¡Feliz Año 2011!

Quienes hacemos posible el trabajo
del Equipo Nizkor y Radio Nizkor deseamos un vez más que el nuevo año 2011 sea
un año en el que la justicia, las libertades civiles y los derechos económicos
se fortalezcan.

Como advertimos, desde 2008 la crisis económica internacional
se ha profundizado, habiéndose incrementado en todo el mundo las cifras de
población desocupada. Este panorama desolador influye en que la pobreza y la
exclusión aumenten en muy diversos países si bien con un denominador común: la
renuncia de los estados a las políticas que protejan a los más débiles. 

Desde el punto de vista de los derechos civiles y   políticos  un  hecho destacable ha sido la presentación en
Colombia de una denuncia
por "crímenes contra la humanidad" contra el ex presidente Uribe
Vélez, en la que el Equipo Nizkor ha tenido una participación importante.

Desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos  un  hecho destacable ha sido la presentación en
Colombia de una denuncia
por "crímenes contra la humanidad" contra el ex presidente Uribe
Vélez, en la que el Equipo Nizkor ha tenido una participación importante.

Esta denuncia fundamenta, con un
nivel de prueba jurídica indisputable, cómo un gobierno puede utilizar las
denominadas "últimas tecnologías" para implementar un modelo de
control político social. El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad),
dependiente jerárquicamente del Presidente de la República, a través del
G-3 (nomenclatura estandarizada de los departamentos o secciones de
contrainteligencia), llevó a cabo la ejecución de un plan -como mínimo desde 2003 a 2008- para perseguir
a organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y
magistrados de las Altas Cortes.

Este caso debe servir para que se
comprenda el funcionamiento de este tipo de modelos de control político
social, los cuales pueden ser desarrollados en cualquier país, incluso en
aquéllos que tienen sistemas democráticos estables. Es, a nuestro entender, la
primera vez que se llega a probar el funcionamiento práctico de un sistema de contrainteligencia utilizado
para inducir, destruir, perseguir y neutralizar a movimientos y organizaciones
sociales, y respecto del cual, por vez primera, existen pruebas en sede
judicial acerca de su finalidad y funcionamiento.

Estas políticas han sido
desarrolladas con el apoyo explícito, entre otros, del Gobierno español a
través de su Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Estados Unidos a través
de algunas de sus organizaciones de inteligencia. Han constituido el soporte
social para la aplicación de lo que se ha dado en llamar modelos de alternatividad
penal o de justicia transicional, los cuales suponen en la práctica
el desarrollo de discursos de impunidad y de cobertura de las organizaciones
criminales que han cometido en forma sistemática y planificada crímenes tales
como actos de exterminio, masacres, asesinatos y desapariciones forzadas.

Mientras en Argentina siguen
adelante procesos por crímenes contra
la humanidad, en España continúan los efectos nefastos de la
denominada "Ley de la
Memoria Histórica", con la práctica reiterada de
desenterramientos ilegales financiados desde el propio Gobierno en lo que
podemos denominar una práctica sistemática de destrucción de pruebas penales,
apoyada ésta por la consideración aberrante de que las leyes franquistas son
legales, como ha quedado demostrado con la aplicación de una ley de 1964 en el
marco del último y reciente estado de excepción ante un
conflicto social.

La aprobación en el Senado
estadounidense del acuerdo de desarme nuclear entre Estados Unidos y Rusia
puede ser considerada como un paso favorable, pero aún manifiestamente
insuficiente, poniendo además en evidencia la falta de responsabilidad política
de los países que integran la
OTAN, que han sido incapaces de redefinir el estatuto de esta
organización militar; ello ha permitido que las más de 200 bombas nucleares
depositadas en suelo europeo continúen allí y que tanto Francia como el Reino
Unido se mantengan fuera de los acuerdos de reducción. Estas estrategias de
guerra nuclear son, en sí mismas, el mayor soporte del estado de excepción
global.

Al terminar un año y comenzar otro
nuevo debemos un especial recuerdo hacia aquéllos que hicieron frente a la
opresión o fueron víctimas de modelos de control político social basados en el
exterminio.

Por la memoria de todos ellos, los
que no olvidamos, los que recordamos siempre, debemos continuar con la defensa
de la paz con justicia y derechos humanos para eliminar por siempre los modelos
de impunidad y sus perversas consecuencias sobre las libertades civiles.

Equipo Nizkor
31 de diciembre de 2010

 Equipo Nizkor, Derechos Human Rights
y Radio Nizkor