Chile discrimina a los mapuches

Desde
niño vengo escuchando lo heroico del pueblo mapuche y que a la llegada de los
españoles su cultura se extendía entre el río Aconcagua por el norte y la Isla Chiloé por el
sur. Todos los libros resaltan el heroísmo de este pueblo indómito y cuentan en
letras mayúsculas, que cuando los españoles intentaron construir ciudades
fortificadas en Chile, estas
fueron tomadas por los mapuches
y expulsaron a los invasores de esos territorios, lo que obligó a los españoles
a firmar un pacto de
convivencia pacifica, el Pacto
de Quilín en 1641, en el cual
se delimitó la frontera al sur del río Bío-Bío y se les reconoció la Independencia como pueblo.

En
otro periodo  de la historia O’Higgins
declaró, en 1819, que los chilenos eran iguales en derecho y que los mapuches
al ser chilenos, quedaban acogidos a la legislación común que regía al
territorio, reconociéndoles en ese entonces como un Estado.

Años
después con la "Pacificación de la
Araucanía" (1861 – 1893 siendo  presidente José Joaquín Pérez ) los chilenos
les aplicamos el "pago de chile" organizando una violenta campaña militar en su
contra, la que arraso con los pueblos Picunches, Huilliches, Cuncos, Pehuenches
y Mapuches los que   habitaban esos territorios ubicados entre los
ríos Bío Bío por la parte norte, y Toltén por la parte sur. El héroe de esa
"gesta  histórica" fue el General de
Ejército Cornelio Saavedra. 

Es
decir que a lo largo de nuestra historia los chilenos hemos sido, por una
parte, mal agradecidos y por otra, incapaces de proponer una forma de
convivencia con el pueblo mapuche, respetando su cultura, identidad y
nacionalidad. Por el contrario, en distintas épocas "la receta" ha sido la
misma, tratar "el problema" de manera parcial, proponiendo soluciones afines a
los intereses del estado chileno.

Por
siglos los mapuches han soportado embates de fuerza, engaños y tolerado la
ocupación de sus tierras, lo que con justa razón ya no quieren seguir
aguantando, rebelándose  frente a un
estado  de derecho que no les ofrece
garantías para alcanzar sus demandas y preservar sus derechos. Pero como sucede
en otros ámbitos de nuestra vida nacional, entre ellos la  educación y la energía, la razón de los
conflictos no solo es histórica sino que tienen un trasfondo que es económico.

De
hecho la razón del llamado "conflicto mapuche", está en los intereses
económicos privados, nacionales y extranjeros, los cuales son dueños de mas de
tres y medio millones de hectáreas, en las cuales se desarrollan lucrativos
negocios de energía, turismo, minería, pesca y de la industria forestal.
Inversiones millonarias que seguirán creciendo con futuros proyectos mineros en
el cordón de Nahuelbuta hasta Carahue, con las inversiones de Endesa de España,
que es dueño del 70% del agua del Lleu Lleu, y con otros tantos proyectos
turísticos. 

Estos
grandes capitales son los que necesitan sacar de sus tierras a los mapuches
para sacar adelante sus proyectos, razón por lo cual los han declarado como
enemigos "terroristas", lo que incluye a comuneros, mujeres, niñas y a niños,
quienes viven arrinconados en un total de 500 mil hectáreas ocupadas por su
pueblo.

Tienen
razón entonces los comuneros cuando dicen que este tremendo enjambre de
intereses económicos chilenos son los que gobiernan las tierras de Arauco,
Malleco y Cautín y que para proteger estos intereses económicos gigantescos, el
estado chileno ha ubicado, en los alrededores del Lago Lleu Lleu, 3 campamentos
de Fuerzas Especiales de Carabineros, desde donde les reprimen y les provocan,
lo que ha sido demostrado ante distintas organizaciones de derechos humanos.

Todo
esto no hace mas que corroborar lo que sabemos, que el origen de los conflictos
políticos y bélicos, nacionales e internacionales, son los motivos o intereses económicos.
En este caso son las evidencias las que demuestran el papel que esta jugando el
estado chileno, enfrentando a los mapuches para defender intereses económicos
determinantes y vinculantes al proceso de globalización de la economía, que
digámoslo en buena medida, están presentes en toda nuestra sociedad.

Es
innegable que hablamos aquí de intereses económicos inmensos, con potentes
vínculos políticos que les transforman en poderosos centros de poder, los que
progresivamente subordinan al estado a sus intereses reduciendo su tamaño a través
de las privatizaciones. Un estado que poco a poco va deshaciéndose de gran
parte de nuestro patrimonio, trasladándolo bajo distintas excusas al sector
privado, por eso es que el " conflicto " mapuche no es solo de ellos sino que
es de todos los chilenos

La
criminalización de los comuneros entonces tiene razones que van mas allá de lo
judicial propiamente tal, la primera es que se les aplicó una legislación, la
ley antiterrorista heredada de Pinochet, que el poder político ( democrático )
ha sido incapaz  de trasformar, en este
contexto la justicia actúa en el ámbito que le compete, sin lugar a dudas, pero
ampara acusaciones que tienen una base política y económica abusiva.

Hablamos
de una ley antiterrorista que permite el uso de un recurso monstruoso, los
testigos sin rostro, lo cual se constituye al final, en este proceso, en la
única prueba que los fiscales tienen para condenar a los comuneros. Un hecho
antidemocrático que se contrapone al debido y justo proceso, que nos hace
recordar dramáticamente aquellos momentos en los cuales en este país, no había
estado de derecho y en el cual el ministerio publico no solo utilizaba testigos
falsos, sino que aceptaba pruebas extraídas bajo tortura para amparar la
detención, el desaparecimiento y el asesinato de personas inocentes.

Pero aparte de todo lo dicho, lo decepcionante en todo esto es constatar
que al parecer los chilenos,
a diferencia de los mapuches, no tenemos memoria histórica o si la tenemos es
de corto plazo. Razón por la cual la resistencia de este pueblo se constituye
en una "ayuda memoria", para no olvidar que durante los años de la dictadura, estos
al igual que el resto de los chilenos, fuimos muy golpeados y que en ese
gobierno se estableció que "no existen más los mapuches". Una ley decretada por
Pinochet el 22 de marzo de 1979 que en uno de los párrafos decía textualmente
que el objetivo era "terminar de una vez por todas con el problema indígena".

En fin, estamos frente a un circulo
vicioso en el cual distintos gobiernos y en distintas épocas, incluyendo este,
han intentado eliminar la identidad del pueblo mapuche, queriendo por ejemplo
terminar con la propiedad colectiva de estos sobre su tierra, imponiéndoles la
propiedad individual. Una medida-aberración que les priva de su principal
concepto de vida que es la tierra, ante lo cual y con toda razón se oponen,
para no perder sus tierras y su identidad.

Los comuneros mapuches lo
que hacen con su lucha es reivindicar el estatus de pueblo- nación, poniendo de
manifiesto con ello el papel secular de su nacionalidad originaria. Por ello
son contrarios y no podía ser de otra manera, a la idea del estado nación
proveniente de España, quienes fueron sus enemigos e invasores con los cuales
combatieron y a los que resistieron por 400 años, una idea de estado que
discrimina a las nacionalidades preexistentes a su existencia.

En fin son muchas las
razones por las cuales los chilenos conscientes de esta nuestra historia
estamos con los Comuneros y sus hermanos y por ello planteamos un Estado
multinacional, multi y pluriétnico, que no solo reconozca sino que respete a
los pueblos originarios. Ese es el camino que debieran tomar los gobiernos y
principalmente quienes estamos por el término de la discriminación de los
pueblos originarios, allanando el camino para una nueva relación entre la
sociedad chilena y la mapuche.

En este contexto Chile debe
respetar la declaración de derechos de los pueblos indígenas que suscribió en
septiembre de 2007, llamada a proteger a los millones de personas
pertenecientes a esas comunidades en todo el planeta, un derecho fundamental
violado impunemente por el Estado chileno al perseguir, encarcelar y torturar a
los mapuches.

Somos un país que participa
en la Organización
para la Cooperación
y el Desarrollo Económico ( OCDE ) y se lo decimos a nuestros vecinos como una
forma de diferenciarnos de ellos, señalando repetidamente lo floreciente de
nuestra economía. Sin embargo a diferencia de Bolivia, Ecuador y Venezuela,
cuyos gobiernos han revindicado los legítimos e inalienables derechos que durante
siglos le fueron conculcados a sus pueblos originarios, nosotros vamos por el
camino contrario, negándoles la propiedad de sus territorios ancestrales, la
preservación de sus creencias, lengua, tradiciones y costumbres, así como el
derecho a la salud y la enseñanza en su cultura.

Los
comuneros mapuches ya cumplieron 86 días en huelga de hambre, algo que conmueve
pero que aun pareciera no es suficiente para que los políticos  de este país, salvo contadas y valientes
excepciones, se manifiesten ante esta "discriminación institucionalizada".

Ayudemos a remover
conciencias para no permitir que se continúe aplicando la ley antiterrorista en
contra de ellos y de cualquier persona, lo que permite la represión a
comunidades y la judicialización de la protesta mapuche, cuyo origen esta en la
ambición desmedida de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y
agropecuarias que se han apropiado de sus tierras.

Mas
allá  de los objetivos de
propaganda política, no hay ningún antecedente que avale la existencia de
organizaciones terroristas en Chile. Por lo tanto la derogación de la ley
antiterrorista es una exigencia de gran parte del Sistema Internacional de
Derechos Humanos entre los que se destaca la comisión ética contra la tortura,
cuyo informe en relación a la situación de represión de los mapuches fue
discutido por el comité de eliminación de la discriminación racial de Naciones
Unidas en el mes de agosto de 2009.

Por ultimo un
contrasentido, Chile fue reelecto como miembro
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período
2011-2014 con lo cual podrá participar en la máxima instancia de la ONU
para la promoción y protección de los derechos fundamentales. Por lo
tanto no tiene excusas para  respetar los
informes del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, recomendando la no aplicación de la Ley Antiterrorista
a las actividades y manifestaciones de protesta y reivindicación del pueblo
mapuche.

Estas Recomendaciones
sostienen que la aplicación de esta ley no garantiza un juicio imparcial y
aportan antecedentes sobre los casos en que estos derechos son vulnerados.

Para el mundo democrático es
inaceptable la aplicación de esta ley pinochetista, que utiliza testigos sin
rostro, mantiene a los imputados en prisión preventiva indefinida, y permite  someter a los inculpados a doble juicio -por
la justicia civil y militar- al mismo tiempo.

Toda
nuestra solidaridad y apoyo a los comuneros mapuches y sus familias.

– El autor es Director Red Universitaria Virtual Latinoamérica y el Caribe
(RUVALCA)