Galopa la represión por sospecha

El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron
allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y
Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro
Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con 
contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la
boca de los imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres
embarazadas, indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como
fuera posible.

Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos
del Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos
fundada durante la dictadura militar, en  noviembre de 1980. Fue la
primera ONG  que se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en
España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el
juicio contra el dictador), denunció que el  14 de agosto “a las 6:58 de
la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra
organización, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un
grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de
Carabineros (GOPE), del Laboratorio de Criminalística, y personal de la
Fiscalía, en el marco del llamado “Caso bombas”. El operativo policial
duró 7 horas”. La ONG informó que  en el domicilio se encontraban en ese
momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado
político, “con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución
junto a su compañero Manuel Correa”.

El denominado “Caso Bombas” está ligado a una serie de explosiones de
ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en
instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte,
sin heridos, sin damnificados, sin responsables probados.

RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA

Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo
remunerado, realizaba un programa  en la Radio Primero de Mayo de la
legendaria población La Victoria.

Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular,
autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a
la comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren
reivindicaciones indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su
objetivo es “informar sobre la verdad de lo que ocurre en Chile”.

La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la
Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta  que “Desde
principios de 2009, Rodolfo  tiene un programa  que se llama “Desde el
Óvalo”, que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas
familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo
conducía el programa y nunca hizo llamados a  la violencia o cosa que se
le parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el
centro de Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de
internet de la radio”.

Pero no  sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas
especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM).
“Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con
frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y
agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles
que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le
requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No
materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de
comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como
delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena
Varela o Pascual Pichún”.

El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto
Henríquez, fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine
y de música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs.  lo encontramos en
la Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de
derechos humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de
vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un artefacto
pirotécnico” (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en
libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron
que se realizara la constatación de lesiones.”

LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS

Alberto Espinoza  es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo
Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios
de comunicación de los que mandan, como los principales responsables del
llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita
“terrorista”.

-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?
“La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que
ni Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y
menos de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que
se  han presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de
acreditar un delito de esa magnitud.”

El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo
pruebas contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales
puso un pie en la calle después de haber estado con Pablo Morales
privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años.
Desde entonces se implementó contra ellos un procedimiento de vigilancia
permanente de todos sus movimientos. Además, ellos estaban bajo control
penitenciario y debían firmar una vez por semana en el Patronato de
Reos.

“Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino,
dentro de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y
ciudadana que, por lo demás, ellos  conocían perfectamente. Sabían que
por su antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de
seguimientos al margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos
políticos que salen en libertad”, señala Espinoza.

Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia
permanente  hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación
ilícita después de 5 años.

-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…
“Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista
que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede
percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a
diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que
haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para
cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo
que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista
penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar
la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren
establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos,
subordinados, dirección, etc. Y este no es el caso.”

CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER

En medio del verdadero “tongo” político, policial y mediático en torno
al caso han salido al ruedo las casas “okupa”, que son viviendas cedidas
o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas,
que usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades
principalmente artísticas y alternativas a la cultura oficial o
institucional. Allí funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales,
recreación para niños, buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones
que no encuentran lugar en las políticas culturales provenientes del
Estado, normalmente  dirigidas a promover y ornamentar las “bondades” de
los gobiernos de turno.

Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que “El Ministerio
Público denomina a las casas “okupas” ‘centros de poder’. La expresión
pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican
cosas ilícitas”. Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo
saliendo de casas “okupas”. Pero esas casas representan a un sector de
la juventud cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.”

-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?

“De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por
ellos previamente. Y eso que  tienen domicilios conocidos y ni siquiera
viven en casas “okupas”, si eso fuera un agravante. Son viviendas  que
financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive
con su pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en
una empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y
cuyo salario le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo
Retamales, por su parte, desarrolla trabajos audiovisuales, es un
asalariado a honorarios, es decir paga impuestos. Y en algunos de sus
videos aparecen imágenes de canales tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese
tipo de material empleó el Ministerio Público para formalizar  la
investigación! Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los
directores de Chilevisión o Canal 13. Eran extractos de reportajes por
todos conocidos. Incluso en la audiencia de formalización, la Fiscalía
usó contra los muchachos citas de autores clásicos muertos hace mucho
tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le leyeron sus derechos con
un carabinero que le tenía puesta una bota en la espalda. El
allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17 casas, como
en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy bien
planificada, coordinada y muy espectacular.”

Al respecto, Espinoza considera  que “están soplando vientos
autoritarios muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.”

EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS

-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…


“Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del
Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se
observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con
el Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza
todo un montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para
los medios de comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales
estos dos jóvenes ya fueron condenados, demuestra una mala intención
evidente. Es decir, se vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es
antijurídico, toda vez que existe un principio elemental del Derecho
Penal  que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.”

Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los
gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres
funcionarios de la policía de Investigaciones, “donde ellos no
participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni
es responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está
establecido en el proceso y la sentencia”, dice el abogado.

De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en
libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un
control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva
en la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de
una supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo
y Pablo serían los “jefes” de ella.

En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que “Con
anterioridad, yo he defendido a personas acusadas en principio por
delitos terroristas. Por ejemplo, las personas que fueron imputadas de
participar en el atentado a Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas
no terminaron siendo acusadas de delitos terroristas. Y hay una
distancia sideral entre las organizaciones a las que pertenecían esas
personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo
de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del Ministerio Público,
sería una especie de asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin
embargo, se les aplica la misma ley.”

-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?

“El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de
protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo
Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que
había sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación
absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.”

-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?

“Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para
investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes
las apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y
no llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún
modo condenados.”

-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones,
apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido
desactivada por un robot…

“Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría
que el hecho  fuera parte de un montaje policial. Los organismos de
Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo
que Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó
un chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad
de Santiago.”

Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es
preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un
grupo de personas en particular. El defensor de los derechos humanos
estima que hoy los que se están viendo amenazados por esta investigación
son los derechos de los ciudadanos en general.

“Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los
mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel
que quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes
gobiernan Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son
amigos de la dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento
social ahora se vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación
pavimentó el camino para llegar a este punto. La idea del gobierno
actual es hacer abortar inmediatamente cualquier germen de movilización
social. Y yo aquí noto una alarmante ausencia del Partido Comunista en
orden a pronunciarse sobre estas materias. Y hay personajes de la
Concertación que avalan la actuación del Fiscal Alejandro Peña, como
Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en
gente que se define democrática?”, se pregunta Espinoza mientras mira su
reloj urgente.