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¿Fraude al fisco? Detectan graves Irregularidades en la licitación del litio hasta un perdonazo a Soquimich 

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Un verdadero escándalo por el que nadie responde ha surgido después de la fallida licitación del litio organizada por el gobierno. En lugar de ser cobrada, la boleta de garantía presentada por Soquimich (SQM) en la licitación fue devuelta a la empresa. Por si eso fuera poco, la declaración jurada donde SQM mintió al decir que no tenía litigios con el Estado y que fue la causa de la anulación del proceso, misteriosamente fue sustituida por otro documento y no se sabe quién lo hizo.

Hay hechos muy concretos, a todas luces ilegales, pero que nadie -hasta ahora-, ha podido aclarar. Por ejemplo, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, jamás reconoció el conflicto de interés que tenía porque su hermano (Patricio) es un alto ejecutivo de Soquimich y quien -se pudo verificar después-, fue el que firmó el documento donde SQM acepta las bases de la vapuleada e irregular licitación a la que llamó el gobierno para la explotación del litio chileno, que esa empresa ganó, pero después fue declarada desierta.

En el ministerio de Minería se diseñó un formulario de cinco puntos que debía ser firmado ante notario por los representantes de cada compañía interesada en participar en el proceso. En la letra c) figura «no tiene litigios pendientes con el Estado de Chile».

Sin embargo, en el documento firmado ante notario por el subgerente general de SQM, Patricio de Solminihac, y el gerente de finanzas y desarrollo de la empresa, Ricardo Ramos, el punto c) se limita a repetir el requisito del punto siguiente «no está en estado de quiebra o liquidación…» y omite lo que exigía el formulario del ministerio de Minería en ese ítem.

A raíz de tres querellas que ya se han presentado por las irregularidades en el proceso de licitación, el fiscal metropolitano de la zona Centro Norte, Víctor Manuel Vidal, está investigando si entre la presentación de la declaración jurada y el día de entrega de copia de los antecedentes a la fiscalía (el 19 de octubre de este año) «existió sustitución de dicho documento, con indicación de su autor», y si hubo una presentación de declaración jurada falsa ante la autoridad por parte de Ramos y De Solminihac.

La boleta itinerante

Por si eso no fuera suficientemente grave, ahora también sabemos que a las arcas fiscales no ingresaron los más de 1.800 millones de pesos de la boleta de garantía (4 millones cien mil dólares) que la empresa minera dejó como aval de su seriedad para cumplir con lo que ofreció para postular en el concurso estatal -como, por lo demás, se hace siempre en este tipo de procesos- porque le fue devuelta luego que la licitación fuera declarada nula cuando se supo que Soquimich incumplía uno de los requisitos establecidos por las basas de la licitación. Tal como lo lee. Según los otros oferentes, esto es de toda «gravedad».

De hecho, el representante de la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, Francisco Javier Errázuriz, que participó en la licitación, dijo a Cambio21 que «la boleta no está en el ministerio, así es que es difícil que pueda haber un cambio». Al ser consultado qué dice la ley al respecto, respondió muy lacónico: «lo que diga la ley pueden ser muchas cosas, pero si no está la boleta de garantía, no está».

Qué más puede decir, en realidad, si el gobierno no da respuestas concretas. Lo único que ha hecho el nuevo subsecretario de Minería, Patricio Orrego, ha sido citar a los oferentes que perdieron a una reunión en su oficina para conocer sus puntos de vista, pero que no arrojó ningún resultado. Salvo calificarla como «muy amena» y «agradable», no hubo otro comentario más concreto respecto de los problemas de la licitación y todo lo que está pendiente. Para Errázuriz, «desgraciadamente el subsecretario es nuevo y los hechos ya están consumados por los anteriores (autoridades)».

Según comentó, entre lo poco que aportó el funcionario estatal estuvo asegurarles a los concurrentes que «va a resolver con la mejor voluntad para que este proceso llegue a su fin. Evidentemente no se sabe cómo será, porque no puede prejuzgar en este momento». Por lo pronto, esperan una resolución por escrito de parte de la autoridad.

Pequeños mineros empresarios

El presidente de la Federación Minera de la Cámara Chilena de la Minería del Litio y de la Asociación de Industriales Mineros, Luis Gallardo, también expresó a Cambio21 que «nos preocupaba mucho, efectivamente, que no hubiese habido un cambio de criterio en el reciente cambio ministerial, que era una oportunidad elegante de resolver el problema. Se sigue encubriendo una gestión que va más allá de lo que corresponde en un gobierno como este».

Para el dirigente gremial, lo más grave es que «se presentó un documento con una declaración jurada diciendo que se cumplían las bases de la licitación. Entre éstas se establecía que los participantes no podían tener juicio con el Estado y se descubrió que SQM tenía no uno sino muchos problemas con el Fisco. La primera declaración que se pretendió hacer fue decir que el Fisco era distinto al Estado, que no tiene ningún criterio ni sentido afirmar una cosa así. Entonces, cuando finalmente vieron que SQM no podía ser parte de la licitación, se pretendió anularla y para eso se hicieron unas denuncias a la fiscalía por la situación irregular».

Asimismo destacó que «nuestra mayor preocupación se debe a que está de por medio la credibilidad del país. Nosotros como pequeños mineros estamos buscando fórmulas para poder desarrollar proyectos de los seis mil o más mineros que están pagando patente y que por falta de recursos no pueden desarrollarlos. Y resulta que esta medida inconsulta por parte del ministerio de Minería, que pretende entregarle a una empresa el desarrollo de un proyecto que es de interés mundial, perjudica esa credibilidad. Y con esta manera de actuar nos están cerrando las posibilidades de acceder a crédito y financiamiento para desarrollar nuestros proyectos».

El caso se judicializa

La primera querella en este caso la presentó la empresa Li Energy en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que acusó de perjurio a Soquimich argumentando que entregó al Comité Especial de Licitación (CEL) una declaración jurada falsa que aseguraba que no mantenía litigios judiciales con el Estado, que era uno de los requisitos de las bases del concurso. El Tribunal acogió a trámite la querella y ordenó a la Fiscalía Centro Norte investigar la fallida licitación de litio. 
El abogado Luis Aguilar, asesor de la Asociación Gremial de Industriales Mineros, informó a Cambio21 que ellos también, como parte interesada en el tema, gestionaron una denuncia administrativa en la Contraloría General de la República, que está en curso de investigación.

Además dijo que «presentamos una denuncia a la fiscalía del Ministerio Público, porque se incurrió en el delito de fraude al Fisco al haberse devuelto al primer oponente la boleta de garantía que, a nuestro juicio, ya había pasado a ser propiedad del Fisco porque, precisamente, se otorgó para garantizar la seriedad de la oferta». La Asociación gremial concretó la querella en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.

Aguilar denunció que «se produjo un procedimiento totalmente irregular ante la autoridad de la subsecretaría (de Minería) en el sentido de sustituir la declaración jurada que se había otorgado en su momento y que resultó ser falsa, por otro documento inocuo en el que no aparece la declaración sobre juicios pendientes con el Estado de Chile. Se sustituyó un documento falso por otro de una aparente verosimilitud».

¿Quién los sustituyó? Según el abogado, se está investigando: «La orden que emitió la fiscalía ordenó interrogar a una serie de personas. Hay dos que están siendo citadas para ser interrogados como imputados: Patricio de Solhminiac y Jorge Ramos».

Agregó que «nosotros nos informamos que hubo una declaración falsa. Eso es un delito de perjurio, pero examinamos el tema más a fondo y consideramos que el delito de perjurio era una herramienta para consolidar un delito de fraude al Fisco al adjudicarse una licitación para adquirir ciertos derechos patrimoniales con una declaración falsa».

A la vez, la entidad gremial presentó una denuncia el día 1 de octubre a la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Además de eso, el tercer oponente de la licitación, que es el grupo Errázuriz, presentó otra querella y ahora la causa está caratulada por perjurio, fraude al Fisco y otros delitos, que es la adulteración, sustitución o manejo irregular de documentos propios de la licitación.

Según explicó Aguilar, «lo que a nosotros nos interesa es una actitud de la autoridad apegada a derecho, estrictamente, y también apegada al interés de Chile, porque en esta situación se ha visto involucrada la responsabilidad del Estado. Esta es una licitación de una importancia trascendental, ya que se trata de una licitación internacional en la que están involucradas empresas y gobiernos con los que Chile mantiene tratados de libre comercio y esto ha sido una manera de no respetar esos tratados. Nosotros, aunque no nos guste, nos manejamos en un sistema de libre comercio y Chile con estos procedimientos no está respetando las normas a las que se comprometió con terceros países».

Para el abogado, con esto el proceso «no debe quedar inválido. Nosotros, justamente, interpusimos ante la Contraloría una denuncia administrativa por la irregularidad con la que actuó el Comité Especial de Licitación (CEL) al pretender invalidar la licitación, porque no era lo que procedía, sino haber descalificado al primer oponente y adjudicado la propuesta al segundo».

Añadió que «como asociación gremial preferiríamos que la explotación del litio se estudiara para establecer la legislación que permita eximir este mineral de la calidad de un material estratégico. Entendemos que ya el avance de la ciencia ha determinado que no lo es, como lo fue hace 20 o 30 años, y que los propietarios de pertenencias mineras que tienen litio puedan, libremente y conforme a las leyes chilenas, hacer la explotación de sus yacimientos ateniéndose al pago de los impuestos, royalty y demás, todo lo cual debe ser debatido en el parlamento nacional. No puede ser debatido solamente por la administración en sus oficinas y con licitaciones que a todas luces han sido irregulares».

De la negligencia al bochorno

En octubre pasado se supo que la licitación abierta por el gobierno para concesionar la explotación del litio fue anulada por decisión unánime de los cinco integrantes del Comité Especial de Licitación (CEL), que presidía el subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Con ello, invalidaron el proceso de la primera licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), que había sido adjudicada a SQM, propiedad desde los años ’80 de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, para explotar el mineral en aquellos lugares donde en la actualidad estaba prohibido hacerlo.

La licitación había provocado un total rechazo en el mundo político y social y pasó a convertirse en un bochorno internacional.

La anulación del proceso significó la renuncia del subsecretario Wagner, quien asumió la responsabilidad del grave error que se cometió en la licitación, pues SQM incumplió las bases que establecían que las empresas oferentes no pueden tener litigios en curso con el Estado.

Al respecto surgen muchas dudas porque, según pudo averiguar Cambio21 con fuentes del ministerio de Minería, ninguno de los varios asesores que llegaron al ministerio con el actual gobierno verificó los documentos que acompañaban las carpetas de los oferentes, aunque hay quienes aseguraron que «es muy posible que lo dejaran pasar pensando que nadie repararía en el hecho». El subsecretario Wagner explicó que, como autoridad, confiaron en la declaración jurada de SQM.

La empresa había ofrecido pagar unos US$40 millones para quedarse con el CEOL y explotar 100 mil toneladas de litio por los próximos 20 años.

La minera coreana japonesa Li EnergySpa presentó una solicitud para que se invalidara el proceso, argumentando que SQM sí tenía litigios con el Estado. La firma realizó la segunda mayor oferta en el proceso de licitación.

«Nuestro cliente lo presentó y quedó ingresado a la oficina de partes del CEL. En el escrito no nos hemos referido a los litigios que tiene (SQM) con la DGA, nos estamos refiriendo a una demanda contra el Fisco en particular, a Bienes Nacionales, por imposición de servidumbres mineras y la defensa de ese caso lo tiene el CDE», precisó el abogado de Li Energy SpA, Cristián Quinzio.

Según se dijo, la responsabilidad por el error recaía estrictamente en el subsecretario, que la equivocación fue advertida por el segundo piso de La Moneda y que fue el Presidente Piñera quien el lunes 1 de octubre decidió anular el proceso.
Se dice que el proceso de licitación se repetirá, pero que SQM quedará impedida de participar hasta que no se resuelvan las disputas judiciales con el Estado.

*Fuente: Cambio 21

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