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El plebiscito en Brasil 

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Antiguamente, en Brasil, en una Asamblea Constituyente, se discutió – pos-dictadura – sobre todos los temas que implicaban una verdadera refundación del país: se plebiscitó, incluso, si se debiera volver a la monarquía o mantener una república; un régimen de gobierno parlamentario o presidencial. En ese entonces, la población se pronunció por una república federal presidencialista. A diferencia de la pétrea y conservadora Constitución chilena, aprobada durante una dictadura, y reencauchada por el entreguista gobierno de Ricardo Lagos, en Brasil la Constitución permite el plebiscito vinculante que, en el caso del conflicto actual, adquiriría características refundacionales.

El llamado a plebiscito por parte de la Presidenta de la república, Dilma Rousseff, deja sin argumentos a los ultraconservadores chilenos, tanto de la Alianza, como de la Concertación – al menos, el reaccionario Andrés Velasco quien claramente se pronuncia en contra, no sólo de la Asamblea Constituyente, sino también sobre una nueva Constitución – y ya nadie puede afirmar, con una misma coherencia, que los plebiscitos son propios de gobiernos de izquierda – como los de Chávez, Correa y Morales, sino que también lo emplea la principal potencia de América Latina, cuyo gobierno es presentado como modelo por los países occidentales, incluso Estados Unidos.

La crisis del modelo neoliberal, que no exclusiva de Brasil, está poniendo de manifiesto que los países no pueden funcionar bajo parámetros de privatización de los servicios fundamentales, así como de un dominio absoluto del mercado – cada vez más desregulado – y de  una reducción del Estado al mero rol subsidiario.

Este modelo, instalado en América Latina desde el Consenso de Washington, convirtió el transporte, la vivienda, la salud y la educación en bienes de mercado, restándole la categoría irreemplazable de derechos fundamentales, que todo Estado debe garantizar, como de convivencia y dignidad a todos y cada uno de los ciudadanos del país.

El tema central de la crisis brasilera radica en el contraste entre los gastos faraónicos que implican actividades como la visita del Papa Francisco, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos y la extrema riqueza de unos pocos, que contrasta con pobreza de la mayoría de los ciudadanos; un país que pertenece al “club” de los más ricos del mundo y que proporciona deficientes servicios básicos a sus ciudadanos.

El esfuerzo de la Presidenta de Brasil a fin de enfrentar la creciente ola de protestas parece haber fracasado frente a la continua y creciente rebelión ciudadana. El Movimiento Pase Libre, el más organizado entre las masas manifestantes, se retiró de la reunión convocada por la Presidenta, disconforme con la rebaja de los precios de las tarifas de la locomoción colectiva, planteando la demanda del pase gratis para los ciudadanos, lo cual demuestra el grado de radicalización al cual han llegado las manifestaciones sociales.

Quizás el problema más grave, hoy por hoy, es el grado de corrupción al cual ha llegado la casta política brasilera que toca, en forma especial al Partido de gobierno, liderado por Inacio Lula Da Silva y por la actual Presidenta – incluso, algunos militantes del Partido de los Trabajadores que pretendieron insertarse en las manifestaciones populares, fueron rechazados por las masas-. Existe, en la actualidad, una repulsa mundial a los partidos políticos de la cual hay que hacerse cargo, so pena de caer en el peor bonapartismo.

Brasil es un país federal y, en muchos Estados, gobernado por partidos de oposición al gobierno, principalmente socialdemócratas – partido tan reaccionario como sus congéneres chilenos, Socialista y PPD – por consiguiente, la ira se extiende a todo el espectro político brasilero.

La educación y la salud son tan malas y segregacionistas como en Chile, lo cual nos reafirma en la necesidad de grandes cambios, que se ven difíciles de llevar a cabo a causa de la miserable casta política que nos gobierna.

Tanto en Brasil, como en Chile, la refundación de la democracia es la tarea primordial del momento, así sea por presión de la rebelión popular no violenta, que conduzca a un plebiscito y a una Asamblea Constituyente que permitan cambiar las reglas de convivencia, mediante una educación gratuita, universal, republicana, laica y estatal, como también una salud pública de calidad, todos estos derechos básicos concebidos como una garantía mínima por parte del Estado.

El dilema está en la mantención del modelo o su total reemplazo, pues las posiciones intermedias han perdido validez.

25/06/2013

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