Consenso y emergencia de la demanda Mapuche

Luego de la instalación del modelo neoliberal, bajo las variables de
territorialización y control, esto es, bajo la ley forestal (Decreto Ley
701) y la Ley Antiterrorista (Decreto Ley 18.314) instauradas bajo la
dictadura del General Pinochet y vigentes hasta hoy, se generan las
condiciones propicias para dividir a las comunidades mapuches bajo un
sistema legislativo de corto alcance (Ley Indígena) precedida y por
tanto condicionada por el cambio de régimen legal de la propiedad de
aguas, la ley eléctrica, y cuantiosos incentivos forestales para la
trasformación productiva forestal.

En este contexto se pone en marcha la “Política de Nuevo Trato”, que
cumple con articular diversos dispositivos identitarios que van redundar
en iniciativas como la Ley de Participación Ciudadana en un esfuerzo
transversal con el sistema público, con el objeto de desarrollar
programas denominados “de pertinencia étnica”. Diversidad, pluralismo,
multiculturalismo, pluriculturalidad es el discurso de la organización
gubernamental que guiará los pasos del entramado social indígena,
teniendo como principales aliados asociaciones ciudadanas
desterritorizadas, en gran parte integrante de la política partidaria.

Este proceso y el paulatino debilitamiento del Estado tiene como
correlato económico político una inversión desproporcionada del capital
extranjero y de los principales grupos económicos del país, lo cuál
implica para los inmediatamente afectados que conforman parte de
comunidades rurales, una profunda amenaza en sus modos de vida y por
tanto una creciente desconfianza en la política institucional, la que se
desarrolla a partir de los distintos paradigmas de inclusión, como son
el largo y extenuante debate sobre el reconocimiento constitucional, los
diversos choques institucionales relativos a los procesos de
reconstrucción histórico identitaria, y numerosos casos de malversación
de fondos que forman parte de los paliativos de la administración
indígena.

Todos estos intentos des-localizados y muchas veces oportunistas de las
políticas de desarrollo social, se va a dar en profundo contraste con la
emergencia de los nuevos discursos y movimientos etnoterritoriales, que
paulatinamente van formando parte de la cotidianidad de las
comunidades, colectivos y grupos, urbanos y rurales, que solo se hacen
evidentes una vez que se agudizan los procesos de movilización social.

Hay sin duda problemas de fondo como lo ha planteado el actual gobierno,
las entidades destinadas a dirigir y coordinar los programas y recursos
necesarios para el desarrollo de los pueblos indígenas carece de
profesionales con la voluntariedad y ética necesaria para cumplir con
los objetivos institucionales, se han desarrollando durante años
programas ficticios y mesas de trabajo sin ninguna trascendencia social y
cuando estos han abordado temas importantes como son el ordenamiento
territorial no han hecho más que dividir a las comunidades, obviando el
valor que el espacio territorial significa para estos en términos
ancestrales, lo que junto con agudizar aún más las situaciones de
conflicto han  obscurecido las relaciones con los grupos llamados
“radicales” que en la práctica son simplemente quiénes responden a
intereses colectivos que se ordenan fuera de la política gubernamental.

Hoy se cumplen 78 días de huelga de los presos políticos mapuche, el
estado de salud de los 35 comuneros es crítico, y han manifestado no
deponer su acto de protesta sin mediar un diálogo concreto, que ofrezca
en última instancia lo mínimo que puede exigir un ciudadano en
democracia, asegurar un justo proceso de las causas que se le imputan.

Esta situación es incómoda para los diversos sectores involucrados,
prevalece como era de esperar, la necesidad de confundir a la opinión
pública con enrarecidas buenas intensiones, montando un espectáculo
insólito, que lejos de acercarse a una solución promete ser una
agravante de proporciones incalculables, no solo para la vida de los
comuneros en huelga, sino para la persistencia de la identidad
territorial y colectiva, dónde se amarran las formas culturales del
mundo Mapuche.

Para quienes seguimos de cerca por diversos medios la problemática en la
araucanía, sabemos bien que el temor de la autoridad más allá de la
eventual violencia en la región, prejuicio por lo demás alimentado por
una campaña masiva de hechos aislados en comparación con el constante
hostigamiento que sufren las comunidades, es el desarrollo empresarial
en los territorios en conflicto, para lo cuál se confabulan varias
opciones, por un lado mostrar las carencias propias de la
institucionalidad y por otro la supuesta violencia en la que incurrirían
ciertos sectores del mundo Mapuche.

De esta forma resulta sencillo mostrar una imagen de diálogo con
representantes ajenos a la coyuntura política, que como al igual que en
la sociedad chilena responden a un grupo de personas diversas que
participan de una comida un día en la tarde y probablemente representen
su idiosincrasia cultural manifestando sus intereses particulares sobre
el tema, de esta forma se cumple con el fin de desconocer por completo
el desarrollo de las movilizaciones y sus interlocutores válidos, que
para estos efectos son los voceros de los Presos Políticos Mapuche.

Este mecanismo de “consulta” para desviar la atención no es nada nuevo,
se ha realizado en todos los gobiernos de la concertación, desde dónde
la actual administración, que comporta en su interior gran parte de los
ejecutores del antiguo gobierno, recaba los antecedentes necesarios a
fin de resignificar los posibles acuerdos, que en la práctica no
responden a otra cosa sino que a legitimar un plan preconcebido,
instrumentalizando a la población cautiva de las organizaciones
clientelares de la política pública, completamente ajenas a los
objetivos que persiguen las movilizaciones sociales.

Divide y vencerás dice un viejo adagio, dispositivo usado tanto en
política como para resolver problemas algorítmicos, un mecanismo
conocido por los ingenieros sociales, que lejos de oponer soluciones de
fondo, o integrales a un problema determinado, cumple con el fin
contrario, dilatar el diálogo, descomponer los problemas y ofrecer
soluciones parciales, marginando del debate las reivindicaciones reales,
por la sencilla razón de ser consideradas fuera del consentimiento y la
justicia, fórmula según la cuál opera la violencia legítima en todas
las democracias liberales, mostrando las ideas bajo una forma difusa y
manipulable o simplemente marginando de todo diálogo a la diferencia,
por ser declarada un obstáculo para la democracia.

Pero volvamos nuestro tema; cuál es el ofrecimiento que hace el gobierno ante la actual emergencia del tema indígena.
Se ha planteado como principal medida establecer “consultas populares”
anunciando negociaciones como la recién pasada en el cerro Ñielol, dónde
el gobierno se propone poner sobre la mesa un plan de desarrollo
económico-productivo de carácter asistencialista dirigido al mundo civil
y por tanto ajeno a la demandas históricas del pueblo mapuche, dando
paso a una discusión no consulta de la actual agenda de gobierno
relativa al “Plan Araucanía”.

El diseño de esta irregular consulta, de la cuál no se tiene mayor
antecedente salvo las declaraciones de la prensa, no deja de ser
insólito, no sólo porque en materia indígena vulnera jurídicamente el
derecho internacional sino que a su vez excluye a las comunidades
amenazadas territorial y judicialmente, incorporando en cambio a
empresarios y latifundistas.

En otras palabras, la respuesta de las autoridades ante las demandas
sociales, y frente a la última herramienta de protesta racional y
legítima que han abrazado los comuneros, es la de convocar a sus propias
redes, a fin de legitimar un plan de desarrollo regional sin mediar
diálogo alguno, tal cuál como el almuerzo sostenido en la supuesta mesa
de diálogo, vulnerando los principios de previa consulta que establecen
las condiciones de negociación de las partes involucradas. 

Pero bien, que es esto del “Plan Araucanía”, si revisamos el documento,
en general superficial si recordamos el trabajo realizado por “Comisión
de Verdad Histórica y Nuevo Trato” nos encontramos con un diagnóstico
previsible, que aborda críticamente algunos problemas que ya repasamos
de la administración anterior, hace una que otra alusión a la
diversidad, pluriculturalidad, interculturalidad, etc. pero si miramos
en detalle podemos leer en la Letra B Nº 3 dónde se señala textualmente
lo siguiente: "Permitir libertad para trabajar y disponer
individualmente de las tierras adquiridas por el fondo de tierras de la
CONADI para integrarlas al circuito productivo". Esto es más que
preocupante, si bien el fondo de tierras de CONADI adolece de un sin
número de irregularidades, en su planificación, procedimientos, etc. el
nuevo plan supone en definitiva, enajenar la propiedad colectiva de la
tierra y favorecer en cambio microemprendimientos, de lo que se
desprende como consecuencia una desprotección total de las comunidades.

Bajo la escusa de eventuales actos violentos, que capturan la atención
del espectador pasivo, y un sin número de rituales simbólicos arraigados
en el fascismo criollo, discursos rudimentarios  elaborados con la
mentalidad mercantil propia de un empresario, se llama a sostener un
buen diálogo en hitos históricos como el cerro Ñielol, que simboliza ni
más ni menos de la llamada pacificación de la Araucanía, pretendiendo
montar una territorialización económica consensuada y democrática del
uso de terrenos indígenas, discurso estimulado ideológicamente por las
partes negociadoras, que paradójicamente responden a los mismos grupos
empresariales que motivan la actual lucha territorial.

Estas medidas para quienes conocemos la realidad de la araucanía son
alarmantes, y para las comunidades afectadas son claramente una burla
concertada de la gerencia público-privada, cuyo fin es esconder la falta
de voluntad del gobierno en dar soluciones efectivas mostrando la cara
social de un grupo empresarial. Bajo estas premisas es fácil entender el
sin numero de prejuicios instalados a la hora de abordar cualquier
solución, que más allá de los problemas de fondo que se han pretendido
dar, se proponen objetivamente silenciar las demandas reales.

No es mi intención alargarme aquí como lo hago normalmente en un
análisis que puede resultar cansador, ya habrá otro momento dónde
tengamos más ánimo de discutir, les dejo para terminar un breve y
esclarecedor texto que circula en la redes sociales, que contribuye a
situar y ordenar el discurso que se desprende de la solicitud explícita
hecha al ejecutivo por parte de los Weichafes a través los mediadores, a
la cuál los diversos grupos de la sociedad chilena nos plegamos y
aclamamos por su pronta acogida.