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Cómo se malgasta el dinero para la educación de los más pobres 

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Cada año se gastan US$ 300 millones en la Ley SEP, destinada a mejorar la educación de los niños más pobres. La Contraloría detectó que parte de esos fondos se están mal usando por desorden, corrupción o endeudamiento municipal. En Coquimbo el director de un colegio guardaba $6 millones en una bolsa que manejaba en su auto. En Angol se imputó un gasto de medio millón de pesos en cloro de piscina. En muchas comunas los fondos SEP se han gastado en guardias, camionetas y aseo. En octubre pasado el Congreso aprobó una reforma que busca dar un “perdonazo” a los alcaldes que ocuparon los recursos en gastos no permitidos por la ley original.

Hace dos semanas la Contraloría entregó un lapidario informe sobre cómo se han usando en los colegios municipales los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, más conocida como Ley SEP, y cuya finalidad era mejorar la calidad de la enseñanza de los niños más pobres de Chile.

En ese informe -que indagó en el manejo realizado por 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales- se detectaron más de $25 mil millones faltantes en las cuentas corrientes, además de un elevado número de recursos gastados en ítems que la ley SEP no autorizaba.

En la mayoría de los casos de esta muestra, que abarcó al 30% del universo de municipalidades, Contraloría estimó que los recursos se gastaron “en fines distintos de los previstos en la Ley SEP, incumpliendo el propósito del legislador de destinarlos al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios”. En diversos casos se comprobó que estos recursos “fueron aplicados a gastos operacionales propios de municipios y corporaciones, lo que ha dado origen a diversas causas penales”. (Ver reportaje “Ley SEP: Contraloría revela masiva pérdida de recursos destinados a educación de los más pobres” )

CIPER indagó en detalle el uso de estos recursos, revisando una veintena de informes de la misma Contraloría y hablando con especialistas y alcaldes cuestionados. El resultado es un ranking con los 20 municipios que tienen el mayor “saldo faltante” en sus cuentas SEP (vea acá el ranking); dos tablas con el detalle de todos los gastos imputados a los 77 municipios y las 28 corporaciones; y un análisis de todo lo que la Contraloría imputa a las 20 instituciones más cuestionadas y lo que estas entidades argumentan en su defensa (vea el detalle por municipio y corporación).

Los números entregados por el ente fiscalizador hablan de un masivo mal uso de recursos en una política clave para terminar con la desigualdad más odiosa: aquella que se produce en la formación escolar y genera que antes de terminar la enseñanza básica ya haya una brecha enorme entre un niño pobre y un niño rico.

La primera lectura del informe de la Contraloría deja la desalentadora impresión de que los recursos para esa loable causa se perdieron en el mejor de los casos por el desorden en las cuentas municipales y, en el peor, por la corrupción. Pero un análisis más detallado da cuenta de que hay otro problema más influyendo en la suerte de la SEP. Y para comprenderlo hay que entender algunos aspectos de esta ley.

FALLA EN EL PRIMER PISO

Esta iniciativa comenzó a pensarse en 2005 con la ambición de dar un salto cualitativo, de levantar un segundo piso en el edificio de la educación pública. Con la subvención normal que existía hasta ese momento, se buscaba financiar la operatividad cotidiana de los establecimientos: los sueldos, la infraestructura, los gastos corrientes. Con la Ley SEP se pretendía, en cambio, mejorar la calidad de lo que ocurría dentro de esos establecimientos. Para eso, desde que comenzó a operar en 2008, se han destinado en promedio unos US$ 300 millones al año.

Pero este segundo piso se levantó sobre bases débiles, pues con la subvención normal el sistema ya estaba altamente endeudado. Muchos alcaldes entrevistados por CIPER describen su situación como la de una Pyme que “bicicletea” con sus deudas. Quienes idearon la Ley SEP estaban conscientes de eso y por ello “cercaron” estos nuevos recursos con numerosas restricciones para su uso. Ligaron los recursos SEP a compromisos concretos (llamados Planes de Mejoramiento Educativo, PME) y a conseguir metas específicas (aumentar los puntajes SIMCE). Establecieron plazos de cuatro años para lograr esos objetivos. Y fijaron sanciones duras. Así quedó estipulado en la Ley 20.428, que dio origen a los fondos SEP en 2008.

No querían que los dineros destinados a incrementar la calidad de la enseñanza terminaran pagando deudas previsionales de los profesores, o financiando aumentos de sus sueldos o arreglos de infraestructura escolar que debían resolverse con la subvención normal. Pero ese “cerco” fue finalmente vulnerado.

Gonzalo Muñoz, director de estudios del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile, participó en la elaboración e implementación de la ley SEP. Reconoce que en el diseño “había una contradicción pues se buscaba mejorar la calidad en un sistema muy precarizado y desfinanciado, sin solucionar primero eso. Era esperable que los municipios quisieran darse un respiro usando estos nuevos recursos. Fue un error pretender lograr calidad tratando de no tocar la situación de base del sistema, como la de los profesores”.

Y lo cierto es que la fiscalización de la Contraloría da cuenta de cómo se vino al suelo la idea de que la calidad se podía alcanzar sin arreglar lo básico. La detallada auditoría detectó también que importantes recursos SEP no cayeron en el deficiente primer piso, sino en el sótano, donde se acumulan las licitaciones sin competencia, lo dudosos contratos y la escasa fiscalización. Pero el grueso de los reclamos del ente contralor está puesto en que los recursos SEP se usaron en ítems de educación distintos a los usos que por ley debían tener.

Muñoz explica que los municipios actuaron de ese modo también porque recibieron señales en esa dirección de parte del actual gobierno. “A la derecha nunca le gustó la ley SEP. Desde que asumieron anunciaron que iban a flexibilizarla y eso influyó mucho en el uso que le dieron los municipios”.

REFORMA Y PERDONAZO

La flexibilización prometida llegó con una reforma a la Ley SEP. Se trata de la Ley 20.550, que entró en vigencia en octubre de 2011. Y frente a la fiscalización de la Contraloría los alcaldes argumentan aferrándose a esa reforma, asegurando que se trata de un “perdonazo”. Ese “perdonazo”, dicen, está contenido en el artículo 15 de la Ley 20.550, el cual les permitió gastar hasta un 15% de los recursos SEP en áreas distintas a las que especificaba la ley original.

Vale la pena destacar un detalle de esta nueva normativa. Aunque la idea de flexibilizar la SEP venía desde 2010, lo cierto es que el “perdonazo” fue aprobado cuando la Contraloría ya había iniciado su investigación y había entregado a muchos municipios y corporaciones sus “pre-informes”, donde figuraban graves cuestionamientos sobre el uso de fondos SEP en gastos que no correspondían.

Los parlamentarios que discutieron la reforma tenían muy claras estas acusaciones y la aprobaron conscientes de que estaban “blanqueando” el uso de recursos SEP en gastos no permitidos por la ley original. Por ejemplo, en el debate en el Senado, Jaime Orpis señaló: “Lo que me alarma es que los dineros destinados a la subvención preferencial hayan sido derivados a otros fines porque se hipoteca precisamente el futuro de los alumnos de que se trata de ayudar. Considero que no se puede alegar ignorancia o falta de información en no haber destinado los fondos a su objetivo”.

Especialistas consultados por CIPER sostienen que era necesario flexibilizar la SEP y permitir, por ejemplo, el pago de mejores profesores en los colegios más vulnerables. Pero tienen claro también que esta iniciativa se usó para poner un manto sobre el mal uso que se la había dado a la SEP antes de 2011. El método escogido fue autorizar gastos en ítems “no SEP” hasta por un 15 % de los recursos recibidos antes de de agosto de 2011. Con ello, los congresistas dieron a los municipios una vía de escape a las acusaciones de la Contraloría.

El organismo fiscalizador, sin embargo, no ha aceptado aplicar ese argumento para el periodo anterior a la creación de esa ley pues considera que ésta no es retroactiva. Sostiene que todo lo que han descubierto se cometió bajo el imperio de otra ley y por lo tanto, las acusaciones siguen siendo válidas.

GARROTE PERDIDO

Otra característica importante de la ley SEP es que se pensó bajo el clásico pero efectivo principio de: “zanahoria y garrote”. Uno de los grandes problemas de la subvención normal es que el sostenedor puede hacer con ella lo que desee. El Fisco no tiene control sobre su uso, como quedó en evidencia en un reciente reportaje de CIPER. Los recursos SEP, en cambio, estaban vinculados a una serie de acciones y metas que cumplir. Y si estos objetivos no se cumplían, y la escuela quedaba en el nivel más bajo de la calificación de calidad, el establecimiento podía ser cerrado y el sostenedor debía devolver el dinero. Tras la creación de la Agencia de Calidad de la Educación, sin embargo, la ley SEP perdió su garrote. El legislador estimó que si se creaba una Agencia y una Superintendencia de Educación, esas entidades debían concentrar la fiscalización y el poder de sancionar.

Pero esos organismos aún no operan. Y probablemente no lo hagan hasta el final del actual gobierno. La ley SEP, en cambio, se seguirá entregando ahora como una suculenta zanahoria sin garrote, bajo el amparo de una reforma entendida como “perdonazo” y con un bajo nivel de fiscalización. Ese escenario no augura que lo detectado por la Contraloría vaya a tener cambio alguno.

Los resultados de la investigación de la Contraloría llaman la atención sobre otro asunto central. En abril de este año de dieron a conocer los resultados de la última prueba SIMCE que mostró una mejoría de los puntajes de los alumnos de menores recursos. Varios especialistas, entre ellos José Joaquín Brunner y Mario Waissbluth, atribuyeron esta alza, al menos en parte, a los beneficios de la ley SEP. Así argumentaron también Ernesto Treviño del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales y el propio ministro Harald Beyer, quien atribuyó esta situación a “políticas que vienen de gobiernos anteriores que nosotros hemos impulsado y fortalecido, como la Subvención Escolar Preferencial, que flexibilizamos y le estamos agregando más recursos”.

¿Cómo puede ocurrir eso si Contraloría dice que buena parte de los recursos SEP no se están gastado como se esperaba? La respuesta a este asunto debe investigarse en detalle.

Gonzalo Muñoz, de Fundación Chile, cree que lo que muestra la Contraloría es que cerca de un tercio de estos recursos se están gastando fuera de lo que dice la ley, pero que hay dos tercios que “sí llegan a los niños más pobres y apoyan la calidad de la enseñanza”. Agrega: “Es indudable que estos recursos están produciendo un enorme cambio en la escuela pública. Uno podría pensar que si todo se gastara bien, el cambio sería mayor, pero no cabe duda de que la SEP está funcionando”.

LAS CUENTAS DE LA CONTRALORÍA

La investigación de la Contraloría sobre los recursos SEP partió en 2009, con la investigación a municipalidades que habían sido denunciadas por particulares sobre el mal uso de estos recursos. El desorden y las irregularidades que emergieron en esos casos hicieron que el organismo fiscalizador decidiera indagar extensivamente sobre cómo se estaban usando estos recursos. Esta investigación se inició en el segundo semestre de 2011, e incluyó 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales elegidas aleatoriamente para que las conclusiones fueran representativas de lo que ocurría en todo Chile.

Aproximadamente en noviembre de 2011 todos los alcaldes de las municipalidades observadas recibieron un “preinforme” con las conclusiones de la Contraloría y tuvieron oportunidad de hacer sus descargos. Luego el organismo evaluó las respuestas. En algunos casos se anularon las observaciones. En la mayoría, sin embargo, se consideró que las respuestas habían sido insuficientes.

Hoy algunos ediles alegan que no tuvieron oportunidad de responder a los cuestionamientos, pero lo cierto es que sí tuvieron oportunidad y lo que ocurrió es que la Contraloría estimó que las respuestas no eran satisfactorias y mantuvo las acusaciones.

Con esos antecedentes, se elaboró un Informe Final que nuevamente se puso a disposición de cada alcalde aproximadamente en diciembre de 2011 o en los primeros meses de este año. El documento final de la Contraloría que se conoció en mayo pasado fue difundido por CIPER el mismo día en que se dio a conocer: el jueves 10. Sólo dos municipalidades enviaron cartas a CIPER en las que indicaron los descargos que hicieron ante la Contraloría. Una de esas cartas está firmada por el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (vea el documento). La otra fue enviada por la Corporación de Educación de Peñalolén (vea ese texto).

El Informe Final de la Contraloría es un documento “consolidado”, hecho a partir de los 105 informes hechos por las oficinas regionales del organismo fiscalizador. Para este reportaje, CIPER revisó esos informes locales finales donde aparece el detalle de las irregularidades detectadas.

Sobre este ranking hay que hacer una precisión. La Contraloría trabajó fundamentalmente en dos líneas. Primero, comparó lo que el municipio había recibido por la ley SEP con lo que decía haber gastado. Ese cálculo arrojó una cantidad de dinero “no gastado” que debía estar en la cuenta corriente del municipio. En muchos municipios ese dinero no estaba y es ese monto el que se usa para hacer este ranking. Aunque los alcaldes tratan de bajarle el perfil, para la Contraloría es un tema delicado y masivo: “37 municipios y 15 corporaciones” no tienen en sus cuentas los excedentes no gastados de la Ley SEP, dice en su informe. Y calcula que el dinero faltante en las 105 entidades observadas alcanza los $25.559 millones.

La otra parte de la fiscalización de la Contraloría fue revisar si el gasto hecho por la entidad se ajustaba a los requisitos establecidos por la Ley SEP. Esa revisión arrojó una cifra de gastos objetados (mal hechos), que responden a distintos motivos y que se mencionan en esta nota.

A continuación, el detalle de la fiscalización hecha por la Contraloría en cada uno de estos 20 municipios y las respuestas de las autoridades comunales:

1º Municipalidad de Ovalle.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $2.281 millones
Alcalde Marta Lobos (PPD). Va a la reelección.
Informe final: Nº 53/2011 del 4 de noviembre de 2011

La Municipalidad de Ovalle, en la Cuarta Región, encabeza el ranking entre los municipios que más dineros tienen sin justificar: $2 mil 281 millones que no están en la cuenta corriente y que la Contraloría no logró precisar en qué se gastaron.

De acuerdo al Informe Final de la Contraloría, este municipio recibió más de $4 mil millones entre 2008 y el 30 de junio de 2011. De esa cantidad, se gastaron efectivamente $1.730.372.524, por lo que debían quedar disponibles $2.420.880.124 en la cuenta en la que se mantienen los fondos correspondientes a la Ley SEP. Sin embargo, el contralor estableció que los fondos disponibles eran sólo $138.882.008, lo que da como resultado el saldo negativo de más de $2 mil millones ya citados.

Según la Contraloría, si faltan esos recursos se debe a que “durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 se pudieron haber utilizado fondos de la Ley SEP en otros programas o gastos del área de educación, desviando el empleo de dichos recursos respecto de los fines para los cuales fueron destinados (…), desvirtuando su propósito”.

Entre los gastos más sorprendentes cuestionados por la Contraloría figura el ítem “contratación de guardias de seguridad”. Según el municipio, los guardias tienen que ver con la calidad educativa, ya que dentro de los planes de mejoramiento se consideran sistemas de seguridad “para resguardar los computadores comprados para mejorar la calidad de la educación en las escuelas rurales de Ovalle”.

En sus descargos, el municipio reconoce haber usado recursos SEP para pagar actividades que no correspondía, tales como el pago de remuneraciones, pagos previsionales, descuentos por planilla y pago de proveedores. Alegan, sí que todo esos gastos están vinculados al área educacional. “Todo, todo ha sido gastado en educación, exclusivamente en el Departamento de Educación”, resumió la alcaldesa Marta Lobos a CIPER.

Según Lobos, a la hora de evaluar en qué se usaron los recursos, la Contraloría debió considerar también el 15% que faculta la ley para gastos fuera de los programas de mejoramiento y que no se incluyeron. Es decir, no basarse exclusivamente en lo que estipula la Ley 20.248 (Ley SEP), sino también en la salvedad que les permite la Ley 20.550, el llamado “perdonazo” que se promulgó en octubre de 2011.

-Nosotros fuimos mal auditados (…) Hay otros reglamentos que nos permitían sumar un porcentaje de un 15% de gastos que hicimos -afirma la alcaldesa.

El informe de la Contraloría destaca el contrato suscrito entre la Municipalidad de Ovalle y la empresa Importadora y Distribuidora ARQUIMED Ltda, la cual se comprometió a entregar al municipio una diversidad de bienes y servicios: diagnósticos, programas de mejoramiento de la convivencia escolar, pizarras interactivas, laboratorios, todo por un valor de $1.420.684.467. ¿Qué es lo llamativo? Primero que, de acuerdo al informe de Contraloría, del total de la deuda que mantiene el municipio por acciones asociadas a la Ley SEP, el 99.10% corresponde a compromisos adquiridos con ARQUIMED.

Pero hay algo más: en el caso de la Escuela Básica Fray Jorge, se recibieron los implementos comprados a esta empresa antes de que su plan de mejoramiento estuviera elaborado y aprobado por el Mineduc, lo cual va en contra de lo que establece la ley. Sobre este tema, el informe de la Contraloría señala: “Respecto del hecho (…), la Municipalidad de Ovalle nada responde”.

El 19 de abril de 2012, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo inició un sumario administrativo en contra de la Municipalidad de Ovalle por las eventuales infracciones graves a la Ley SEP.

Nº 2 Municipalidad de Coquimbo.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $2.276 millones.
Alcalde Oscar Pereira Tapia (DC). Va a la reelección.
Informe final: Nº 52/2011 del 23 de noviembre de 2011

Coquimbo no sólo es el segundo municipio con más dinero faltante en su cuenta corriente, según la investigación de la Contraloría. También es una de las localidades donde más claro queda el desorden con que se han estado manejando los recursos entregados a través de la Ley SEP. Por ejemplo, el organismo contralor cita en su informe los casos de tres directores de colegios a los que el municipio les entregó recursos antes de haber implementado un mínimo método de fiscalización para cautelar esos recursos.

El resultado fue que el director del colegio Padre Hurtado depositó en su cuenta personal $13 millones de la Ley SEP, mientras que la directora del colegio Juan Pablo II guardó $4 millones de los recursos fiscales en su casa. Peor fue la situación de la directora de la escuela Claudio Arrau: andaba con $6 millones en una bolsa, en su auto. Según precisa el informe el auto “incluso quedaba estacionado en la vía pública”.

Por ello, junto con objetar grandes cantidades de gasto por no corresponder a la Ley SEP, la Contraloría criticó en su informe la escasa fiscalización del municipio sobre los recursos que recibía del Ministerio de Educación.

Actualmente Coquimbo tiene 31 colegios acogidos a la Ley SEP. Entre enero de 2010 y junio de 2011, la municipalidad recibió $ 1.629 millones para implementar en cada establecimiento un Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

La revisión de los gastos hechos por la municipalidad no fue tarea fácil para el fiscalizador. Los desembolsos, dice el Informe Final de la Contraloría, “no indican a qué acción corresponden dentro del PME”, situación que dificulta la tarea de saber si están bien hechos. Sin embargo, detectaron situaciones sin duda irregulares, como gastos sin comprobantes de ningún tipo. Por ejemplo, $4 millones 482 mil en fotocopias en un solo colegio. Ni la municipalidad ni el colegio en cuestión aportaron los recibos de este gasto. Se constató también la existencia de bienes comprados con Ley SEP que no pudieron ser ubicados y ni siquiera quedaron inventariados: 3 impresoras HP, 2 discos duros, 1 computador, 1 notebook. Total $1.269.000 en bienes que la Contraloría presume perdidos.

De los $ 1.629 millones que Coquimbo recibió entre enero de 2010 y junio de 2011, gastó $508 millones. De esos gastos, la Contraloría auditó $314 millones (correspondientes al 61,9%). El resultado de esta fiscalización establece que en Coquimbo fue una “práctica reiterada” ocupar los dineros de la Ley SEP para otras urgencias municipales, costumbre que se remontaría a 2009. Con recursos SEP “se pagaron remuneraciones tales como excelencia académica, cotizaciones previsionales, descuentos voluntarios y sueldos”, dice el informe. Todos esos gastos estaban excluidos de los usos estipulados en la Ley SEP.

Además de lo anterior, la fiscalización develó otro tipo de prácticas que actualmente son objeto de investigaciones municipales: entre ellas destacan irregularidades detectadas en 14 adquisiciones de textos escolares que favorecieron a la misma empresa (Editorial Solo Libros S.A.); e irregularidades en la adjudicación de servicios de Asistencia Técnico Educativa (ATE). En este último caso se trata de 70 contratos adjudicados en un año a una misma empresa (Sociedad Consultora Salas Ltda.), que recibió $ 172 millones con cargo a fondos SEP. La Contraloría objetó en varios casos que cuando la municipalidad emitió las órdenes de compra por los servicios de esta empresa, estos servicios figuraban como ya realizados, situación que “vulnera las reglas de transparencia y procedimientos para las compras y contrataciones”.

El alcalde Oscar Pereira Tapia, que va a la reelección, no quiso explicar a CIPER estas observaciones hechas por la Contraloría. En su lugar, la municipalidad envió un documento firmado por Danilo Cerda, jefe de la Dirección de Educación de la comuna, que en su parte medular explica que las observaciones de la Contraloría se deben a que la fiscalización se hizo antes de que entrara en vigencia el “perdonazo” del que gozan hoy los municipios.

Con esa expresión, Cerda se refiere a la Ley 20.505, aprobada en octubre de 2011 –cuando ya la fiscalización estaba en marcha- y que en su opinión, valida los usos que los municipios dieron a los recursos SEP. “A la fecha que Contraloría efectuó su investigación, aún no se dictaba la ley que estableció una especie de ‘perdonazo’, en cuanto a que los municipios podían gastar hasta el 15% de los dineros recibidos por concepto de la Ley SEP en otros fines diferentes a lo dispuesto por dicho marco legal”, dice el texto.

También explica que los dineros que la Contraloría dice que no fueron gastados, sí lo fueron, solo que no están debidamente acreditados. El punto no es menor pues Coquimbo no solo presenta un monto de dinero SEP que no está en la cuenta corriente sino que, además, registra un bajísimo nivel de gasto de estos recursos. Al comparar los recursos recibidos versus los usados, Contraloría reparó que la municipalidad gastó un 23,6% de los ingresos recibidos entre 2008 y 2011 manteniendo un remanente no usado de 2 mil 372 millones, es decir un 76,4 por ciento.

“Corresponde destacar el bajo monto ejecutado por los establecimientos y hacer presente la falta de diligencia por parte de la administración, lo que produjo que el convenio suscrito y los programas de mejoramiento de la educación financiados con tales recursos no hayan sido ejecutados de acuerdo a lo planificado”, anotó el ente contralor en su informe.

3º Corporación Municipal de Cerro Navia.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.688 millones.
Alcalde: Luis Plaza (RN). Va a la reelección.
Informe final: Nº 47/2011 del 30 de noviembre de 2011

Dos problemas identificó la Contraloría en Cerro Navia: miles de millones de pesos que debiesen estar, pero no están; y recursos destinados para fines distintos al obligado, esto es, dar vida a los Planes de Mejoramiento Educativo (PME). Según la investigación de la Contraloría, entre mayo y agosto de 2010, poco más de $84 millones de los dineros SEP se usaron para el pago de remuneraciones docentes. Y no está claro que esos sueldos tengan relación con el PME de los colegios de Cerro Navia.

El municipio respondió a la Contraloría que el problema se originó cuando al implementarse la Ley SEP las instrucciones del Ministerio de Educación no fueron claras y por ello los desembolsos no se rindieron como dinero SEP. De acuerdo al oficio del 19 de diciembre de 2011, enviado por la corporación de Cerro Navia a la Contraloría, ese día el municipio solicitó al Coordinador de la Unidad Nacional de Subvenciones del Mineduc, Manuel Casanova, la reapertura del proceso de rendición de gastos SEP a fin de explicar el destino de los $1.668 millones que la Contraloría reclamaba ubicar.

Para justificar el pago de las remuneraciones docentes, el 19 de abril de 2012 la Corporación de Cerro Navia remitió a la Contraloría otro oficio que contenía un cuadro resumen del personal contratado con cargo a los recursos SEP y su relación con el Plan de Mejoramiento. En respuesta a ello, la Contraloría les exigió acreditar la función que cada docente cumplió en el Plan de Mejoramiento, incluyendo todos los contratos de trabajo y sus respectivas planillas de remuneraciones.

Consultado sobre las irregularidades detectadas, el director de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia, Francisco Romero, señaló que el municipio no ha desviado fondos de la Ley SEP y que las observaciones de la Contraloría se explicarían por errores en las rendiciones de cuenta.

-En nuestro caso no se rindieron todos los montos debido a errores de ciertas personas de la Corporación -que asumimos- y a que las orientaciones que el Mineduc dio en un comienzo no fueron todo lo precisas y claras. Pero el total de los recursos percibidos por la Ley SEP fueron gastados en los alumnos prioritarios y eso fue principalmente para remuneraciones de docentes, no en otras personas- dijo Romero a CIPER

El alcalde Luis Plaza no se refirió a los informes de Contraloría. Su secretaria informó que éste se encontraba en reuniones que le impedían responder a CIPER.

4º Corporación Municipal de Valparaíso.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.561 millones.
Alcalde: Jorge Castro Muñoz (UDI). Va a la reelección.
Informe final: Nº 19/2011 del 30 de noviembre de 2011

El Informe Final de la Contraloría determinó que en las cuentas corrientes de la Corporación Municipal de Valparaíso faltaban más de $ 1.500 millones como “remanentes no utilizados” de la Ley SEP.

Según la Contraloría, Manuel Barros, subgerente de Administración y Finanzas de esta Corporación, ratificó que las cuentas no tenían fondos SEP ya que se utilizaron en el pago de cotizaciones previsionales del personal del área de educación durante todo el 2010. Lo que parece incongruente ya que, de acuerdo al informe de la Contraloría, los funcionarios vinculados a los fondos SEP no tenían sus cotizaciones previsionales pagadas entre febrero y junio de 2011.

Como si cumplir la ley fuera una opción, el citado gerente finaliza su explicación sobre los $1.500 millones objetados explicando: “A partir del año 2011, la gerencia adoptó la decisión de que los recursos provenientes de la Ley SEP se destinarán y usaran única y exclusivamente para los fines dispuestos en dicha ley” (ver informe final de Contraloría).

En una investigación anterior, la Contraloría detectó que cerca de $ 1.300 millones fueron destinados a objetivos distintos a los contemplados por la Ley SEP. Por ejemplo, al arriendo del Teatro Condell, gastos por elecciones presidenciales en 2009-2010 y convenio de aseo y gastos de gestión, entre otros desembolsos.

CIPER intentó comunicarse con el alcalde de Valparaíso, (UDI) Jorge Castro, pero éste no respondió a los llamados.

5º Corporación Municipal de Conchalí.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.555 millones
Alcalde: Rubén Malvoa (RN). Va a reelección.
Informe final: Nº 48/2011 del 7 de febrero de 2012

La Corporación Municipal de Conchalí es la encargada de administrar 18 colegios en los cuales sus alumnos reciben dineros por Ley SEP. De ellos, sólo tres son autónomos, es decir, han mostrado sistemáticamente buenos resultados en la prueba Simce: lo que se esperaba que sucediera justamente como consecuencia de los aportes de la Subvención Escolar Preferencial.

Desde 2008 y hasta junio de 2011, esta Corporación recibió aportes por $2.355.825.693. De ese monto, según la Contraloría, sólo se ejecutó un 29% ($682 millones). Por lo tanto, en la cuenta corriente debería haber un saldo de $1.673.803.244. Pero el Contralor detectó que sólo existían $118 millones, lo que implica un faltante de $1.555.784.315.

La auditoría registró, además, compras que no se ajustan a las finalidades de la ley. Por ejemplo: adquisición de materiales de aseo a Inversiones Hernández Ltda; y material de cafetería, aseo y oficina a María Mestre Solanes, por un total de $1.979.873.

En respuesta al informe de la Contraloría, el alcalde de Conchalí señaló que se fiscalizarán las futuras adquisiciones. El contralor estableció que la suma faltante debía restituirse a los fondos de la Ley SEP.

Contactados reiteradamente por CIPER, tanto el director de Educación de la Corporación, Manuel Fallad, como el alcalde, Rubén Malvoa, no quisieron entregar su versión sobre este mal uso de recursos públicos.

Nº 6 Municipalidad de Valdivia.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.203 millones
Alcalde: Bernardo Berger Fett. No va a la reelección.
Informe final: Nº 39/2011 del 24 de noviembre de 2011

La Municipalidad de Valdivia maneja 31 establecimientos con alumnos que reciben fondos por Ley SEP. Según la Contraloría, la diferencia entre los fondos recibidos y gastados arroja un monto faltante de $1.203 millones.
“El análisis efectuado permitió establecer que $1.728.269.048, deberían encontrarse disponibles en el saldo de la cuenta corriente. Sin embargo, al 30 de junio de 2011, la citada cuenta presentaba un saldo ascendente a $524.399.317, cifra significativamente inferior a la que debería estar disponible”, señala el informe.

En su fiscalización, la Contraloría detectó algunos recursos gastados en ítems que no correspondían, como leña para calefacción del DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal, que administra los colegios del municipio). También constató demoras en traspasar los recursos desde el municipio a los colegios, como los $ 225 millones que el gobierno les entregó en enero de 2010 y que estuvieron disponibles para los gastos de la SEP un año después. En sus descargos, el municipio justificó algunos problemas por las licencias del tesorero municipal, quien luego se acogió a retiro. Sus reemplazantes no revisaron bien los libros y por ello $225 millones de la Ley SEP quedaron atrapados en la burocracia.

El grueso de los reparos se relaciona, sin embargo, con usar recursos SEP para el pago de profesores, lo cual debió financiarse con la subvención normal. El Informe Final de la Contraloría especifica que se detectó la contratación de profesores cuyos sueldos fueron pagados con cargo a la Ley SEP por $ 239 millones, “lo que no resulta ajustado a derecho”.
Al revisar en detalle los gastos, la Contraloría insiste en que “se constató la utilización de fondos destinados a solventar la operación normal de los mismos establecimientos o del mismo DAEM”.

En una declaración pública el municipio explicó que se inició una investigación para determinar responsabilidades en el incorrecto uso de los recursos SEP. “Dicha investigación estableció la responsabilidad de los desórdenes administrativos en la figura de la ex jefa del DAEM y del ex jefe de finanzas de dicha repartición. Sin embargo, fue imposible aplicar la sanción administrativa a estos funcionarios, dado que ambos ya habían sido destituidos y desvinculados del municipio por irregularidades anteriores”.

En su favor, el municipio alega que la Ley SEP contenía ambigüedades que indujeron a error a éste y otros municipios, pero que fueron aclarados a través de la Ley 20.550, el llamado “perdonazo”.

Nº7 Corporación Municipal de Iquique.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.181 millones.
Alcalde: Myrta Dubost (RN). Va a la reelección.
Informe final: Nº 37/2011 del 15 de noviembre de 2011

El Informe Final de la Contraloría sobre el uso de los fondos SEP en la Corporación Municipal de Iquique (Cormudesi), estableció que en la cuenta bancaria destinada a estos dineros faltaban $1.181.613.907. La institución también cuestionó gastos insuficientemente acreditados por otros $550.799.684.

En su respuesta a la Contraloría, la Corporación explicó que la ausencia del dinero se debía a problemas en la implementación de un sistema computacional -contratado el 1 de mayo de 2010-, lo que originó antecedentes erróneos en las partidas contables y presupuestarias.

Además, el municipio justificó el saldo faltante en una serie de gastos realizados:

-Pago de remuneraciones de 44 trabajadores administrativos entre abril de 2008 y junio de 2011 ($650.353.979).
-Gastos de operación en los colegios con Plan de Mejoramiento ($66.353.979).
-Fondos en una tercera cuenta corriente de la Corporación ($62.412.160).
-Fondos en la cuenta SEP municipal ($51.584.528).

Sin embargo, la Contraloría no examinó estos gastos, ya que, afirmó, no fueron informados al momento de la auditoría. Insistió, además, que aún considerando esa respuesta, a la Corporación le seguía faltando explicar el destino de $58 millones para que las cifras cuadraran

CIPER intentó contactar a la alcaldesa Myrta Dubost, pero su asesora de prensa dijo que se encontraba en actividades en terreno que le impedían referirse al tema.

Nº 8 Corporación Municipal de La Serena.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.158 millones.
Alcalde: Raúl Saldívar (PS). Buscó la reelección pero perdió en las primarias frente al actual concejal, Roberto Jacob (PRSD).
Informe final: Nº 56/2011 del 15 de noviembre de 2011

De acuerdo a la investigación de la Contraloría, entre 2009 y 2010 la Corporación Municipal de La Serena, que administra los colegios municipales de esa comuna, usó fondos SEP para gastos de otras áreas sin quedar plenamente identificados dichos desembolsos. Respecto a los saldos no ejecutados, la Contraloría comprobó que la Corporación utilizaba sólo una cuenta corriente en la que administraba recursos relacionados con diversas áreas y programas mezclados con los fondos SEP, lo que hace muy difícil identificar el uso y origen de los dineros. Por último, según la Contraloría, no existiría congruencia entre los montos utilizados y los saldos disponibles a partir de la información proporcionada por la propia Corporación entre 2008 y el primer semestre de 2011.

Tras la fiscalización, la Contraloría calcula que al menos faltan $1.158 millones como saldo en la cuenta corriente de la Corporación.

La Corporación respondió algunas de las acusaciones de la Contraloría. Respecto al uso de solo una cuenta corriente, la entidad fiscalizada señaló: “La Ley N° 20.248 no exige que estos recursos sean administrados en una cuenta corriente exclusiva para dicho propósito”.

Respecto al posible desvío de fondos enmarcados en la Ley SEP, el informe señala que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público puesto que podrían constituir delito.

Funcionarios de la Corporación Municipal respondieron a CIPER que no podían dar información al respecto ya que están en un proceso administrativo para esclarecer las observaciones de la Contraloría. Claudio Méndez, secretario general de la Corporación, afirmó: “No hemos destinado fondos SEP a otros destinos más de los que la ley y el reglamento nos autorizan”.

Nº 9 Municipalidad de Copiapó.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.120 millones
Alcalde: Maglio Cicardini, independiente afiliado a la lista Por un Chile Limpio. Va a la reelección.
Informe final: Nº 30/2011 del 22 de noviembre de 2011

Una de las primeras observaciones que establece la Contraloría Regional de Atacama respecto al uso de los recursos SEP recibidos por la Municipalidad de Copiapó, es la dificultad que tuvieron para obtener la información contable para la auditoría. De hecho, luego de solicitar reiteradamente los antecedentes, dice el informe, se suspendió sin goce de sueldo a Raúl Ortiz Pérez, director del Departamento de Administración de Educación Municipal.

La Contraloría hace hincapié en el desorden administrativo que hay en el Departamento de Educación de este municipio. Un ejemplo: el citado departamento no pudo presentar documentación que respaldara la compra de bienes y servicios por un total de $30.712.946. Tampoco detectó la duplicidad de pagos de honorarios correspondientes a la Ley SEP que la Contraloría descubrió en la Escuela José Manso de Velasco, por un total de $1.056.000. Además, la Dirección Provincial de Educación Copiapó-Chañaral instruyó un proceso administrativo a la municipalidad por los gastos objetados en la rendición de cuentas de 2009, que ascienden a un total de $137 millones.

Desde 2008 hasta junio de 2011, esta municipalidad recibió $5.030 millones de los cuales fueron usados $1.819.536.949. Por lo tanto, el saldo existente en las cuentas corrientes que reciben los dineros de la Ley SEP debiera ser de $3.211.417.711, pero la Contraloría sólo pudo determinar un saldo de $2.090.590.219, lo que arroja un faltante de $1.120.827.492, sin acreditar. Al respecto, la municipalidad contestó al contralor que se encuentra en un proceso de auditoría para determinar las causas y los montos que no cuadran.

La Contraloría, además, mantiene en su informe final tres observaciones respecto a una licitación entre la municipalidad y ZIGZAG Capacitación Ltda., por un monto de $59.900.000. La objeción más grave es que la empresa ZIGZAG Capacitación Ltda. recibió dos pagos simultáneos, por $11.980.000 y $17.970.000, sin haber presentado informes de avances de los planes ejecutados. Ello, pese a que el contrato establecía que el pago sería posterior a informes técnicos que debía ir presentando la empresa.

Otra licitación fue cuestionada: en la Escuela Buen Pastor de Copiapó se compraron 34 computadores de escritorio a Mizael Cruz Díaz, a pesar de que el precio ofrecido por este proveedor superaba en más de un 80% el del segundo proveedor más caro (el precio era de $498.823 por cada uno). Además, la Contraloría advierte que en una cotización simple hecha al mismo proveedor por un computador con las mismas características, éste lo cotizó a $285.000.

Respecto a las visitas a los colegios, la Contraloría destaca que en las escuelas Bernardo O’Higgins, Jesús Fernández Hidalgo, Pedro León Gallo, José Manso de Velasco, Abraham Sepúlveda e Isabel Peña Morales no saben cuánto recibe el Departamento de Educación Municipal por Ley SEP para cada una de ellas, lo que les dificulta ejecutar los planes de mejoramiento respectivos.

A raíz de todas estas observaciones, la Contraloría inició un sumario en esta municipalidad. Contactados reiteradamente para obtener su versión de estos hechos, el alcalde no respondió los llamados de CIPER.

Nº 10 Corporación Municipal de San Fernando.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $ 1.098 millones
Alcalde: Juan Paulo Molina (DC). Va a la reelección.
Informe final: Nº 80/11 del 15 de noviembre de 2011

El Informe Final sobre la Corporación Municipal de San Fernando es uno de los más duros entre los 20 municipios desmenuzados por CIPER. No solo por los montos imputados, sino por la variedad de problemas detectados y la imposibilidad de dicha Corporación de dar una respuesta satisfactoria a las graves observaciones que le hizo la Contraloría.

En su informe, el organismo fiscalizador expone, por ejemplo, que durante su trabajo no contó con información oportuna y confiable, “inconvenientes que afectaron el desarrollo de la auditoria”. La Corporación les entregó “dos certificaciones erróneas, las que finalmente fueron corregidas”.

Una primera observación delicada dice relación con la fiscalización de los recursos. Contraloría detectó que en los cuatro años en que San Fernando recibió dineros SEP, sólo en una oportunidad la Dirección Provincial de Educación fiscalizó a los colegios beneficiados. Nada de extraño entonces que se hayan acumulado un buen numero de prácticas objetables. Entre estas destacan: irregularidades en contratos con algunos proveedores, pagos en exceso, pagos en efectivo sin más documento de respaldo que el “conforme” del receptor, pagos sin las retenciones de impuestos necesarias y millonarios gastos que no llevan la firma del tesorero ni del contador de la municipalidad.

En un colegio, Contraloría registra $ 3.900.000 en fotocopias sobre las cuales, afirma “no existe certeza de que correspondan a servicios de fotocopiado relacionados con fondos SEP”, pues la falta de documentos que acrediten los gastos es una constante.

El tema central sin embargo es que hay $1.118 millones que debieran estar en la cuenta –pues su uso no ha sido acreditado- pero que no están, dice la Contraloría, porque “han sido destinados a gastos de operación”. Es decir, “a objetivos no previstos por la Ley SEP”. Y ello, “a pesar del evidente atraso en el incumplimiento del plan de mejoramiento educativo.”

La respuesta municipal no satisfizo a los fiscalizadores en muchos puntos. De allí la reiteración en las objeciones: cuando se paga a los profesores no se precisa qué trabajo SEP hizo cada uno; por el contrario, parece que los recursos SEP hubieran sido repartidos entre muchos docentes, de manera equitativa, como una suerte de bono.

“La municipalidad no adjunta documentación que permita determinar la proporcionalidad de la horas de la jornada laboral que se destinaron a desarrollar actividades vinculadas con la Ley SEP”, objeta la Contraloría. La municipalidad alegó que en las cuentas entregadas habían olvidado incluir los sueldos de otros profesores también pagados con SEP. Pero la Contraloría asegura que el municipio no les entregó documentos que sostuvieran esa afirmación. Todo lo cual llevó a la Contraloría a mantener las observaciones respecto de los $1.118 millones faltantes.

Nº 11 Municipalidad de Cauquenes.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.004 millones.
Alcalde: Juan Carlos Muñoz (RN). Va a la reelección.
Informe final: Nº 32/2011 del 21 de noviembre de 2011

El informe de Contraloría enviado a la Municipalidad de Cauquenes el 21 de noviembre de 2011, estableció que, a la fecha de la auditoría, los fondos por concepto SEP se manejaban en la misma cuenta que las subvenciones tradicionales, y que faltaban al menos $1.004.741.000. La misma investigación estableció que el municipio utilizó $16.250.640 en gastos improcedentes. Entre ellos: la compra de una camioneta Chevrolet doble cabina por $12.383.973.

Sobre los más de mil millones de pesos faltantes, el jefe de administración de Educación Municipal, explicó en su respuesta a la Contraloría que fueron destinados principalmente al pago de remuneraciones. El alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, justificó esta decisión argumentando que la modificación a la Ley SEP del 27 de octubre de 2011 les permite destinar hasta un 15% de los fondos para el pago de sueldos. El argumento de Muñoz, sin embargo, fue rechazado por la Contraloría: el dinero se gastó antes de dicha modificación y la norma no es retroactiva.

CIPER intentó conversar con el alcalde Juan Carlos Muñoz, pero su asesor de prensa, Cristian Musa, indicó que no hará declaraciones hasta que el Departamento de Educación Municipal finalice la redacción de un informe de respuesta a las observaciones de la Contraloría, el que será entregado esta semana.

Nº 12 Corporación Municipal de Quinta Normal.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $904 millones.
Alcalde: Manuel Fernández Araya (DC). No va a reelección, pero sí su hija, Carmen Gloria Fernández (DC), quien ganó las primarias de la Concertación.
Informe final: Nº 58/2011 del 07 de febrero de 2012

La Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal ha recibido aportes por sobre los $ 2.368 millones por Ley SEP. Pero ha gastado poco más de $1.472 millones. Ello deja un monto de $904 millones sin ejecutar: el 38% de todos los dineros recibidos a propósito de esta normativa.

No obstante, al 30 de junio de 2011, la corporación sólo contaba con poco más de $9 millones en la cuenta del Scotiabank destinada a los fondos SEP.

En el Informe Final de Contraloría se consigna que el alcalde Manuel Fernández reconoció que se había incurrido en gastos que no correspondían a la Ley SEP, pero que “fueron utilizados en su momento para financiar gastos corrientes del sector educación, tales como pago de remuneraciones, indemnizaciones laborales, servicios básicos de los establecimientos educacionales e insumos escolares, con la finalidad de impedir que se dejaran de prestar los servicios educacionales de la Corporación”.

La Corporación de Quinta Normal no contestó a las consultas de CIPER. Vía mail señalaron: “Nosotros respondimos al informe de la Contraloría en el cual nos pide cuenta de los $904 millones. En estos momentos estamos preparando la rendición y (…) aproximadamente el 5 de junio tendríamos esta documentación”.

Nº 13 Municipalidad de Puerto Montt.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $552 millones
Alcalde: Rabindranath Quinteros (PS). No va a la reelección
Informe final: Nº 49/2011 del 16 de noviembre de 20121

La Municipalidad de Puerto Montt administra 60 establecimientos educacionales. De ellos, 49 sistemáticamente no han mostrado buenos resultados en las pruebas Simce en los últimos años. Para esos colegios justamente están pensados los fondos SEP. Allí, como en otras comunas, la Contraloría encontró una serie de irregularidades en los destinos de estos recursos.

Según el Informe Final de la Contraloría, el total de fondos SEP recibidos por la Dirección Municipal de Educación de Puerto Montt desde 2008 hasta el primer semestre de 2011, es de $6.362.040.245. El saldo sin ejecutar en el mismo período es de $2.253.660.681. Sin embargo, en la cuenta corriente que administra los fondos SEP, sólo había un saldo de $1.701.065.319. Es decir, faltan por acreditar $552.595.362.

La Contraloría detectó que durante 2009 y 2010 la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt contrató a profesores y asistentes de educación con cargo a la Subvención Escolar Preferencial para la ejecución de diversos planes de mejoramiento educativo. En total, la Dirección de Educación pagó $310.176.010 en gastos de personal con fondos de la Ley SEP. Respecto a otras remuneraciones, el contralor logró determinar que la municipalidad le adeuda honorarios a cuatro profesores por un total de $1.110.000.

En el informe se deja constancia que los gastos efectuados por la Dirección de Educación fueron destinados a los planes de mejoramiento, salvo algunas excepciones, como el pago de $4.620.000 a la empresa Servicio de Alimentación de Los Lagos S.A, correspondientes a 1.650 colaciones y almuerzos. Estas raciones de alimento se entregarían a alumnos, apoderados y profesores que asistieran a una actividad extraprogramática. En la nómina oficial se contabilizan 1.608 asistentes, pero sólo se logró determinar que asistieron 811 personas. Incluso, en la nómina oficial, se contabilizan nueve alumnos de la Escuela Rural Metri cuya directora asegura que ninguno de ellos asistió a la actividad. La municipalidad justifica el gasto como una descoordinación en las listas de asistencia, pero también informa a la Contraloría que se inició un sumario administrativo en contra de Hugo Heisele Salgado, coordinador extraescolar.

Otro hecho irregular detectado por la Contraloría es que entre enero de 2010 y febrero de 2011, se pagaron remuneraciones a personal que trabajaba en establecimientos que no están suscritos al Convenio de Igualdad de Oportunidades con el Ministerio de Educación (es decir, colegios a los que no les correspondía subvención SEP). Pese a ello, estos montos fueron cargados a la cuenta SEP por un total de $30.866.963. En sus descargos, la municipalidad no pudo acreditar que las funciones de dichos funcionarios correspondieran a las contempladas en la Ley SEP.

Pese a reiterados llamados, el alcalde estuvo inubicable para contestar las preguntas de CIPER respecto a estas observaciones de la Contraloría.

Nº 14 Municipalidad de Angol

Saldo faltante en la cuenta corriente: $544 millones
Alcalde: Enrique Neira (RN). Va a la reelección.
Informe final: Nº 38/2011 del 28 de octubre de 2011

La Municipalidad de Angol recibió entre 2008 y 2011 poco más de $1.626 millones para financiar el programa de educación preferencial en 21 establecimientos de la comuna. Como muchos municipios, Angol administraba los recursos SEP en la misma cuenta corriente donde recibía la subvención normal, entre otros aportes a la educación pública. En el monto global con todos esos recursos no era posible determinar cuáles eran los dineros SEP y por lo tanto, no era factible seguir el derrotero de esos recursos que sólo se podían usar en aquello que la Ley SEP establecía.

Esta es una de las críticas centrales a la Municipalidad de Angol y a muchas de las 105 entidades revisadas por la Contraloría. En este caso, al comparar los fondos encontrados en la cuenta con los que se recibieron hasta 2010, los fiscalizadores establecieron que “se ha destinado, a lo menos $188 millones a gastos operacionales del Departamento de Educación Municipal”, vulnerando lo establecido en la Ley SEP. La expresión de “a lo menos” se debe a que, por la composición del saldo de la cuenta corriente, donde no sólo hay dineros de la SEP, “el diferencial de recursos utilizados para gastos de operación debe ser mayor, situación que no fue determinada, dado que el municipio carece de control para cada uno de los conceptos de las subvenciones que recibe y que son registrados en la citada cuenta”.

Peor aún, esos $188 millones gastados en asuntos no autorizados, suben a $544 millones cuando se consideran los flujos hasta el primer semestre de 2011. El organismo fiscalizador repara en la “inexistencia de un control que dé cuenta de la composición de los distintos dineros recibidos por el municipio de parte del Ministerio de Educación”. Y le da 30 días para aclarar el destino de los citados $544 millones, plazo que vencía a fines del 2011. Según informaron en la municipalidad, enviaron a Contraloría una veintena de archivadores con la documentación necesaria para aclarar los reparos de Contraloría.

La fiscalización encontró otras situaciones cuestionables, esta vez en el tipo de gastos realizados por los colegios. Por ejemplo, se detectaron $494 mil gastados en cloro para piscina en el colegio Diego Doublé. Efectivamente, el Plan de Mejoramiento Educativo de ese establecimiento contemplaba un taller de natación, pero la Contraloría objetó que el fuerte gasto en cloro se hiciera en los meses de verano, “cuando la piscina se arrienda a particulares”.

En el mismo colegio se detectó que algunos “gastos regulares del establecimiento” eran financiados con dineros de la SEP, como la reparación y mantención (por ejemplo, $100 mil en cubre pisos, $700 mil en pintura al óleo y $200 mil para pagar un coffe break). También se objetaron $11 millones 475 mil en movilización para acercar a los alumnos al colegio. La objeción de la Contraloría en todos estos ítems fue la misma: aunque son gastos necesarios, debían pagarse con la subvención normal.

El alcalde Neira explicó a CIPER que ya han implementado cuentas separadas para administrar los recursos SEP y que hay tres investigaciones sumarias por los gastos realizados en tres colegios, entre ellos el Diego Doublé, donde se  ocupó casi medio millón de pesos en cloro para piscinas. Neira estima que ese gasto fue un error y espera que la investigación aclare lo sucedido.

Nº 15 Corporación Municipal de San Bernardo.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $506 millones
Alcalde: Nora Cuevas (UDI). Va a la reelección
Informe final: Nº 3/2011 del 3 de febrero de 2011

Dos hechos cuestiona la Contraloría respecto a la administración que la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber) dio a los fondos SEP. Primero, que en la cuenta bancaria en que la Corporación deposita los fondos SEP faltan a los menos $506.627.424. Y que éstos montos se habrían utilizado con fines distintos a los previstos en la Ley 20.428.

Sobre el segundo punto, la Contraloría contabilizó $717.805.573 como “gasto docente improcedente”. Este dinero, de acuerdo a la auditoría, fue utilizado en el pago de remuneraciones y horas extraordinarias de personal que no se relaciona con las labores de los Planes de Mejoramiento Educativo, entre los que destacan nocheros, auxiliares de aseo y personal de la gerencia de administración y finanzas de la Corsaber.

La Corporación respondió a Contraloría que el personal contratado trabaja directamente con alumnos prioritarios en funciones de asistente educativo y apoyo en los centros de enlace o recursos audiovisuales. Según la Corsaber, el contexto de déficit estructural del sistema financiero -vía subvención regular- hizo que estas remuneraciones fueran consideradas gastos SEP, ya que dicho personal constituía una sobredotación imposible de financiar con los ingresos de la subvención normal.

El argumento del municipio no fue suficiente para la Contraloría, ya que en la auditoría se determinó fehacientemente que las labores de este personal no corresponden a apoyo a los PME, como el pago a la encargada de control de la Corsaber, Melania Segovia Zúñiga, quien entre enero de 2010 y junio de 2011 recibió una renta total de $37.387.171 por servicios que no se relacionan con los objetivos de la Ley SEP. La Contraloría se entrevistó con los directores de los establecimientos que cuentan con PME y éstos dijeron que “nunca han solicitado ni autorizado el pago de horas extraordinarias” a esos funcionarios.

La Contraloría también objetó $719.539.525 de gastos insuficientemente acreditados por parte de la Corsaber. De acuerdo a la auditoría, el dinero fue utilizado para el pago de remuneraciones. Sin embargo, se constató que no existían los respectivos contratos.

Sobre los $506.627.424 considerados como “saldo faltante”, la Corsaber señaló que se encuentran en proceso de revisión por parte del ministerio.

CIPER intentó contactar a la alcaldesa Nora Cuevas, pero su asesor de prensa, Mariano Castro, expresó que estaba ocupada y que el único autorizado para hablar sobre el tema es el secretario ejecutivo de la Corsaber, Gonzalo Carrasco, quien no respondió a los llamados.

16º Corporación Municipal de Ancud.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $502 millones
Alcalde: Federico Krüger Finsterbusch (UDI). Va a reelección.
Informe final: Nº 34/2011 del 16 de noviembre de 2011

La Corporación de la Municipalidad de Ancud maneja los fondos de la Ley SEP a través de dos cuentas corrientes. De acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría, en esas cuentas falta poco más de $500 millones. Este monto, además, habría sido usado en asuntos distintos a los establecidos para los recursos de la Ley SEP.

La defensa de la Corporación es la siguiente: que posee en sus cuentas corrientes un saldo disponible de $340 millones; y que hay otros $104 millones que fueron gastados en finalidades diferentes a la Ley SEP y no quedaron rendidos. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la Contraloría Regional y los tribunales correspondientes, puesto que, según la Corporación, son responsabilidad de la administración anterior.

A pesar de estas explicaciones, la Contraloría insiste en que la Corporación no adjuntó certificados bancarios que permitan comprobar la disponibilidad de los saldos que se describen en las cuentas corrientes y tampoco se respaldan los recursos ejecutados. Por lo anterior, le exige aclarar la diferencia de al menos $ 502 millones que debió encontrarse en una cuenta corriente del Banco BCI.

CIPER intentó comunicarse con el alcalde o las autoridades de la Corporación, pero no fue posible.

Nº 17 Municipalidad de La Pintana.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $467 millones
Alcalde: Jaime Pavez (PPD). Va a la reelección.
Informe final: Nº 56/2011 del 7 de febrero de 2011

“Somos irregulares, robamos, me llevé la plata pa’ la casa, sobre todo antes de las elecciones, eso es lo primero que tendría que señalar, que somos intrínsecamente ladrones”. Así responde el alcalde de la Pintana, Jaime Pavez, respecto a los más de $467 millones que detectó la Contraloría que faltaban en la cuenta corriente del Departamento de Educación de esa municipalidad.

Entre 2008 y junio de 2011 los ingresos recibidos por concepto de Ley SEP por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), que administra 12 colegios, fueron $2.758.948.461. Los gastos del mismo periodo fueron $2.066.480.928, lo que implica que en la cuenta corriente debería existir un saldo de $692.467.533. Pero el saldo que constató la Contraloría es de $225.079.905.

La auditoría en La Pintana arrojó sorpresas. Por ejemplo, lo ocurrido en el Liceo Víctor Jara, un colegio con gran concentración de “alumnos prioritarios” donde se pagó con cargo a las platas SEP $1.844.500 a Eliazar Cruz por la instalación de una carpa en el patio para celebrar el aniversario del establecimiento.
Respecto a la carpa, la autoridad comunal lo justificó así: un gasto que se enmarca en el Plan de Mejoramiento 2010, donde se establecen actividades de integración, artísticas, relaciones interpersonales, entre las cuales se encuentra celebrar el aniversario del colegio.

¿Y qué pasó con los $467.387.628 faltantes en la cuenta corriente? “En julio de 2011, se ocuparon estos recursos de la Ley SEP para pagar a profesores y todo el personal que estaba realizando sus labores en un programa adicional, llamado de integración, porque los recursos de este programa no habían sido enviados por el Ministerio”, aseguró el alcalde Pavez a CIPER. El informe del contralor establece que los ingresos para el proyecto de integración son $231.678.894.

Y agrega Pavez: “Respecto a la subvención, tampoco se sabía exactamente cuánto se nos iba a enviar, porque en esa fecha hubo disminución de asistencia por los paros estudiantiles. Debíamos cubrirlo y lo hicimos. Los fondos fueron reingresados después de que el ministerio nos envió los recursos. (…) La subvención, a pesar de los reajustes que se han realizado, no alcanza para financiar el departamento de educación”.

En el oficio del 21 de marzo de 2012, en el que la municipalidad contesta las observaciones hechas en el informe de Contraloría, se establece que el reintegro a la cuenta única para dineros SEP es de $460.023.458, por lo que aún no hay respuesta para los otros $7.364.170 que aún no aparecen en la cuenta.

Respecto al aporte que ha significado para los alumnos prioritarios la entrega de estos dineros, el alcalde Pavez dice que cuesta establecer un parámetro que indique una mejora significativa en los resultados Simce: “Algunos alumnos han detenido la caída, otros han subido levemente y otros han mejorado prudentemente”, analizó.

Nº 18 Corporación Municipal de Antofagasta.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $397 millones
Alcaldesa: Marcela Hernando. Va a la reelección.
Informe final: Nº 31/2011 del 18 de noviembre de 2011

La Corporación Municipal de Antofagasta recibió, en el período auditado, $4.269 millones por Ley SEP y gastó $4.400 millones, algo más de $130 millones por sobre su presupuesto. Es necesario destacar que, a diferencia de otros sostenedores revisados en este informe, esta Corporación manejó los recursos de la Ley SEP en una cuenta corriente aparte, lo que mantuvo en orden los gastos al punto que Contraloría no encontró reparos en varios ítems donde la mayoría presentaban situaciones cuestionables.

Con todo, en su fiscalización Contraloría imputó diversos gastos. Por ejemplo, $46 millones en el aseo de los establecimientos; $28 millones en publicidad de la Corporación; $80 millones en un contrato de wifi de marzo a diciembre (cuando los colegios podían usarlo desde abril a diciembre). En algunos casos la Corporación reconoció su error, pero argumento que la Ley 20.505, aprobada a fines de 2011, la autorizaba a gastar hasta el 15% de la Ley SEP en temas que antes no estaban permitidos. Ante esa respuesta Contraloría, como hizo en otros casos, contra argumentó que esa normativa no era retroactiva y que correspondía mantener las “observaciones”.

El organismo contralor, al igual que en otros municipios, imputó también gastos en docentes por más de $10 millones, insistiendo que estos debían cancelarse con la subvención normal.

Al analizar las cartolas bancarias y los saldos informados por la Corporación, Contraloría determinó que se usaron “fondos correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial por $397 millones, respecto de los cuales no acreditó su destino”. Las explicaciones dadas por la Corporación no dejaron satisfechos a los fiscalizadores quienes, en su informe final, afirman que este organismo “no aclaró documentalmente el destino de los fondos faltantes… por lo que corresponde mantener la observación formulada”.

Nº 19 Municipalidad de Curicó.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $387 millones
Alcalde: Hugo Rey (UDI). Va a la reelección.
Informe final: Nº 35/2011 del 21 de noviembre de 2011

En el caso de Curicó, la Contraloría detectó casi $390 millones desaparecidos. Según el DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal), estos montos corresponden a ingresos “en tránsito” que actualmente se encuentran en la cuenta corriente de Educación y no en la de Subvención Escolar Preferencial. Es decir, algo así como que están, pero no se ven.

En su Informe Final, la Contraloría insistió en que este municipio debía justificar “fehacientemente” que el monto faltante corresponde a ingresos en tránsito.

Consultado por CIPER, el alcalde de Curicó, Hugo Rey, recalcó que en su comuna “no hay pérdida de recursos y nadie se llevó la plata para la casa”. Rey manifestó su molestia con la resolución final de la Contraloría, la cual difiere de la entregada por la sección regional del órgano fiscalizador:

-Cuando se hizo la auditoría habían muchos gastos en procesos de pago. Nosotros emitimos las facturas y el pago está aún en proceso, pero Contraloría no tuvo la diligencia suficiente para entenderlo. Acá está todo OK, pero quienes vienen de Contraloría o no tienen la experiencia suficiente, no se manejan, o quisieron hacer una polémica, porque hay una ineficiencia clara. Contraloría Regional señala una cosa, la nacional otra y no se deciden -enfatiza el edil.

La auditoría realizada por la Contraloría también detectó $191.702.558 de gastos docentes improcedentes, los que fueron destinados a pago de remuneraciones de funcionarios de planta y contrata por horas correspondientes a Ley SEP. En su respuesta, la DAEM de Curicó admite que su error fue pagar las remuneraciones como honorarios, situación que, de acuerdo al municipio, fue subsanada en 2011. La Contraloría mantuvo su observación ya que los antecedentes entregados por la DAEM no acreditan la efectividad de la solución implementada por el municipio.

Nº 20 Corporación Municipal de Panguipulli.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $360 millones.
Alcalde: René Aravena (RN). Va a la reelección.
Informe final: Nº 36/2011 del 18 de noviembre de 2011

Sobre la Corporación Municipal de Panguipulli pesa el siguiente cuestionamiento: que no hay un control suficiente sobre los dineros recibidos y ejecutados, por lo que la información de los registros internos no coincide con los datos contables de la Corporación. Ello, no les permite tener claridad de los destinos de los fondos SEP. Además, la Contraloría llama la atención sobre el siguiente hecho: que la cuenta corriente del BancoEstado en la cual la corporación recibe los dineros SEP desde el Ministerio de EDucación, también es utilizada para la administración de Fondos Ordinarios de Educación. Ello, le impide al municipio controlar el uso correcto de estos dineros.

También se constata que con dineros de la Ley SEP se contrató personal -encargado de Informática, jefe del Departamento de Finanzas y Servicios a Honorarios- cuyas tareas no se enmarcan dentro del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

El ente regulador hace hincapié en que la Corporación debe “informar fundadamente” sobre el destino de los recursos SEP, puesto que el total de los recursos recibidos por subvención SEP desde el año 2008 al 30 de junio de 2011 es de $ 1.141 millones, mientras que lo gastado en el mismo periodo llega a los $ 646 millones. Por lo tanto, debía existir a lo menos cerca de $495 millones en las dos cuentas corrientes del BancoEstado. Sin embargo, en las cuentas se encontraron saldos de $57 millones y $78 millones, montos significativamente inferiores a lo que debería estar disponible por los recursos SEP. Por eso, Contraloría “infiere que, parte de los recursos, esto es $60.000.000, habrían sido utilizados en fines diversos a los previstos en la Ley N° 20.248 (la Ley SEP)”.

CIPER se comunicó con Ximena Becerra, secretaria general de la Corporación Municipal de Panguipulli, quien optó por no hacer comentarios.

*Fuente: Ciper Chile en Reportajes de investigación

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