¿Desde Lima se impulsa nueva fase de la Operación Cóndor?

Pareciera tener razón el valeroso profesor paraguayo Martín Almada. Hace algunas semanas denunció que estaba en marcha una nueva fase de la siniestra “Operación Cóndor” que tanto daño hizo a nuestros países bajo el imperio de las dictaduras militares del pasado.

Y solo algunos días atrás, el semanario “El Siglo”, que se edita en Santiago de Chile, publicó un extenso artículo de Jean-Guy Allard en el que se pone en evidencia la llamada “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”, entidad que, bajo sus siglas en ingles (ILEA) funciona desde el año 2005 en diversos países.

Se trata -dice el autor de la nota- de “una siniestra red de establecimientos que preparan a policías y militares de distintos países en modernas técnicas de tortura y represión”.

La denuncia en el hemisferio sur, la hizo Hector Timmerman, ministro de relaciones exteriores de Argentina, quien recogió lo dicho por el salvadoreño Frankie Flores, quien aseveró que Estados Unidos dispone de una red de cinco institutos ILEA de preparación de policías y militares a sus últimas técnicas de represión, cuatro de ellos fuera de su territorio: en Budapest, Hungria; en Bangkok, Thailandia; en Gaborone, Botswana; y en San Salvador, El Salvador. Completa el circuito, ILEA Roswell en Nueva México, Estados Unidos, la única sede que funciona en USA.

Actualmente la ILEA entrena agentes operativos de varios países latinoamericanos, en técnicas especiales destinadas a derrotar -según dice- el terrorismo, el narcotráfico y la subversión, Del Perú recientemente, fueron capacitados ocho “alumnos” cuya identidad no se conoce. Así aplicó sus acciones la “Operación Cóndor” en el pasado.

Particular preocupación debe causarnos la versión que proporciona Frankie Flores: una de las instituciones mas peligrosas de esta red es el Centro de entrenamiento para la región suramericana con sede en Lima “donde se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia o para “combatir el terrorismo” como se llama ahora, ya que este tipo de academias fue diseñado y aprobado bajo la administración del presidente Billy Clinton para “entrenamientos contra-terroristas e intercambio de información”, es decir, espionaje.

¿Ha autorizado el ciudadano peruano el funcionamiento de esta institución en su territorio? ¿Se ha hecho algún debate en torno a la materia en nuestro país? ¿Han informado a la opinión pública de esto los medios de comunicación? ¿Ha aprobado el Congreso de la República del Perú una resolución legislativa amparando esa acción? ¿Ha avalado el Presidente García -y antes el Presidente Toledo- a una entidad con esos fines? ¿Por qué han guardado ante el tema tanto silencio las autoridades peruanas?

En todo caso, virtualmente es muy poco lo que se sabe, porque ni el gobierno peruano ni las autoridades militares se han dignado decir una palabra en torno a la materia. Han guardado el mismo silencio que guardó el general Richter Prada, cuando, colaborando con la “Operación Cóndor” contribuyó a fines de los setenta del siglo pasado secuestrar, torturar y asesinar a un pequeño grupo de “Montoneras” en nuestro país.

El Ministerio Justicia -si el tema tuviera que ver con el imperio de la ley- debiera ser el primero en hablar en torno a la materia; pero a lo mejor aquí ocurrió lo mismo que en Costa Rica, donde los funcionarios del Pentágono prefirieron entenderse con las autoridades de policía y no con las judiciales, como ameritaría “el cumplimiento de la ley”.

Es posible que quienes hayan tenido en sus manos el caso, optaran por el silencio con la idea de estar protegiendo una suerte de “secreto de estado” que hoy se ha vuelto público; o quizá que, simplemente, hayan sido sorprendidos por el nombre rimbombante de una entidad que se dice empeñada en asegurar propósitos lícitos.

Si este improbable hecho hubiese ocurrido, aún estarían a tiempo las autoridades peruanas para pronunciarse y actuar en consonancia con los intereses del país; dado que el Perú no podría ser un centro de preparación para prácticas contrarias a la naturaleza misma de la nación.

Los peruanos, en efecto, no concebimos el territorio nacional como un lugar de capacitación para torturadores ni asesinos de ningún género. Por lo demás, ese tipo de acciones configuran hoy delitos de lesa humanidad, reconocidos por la legislación Penal Internacional y por los Tribunales de Justicia como la Corte de La Haya.

Quienes tienen duda respecto a la esencia de instituciones de esta naturaleza debieran recodar a la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, que en Panamá cumplía funciones similares: adiestraba oficiales de los ejércitos y las policías de nuestros países para someterlos a su control más estrecho y a la ejecución de planes y programas vinculados a la estrategia de dominación de los Estados Unidos.

La siniestra Fort Benning, sepultada en los estertores de la guerra fría, fue, un activo centro de operaciones militares en el se fraguaron agresiones contra diversos países de la región. Castillo Armas y sus colaboradores que actuaron en provecho del Imperio en 1954 en Guatemala, se adiestraron allí; del mismo modo como lo hicieron los que desembarcaron en Playa Girón, en 1961; y en Santo Domingo pocos años más tarde.

Incluso la misma agresión militar norteamericana que depuso al general Noriega a fines del siglo pasado en Panamá, contó con el apoyo activo de este centro de la subversión internacional.

Aunque el diplomático norteamericano John Danilovich aseguró en su momento que no existe ningún componente militar en el programa de estudios de esta academia, que la AICL es estricta y explícitamente no militar y que tampoco habrá armas o la instrucción típica de una academia de policía; lo que ya se conoce dista mucho de esa versión.

Hoy se sabe, en efecto que reciben actualmente, entrenamiento allí agentes provenientes de 30 países de América, entre ellos: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y Perú.

De acuerdo con las versiones recibidas, la citada academia entrena anualmente un promedio de 1500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros agentes estatales en diferentes técnicas, en temas de narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Los instructores provienen de agencias de Estados Unidos, como la agencia antidrogas DEA, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), notorios expertos en esta políticas.

Las sospechas respecto al origen y funciones de esta institución, en realidad nacieron en la misma patria de Walt Whitman y Martin Luther King. Allí el organismo de derechos humanos School of Americas Watch (SOAW) denunció en el año 2005 que la ILEA era una “escuela de asesinos”. Por su parte, el reverendo Roy Bourgeois, aseguró que esta academia significa “un retroceso en términos democráticos” y “un camino para seguir controlando a Latinoamérica”.

En el Perú estamos en víspera de un proceso electoral. ¿Querrán los candidatos a la Presidencia de la República o los postulantes al Congreso Nacional pronunciarse en torno a este tema? ¿Se darán cuenta que tras este asunto hay hechos que lesionan nuestra soberanía y nuestra dignidad como Estado? ¿Tendrán conciencia que “centros” de este tipo resultan incompatibles con cualquier rumbo elementalmente democrático, patriótico, o nacionalista?

El Perú, ni sus instituciones ni su suelo, pueden ser usados en provecho de la tortura y la muerte. Nuestra capital no puede convertirse en sede exportadora del terror en sus más diversas modalidades. Hay que impedir a toda costa que el siniestro Cóndor renazca de sus cenizas.

Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

*Fuente: Rebelión