Demolición de Clínica London: Sale un ex centro de tortura, entra una sede de INACAP

El
Ciudadano – 11 de febrero de 2011

Un llamado a las autoridades para que recapaciten y
detengan la demolición del lugar hizo Rosario Carvajal, Presidenta Asociación
Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. El inmueble a demoler es la Clínica
London, lugar del Barrio Yungay que está en la
categoría de "Zona Típica" y, por ende, protegido por el Consejo de Monumentos
Nacionales.

Actualmente la casa de estudios INACAP es dueño de
la propiedad y pretenden, allí, construir parte de su sede Santiago Centro,
que, además, incluye otras instalaciones, en las calles Almirante Barroso y Moneda. Hasta ahora,
se han hecho dos demoliciones en el sector, aprobadas por el Consejo de Monumentos,
la próxima pretende ser este ex centro de detenciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

El inmueble esconde un historial de violaciones a
los derechos humanos, ya que el recinto fue centro de detención y tortura y,
además, contó con la participación de médicos. Este inmueble, además, aparece
relacionado con la muerte de Eduardo Frei
Montalva, pues era el lugar donde trabajaron
quienes lo atendieron en su operación de la Clínica
Santa María.

"Debería ser un lugar de memoria, para mantener fresca la
historia oscura de nuestro país, para que las futuras generaciones sepan lo que
ocurrió en este lugar y este país no vuelva a cometer los mismos errores de
generar clínicas clandestinas […] donde
se hacía revivir a los torturados, para seguir torturándolos",
declaró  Rosario Carvajal.

La representante de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales denunció la
vulnerabilidad del marco institucional que protege a estos sectores, la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

"Casos como este ocurren, lamentablemente, todos los días
con demoliciones, con permiso o sin permiso, o con incendios. Aquí hay un marco
institucional que es absolutamente vulnerable a presiones de inmobiliarios, de
privados, como es el caso de INACAP",
afirmó Carvajal.

La demolición fue aprobada durante la
administración Bachelet, el 19 de octubre de 2009, y el documento oficial fue
firmado por Óscar Acuña Poblete, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos
Nacionales, quien ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas
Patrimoniales. Incluso el año 2010 la organización ciudadana pidió la renuncia
de éste.

José Osorio,
encargado de participación ciudadana en Defendamos la Ciudad, declaró que su
agrupación está bastante molesta con el comportamiento que ha tenido el Consejo
de Monumentos, en una serie de casos, y que si Óscar Acuña se ha mantenido,
hasta ahora, en el cargo, es porque "ha sido bastante funcional a los
intereses de las nuevas autoridades"

Torturadores y asesinos: médicos
de la muerte
Julio Oliva
García
El Siglo – 13 de febrero 2004

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas,
traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos
pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de
torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La
mayoría de ellos aún se encuentra en funciones, en hospitales públicos,
clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de
sus partes: "Juro por Apolo el
Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas,
poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga
poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo
que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de
mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este
arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos. Llevaré adelante ese
régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de
los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga
mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma
manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y
mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto,
que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por
todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy
perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus
conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y
todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es
que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los
directores de hospitales públicos, designados por la Concertación, siguen
en funciones, atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que ‘su
doctor’ tiene tan siniestro pasado.

Así
ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con
centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles
y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo
sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio
Muñoz en el Hospital
Barros Luco y Roberto Lailhacar
en su consulta de calle Obispo Salas, en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días
La colaboración de los médicos que se
habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la
dictadura pinochetista. El caso de José
María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El
27 de octubre de 1973, fueron entregados por Gendarmería argentina a militares
chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo
Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José
Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera
Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista,
dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El
20 de septiembre, un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan
Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos
días después, fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de
una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y, posteriormente, a Río
Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº 38 de
Gendarmería.

Por
otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José
Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile,
días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río
Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando
son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército
Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo
Reidlich Hains y el doctor José María
Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Época, del 2 de noviembre
de 1988, los militares "les
comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio
chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y
emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después, el vehículo llegó al recinto
militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres
detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La Justicia sometió a
proceso al doctor Fuentealba Suazo y
al suboficial en retiro Evaldo Reidlich,
mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la
patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva
Forestal
Coyhaique, del Cementerio El Claro,
lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos
chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue
asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el
primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro
Babaich Schmith, director del Hospital
Cirujano Guzmán, de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de
esa localidad. Otro es Darwin Arraigada
Loyola, en ese momento dirigente del Colegio
Médico de Chile, quien fue, posteriormente, nombrado, por la Junta Militar, como
Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar
a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y
participar en el plan de administrar drogas en los alimentos, para asesinar a
prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General
del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la
filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y
participó, personalmente, en los interrogatorios a los médicos detenidos y
torturados.

En
Iquique, el pediatra Werner Gálvez,
coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico,
alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros
de guerra. Mientras, en Valdivia, el traumatólogo
Fernando Jara de la Maza
participó, directamente, en la aplicación de tortura a los detenidos.

En
la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados
por "muerte natural", para
encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto, en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de
colaboración en las torturas cometidas en el Campo
de Prisioneros Número Dos, de ese recinto militar, el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que,
posteriormente, se incorporaría a la
Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita,
apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al
Fiscal militar de Melipilla, tomó parte, personalmente, en las sesiones de
tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad
La DINA tuvo su propio
equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y
la aplicación de tormentos a quienes consideraban sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán
Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis
Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo
Contreras Balcarce, el ginecólogo
Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino
Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra
Roberto Lailhacar Chávez, el dentista
Sergio Roberto Muñoz
Bonta y la enfermera María Eliana
Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de
la estructura, el médico Gregorio Burgos,
del Regimiento de Los Ángeles,
colaboró con agentes de la DINA
buscando formas de tortura, sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos, parece que ya no ejercen
funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú, que
trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros, continúan activos y
asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien, en los últimos años de los
’90 y hasta el 2001, ocupara el cargo de presidente de la Sociedad
Chilena de
Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta
particular de Obispo Salas 290, en la comuna de Providencia. A esta
organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor
Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por
su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que
trabajó en las clínicas clandestinas Santa
Lucía y London, atendió, entre otras personas, a Marcia Merino, la ‘flaca
Alejandra’, y fue "socio
fundador" de la empresa de pantalla Pedro
Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado,
del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes
de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue ‘colega’, por
ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence
Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices
aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante
comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que, incluso, fue llamado a
declarar por el ministro Servando Jordán, en 1980, junto a Germán Barriga
Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio
Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la Clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció, el 17 de julio
de 1980, haber integrado la DINA
en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba
el doctor Taricco. Cuando se le
exhibió la foto de Cortés, dijo que le parecía cara conocida y que, posiblemente,
pudo haber visto a esa persona en el Hospital
San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso
de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En
la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó
un certificado de defunción afirmando, que el agente de la DINA había fallecido a causa
de una risis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en
Almirante Barroso nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo
cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus ‘colegas’, al ser descubierto
su papel de integrante de la DINA,
tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una
renoleta.

Por
su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz,
tras finalizar su labor en la
DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el
Comando de Logística de la CNI
y, a fines de la Dictadura,
se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de Galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce
funciones en el Hospital Félix Bulnes.
El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su
consulta particular y es jefe del Servicio
de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo
Juan Pablo Figueroa atiende, de lunes a viernes, en la Clínica
Arauco y Hernán
Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército, en el Centro
Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien
inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó
rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado
por decenas de personas, hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo
en una consulta de Avenida Providencia, que pertenece a un familiar, aunque su
nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto
Aunque en el Comando Conjunto, integrado
básicamente por miembros de la
Fuerza Aérea (FACH), se conoce la presencia de otros médicos,
el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el
cardiólogo Alejandro Jorge Forero
Álvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional.
Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe
que, en 1976, prestó servicios como soldado segundo en la Base
Aérea de El
Bosque y en el Regimiento de
Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de
reclusión por la FACH. En
este lugar, habría participado supervisando las torturas y drogando a los
prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular,
donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias ‘el Wally’.

Ya
en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso
fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los
delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue
procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de
Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge
León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del
dirigente sindical Tucapel Jiménez, donde habría actuado proporcionando el arma
homicida.

 La CNI, también, contó con su
propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas
ubicados en Santiago, como el Cuartel
Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron
al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte
por torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez, en agosto de 1979.

El
joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a
terribles apremios mientras era ‘vigilado’ por profesionales de la Salud, para evitar su
muerte. Entre estos, aparecen Luis
Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen
Caesar y Camilo Azar Saba, todos
sancionados por el Colegio Médico,
el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en
el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas, sólo una
hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y
ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más
sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin
embargo, en este caso no sirvieron: Federico Álvarez falleció debido a
contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense
Mario Fernández López, secuestrado por la CNI, en octubre de 1984. Tras la muerte por
torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido
Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al
detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del
Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital
de La Serena,
aduciendo que el detenido venía de una tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los
médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una
vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci
intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima
falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del
deceso.

Ya
en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos,
asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973, por una
patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender
un certificado de defunción, asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos ‘médicos de la muerte’, Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa
María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Teléfono 737 26 26.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del
Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila,
ubicado en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta particular en Luis Thayer
Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 75 24. Fax 234 17 40.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y obstetra. Atiende, de
lunes a viernes, en la Clínica Arauco,
ubicada en el Parque Arauco, Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 299 02 99.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida:
Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende -sin publicidad- en la
consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio
Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra
en funciones en el Hospital Félix Bulnes,
ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves
y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro
Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire
Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación
Central. Teléfonos: 450 85 64, 450 85 65, 450 85 66. Fax: 450 85 63.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Álvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica
INDISA, Avenida Santa María 1810, teléfono 225 45 55.
Consulta particular: Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N° 21 – Arica, de la Segunda División
de Ejército, con base en La
Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel
Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende
en Integramedica, Alto Las Condes,
ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall
Alto Las Condes. Teléfonos: 636 66 66, 679 65 00, 679 65 66 y 679 65 67.
Asistente: Fabiola Banda, teléfono 679 65 76.

Sergio Roberto
Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la
consulta médica dental San Lucas,
de José Domingo Santa María 1338. Teléfonos 737 76 74 y 737 99 78.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo
Salas 290, oficina 168. Teléfono 223 94 05.