1925, al 44,1% en 1970.

Es indudable que los golpes electorales permitieron el declinar de los partidos de derecha y el triunfo de los de centro e izquierda. Una aspecto interesante de la propuesta del gobierno dice relación con la inscripción automática, a la cual debiera agregarse el voto de los chilenos en el extranjero, reivindicación absolutamente justa y que se aplica en la mayoría de los países del mundo; con estas dos medidas, se calcula que se ampliaría el universo electoral de ocho a unce  millones de ciudadanos. Aunque se aprobara la reforma esta no se aplicara en las elecciones  presidenciales y parlamentarias del 2009.

Que la UDI impida cualquier reforma al sistema electoral antidemocrático actual me parece perfectamente lógico, pues siempre han sido enemigos de la soberanía popular: ya en 1932, el líder conservador Héctor Rodríguez de la Sota sostenía que “el sufragio universal, un engendro del liberalismo y la democracia, permitía el rechazo a los más capaces, halagando a las multitudes por medio de la demagogia”. Su líder y “santo” fundador; Jaime Guzmán, repetía más o menos lo mismo: el sufragio universal no tiene por qué ser expresión de la voluntad nacional.

La única manera de avanzar es por vía asamblea constituyente y, como este camino está cerrado en la pétrea Constitución de 1980, sólo la presión popular lograría derogar este antidemocrático texto instaurando un sistema semipresidencial. Similar al que propuso una vez la Comisión de estudios constitucionales, llamado el “grupo de los 24”. A este sistema le agregaría algunos elementos de la democracia directa, como el referéndum revocatorio de mandatos emanados de la soberanía popular y la iniciativa popular en las leyes y reformas constitucionales. Sólo los golpes electorales permitirán poner fin al sistema binominal.

12 07 2013