Con dinero y más dinero sigo siendo el rey

La personalidad audaz, absorbente y narcisista del presidente Sebastián
Piñera se presta para varias comparaciones: tiene algo de Luís Napoleón
Bonaparte, o de Luís Felipe de Orleáns, el rey de los banqueros y, más
contemporáneamente, en algunos aspectos se asemeja a Nicolás Sarkozi a
al “cabalieri” Berlusconi; en América Latina tiene su símil en el actuar
de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. A tal grado llega
esta última imitación que en una reciente incursión en la Novena Región,
Sebastián Piñera sacó al “pizarrón” – tal como  lo hacía Uribe Vélez en
sus planificadas y pauteadas reuniones comunales – al intendente Andrés
Molina a quien le exigió el cumplimiento de las metas prefijadas. Nada
más fácil que utilizar un amanuense –funcionario- y exponerlo ante el
público, presente en la reunión, y regañarlo para quedar tan bien como
San Luís, rey de Francia, que hacía la justicia bajo la sombra de un
árbol. Es evidente que el centro del populismo de derecha de estos dos
líderes latinoamericanos consiste en ganar popularidad, no importando
loas medios a utilizar.

El telefonazo del presidente de la república al empresario Juan Claro,
para acordar con la empresa termoeléctrica Suez la relocalización de la
planta desde Punta de Choros   a otro lugar a definirse, provocó
distintas reacciones de los “doctores de la ley chilena” acusando al
presidente Piñera poco menos que de haber atropellado la
institucionalidad republicana. 

Entre los críticos hay de todos los colores, desde los servidores de
Pinochet, entre ellos Hernán Büchi y Jovino Novoa, hasta connotados
opositores como el senador Pizarro y Carolina Tohá, como también
columnistas, entre quienes podemos citar a Carlos Peña, rector de la
UDP, Harald Bayer, actualmente asesor del gobierno, y Jorge Navarrete,
DC, columnista de La Tercera, una sorprendente unanimidad de rechazo a
la actuación unilateral del presidente de ka república.

Chile es una monarquía presidencial, que sólo se diferencia de aquellas
del “derecho divino” por su carácter no hereditario y una periodicidad
de cuatro años, afortunadamente. Esto de escandalizarse porque el “rey”
se salta las instituciones para resolver un problema me parece una
hipocresía. En nuestra monarquía presidencial, basada en una
Constitución dictatorial, las instituciones – o el llamado Estado de
derecho – se adaptan al monarca. Por lo demás, sería torpe sostener que
la Constitución dictatorial de 1980, reencauchada bajo el mandato del ex
presidente Ricardo Lagos, permite algún control de un poder
presidencial casi absoluto; en el fondo, el papel del Congreso es,
prácticamente, decorativo, salvo una institución, como la acusación
constitucional que, de aplicarse permanentemente por una mayoría
parlamentaria diferente del Ejecutivo, pondría en cuestión el sistema
mismo.

Es tal el poder presidencial que los organismos encargados del medio
ambiente – el Ministerio del ramo, la CONAMA, la CONARA, los
intendentes, los gobernadores, los seremi – son todos funcionarios que
dependen del poder central, por consiguiente, no podemos extrañarnos de
que hubieran actuado a favor de la instalación de la planta
termoeléctrica, a pocos kilómetros de un santuario de la naturaleza.

En realidad, este poco respeto por las formas burocráticas, heredadas de
las monarquías borbónicas que profesa Sebastián Piñera, tiene aspectos
positivos y negativos, por ejemplo, su actuación en la catástrofe de la
mina San José fue rápida, eficiente y oportuna, justamente porque no se
quedó en largas consultas y dudas jurídicas, que hubieran hecho
imposible el actuar exitosamente, al menos hasta ahora; por el
contrario, en el caso del desastre del terremoto ha sido lenta e
ineficiente, provocando el rechazo de los damnificados; respecto al tema
de las termoeléctricas y nuestra seguridad energética, el presidente y
el gobierno han demostrado la carencia de un proyecto a largo plazo
respecto a la diversificación de nuestra matriz energética.

Nuestra institucionalidad seguirá siendo débil mientras no terminemos
con el régimen monárquico presidencial y lo reemplacemos por el
semipresidencialismo y construyamos un federalismo atenuado, por medio
cual todos los poderes locales sean elegidos por la soberanía popular,
como también un Congreso unicameral y formas de participación popular,
propias de la democracia directa, en base a plebiscitos, referéndum y
revocaciones de mandato para todos los cargos que emanen de la soberanía
popular. 
30/08/10