La Concertación: un verdadero “lupanar” 

Como – para mí – la acusación constitucional no es un instrumento jurídico, sino una facultad fiscalizadora política, la única herramienta con que cuenta la Cámara de Diputados para controlar la “monarquía absoluta en Chile”, no puedo condenar a los senadores Jaime Quintana y Lily Pérez por opinar sobre esta materia. Me parece ridículo que se considere al Senado como un jurado y, mucho más, creer que los honorables voten a conciencia cuando en casi todos los casos lo han hecho disciplinadamente, según la ubicación en que  se encuentren, sea gobierno u oposición. Revisemos la historia reciente de Chile y comprobaremos este aserto.

La acusación constitución constitucional  contra dos Presidentes de Chile,  Carlos Ibáñez del Campo, 1931 – aprobada por el Senado – y Arturo Alessandri Palma, 1938 – rechazada por la Cámara – fueron votadas políticamente,  porque en ambas Cámaras existía mayoría: incluso, en el caso de Alessandri, la tenía bien merecida por la Matanza del Seguro Obrero, pero se salvó por el voto de la mayoría derechista. En el  caso de todos los ministros acusados, se ha procedido de la misma manera: los radicales por la “tocora” (todo contra los radicales); los ibañistas por la oposición de “todos contra Ibáñez”; los freistas se salvaron porque contaban con la mayoría  en la Cámara – 80 diputados -; los de Allende fueron acusados porque tenían minoría en  ambas Cámaras.

El último caso de acusación aprobada contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, toda la derecha votó disciplinadamente a favor del libelo acusatorio, y la ministra fue destituida de su cargo. Ahora, en la acusación contra el ministro Harald Beyer, se devela que la Concertación es un auténtico Lupanar, donde todos pelean con todos constituyendo un verdadero tongo, como la lucha libre que, semanalmente, se puede ver en la televisión.

Cuando parecía que todos los comités parlamentarios de la llamada “oposición” se habían puesto de acuerdo en el libelo acusatorio, surgieron los “kamikazes neoliberales” de la Concertación, que están en la postura de defensa del ministro Beyer, pues piensan como él, y no pocos tienen intereses creados en las universidades privadas, acusadas de lucro. Además, pretextan que la acusación servirá para destapar la olla de la omisión, por parte de todos los ministros de la Concertación y de sus parlamentarios respecto de los delitos cometidos por algunas universidades  privadas,  sin  que ellos se esfuerzan por esclarecer estos delitos; por otra parte, quieren mantener la “virginidad” de Presidenta Michelle Bachelet respecto de la evidente colusión con la derecha, en materia educacional y, como siempre, estos miedosos terminan siendo mozos de la derecha.

Para el colmo del ridículo, dos candidatos presidenciales de la Concertación –  Andrés Velasco y Claudio Orrego – bajo  diferentes pretextos, se pronuncian contra la acusación  constitucional, dejando en la estacada a los comités parlamentarios de su combinación que, luego de una exhaustiva investigación de la comisión, presidida por la diputada Sepúlveda, del PRI, construyeron un libelo bastante coherente que, amerita perfectamente, una acusación constitucional – también es cierto que está acusación la merece la mayoría de los ministros de la Concertación.

Dentro de los ministros que hoy critican a los comités parlamentarios que propiciaron el libelo se encuentran la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, propietaria  de varios establecimientos educacionales subvencionados. Cito: “No es que no hayamos sabido que eso (el lucro) existió, yo creo que todos saben que existió, lo que pasa es que se  ajustaba  a la ley…Es un tema muy difícil de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se hicieron cumplieron con la ley, no hubo retiros de excedentes sino que hubo cambio de socios, la verdad es que en ese momento nuestra preocupación fundamental tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara la calidad”. (CIPPERCHILE). Justamente, este  sistema de acreditación fue el que permitió el crecimiento explosivo de algunas universidades privadas que lucra, cuyo caso más patente es la Universidad del Mar que, de 6.000 alumnos, subió a 23.000, expandiéndose por todo el país. Sergio Bitar, ministro de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, expresa más o menos lo mismo: “No había bases legales para actuar, no había mucho sustento si no cambiábamos las leyes…” (¿Y por qué no presentaron un proyecto de ley, cuando el monarca es dueño de las urgencias? Bastaba ponerla suma urgencia si hubieran tenido voluntad de fiscalizar las universidades privadas).

¿Quién puede entender que el senador Quintana, presidente del PPD, deje en el ridículo a su  bancada parlamentaria, y que  también el candidato presidencial de la DC actúe de la misma forma con su bancada? ¿Quién puede creerle a la Concertación que, en su eventual gobierno, va a defender la educación pública, cuando los intereses de su sector neoliberal socialcristiano está en la educación privada, tanto en la básica, como en la media y superior? Dicen que “donde está el bolsillo, está su corazón”. Tiene razón el cantautor Jorge González, cuando aconseja a Michelle Bachelet “que no vuelva si no va a propiciar e implementar  la  educación pública gratuita”.

Para terminar este teatro del absurdo, la comisión que fue sorteada para revisar el libelo acusatorio, tiene tres diputados de UDI  y dos de la  Democracia Cristiana – los dos últimos, supuestamente partidarios de la acusación constitucional contra Beyer,  no asisten por enfermedad, en consecuencia,  se deja al arbitrio de la investigación y procedencia del libelo a tres gobiernistas que  defienden a capa y espada a su ministro.

23/03/2013