La Concertación debe explicaciones (XVI)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno porque conservó y consolidó en sus veinte años de gobierno un sistema de salud basado en el afán de lucro de empresas privadas (ISAPRE) y que establece una clara segmentación en el acceso de la población a ese servicio fundamental.

Así, ya en la década de los 90 vimos diversas constataciones de lo injusto del sistema, como la de Dagmar Raczynski que concluía que «la expansión de las ISAPRE incidió negativamente sobre la disponibilidad de recursos públicos para atender a la población adscrita al sector público (un 60-65% de la población). El traslado de la población de mayor ingreso y menor riesgo de salud a las ISAPRE restó recursos al sector público, situación que se agrava al verificar que la población adscrita al sistema privado recurre o regresa al sector público cuando enfrenta enfermedades catastróficas y/o no dispone de los recursos suficientes para renovar su contrato anual privado de salud». (Políticas sociales en los años noventa en Chile. Balance y desafíos; en Paul Drake e Iván Jaksic.- El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa; Edit. Lom, 1999; p. 128)

A su vez, Mariano Requena especificaba que el sector público gastaba en 1997 un promedio anual de $ 102.339 por persona; mientras que el privado gastaba $312.000 por persona; es decir, una relación de 1 a 3. Y que el sistema público (FONASA) «tiene a su cargo la población de menores ingresos capaz de cotizar en promedio $31.318 al año (1997) y el sistema de Isapres atiende a la población de mayores ingresos que cotiza un promedio anual de $113.893, que es 3,6 veces la cotización de FONASA». (Políticas de salud igualitaria para Chile; Documento de Trabajo, 1999; p. 8) Todo esto, además de considerar que solo el Estado es quién se ha encargado de la salud preventiva.

Por otro lado, de acuerdo a un estudio de la OIT de 1998, referidos a estadísticas de 1994, en materia de desnutrición infantil y de bajo peso de mujeres embarazadas las diferencias entre el quintil más rico y el más pobre de la población era de casi 20 a 1. (Ver Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social; 1998; pp. 67-8)

Por otro lado, también en la década de los 90 se podían constatar ya las pingües utilidades que les proporcionaba a las ISAPRE su «negocio» de la salud. Así por ejemplo, durante 1997 dichas empresas tuvieron una utilidad de cerca de 35 millones de dólares. (Ver Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional.- Boletín Estadístico. Período enero-diciembre 1997; p. 14)

Dicha segmentación se acentuó en la pasada década, de acuerdo al economista Andrés Figueroa, en la medida que bajó significativamente la proporción de la población atendida por las empresas privadas: «El sector privado gasta el triple que el público por persona. El Producto Interno Bruto en Salud en el país es de alrededor de un 6%. La mitad es gastado sólo por el sector privado que, a su vez, atiende nada más que al 17% de toda la población. Es decir, sanitariamente existen dos Chile. Hay  un gran país que recibe un financiamiento de salud a escala de Perú o Bolivia, y otro, pequeño, que se atiende como en Alemania u Holanda». (La crisis de las Isapres o los seguros privados de salud en Chile 21-10-2010)

Además, en la reciente década se consolidó el «negocio» de la salud como el tercero más rentable en Chile -después de la gran minería privada y el transporte aéreo- en conjunto con las AFP, superando largamente el 20% de utilidades anuales respecto de su patrimonio. (Ver Marcel Claude.- El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 68)

A todo lo dicho hay que agregar que al interior del sistema de ISAPRE se configura también una segmentación en perjuicio de las mujeres en edad fértil y de las personas de la tercera edad, es decir, precisamente de la población más vulnerable respecto de la preservación de su salud.

La implementación por parte de los gobiernos de Lagos y Bachelet del programa AUGE -destinado a establecer un límite de tiempo del sistema público a la atención de diversas y crecientes patologías, utilizando para ello subsidiariamente a las clínicas privadas a costo del Estado- ha reportado un significativo mejoramiento en la atención de salud de los más pobres; pero de ningún modo ha significado el fin de la segmentación entre una atención de salud de «primer mundo» para los más ricos y de «tercer mundo» para la gran mayoría de la población. Además, ha significado un empeoramiento en la atención de salud de los más pobres en el caso de enfermedades no cubiertas por el AUGE. Y, por cierto, ha tendido a legitimar, ¡desde la Concertación!, el verdadero negociado de la salud privada.

El hecho de que el liderazgo de la Concertación haya legitimado y consolidado un sistema de salud tan aberrante -por su extrema mercantilización y segmentación- como el impuesto por la dictadura nos ilustra, en el área más sensible (en definitiva, en la concepción del derecho a la vida), el grado de abandono de sus históricos ideales humanistas.
jueves, 11 de noviembre de 2010