Chile: «Estamos muertos en la cárcel de San Miguel los 83 (por ahora)»

La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales,  es producto de la miseria y la ignorancia.
A las 5:48 hrs. de la madrugada 
del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado
telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana,
donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin
precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el
incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 hrs. de la madrugada, es decir,
casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00 hrs. De acuerdo a
versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados  y muertos por asfixia. A ello se agregan más
de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están
distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se
concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los
acontecimientos,  sólo había cinco
funcionarios de gendarmería en un recinto donde estaban recluidas  1961 personas, toda vez que la prisión está
habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban
más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la
desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas
oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.

De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre.
Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas
-eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades
políticas de fondo que recaen en los gobiernos anteriores y en el actual, y de
los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe
Bulnes. 

Antecedentes
En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de
22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados
por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil
reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil
personas.

El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el
propósito formal de aminorar  el
hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos  concesionados existen tres presos en
calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina  hay 300 reclusas en una habitación con
capacidad para  80 personas, mientras que
en la penitenciaría las instalaciones 
para 120 internos alojan a 800 reos.

La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la
rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No
obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para gendarmería en  más de 2.600 millones de pesos (US$ 5
millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que  ninguna cárcel posee programas de
rehabilitación.

El modelo penitenciario estatal 
invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales
privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado,
los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida,
y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo
fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores
deben efectuarlas los gendarmes.

En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos.
Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que  sus trabajadores laboran para el Estado más
de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.

El fondo del desastre
Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia,
como si fuera parte de la oposición -tomando distancia absurda respecto de su
propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena
carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las
condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las
inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos
sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un  hacinamiento estructural del sistema
penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y
abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo
comportamiento está  gatillado
esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la
ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y
expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social
provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la
constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce  relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no
terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de
importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará,
simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una
nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos
Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.
Diciembre 8 de 2010, 13:30 hrs.