Democracia sin ciudadanía

Si estudiáramos, aun cuando fuera superficialmente, nuestra historia política electoral, podríamos comprender que cuatro senadores de derecha pasan a ocupar cargos de ministros y sean reemplazados, a dedo, por las directivas de los respectivos partidos. Más de dos millones de ciudadanos,  de las distintas circunscripciones, son burlados en la expresión de su voluntad, por medio del sufragio. Este atropello a la ciudadanía popular ha sido una práctica constante en las oligarquías políticas chilenas, desde la Independencia hasta nuestros días.

La soberanía popular siempre fue la bestia negra para la plutocracia chilena. Alberto Edwards sostiene que el sufragio universal conduce, directamente, “a la dictadura del proletariado”. Esta afirmación no es extraña para un admirador de Diego Portales quien afirmaba que “en Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir anarquía…esa señora que laman la Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas”. Por su parte, Domingo Santa María escribía: “entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante y no me suicidaré por una quimera” (Portales, 2004:1).

El desprecio al sufragio universal continuó durante la mayor parte del siglo XX: “El liberalismo engendró el desorden, la democracia y la mediocridad. Para (los conservadores), la democracia y más específicamente el sufragio universal, había provocado el rechazo de los hombres capaces por aquellos que halagaban a las multitudes” (Discurso de Héctor Rodríguez de la Sota, en la Convención conservadora de 1932, cit. Gumucio Rivas, 1968: 20).

Agustín Edwards planteaba, en la Convención liberal de 1934: “En Chile el sufragio universal es una superchería…es este sistema el que nos llevó a la derrota electoral de Santiago; es este sistema el que  permitió que llegase al senado de la república un ciudadano que ha hecho de la subversión un sibaritismo (Marmaduque Grove)” (Portales 2010:427).     Según Rafael Agustín Gumucio Vives, un eminente profesor de derecha “les enseñaba que el cohecho era buen correctivo del sufragio universal” (Gumucio, 1994: ).

Mientras más restringido y excluyente era y es actualmente el padrón electoral, se garantiza la perpetuación de las castas plutocráticas en el poder. Son las grandes revoluciones electorales que han permitido el avance de las fuerzas progresistas, por ejemplo, en 1925, estaban inscritos apenas 302.000 ciudadanos, apenas el 7% de los potenciales votantes. Gracias a la reforma electoral, aprobada por el Bloque de Saneamiento Democrático – socialistas, falangistas y radicales – el universo aumentó a un 1.521.000, en 1958; a 2.915.000, en 1964; a 3.539.000, en 1970, representando el 90% de los electores potenciales (Gumucio Rivas, 1968).

Los constituyentes de 1980 despreciaban la soberanía popular; Augusto Pinochet sostenía, en la inauguración del año académico de la U. de Chile, el 6 de abril de 1979: “el sufragio universal no tiene por sí mismo la virtud de ser el único medio válido de la expresión de la voluntad de la nación y de constituir la fórmula que, necesaria y mecánicamente da origen a la autoridad” (Gumucio Rivas, 1968:24).

Si comprendemos la constante histórica del desprecio a la soberanía popular, antiguamente por las castas plutocráticas y hoy por los partidos del dupolio – con el agravante del sistema binominal que, según Manuel Rivas Vicuña, “fue una propuesta del más autoritario de los parlamentarios de 1911, el historiador Alberto Edwards, que se apodaba  a sí mismo “el último de los  pelucones” – es fácil explicar por qué los actuales políticos,  aun cuando de la boca para afuera dicen ser partidarios  de  reformas democráticas, tales como la inscripción automática, el voto voluntario y el sufragio de los chilenos en el exterior, las primarias vinculantes y la elección popular de consejeros regionales.

El sistema binominal, los senadores y diputados designados por las directivas políticas, candidatos nominados por la “dedocracia”, partidos dirigidos por la  oligarquía, son todos corruptelas de la democracia chilena que favorecen a personajes cuya legitimidad no emana de la soberanía popular, sino de un electorado  completamente encuestado y encuestado, dominado de tal manera por el parlamentario en ejercicio, que le asegura perpetuarse en el cargo – hay parlamentarios que van a completar veinticinco años, ocupando el mismo escaño –con este sistema electoral es muy difícil que el desafiante pueda triunfar sobre el perenne propietario del sillón.

Si analizamos detalladamente, a repartición entre porcentaje de votos  y escaños de 1989 a 2009 comprobaremos la distorsión, que favorece a la Coalición y a la Concertación: en 1989, por ejemplo, la Coalición obtuvo en 34,1% de los votos, y ocupó el 40% de los escaños; la Concertación, el 51,4% de los votos, y ocupó el 57,5% de los escaños; en 1993, la Coalición, el 36,6% de los votos, y el 41,6% de los escaños; la Concertación, el 54,4% de los votos, y el 58,3% de los escaños; en 1997, la Coalición, el 36,2% de los votos y el 39,1% de los escaños; la Concertación, el 50,5% y el 57,5% de los escaños; en 2001, la Coalición, el 44,2% y 47,5% de los escaños; la Concertación, el 47,9% y el 51,6% de los escaños; en 2005, la Coalición, el 38,7%, y el 45,0% de los escaños; la Concertación, el 51,7 y el 54,1% de los  escaños; en 2009, la Coalición, 43,4% y el 48,3% de los escaños; la Concertación, el  44,3% y el 47,5% de los escaños (Morales y Navia, 2009:189).

Si consideramos la composición de la Cámara de Diputados, en 1989, Concertación, 81 diputados; Coalición, 48; otros,1. En 1993, Concertación 70; Coalición, 48, otros, 2. 1997, Concertación, 69; Coalición46, otros, 5.  2001, Concertación 62, Coalición, 57 y otros 1. En 2005, Concertación 65, Coalición, 54 y otros, 1. En 2009, Concertación 54, Coalición, 58, otros, 6. Sólo en el caso de 1997 y 2009 se da el caso de que partidos minoritarios e independientes superen el número de un diputado.

Un monopolio tan férreo, estático e injusto de la repartición de los cargos políticos, no sólo se explica por la existencia del sistema binominal, sino también por una Constitución reformada por Ricardo Lagos y sus ministros, cuya esencia es antidemocrática y se fundamenta en el desprecio a la soberanía popular, inspirando leyes políticas y sistemas electorales que actúan como jaulas de hierro weberianas, imposibilitando la renovación de los cuadros políticos, la participación popular en las decisiones nacionales, además de marginar a los jóvenes –  como antaño estas leyes lo hacían con las mujeres y las empleadas domésticas.

En nuestro país los conflictos de interés, la colusión de los políticos con los negocios y el divorcio entre la ética  y la política han convertido a la democracia, tan difícilmente conquistada, en una verdadera burla a la  soberanía popular.

Bibliografía

Gumucio, Rivas, Rafael Luis, (1988) El desafío de la soberanía popular, Cesoc, Santiago.

Gumucio, Vives, Rafael Agustín, (1994), Apuntes de medio siglo, Cesoc, Santiago.

Morales, Mauricio y Navia, Patricio, (2009), El sismo electoral de 2009, Diego Portales, Santiago

Navia, Patricio, (2008) Chile del Bicentenario, Diego Portales, Santiago.

Portales, Felipe, (2004), Los mitos de la democracia chilena, Catalonia, Santiago.

Portales, Felipe, (2010), Los mitos de la democracia chilena, Catalania, Santiago.